contra el orden constitucional

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Recurso de agravio constitucional, a favor del precedente vinculante y el orden constitucional

Recurso de agravio constitucional, a favor del precedente vinculante y el orden constitucional

35. 35. En consecuencia cuando el artículo 202.2 de la Constitución no hace expresa referencia a la competencia de este Tribunal para conocer el caso de las sentencias estimatorias de segundo grado, tal silencio sólo supone una presunción iuris tantum a favor de la constitucionalidad de dichas decisiones, mas no su imposibilidad de control vía el recurso de agravio constitucional cuando se haya dictado al margen del orden jurídico constitucional, desacatando un precedente vinculante. De ahí que la precisión establecida en el artículo 18 del Código Procesal Constitucional, en el sentido de que el recurso de agravio procede contra “la resolución de segundo grado que declara infundada o improcedente la demanda”, en la medida en que sólo hace referencia a la dimensión subjetiva del concepto de decisión judicial “denegatoria” (esto es referido a la pretensión contenida en la demanda) y no a la dimensión objetiva (esto es referida al respeto de los derechos fundamentales y el orden constitucional en su conjunto); no puede decirse que limita las posibilidades del recurso de agravio, también tratándose de decisiones estimatorias que sean abiertamente ilegítimas, por desconocer el carácter de órgano supremo de control de constitucionalidad de este Colegiado (art. 201 de la Constitución y 1 de su Ley Orgánica), así como la consecuente potestad de dictar precedentes vinculantes reconocida en el artículo VII del título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
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Límites a las competencias del Tribunal Constitucional como organismo controlador del orden constitucional

Límites a las competencias del Tribunal Constitucional como organismo controlador del orden constitucional

196 libertad, la salud, la integridad moral, etc; por otro lado, y refiriéndose al planteamiento de fondo en el habeas corpus demandado, cuestiona la gravedad de que a través de este proceso, se deslice la idea de invadir competencias del juez penal al aplicar la eximente de responsabilidad penal del error culturalmente condicionado, pues decidir sobre la responsabilidad del imputado no es atribución de un juez constitucional, cuya función es de carácter tuitivo a fin de cautelar los derechos, en este caso de los niños, precisamente el nivel de protección constitucional de los menores de 13, 12 o menos años de edad en “edad de concebir” que conviven en comunidades nativas o indígenas cuando un adulto (también perteneciente a éstas) pretende tener relaciones sexuales con ellos, pues aun siendo una costumbre ancestral, ya no puede ser permitida por el ordenamiento constitucional, siendo inaceptable argumentar el libre consentimiento para favorecer impunidad, ello en tanto el respeto de la indemnidad sexual debe ser de aplicación a los menores de catorce años en todo el territorio peruano, sin admitir excepciones, pues las costumbres de aquellos grupos humanos deberían cambiar a partir de los respectivos procesos educativos comunales y nacionales; ello se condice con una verdadera interpretación acorde a los derechos fundamentales de todo niño, niña o adolescente, máxime si en un Estado Social y Democrático de Derechos, el Tribunal Constitucional cumple una función de órgano de cierre de la interpretación constitucional, realizándola con eficacia vinculante tanto para el ciudadano como para el resto de poderes públicos.
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LIMITES A LAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO ORGANISMO CONTRALOR DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

LIMITES A LAS COMPETENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL COMO ORGANISMO CONTRALOR DEL ORDEN CONSTITUCIONAL

Teniendo en consideración que la vigencia de la Constitución de 1979 se extendió hasta el 05 de abril de 1992, el Tribunal de Garantías Constitucionales cesó en funciones en la misma fecha, siendo clausurado como consecuencia de los hechos registrados por aquella época, y a pesar que la década en la que desarrolló funciones (1982-1992), la realidad de los derechos y libertades en el Perú se caracterizó también por una frecuente violación de los derechos humanos, debido al accionar de grupos subversivos en nuestro país como Sendero Luminoso y el MRTA, así como la acción represiva ilegal (en su mayoría) de las Fuerzas Armadas; y además, por la profunda crisis económica, social e institucional que fomentaba despidos laborales y la arbitrariedad de las autoridades públicas y privadas, su producción (sentencias emitidas en materia de derechos fundamentales) fue escasa, equivalente a 576 recursos casatorios en las acciones de amparo y sobre todo de los hábeas corpus. (Landa, 2011, 14-15). Luego, con motivo del autogolpe de 1992 fomentado por el entonces Presidente de la República, Ing. Alberto Fujimori Fujimori, se creó una nueva Constitución en 1993, donde se procuró mantener en esencia el modelo de la Constitución de 1979, con la presencia de ciertas diferencias, tales como la modificación del nombre de éste órgano por el de “Tribunal Constitucional”, ubicándolo en el esquema constitucional de separación de poderes como el intérprete privilegiado de la Constitución, confiándosele la defensa del principio de supremacía constitucional, además de la protección de los derechos constitucionales de los ciudadanos; con competencias para resolver en última y definitiva instancia las resoluciones denegatorias en los procesos constitucionales de la libertad (Hábeas Corpus, Amparo,
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Declaración de suspensión del proceso por inicio de procedimiento concursal vulnera orden constitucional

Declaración de suspensión del proceso por inicio de procedimiento concursal vulnera orden constitucional

1.2. El derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva que tiene toda persona, está íntimamente vinculado con el supra principio denominado Debido Proceso, pues cuando se vulnera el primero, o cualquier otro principio también se vulnerará el debido proceso. Al respecto la Corte Suprema ha establecido que “El debido proceso tiene por función asegurar los derechos fundamentales consagrados en la constitución, dando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales, a través de un procedimiento legal, en el que se dé oportunidad razonable y suficiente de ser oído, de ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas y de obtener una sentencia que decida la causa dentro de un plazo preestablecido en la ley procesal”. (Cas. No. 3202-2001-La Libertad, El Peruano, 01.01-2002 p. 8944). “El debido proceso es el conjunto de garantías que protegen a los ciudadanos sometidos a cualquier cuestión litigiosa, con el fin de asegurarles una cumplida y recta administración de justicia, en orden de procurarles seguridad jurídica y al hecho que las decisiones se pronuncien conforme a derecho” (Cas. No. 1491- 1999-Ica, El Peruano, 02.05-2002, p. 8680.).
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El acto administrativo  Parte general

El acto administrativo Parte general

(…) no todos los aspectos de regulación del derecho de petición deben estar con- tenidos en una ley estatutaria, como quiera que existen aspectos propios de una ley ordinaria —vgr. valor de formularios— y otros meramente operativos que corres- ponden a los reglamentos administrativos que se dictan en desarrollo de la ley para su efectivo cumplimiento. Por lo tanto, la facultad conferida en la ley no ofrece en principio reparo de orden constitucional (…) la Corte considera que la facultad de las autoridades para determinar los casos en que las peticiones deben presentarse por es- crito, tiene que ejercerse por parte de la autoridad correspondiente mediante la expe- dición de un acto administrativo de carácter general, el cual debe estar debidamente motivado, acorde con los principios constitucionales consagrados en el artículo 209 superior y en particular, de igualdad, publicidad, economía, eficiencia y celeridad, así como el debido proceso administrativo. De esta forma, se armoniza la garantía en el ejercicio del derecho de petición con la potestad de las autoridades para disponer lo pertinente al cumplimiento eficaz de sus funciones y especialmente, lo relacionado con la respuesta oportuna a las peticiones que se les formule. Solo así, esta exigencia resulta conforme a la Constitución.
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Actuación del Ministerio Público investigador, como órgano procurador de justicia en el Estado de México

Actuación del Ministerio Público investigador, como órgano procurador de justicia en el Estado de México

EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, CORRESPONDE AL MINISTERIO PUBLICO. El artículo 21 constitucional señala que el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, teniendo sólo la parte ofendida, el derecho de presentar su denuncia o querella; pues el papel que desempeña dentro de la investigación no lleva otra finalidad que la de cooperar con dicha Institución para la satisfacción de sus funciones, ya que si un ofendido por un delito pudiera impugnar, mediante juicio de garantías, todo acto de autoridad judicial, sin tomar en cuenta la limitación establecida por el artículo 10 de la Ley de Amparo, se desvirtuarían los propósitos del enjuiciamiento criminal, ya que se daría al ofendido la posibilidad de desplegar, dentro de dicho procedimiento, actividades tendientes a que una persona fuera procesada, convirtiendo lo que es de interés público en una contienda privada.
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La Constitución de 1991 de Colombia (Procesos constitucionales de la región)

La Constitución de 1991 de Colombia (Procesos constitucionales de la región)

La reforma constitucional de 1991 resultó inca- paz de construir la legitimidad del Estado sobre la base de un orden social justo; de garantizar el monopolio de las armas por el Estado, para que su uso no sirva de instrumento de retaliación de un sector de la sociedad en contra de otro; de hacer efectivo el funcionamiento del aparato judicial; y de afirmar un proceso de paz que sirva de base al desarrollo nacional como instrumento para alcan- zar una vida civilizada en el país. Esta imposibilidad de la Constitución de 1991 es una muestra de la insuficiencia de la normatividad, de conseguir por sí misma cambios estructurales. 1
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Análisis de la función supletoria del juez constitucional de tutela respecto del desarrollo de la Política Pública de Derechos Humanos en Colombia

Análisis de la función supletoria del juez constitucional de tutela respecto del desarrollo de la Política Pública de Derechos Humanos en Colombia

El Profesor Mark Kessler en su texto titulado: Legal Mobilization for Social Reform: Power and the Politics of Agenda Setting, utiliza el concepto de Movilización Legal (Legal Mobilization) para referirse a las reformas sociales generadas por las actuaciones judiciales de la Suprema Corte y de las cortes estadounidenses locales, situación que tiene lugar en el momento en el que los jueces se alejan de las peticiones formales que presentan los litigantes para transformar una circunstancia que se considera como no deseable, reflejando así los intereses de la comunidad y llegando más allá de la resolución de un conflicto entre dos partes para promover un cambio social. De forma similar se pone de presente el fenómeno originado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004, pues más allá de tomar en cuenta la petición de cada accionante, se ocupa de todos aquellos que rodeados de las mismas circunstancias o circunstancias similares no hayan interpuesto acción de tutela, forzando así a las instituciones gubernamentales a incluir en su agenda el problema de la población desplazada por la violencia. Así, desdibujando en cierta medida la figura esencial de la tutela en la medida en que es una figura jurídica en la que normalmente se pone de presente un conflicto entre dos partes: aquella parte causante de la violación de un derecho fundamental (autoridad estatal o particular) y la parte victima de dicha violación; el juez constitucional procura un cambio social y se vale de la acción de tutela para movilizar el aparato institucional gubernamental.
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Análisis del precedente vinculante en la justicia constitucional peruana: Propuesta para su emisión democrática

Análisis del precedente vinculante en la justicia constitucional peruana: Propuesta para su emisión democrática

Las mismas reglas, en cuanto sean pertinentes, se aplican a las sesiones de las Salas. De acuerdo a lo referido en este artículo, se observa que el pleno jurisdiccional del Tribunal Constitucional y las sesiones de las Salas en cuanto sea pertinente debaten y deliberan sus ponencias a nivel interno; sin embargo; al respecto es importante mencionar el Fundamento de voto del magistrado Carlos Ramos Núñez del expediente N.° 04082-2012-PA/TC, caso Emilia Rosario Del Rosario Medina De Baca, publicada el 27 octubre del 2016 en el Portal del Tribunal Constitucional -sobre los pagos de intereses que se siguen en sedes administrativas por procedimientos contenciosos administrativo y hasta la última instancia mediante recurso de amparo-; en el que anota ciertos lineamientos respecto a la publicidad en la deliberación de los casos durante los plenos jurisdiccionales del Tribunal Constitucional citando para esto la tendencia actual del derecho comparado de superar el hermetismo y propiciar la publicidad de los procesos deliberativos que tienen lugar en el seno judicial, como una forma de garantizar la legitimidad de las decisiones de las altas Cortes. Por ello estima necesario que esta tendencia sea replicada en los debates de casos que se suscitan en los Plenos Jurisdiccionales del Tribunal Constitucional, pues no considera que esta pueda acarrear un detrimento en la unidad e independencia del Tribunal, sino que, por el contrario, contribuiría a su consolidación y al interés de mantener la transparencia en el ejercicio de sus funciones, así como evitar cambios inesperados de posición de sus integrantes que no obedezcan razones de envergadura.
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SÍNTESIS Y COMENTARIOS SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Sergio Santibáñez Catalán y Katherine Vargas Araujo Salamanca, 03 de diciembre de 2018

SÍNTESIS Y COMENTARIOS SOBRE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Sergio Santibáñez Catalán y Katherine Vargas Araujo Salamanca, 03 de diciembre de 2018

Es así como todo análisis gubernativo relativo a la prohibición o no del derecho en cuestión debe ser interpretado a la luz del principio del favor libertatis, aspirando siempre a la realización plena del derecho fundamental. La doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la interpretación de las limitaciones es conteste en la aplicación de este principio y señaló al respecto “Por ello, la limitación del ejercicio del derecho de reunión requiere de una motivación específica. Así, “para que los poderes públicos puedan incidir en el derecho de reunión constitucionalmente garantizado, ya sea restringiéndolo, modificando las circunstancias de su ejercicio, o prohibiéndolo incluso, es preciso, tal y como acaba de señalarse, que existan razones fundadas, lo que implica una exigencia de motivación de la resolución correspondiente … en la que se aporten las razones que han llevado a la autoridad gubernativa a concluir que el ejercicio del derecho fundamental de reunión, tal y como se hubo proyectado por su promotor o sus promotores, producirá una alteración del orden público proscrita en el art. 21.2 CE, o bien la desproporcionada perturbación de otros bienes o derechos protegidos por nuestra Constitución” (STC 195/2003, de 27 de octubre). Y en este sentido “no basta con que existan dudas sobre si el derecho de reunión pudiera producir efectos negativos, debiendo presidir toda actuación limitativa del mismo el principio o criterio de favorecimiento del derecho de reunión … de manera que solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a esa libertad (STC 170/2008)” (STC 96/2010, de 15 de noviembre, relativa al ejercicio del derecho de manifestación durante la jornada de reflexión), en aplicación del principio favor libertatis.
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Constitucionalismo multinivel, interacción judicial y control de convencionalidad para la protección de derechos humanos en Colombia

Constitucionalismo multinivel, interacción judicial y control de convencionalidad para la protección de derechos humanos en Colombia

En primer lugar, es necesario definir el concepto de constitucionalismo multinivel. Este se refiere principalmente a un proceso de cohesión entre ordenamientos jurídicos de una misma región, a fin de homogenizar la aplicación de las constituciones y los Derechos Humanos (Acosta, 2015, p. 39-45). Otros autores, lo consideran como un “un proceso de distribución, división, y organización progresiva de poderes en diversos niveles de competencia y acción, un proceso, finalmente afectado mediante los procedimientos más o menos definidos por las constituciones nacionales involucradas” (Pernice, 2012, p. 17.), que para el caso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, además de verse involucradas las constituciones de los Estados miembros, se incorpora a éste como un tipo de constitucional supranacional por así decirlo, la Convención Americana de Derechos Humanos.
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LAS RUPTURAS POLÍTICAS Y EL ESTADO DE DERECHO

LAS RUPTURAS POLÍTICAS Y EL ESTADO DE DERECHO

El insigne Kelsen, sostiene que en un estado de revolución, se interpreta jurídicamente como una sustitución de la norma; de hecho Kelsen sostiene que es otro el derecho que sobreviene reemplazando al preexistente y Burdeau coincide en señalar que el orden jurídico es quebrantado aunque manifiesta que sea probable que se vuelva a la situación de un orden anterior. Por su parte, el jurista Ambrosio Romero Carranza explica y define una serie de conceptos pertinentes a nuestro tema central e incorpora algunas interesantes diferencias terminológicas que conviene tener en cuenta a fin de esclarecer nuestro glosario epistemológico. Por ejemplo se refiere al concepto de “resistencia a la opresión” adscribiendo al carácter de un derecho subjetivo que todos tenemos frente al abusador, antecedente que el obispo de Hipona, Agustín, describía en sus célebres ensayos. Cuando hace mención a la “revolución”, la explica como un fenómeno social de grandes proporciones e implicancias. Esta revolución se entiende como una mutación fundacional del sistema y las estructuras políticas.
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Los juicios de sustitución constitucional como causal de inexequibilidad de los actos legislativos: ¿dictadura constitucional o constitucionalismo democrático?

Los juicios de sustitución constitucional como causal de inexequibilidad de los actos legislativos: ¿dictadura constitucional o constitucionalismo democrático?

pluralismo e implica la coexistencia de diferentes ideas, razas, géneros, orígenes, religiones, instituciones o grupos sociales. El pueblo de tan heterogénea composición al escoger un modelo de democracia constitucional acepta que todo poder debe tener límites y, por lo tanto, como pueblo soberano acuerda constituirse y auto limitarse de conformidad con ese modelo democrático e instituye cauces a través de los cuales pueda expresarse con todo y su diversidad. Por ello, en los Estados contemporáneos la voz del pueblo no puede ser apropiada por un solo grupo de ciudadanos, así sea mayoritario, sino que surge de los procedimientos que garantizan una manifestación de esa pluralidad” (énfasis añadido, Sentencia C-141 de 2010).
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Niveles de Percepción de la ciudadanía acerca del orden Interno y seguridad Ciudadana frente al Incremento de la Delincuencia Común

Niveles de Percepción de la ciudadanía acerca del orden Interno y seguridad Ciudadana frente al Incremento de la Delincuencia Común

derechos, obligaciones, estructura y funciones que deben regir, para el hombre de ese Estado y a los poderes de línea horizontal (Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano) así como los de línea vertical (Nacional, Estatal, Regional y Municipal). Ahora bien, considerando lo planteado, el mantenimiento del orden interno, debe interpretarse desde una concepción totalmente sistémica, en la que todos los elementos y órganos que forman parte de la Nación de un Estado, cumplen con sus obligaciones y deberes a través de un Derecho, el cual está consagrado sobre la base de la Constitución, la cual recoge todas sus características y las enmarca para la consecución de uno o varios objetivos. En torno a ello, la conceptualización del término mantenimiento del orden interno se establece como el cumplimiento de la Constitución y demás leyes de la República por parte de todos los elementos que conforman un Estado- Nación, que le permita la consecución de sus fines.
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Contra el nuevo orden mundial. El comunismo español ante la posguerra fría

Contra el nuevo orden mundial. El comunismo español ante la posguerra fría

La línea de Anguita había generado constantes polémicas internas, tanto en el PCE como en IU. No obstante, había resultado ampliamente mayoritaria en el XIII Congreso del partido, encontrando el favor de una militancia que no estaba dispuesta a perder sus señas de identidad. En este sentido, la reivindicación de la vigencia del ideal comunista, y su proyección en una perspectiva salvífica, habían funcionado como antídoto para no ceder al desánimo provocado por el colapso soviético. Aunque en la III Asamblea de IU las disidencias habían sido cuantitati- vamente notables, gracias a la posición hegemónica que ostentaba en el seno de la coalición el PCE había conseguido que también ésta asumiera oficialmente la pos- tura euroescéptica y la correlativa lógica de contraposición al nuevo orden mun- dial, manteniéndolas en los años siguientes. Las polémicas internas continuaron hasta estallar en 1997, cuando NI –que mientras tanto se había convertido en el Partido Democrático de la Nueva Izquierda– decidió abandonar la coalición. Aquel mismo año también IC, después de haber manifestado repetidamente su coinci- dencia con los planteamientos de los renovadores y NI, rompió su alianza con IU. De todas formas, a pesar de las divisiones y de que pudiera parecer algo con- tracorriente en la historia, en los años inmediatamente posteriores a la caída de la URSS los resultados de Izquierda Unida en las elecciones generales registraron un incremento constante, alcanzando su cénit en 1996 –10,54% y veintiuno diputados–. Efectivamente, a corto plazo, la identidad antagonista forjada por los comunistas y la consecuente oposición frontal al PSOE resultaron fructuosas: IU se benefició del progresivo desgaste del partido de gobierno, convirtiéndose en el receptor del creciente descontento generado en ciertos sectores de los vo- tantes de izquierdas por la labor del ejecutivo socialista. Pero, tras la llegada al poder del Partido Popular, se hizo evidente toda la fragilidad de la estrategia de Anguita, que quedó certificada por la vertiginosa caída registrada por IU en las europeas de 1999 –5,7%– y en las generales del 2000 –5,4%–, lo que provocó las dimisiones del “califa rojo”.
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La necesidad de incorporar en la constitución política a la Pacha mama como sujeto de derecho

La necesidad de incorporar en la constitución política a la Pacha mama como sujeto de derecho

El orden de los seres vivos incluye más que animales humanos y no humanos; incluye plantas, algas, organismos unicelulares, quizás virus y, según han sugerido algunos, ecosistemas e incluso el conjunto de la biosfera. La complejidad de una ética centrada en la vida dependerá de cómo se responde la pregunta ¿qué es vivir?». Se responda como se responda esta cuestión dará idea de un sistema autorregulado que persigue, de forma no necesariamente consciente, determinados fines. Una ética centrada en la vida considera moralmente relevantes a todos los seres vivos, aunque no necesariamente con igual significación moral. Así, podría ser mejor salvar a una tortuga nariz de cerdo que a un arbusto waratah, aun cuando ambos sean moralmente relevantes. Sin embargo, la primera puede ser moralmente más relevante por su condición de ser vivo complejo. Aquí la complejidad sirve de intensificador: de dos seres vivos, será moralmente más significante el más complejo. Por considerar un caso diferente, podría ser preferible salvar a una planta que salvar a una tortuga nariz de cerdo, porque sólo aquella planta puede ocupar su nicho ecológico particular, mientras que la tortuga nariz de cerdo ocupa un nicho que quizás podrían ocupar tortugas parecidas de diferente especie. Aquí la diferenciación se basa en una valoración moral de las consecuencias respectivas de la eliminación de la planta y de la tortuga nariz de cerdo y no de las características internas de ambos seres vivos.
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El primer periodo constitucional floreano : entre el orden interno y la defensa exterior

El primer periodo constitucional floreano : entre el orden interno y la defensa exterior

recuerda Juan Maiguashca, “se impuso con relativa facilidad desde el principio” 528 pretendió en un primer momento afianzar la presencia estatal en territorio nacional a través de la figura del Prefecto Departamental como representante directo del Ejecutivo en la dinámica centro – periferia, con el objeto de afianzar sistemáticamente el complejo proceso socio – político de estructuración del Estado apuntalando el mismo sobre dos pilares fundamentales: la Política de Orden Interno en la esfera doméstica; y la Política de Defensa Territorial en la esfera internacional (Ayoob, 1.997). Prueba de esto la encontramos en la norma constitucional que estable enfáticamente “El gobierno político de cada departamento reside en un Prefecto, que es el agente inmediato del Poder Ejecutivo” 529 . En la práctica, esta fórmula de gobierno elevada a norma suprema de la República se disolvía paulatinamente en la pugna interregional que permeaba la dinámica política del primer lustro republicano, la misma que respondía, como señala Linda Rodríguez a una realidad socio – política presente en los albores de nuestra Historia Republicana: “Las élites que gobernaron no lograron obtener un consenso que les permitiera resolver sus conflictos en forma amistosa” 530 . En este punto surge la pregunta ¿Cuál es el significado de consenso en el marco socio – temporal comprendido entre los años 1.830 y 1.835? A lo que me permito responder en los siguientes términos: La idea de consenso como instrumento de control estatal y canalización de conflictos en la esfera doméstica de la temprana República debe entenderse dentro de este contexto histórico como hegemonía; entendida en palabras de Antonio Gramsci como, la “capacidad de unificar a través de la ideología y de mantener unido un bloque social que, sin embargo, no es homogéneo, sino marcado por profundas contradicciones de clase” 531 . Siguiendo esta línea teórica podemos comprender que “Una clase (y/o sector
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La antinomia entre el principio dispositivo y el principio de celeridad vulnera la seguridad jurídica

La antinomia entre el principio dispositivo y el principio de celeridad vulnera la seguridad jurídica

El Art. 140 del (COFJ), resalta el activismo que los jueces deben tener y que en doctrina se denomina el decisión judicial, una vez que las facultades del juez en el proceso deben ser estudiadas en base a los principios y presupuestos procesales, de manera que se concreten las reglas de dirección material, el control disciplinario, el orden y la regularidad de los trámites, las potestades para utilizar la fuerza legitimada por el poder jurisdiccional, etc., pues no olvidemos que el juez en el ordenamiento jurídico actual, tiene facultades jurisdiccionales señaladas en el Art. 130 del (COFJ); facultades correctivas señaladas en el Art. 131, y facultades coercitivas señaladas en el Art. 132 Por tanto, los jueces de la Sala de la Corte Provincial de Pichincha deben decidir el derecho aplicable al caso concreto resolviendo –en muchas ocasiones– antinomias o conflictos normativos. Se hace entonces necesario que los jueces cuenten con elementos que les provean de soluciones para resolver tales conflictos. Para la solución de las antinomias o conflictos normativos los jueces se valen de ciertos criterios que evidencian que los sistemas jurídicos no son meros conjuntos de normas, sino conjuntos ordenados de ellas.
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ACERCAMIENTO AL ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL ESTADO FRENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

ACERCAMIENTO AL ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DEL ESTADO FRENTE AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TERRITORIO

Los Planes de Ordenamiento Territorial constituyen una herramienta fundamental para la planificación del territorio, y es a partir de estos como se da un adecuado desarrollo ambiental, cultural, productivo y estructural. La dinámica del territorio varía constantemente y es aquí donde debe buscarse una adecuada adaptación a las nuevas necesidades, tanto para el aprovechamiento como para la protección de los recursos naturales, los cuales deben encontrarse acorde con las nuevas realidades exigidas por la dinámica del territorio. Surgiendo la pregunta para determinar ¿Qué ocurre cuando las autoridades competentes desconocen su obligación constitucional de garantizar una adecuada planificación para la protección y goce de los recursos naturales? Resulta pertinente enfrentar la situación descrita, con la finalidad y papel de Estado frente a la necesidad de la planificación ambiental territorial, y los posibles tipos de responsabilidad del Estado.
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El artículo 170 de la Constitución Suiza; ¿Qué se ha logrado y qué queda por hacer?

El artículo 170 de la Constitución Suiza; ¿Qué se ha logrado y qué queda por hacer?

- En segundo lugar, el artículo 170 CS emplea conscientemente la noción amplia de “Medidas de la Confederación”. Este concepto incluye todo tipo de acción, toda actividad de los órganos de la federación y de órganos que ejecutan o llevan a cabo medidas de la Federación. Ello implica también a autoridades cantonales o particulares a quienes se les haya confiado el desempeño de tareas de la federación. La forma jurídica de tales medidas (¿legislación, decisiones concretas, actos materiales administrativos?) es aquí irrelevante. El artículo 170 constitucional no basa su redacción en categorías dogmáticas jurídicas, sino que alude a una designación integral muy general de las medidas tomadas por el Estado, cuyo foco se dirige evidentemente al nivel federal.
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