Constitución Española de 1978

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Juan Andrés MUÑOZ ARNAU  Algunas cuestiones sobre el desarrollo de la Constitución española de 1978  Dikinson, Madrid, 2014

Juan Andrés MUÑOZ ARNAU Algunas cuestiones sobre el desarrollo de la Constitución española de 1978 Dikinson, Madrid, 2014

Justamente evitar este defecto es lo que se consigue con la monografía que ahora comentamos. Se trata del más destacado intento por describir el desarrollo de la Constitución española de 1978 que se ha publicado en estos treinta y cinco años de vida constitucional; porque se ha conseguido dar una visión de conjunto sin merma del rigor jurídico, porque no se eluden los temas espinosos o complejos y porque se ha realizado una selección de fuentes muy acertada, que si no es exhaustiva –cosa poco menos que imposible hoy–, es am- plia y realizada con criterio: desde la bibliografía (distinguiendo autores clá- sicos de modernos) a la jurisprudencia constitucional española, pero también alguna extranjera, la del Tribunal Supremo, acuerdos e informes o dictámenes de órganos consultivos o constitucionales.
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TítuloEl arbitraje y la Constitución española de 1978: una reflexión desde el Derecho público

TítuloEl arbitraje y la Constitución española de 1978: una reflexión desde el Derecho público

derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal Constitucional, Aranzadi, Pamplona, 1992.: “Permítaseme decir de entrada que yo vería la afirmación que contiene el artículo 24 de que todas las personas tienen derecho a la tutela judicial efectiva como el gran símbolo de la Constitución española de 1978. El gran símbolo, así, de todo lo que ha venido a representar la vigente Constitución española. Y no se crea que son apreciaciones de leguleyo, deformaciones de jurista profesional. El autor de este prólogo sabe que una Constitución es muchas cosas y, de entre ellas, un símbolo cualificado para un determinado tiempo histórico. Pues bien, si dentro de las simplificaciones que la tarea de elegir símbolos implica siempre hubiera que representar en esquema algo de lo más significativo del texto del 78, yo optaría sin dudarlo, tras pensarlo mucho, por el artículo 24. En la reconducción de poderes –individuales, sociales y políticos- que toda Constitución efectiva implica, mucho es lo que representa el artículo 24 si nos atenemos al curso de la azarosa historia española”.
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El artículo 138 de la Constitución española de 1978 y el principio de solidaridad

El artículo 138 de la Constitución española de 1978 y el principio de solidaridad

Por ello, el artículo 138, en su primer inciso, completa adecuadamente la imprescindible referencia al hecho económico si se quería que lo contenido en el artículo 2 CE fuese algo más que una mera declaración retórica. Como seña- la la sentencia del Tribunal Constitucional 146/1992, el contenido del artículo 138.1 de la Constitución «no puede ser reducido al carácter de precepto pro- gramático, o tan siquiera, al de elemento interpretativo de las normas compe- tenciales». Incluso la STC 64/1990, que en su momento comentábamos como un ejemplo de cierta aceptación del principio de solidaridad en términos de lealtad, expresa de forma indubitada que «es la constatación de notables des- igualdades de hecho, económicas y sociales de unas partes a otras del territorio nacional, acentuadas en ocasiones por circunstancias coyunturales, pero debi- das también a elementos naturales... difícilmente alterables, la que legitima en aras y por imposición de la solidaridad interregional, no sólo que zonas de mayor capacidad económica asuman ciertos sacrificios o costes en beneficio de otras menos favorecidas».
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La educación en la Constitución española de 1978. Debates parlamentarios

La educación en la Constitución española de 1978. Debates parlamentarios

Una vez más, la diputada de Alianza Popular invoca la Declaración Uni- versal de la O.N.U en su artículo 26 y, sobre todo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del que en su opinión se ha hur- tado una parte doctrinal importante en el anteproyecto de constitución. Para reparar el entuerto y restablecer en suelo patrio lo dictado por el Pacto ya men- cionado, la redacción a su entender debiera tener el siguiente alcance, «3.- Los poderes públicos garantizarán el derecho preferente de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos, a escoger centros distintos de los creados por las autoridades públicas y de hacer que sus hijos reciban la educación religio- sa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
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La discapacidad y su tratamiento conforme a la Constitución española de 1978

La discapacidad y su tratamiento conforme a la Constitución española de 1978

De hecho, creo que estamos viviendo un momento de necesaria apertura de la interpretación del texto constitucional, una posibilidad que el profesor Luis Prieto ya anunciara en un trabajo de 1984: "es posible que, como ha sucedido con otras Constituciones, el paso del tiempo obligue a recurrir con mayor frecuencia a las disposiciones de principio y a extraer de ellas todas sus consecuencias para dotar de significado actual y operativo a los preceptos constitucionales". Y así, entender la incorporación de la nuevas dimensiones de la' moralidad crítica en el ordenamiento jurídico, una idea que muy bien expresa el profesor Peces-Barba referida aquí a los valores pero que entiendo que también casaría perfectamente con los principios del artículo 10.1, como hago en el texto principal, "Así se puede hablar de valores superiores positivizados y de valores superiores críticos que se enriquecen en la cultura y en la historia, por el esfuerzo y por la reflexión del hombre y que pretenden convertirse en valores legalizados. El cauce para la positivación de las dimen siones de esa moralidad crítica no será ya la Constitución, sino la legislación y la jurisprudencia que la interpreta y la aplica. En ese. sentido se puede decir que los valores superiores contienen todas la virtualidades de posibles desarrollos posteriores, o dicho de otra manera, que la moralidad legalizada incluye también a todas las posibilidades de la moralidad crítica que sean coherentes con el sis-
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El sistema de seguridad pública en la Constitución Española de 1978

El sistema de seguridad pública en la Constitución Española de 1978

La estructura de que se dota a la policía es de naturaleza marcadamente centralista y fuertemente politizada. En palabras de Martín TURRADO VIDAL "nunca había estado la policía tan centralizada como hasta ahora" 145 . En el preámbulo de esta ley se dice que "La victoria de las armas españolas al instaurar un régimen que quiere evitar los errores y defectos de la vieja organización liberal y democrática, exige de los órganos encargados de la defensa del Estado una mayor eficacia y amplitud , así como aquellas modalidades que impone la necesidad de una vigilancia rigurosa y tensa de todos sus enemigos" y más adelante "así podrá la nueva Policía española llevar a cabo la vigilancia permanente y total indispensable para la vida de la Nación, que en los estados totalitarios se logra merced de una acertada combinación de técnica perfecta y lealtad, que permita la clasificación adecuada en sus actividades y dé vida a la policía política, como órgano más eficiente a la defensa del Estado". En el se contiene toda la filosofía imperante en materia de seguridad pública y policía: un nuevo orden que se cimienta sobre la ausencia de libertad y un aparato de seguridad que dispondrá de las correspondientes técnicas de intervención que permitan dotar de cobertura legal sus actuaciones: la Ley de Orden Público de 30 de julio de 1.959.
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Fecundación in vitro postmortem

Fecundación in vitro postmortem

Esta norma puede parecer incoherente con el artículo 39 de la Constitución española de 1978 (Constitución Española, 1978) en la que se cita textualmente “Los padres deben pres- tar asistencia de todo orden a los hijos habi- dos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.”, ya que en la actual ley so- bre técnicas de reproducción humana asistida, el artículo que trata el caso de la premoriencia del marido, da por hecho que ese futuro hijo nacerá huérfano de padre, en referencia a esta contradicción, hay autores que opinan que la Ley 14/2006 es anticonstitucional por vulnerar el derecho fundamental de los niños de crecer con padre y madre y el derecho a conocer a ambos progenitores, lo cual cita el artículo 39.3 de la Constitución española de 1978 (Ro- dríguez Guitián, 2015).
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About the university models in the educational politics of the Spanish Transition. Heritage and genesis of their bases (1976-1982)

About the university models in the educational politics of the Spanish Transition. Heritage and genesis of their bases (1976-1982)

El desarrollo constitucional del principio de autonomía garantiza las diferen- cias entre cada una de las universidades reconocida y sancionada por cada uno de los Gobiernos de las comunidades autónomas, con competencias en materia de educación. Por extensión del principio de autonomía, las diferencias quedan garantizadas a su vez para cada una de sus Facultades y Escuelas, tal como que- dará reflejado, a nivel formativo, en la elaboración y desarrollo de las sucesivas reformas en los planes de estudio. Más allá la libertad de cátedra, de ciencia o de investigación, hacen que la Universidad pública pierda la uniformidad que la caracterizó formalmente hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Con independencia de otros logros, como la democratización y extensión de la enseñanza superior, el desarrollo normativo ha generado el denostado hecho de la endogamia que tanto ha desacreditado al conjunto del sistema universitario. Si bien es preciso un detallado estudio de sus causas e implicaciones, se sabe de la complejidad para que el talento acceda a la carrera académica e investigadora o permanezca en ella. También de la pobre atracción de talento exterior, debi- do a que los procesos de selección siguen favoreciendo a los que están dentro o pertenecen a cada universidad. Tampoco se ha logrado una proyección interna- cional que con alguna lógica excepción, queda reflejada en la pobre atracción de alumnos extranjeros (Crespo, 2011. Para apreciar esta realidad en perspectiva histórica: González, 2014).
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LA DETENCIÓN COMO FIGURA REPRESENTATIVA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

LA DETENCIÓN COMO FIGURA REPRESENTATIVA DEL SISTEMA DE JUSTICIA

La libertad, cobra todo su sentido, cuando en el caso que nos ocupa supone la limitación o cuanto menos, la restricción del valor que tiene como garantía de los derechos que deben asistir a cualquier ser humano por su propia naturaleza. En definitiva, la detención no es otra cosa que la privación de la libertad que hace una autoridad a una persona, dentro de los parámetros de la Constitución y la Ley. Esos parámetros legales a los que hacemos referencia confluyen como principios esenciales que deben, en todo caso, cumplirse como límites mínimos para el ejercicio de la figura jurídica de la detención. Todo ello, responde a la intención que el legislador constitucional pretende dar, sobre la garantía que representa el valor de la libertad como derecho fundamental.
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