Constitución política

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Los límites a la discrecionalidad judicial en la constitución política de 1991

Los límites a la discrecionalidad judicial en la constitución política de 1991

La solución conforme al artículo 93 de la C.P. implicaría la prevalencia de la norma internacional sobre una regla interna, sin embargo, la competencia para decretar medidas cautelares por parte de la Convención Americana de Derechos Humanos no tiene origen en un tratado internacional. Fue la misma convención quien se arrogó tales facultades. Ante ello, acoger la decisión implicaría intromisión a espaldas del principio democrático que se desarrolla al interior del Congreso. Cosa distinta es el juicio de si la Procuraduría realizó o no control sobre políticas públicas imponiendo su propio criterio administrativo. Igualmente, el artículo 214 de la Constitución Política señala que durante los estados de excepción y en todo momento se deben respetar las reglas del derecho internacional humanitario. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales tipifican como delitos las siguientes conductas que se realicen en contra de personas protegidas o no combatientes: los atentados contra la vida, la tortura y tratos inhumanos, toma de rehenes, castigos colectivos, actos de terrorismo, la esclavitud, el pillaje, las amenazas, infracciones a los derechos de los niños, infracciones a las personas privadas de la libertad, las condenas sin el debido proceso, y los desplazamientos forzados, entre otras. A su vez, los convenios de La Haya buscan básicamente humanizar la guerra a través del uso de armas convencionales como la prohibición del uso de minas “quiebrapatas” o armas químicas.
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Los ministros de estado en la Constitución Política de 1993.

Los ministros de estado en la Constitución Política de 1993.

Así pues, nuestro ordenamiento constitucional y legal no admiten la posibilidad que, por ejemplo, el correspondiente Viceministro del sector pudiera hacerse cargo de la cartera temporalmente. Hay un detalle que justifica tal posición, por lo menos, en el marco del ordenamiento jurídico vigente. En efecto, en primer lugar se debe indicar que el Ministro es “nombrado” por el Presidente de la República (en teoría, propuesto por el Presidente del Consejo de Ministros), mientras que el Viceministro es “designado” por el Ministro del sector (en teoría, elegido por el propio Ministro). En segundo lugar, la Resolución del primero es despachada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y la del Viceministro por el Sector respectivo. Por último, si el Viceministro se hiciera cargo de las funciones del Ministro ausente, asumiría consecuentemente responsabilidades políticas, quedando sujeto al control político, con lo cual se pudiera advertir imputación a un solo funcionario de hechos diferentes, en tiempos diferentes, pero finalmente con origen de un mismo sector, como podría ser el caso de una interpelación al Ministro y “otra” al Viceministro, en su condición de encargado de las funciones de la misma cartera ministerial. Por lo demás, deriva de la Primera Disposición Complementaria de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo que “sólo tienen rango de Ministro de Estado los funcionarios nombrados por el Presidente de la República para la dirección de un Ministerio”. La norma acotada, ya anteriormente comentada por nuestra parte, si bien tiene otra finalidad, también consiste en una norma que ratifica lo establecido en el artículo 127° de la Constitución Política vigente. Nuestra opinión es acorde en el sentido de lo que dispone la carta de 1993 y la ley antes acotada, en el sentido de reservar el cargo de Ministro a otro funcionario que ostenta el mismo rango: otro Ministro
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Constitución política de Colombia

Constitución política de Colombia

Artículo transitorio 66. Acto Legislativo 01 de 2012, artículo 1°. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66, así: Los instrumentos de justicia transicional serán excepcionales y tendrán como finalidad prevalente facilitar la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los co- lombianos; y garantizarán en el mayor nivel posible, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Una ley estatutaria podrá autorizar que, en el marco de un acuerdo de paz, se dé un tratamiento diferenciado para los distintos grupos armados al margen de la ley que hayan sido parte en el conflicto armado interno y también para los agentes del Estado, en relación con su participa- ción en el mismo.
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LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA COMO FORMA DE RESISTENCIA CONSTITUCIONAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

LA RESPONSABILIDAD POLÍTICA COMO FORMA DE RESISTENCIA CONSTITUCIONAL EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991

Consagrada en el artículo 40 de la Constitución Política de 1991, al establecer como un derecho de participación política “revocar el mandato de los elegidos en los casos y en la forma que establecen la Constitución y la ley”, esta íntimamente ligada al voto programático 40 contenido en el artículo 259, que establece que “quienes elijan gobernadores y alcaldes, imponen por mandato al elegido el programa que presentó al inscribirse como candidato”. Representa una muestra clara del paso de la soberanía nacional a la soberanía popular, pues solo bajo el último supuesto es viable concebir que los gobernados tengan la potestad para revocar el poder a sus representantes, cuando éstos no atiendan a la confianza en ellos depositada. “Consagrar que el elector impone al elegido por mandato un programa y posibilitar con ello un control más efectivo del segundo por el primero, expresa de manera fehaciente que el poder político emana del pueblo, es decir, hace pasar de la virtualidad a la realidad el elemento conceptual básico de la soberanía popular” (González Ramírez, 1997, pág. 30).
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Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Hablar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es hablar de nuestros derechos y obligaciones de cada uno de los ciudadanos, pero sin duda alguna continuamos viviendo en una desigualdad social, en donde una minoría rapaz se ha hecho de grandes privilegios a costa del pueblo, mientras la inmensa mayoría de mexicanas y mexicanos, siguen viviendo en condiciones de pobreza. A si mismo es importante recalcar que lamentablemente la constitución y sus modificaciones son creadas por políticos miembros de diferentes partidos políticos en donde se ven reflejados sus programas de gobierno en nuestra constitución. El mayor reto a 100 años de su promulgación es la construcción de un nuevo acuerdo social, que represente las aspiraciones de un pueblo que quiere vivir con independencia y mantener su dignidad ante otras naciones, un debate que esta actualizado al día de hoy.
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Hacinamiento en las cárceles colombianas, desde la constitución política de 1991

Hacinamiento en las cárceles colombianas, desde la constitución política de 1991

Debido a que el derecho penal tiene como fin principal mantener normas rectoras que puedan ser relevantes para el control social por medio de políticas criminales que castiguen o prevengan delitos y que cuyo pilar fundamental debe ser el resocializar a cualquier individuo en el territorio Colombiano que no cumpla con estos parámetros; es así como realizando un análisis se encuentra que actualmente estas personas quienes no cuentan con beneficios al ser privadas de su libertad, sino que por el contrario se encuentran en una situación preocupante pero sobretodo denigrante al someterse a ser embotellados en bodegas humanas, por tanto, se pretende distinguir cómo a partir de la promulgación de la Constitución Política colombiana de 1991 el país ha tenido en cuenta los principios rectores que debe mantener un Estado Social y democrático de derecho y que en este caso en particular se ha contrapuesto a uno de los derechos fundamentales más importantes de la carta política, tal como lo es la dignidad humana y que debido a las falencias del Estado en estas situaciones ha traído como consecuencia que quieres se encuentran recluidos sufran pésimos tratos.
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La constitución antidemocrática: análisis sobre el origen y aprobación de la constitución política de Perú de 1993

La constitución antidemocrática: análisis sobre el origen y aprobación de la constitución política de Perú de 1993

82 porque es susceptible de que aparezcan ambiciones o vicios que rompan con los principios y mandatos que se producen dentro de la sociedad. En la escena contemporánea, es usual sostener que lo deseable son gobiernos democráticos, porque no permiten que se atropellen derechos de forma abusiva y arbitraria, por lo menos ofrece y pone a prueba sus mecanismos para que funcione la organización política y estatal de una nación. Entonces, según Dahl, es oportuno considerar, sobre la democracia, que es una alternativa viable de gobierno, por las siguientes razones: 1) la democracia ayuda a evitar el gobierno de autócratas crueles y depravados; 2) la democracia garantiza a sus ciudadanos una cantidad de derechos que los gobiernos democráticos no garantizan ni pueden garantizar; 3) la democracia asegura a sus ciudadanos un ámbito de libertad personal mayor que cualquier alternativa a la misma; 4) la democracia ayuda a las personas a proteger sus propios intereses fundamentales; 5) sólo un gobierno democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para que las personas ejerciten la libertad de autodeterminarse, es decir, que vivan bajo las leyes de su propia elección; 6) solamente un gobierno democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para ejercitar la responsabilidad moral; 7) la democracia promueve el desarrollo humano más plenamente que cualquier alternativa factible; 8) sólo un gobierno democrático puede fomentar un grado relativamente alto de igualdad política; 9) las democracias representativas modernas no se hacen la guerra entre sí, y, 10) los países con gobiernos democráticos tienden a ser más prósperos que los países con gobiernos no democráticos (Dahl, 1999, p. 72).
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La Constitución Política, el proceso penal y sus incongruencias

La Constitución Política, el proceso penal y sus incongruencias

sión de poderes y nace la idea del Estado de Derecho, en el cual se afirman tres co- sas: las declaraciones, los derechos y las garantías. Las declaraciones que, como dice MAIER (Derecho Procesal Penal Argentino. Editorial Hammurabi S.R.L. Buenos Ai- res, 1989) encierran la presentación política del tipo de organización estatal que se elige; los derechos que representan los atributos esenciales que poseen las personas integrantes de la comunidad nacional; y las garantías que significan las seguridades que se otorgan para impedir que el goce efectivo de esos derechos sea conculcado por el poder estatal. En ese sentido, desde la perspectiva en la que nos colocamos, el Derecho Procesal Penal significaría algo así como el derecho constitucional desarro- llado, porque en buena cuenta la ley procesal debería resultar la ley reglamentaria de los principios, derechos y garantías reconocidas por la Ley Suprema. Solo que los principios que los regulan no son eternos, valen en un lugar y en una época deter- minados y tienen que modificarse de tiempo en tiempo, en la medida de los cambios sociales y de los adelantos de la cultura. Por eso se ha llegado a afirmar, con razón, que la Constitución es un elemento condicionante del proceso penal.
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Nueva Constitución Política del Estado

Nueva Constitución Política del Estado

II. La agregación de municipios, distritos municipales y/o auto- nomías indígena originario campesinas para conformar una región indígena originario campesina, se decidirá mediante referendo y/o de acuerdo a sus normas y procedimientos de consulta según corresponda y conforme a los requisitos y condiciones establecidos por la Constitución y la Ley. Artículo 296. El gobierno de las autonomías indígena ori- ginario campesinas se ejercerá a través de sus propias normas y formas de organización, con la denominación que corresponda a cada pueblo, nación o comunidad, establecidas en sus estatutos y en sujeción a la Constitución y a la Ley..
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El centralismo en la nueva Constitución política colombiana

El centralismo en la nueva Constitución política colombiana

la imposición de ja voluntad de una sola persona; en el primer caso se podrá hablar de coordinación espontánea, en el segundo caso de control. En la práctica y distinguiendo entre el p[r]

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Proyecto de constitución política de la República del Ecuador.

Proyecto de constitución política de la República del Ecuador.

3? El Presidente de la República, los Ministros de Estado, los Senadores, Representantes y Dipu­ tados, los Magistrados del Supremo Tribunal de justicia, los Miembros de las Municipalidades, y to­ dos los que tienen autoridad política, ó jurisdicción eclesiástica ó militar, en cualquier punto de la R e­ pública* no pueden, durante el tiempo que ejercen esos cargos, autoridad ó jurisdicción, elegir ni ser elegidos para ninguno de aquellos que exigen elección popular.

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El parlamentarismo en la constitución política de Chile : memoria de prueba

El parlamentarismo en la constitución política de Chile : memoria de prueba

a m i m i e n t o cdstitucional Qperado sobre el texto d e 1833 en lo que d estas respe'ctbs interesa, se puede compendiar asi: se ha prohibido la reelecci6n presidencial inmediata; se h[r]

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Vista de El Juez Legal y la Constitución Política de 1991
							| Nuevo Derecho

Vista de El Juez Legal y la Constitución Política de 1991 | Nuevo Derecho

Es importante dejar en claro, que la facultad otorgada a todos los jueces para juzgar la constitucionalidad de la ley aplicable al caso concreto, que los autorizan para inaplicar la ley que resulte violatoria de la constitución, corresponde al sistema difuso de control de constitucionalidad, adoptado en nuestro ordenamiento, pero es preciso aclarar que dicha facultad, no fue una invención del constituyente de 1991. Los antecedentes de dicha institución se remontan a la ley 57 de 1887 y a la reforma constitucional de 1910. El artículo 5 de la mencionada ley establecía que: “cuando haya incompatibilidad entre una disposición Constitucional y una legal, preferirá aquella”. Por otra parte, el artículo 40 del acto legislativo número 3 de 1910, le dio consagración plena a la inaplicabilidad, al establecer que: “En todo caso de incompatibilidad entre la constitución y la ley, se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales”.
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El artículo 65 de nuestra constitución política, no tiene razón de ser

El artículo 65 de nuestra constitución política, no tiene razón de ser

El ARTICULO 65 DE NUESTRA CONSTITUCION POLlTICA, NO TIENE RAZON DE SER TESIS PRESENTADA PO'\ C?SAR CASTRO ? LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DE LA '!~UtTj~ DE JUII~PRUDEN~I' DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL[.]

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Agua : el gobierno incumple con la Constitución (Política Pública)

Agua : el gobierno incumple con la Constitución (Política Pública)

Probablemente el asunto más evidente e impor- tante de esa “agenda olvidada” del régimen es la aprobación de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, que de acuerdo a la Constitución de Montecristi, debió haber sido aprobada un año después de su entrada en vigencia. El presidente Correa declaró a esa ley “no prioritaria” para la propuesta política de la revolución ciuda- dana, por lo que se podía gobernar sin ella 1 . En ese

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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan. Tratándose de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, y del servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, así como de la exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, la Nación llevará a cabo dichas actividades en términos de lo dispuesto por los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución. En las actividades citadas la ley establecerá las normas relativas a la administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebren las empresas productivas del Estado, así como el régimen de remuneraciones de su personal, para garantizar su eficacia, eficiencia, honestidad, productividad, transparencia y rendición de cuentas, con base en las mejores prácticas, y determinará las demás actividades que podrán realizar.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes.
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS

La presente Constitución puede reformarse. La necesidad de reforma será declarada por el Congreso Ordinario; pero Sólo se efectuará la reforma por una Asamblea Nacional Constituyente, convocada al efecto. Es ineficaz la proposición de reforma que no esté apoyada por dos terceras partes del Congreso. Se exceptúan de estos requisitos el caso previsto en el artículo 1º.

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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá por ese solo hecho, que no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, será cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, será cubierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar de la lista correspondiente.
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