Contratación administrativa

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Responsabilidad penal del delegante por omisión impropia  en la Contratación Administrativa

Responsabilidad penal del delegante por omisión impropia en la Contratación Administrativa

Pero como se mencionó en la introducción, en este artículo se pretende ampliar el criterio legal de imputación de la omisión impropia, al delegante en la contratación administrativa por los actos ilegales cometidos por su delegatario y partiendo de que los deberes constitucionales son patrones de conducta social impuestos por el Constituyente a todo ciudadano, más no exigibles, en principio, como consecuencia de su mera consagración en la Carta Política, se deben consagrar en una ley que los desarrolle. (Corte Constitucional, Sala Cuarta de Revisión de Tutelas, Sentencia T 036/95). En esta medida, los deberes constitucionales constituyen una facultad otorgada al Legislador para imponer determinada prestación, pero su exigibilidad depende de la voluntad legislativa de actualizar, mediante la consagración de sanciones legales, su potencialidad jurídica, lo cual no cierra totalmente la posibilidad de aplicar un criterio más ampliado. (Oviedo, 2008)
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Derecho de la competencia y contratación administrativa

Derecho de la competencia y contratación administrativa

Permite al alumno alcanzar una comprensión global y práctica del Derecho de la competencia y la contratación administrativa que, pese a su tratamiento sumario en el grado, tienen importancia clave en la vida económica de cualquier empresa, como por ejemplo concentraciones empresariales y régimen de la competencia desleal.

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La contratación administrativa utilizando medios electrónicos y telemáticos

La contratación administrativa utilizando medios electrónicos y telemáticos

Sumario: I. IntrOduccIón generAl. II. AlgunAs referencIAs Pre- vIAs sObre lA sItuAcIón ActuAl de lA cOntrAtAcIón AdmI- nIstrAtIvA. III. lA sItuAcIón en lA ley de cOntrAtOs del sec- tOr PúblIcO. 1. líneas centrales de la lcsP y justificación de la reforma: la incidencia sobre las técnicas electrónicas y telemáticas. Iv. AlgunAs determInAcIOnes sObre lA ley de AccesO A lOs servIcIOs PúblIcOs: un mArcO generAl PArA lA ActuAcIón de lAs Ad- mInIstrAcIOnes PúblIcAs. 1. delimitación subjetiva. 2. finalidades esenciales de la lAe: hacía una Administración diferente. v. lAs APuestAs cOncretAs PArA lA utIlIzAcIón de medIOs electrónIcOs en lA cOntrAtAcIón AdmInIstrAtIvA. 1. ley de contratos de las Admi- nistraciones Públicas y la normativa dictada en desarrollo de la misma. 2. la ley de contratos del sector Público de 2007. 2.1. El tratamiento general. 2.2. Disposiciones comunes para la utilización de instrumentos tecnológicos. vI. determI- nAcIOnes de lA lcsP en mAterIA de utIlIzAcIón de bIenes In- fOrmátIcOs y telemátIcOs. 1. tendentes a fomentar la transparencia en la gestión y el conocimiento de la actividad contractual en aras al cum- plimiento de los objetivos centrales de la “nueva contratación pública”. 2. la tecnología como elemento de facilitación de comunicaciones y relaciones en el ámbito del procedimiento contractual convencional. 3. Procedimien- tos contractuales de base electrónica.
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Derecho de la competencia y contratación administrativa

Derecho de la competencia y contratación administrativa

1. Elaboración de dos trabajos colectivo monográficos, sobre derecho de la competencia y contratación administrativa, en los que se valorará la integración de los resultados de la partes asignadas a cada miembro del grupo, el conocimiento por parte de los alumnos de la regulación jurídica básica de los diferentes tipos de contratos, valorándose la capacidad para interpretar los principales documentos básicos que se acompañan, así como la elección de la solución contractual más adecuada de las planteadas en el supuesto en que el profesor les presenta: 90%
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Los principios generales de la contratación administrativa en el ámbito local: su aplicación práctica en las distintas fases de la contratación

Los principios generales de la contratación administrativa en el ámbito local: su aplicación práctica en las distintas fases de la contratación

Posteriormente y modificando la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, se promulga la Ley 53/1999, de 28 de diciembre. Uno de los aspectos más importantes de esta ley en su aprobación es su objeto, a favor del incremento de la concurrencia y la transparencia y la objetividad en los procedimientos de adjudicación en la contratación administrativa, así como simplificar, en lo posible, los procedimientos de contratación con respeto a los principios básicos de publicidad, libre concurrencia y transparencia en la contratación de las Administraciones públicas. Se establecen mayores y más eficaces controles para las modificaciones de los contratos; supresión de la posibilidad de prórrogas tácitas en los contratos administrativos y la reducción de la duración de los contratos de gestión de servicios públicos según sus diferentes tipos y a dos años el plazo máximo de duración de los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios, con lo que se trata de favorecer la concurrencia en estos contratos; la regulación más adecuada de los supuestos de baja temeraria, evitando la realización por sociedades pertenecientes a un mismo grupo de prácticas que pueden desvirtuar la competencia; establecimiento de un régimen más estricto para la contratación conjunta de elaboración del proyecto y ejecución de las obras correspondientes y la introducción de exigencias de mayor diligencia por la Administración en la expedición de certificaciones y en el abono de liquidaciones.
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La fiscalización de la contratación administrativa por el Tribunal de Cuentas

La fiscalización de la contratación administrativa por el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas fue muy pronto sensible a la importancia de su función fiscalizadora de la contratación administrativa. No es una simple anécdota el hecho de que, los tres primeros Informes, aprobados el 5 de octubre de 1983 por el Pleno del Tribunal de Cuentas tras la promulgación de su Ley Orgánica de 1982, tuvieran como ámbito objetivo la fiscalización de legalidad de diversos expedientes de contratación efectuados, respectiva- mente, por el Instituto Español de Oceanografía, la Dirección General de Carreteras, y el Organismo Autónomo Aeropuertos Nacionales. Pero este fue sólo el principio de una actividad fiscalizadora que no se ha detenido hasta nuestros días. Así, de los casi 800 Informes aprobados por el Pleno del Tribunal de Cuentas desde entonces hasta hoy, más de la mitad han tenido como objetivo único o parcial, la fiscalización de la contratación adminis- trativa. Y aún hay más, para planificar adecuadamente el alcance de la fisca- lización de los contratos, el Tribunal de Cuentas consideró que era impres- cindible disponer de la mayor cantidad de información sobre la contratación celebrada en cada ejercicio, con independencia del régimen jurídico al que estén sometidos los diferentes órganos de contratación, y facilitar a los órga- nos contratantes las características de la documentación que debían poner en conocimiento del Tribunal de Cuentas, el Pleno de este órgano dictó dos resoluciones, en el mes de marzo de 2005, detallando de manera exhaustiva las relaciones, certificaciones y documentos que debían ponerse en su cono- cimiento. Dichos Acuerdos, publicados en el BOE (2 y 16 de mayo de 2005) ha sido una de las escasas manifestaciones de la actividad “cuasinor- mativa” de esta Institución.
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Derecho de la competencia y contratación administrativa

Derecho de la competencia y contratación administrativa

Permite al alumno alcanzar una comprensión global y práctica del Derecho de la competencia y la contratación administrativa que, pese a su tratamiento sumario en el grado, tienen importancia clave en la vida económica de cualquier empresa, como por ejemplo concentraciones empresariales y régimen de la competencia desleal.

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ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE

Consolidar, unificar y definir los lineamientos, procedimientos y actividades necesarias para que los operadores de la Contratación, en virtud del ejercicio y cumplimiento de las funciones inherentes a su cargo realicen la planeación, administración, ejecución y control de las contrataciones para la adquisición de bienes y servicios en aplicación del Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 004 de 2016 del Consejo Superior mediante la cual se expide el Estatuto de Contratación Administrativa de la Universidad del Valle, el Acuerdo No. 009, del 1 de junio de 2018 del Consejo Superior, “Por el cual se modifica parcialmente y se adiciona el Acuerdo No. 004 de 2016 “Por el cual se expide el Estatuto de Contratación Administrativa de la Universidad del Valle”, la Resolución 2.898 de 2018 mediante la cual de reglamenta el Estatuto de Contratación Administrativa de la Universidad del Valle y la Resolución 2827 de 2019 “Por medio de la cual se regula la contratación de prestación de servicios de ejecución personal que celebren las Dependencias Académicas o Administrativas de la Universidad del Valle, se adopta la tabla de honorarios y se dictan otras disposiciones”.
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Deficiencias jurídicas en la aplicación del régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) en la Universidad Nacional de Ucayali, período 2015

Deficiencias jurídicas en la aplicación del régimen de contratación administrativa de servicios (CAS) en la Universidad Nacional de Ucayali, período 2015

En una publicación llevada a cabo en Monografías.com, sobre contratos cas, Coca Caycho, Jorge, menciona lo siguiente: “Las bondades que señala la norma en comentario, no serían tales, pues se trata de una más de las tantas normas que regulan la inseguridad y la inestabilidad laboral de trabajador, por tanto no está enmarcado dentro los cánones que establece la Constitución como norma de protección al trabajador; pues por un lado, en el artículo segundo se precisa que el régimen especial de contratación administrativa de servicios es aplicable a toda entidad pública sujeta al Decreto Legislativo Nº 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, y a otras normas que regulan carreras administrativas especiales, así como a las entidades públicas sujetas al régimen laboral de la actividad privada, con excepción de las empresas del Estado, sin embargo por otro lado, contradictoriamente (en el artículo 3º) se establece que este contrato administrativo de servicios constituye una modalidad especial propia del Derecho Administrativo y privativa del Estado, no estando sujeta a la ley de bases de la carrera administrativa (D. Legislativo 276), al régimen laboral de la actividad privada, ni a otras formas que regulan carreras administrativas especiales”.
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Debilidades en la contratación administrativa en el norte de Antioquia (2008-2009). Factores de riesgo en la contratación administrativa en el norte de Antioquia

Debilidades en la contratación administrativa en el norte de Antioquia (2008-2009). Factores de riesgo en la contratación administrativa en el norte de Antioquia

Los Alcaldes, quienes fungen como Representantes Legales de las administraciones municipales analizadas, no hacen un estudio minucioso con respecto a la persona a quien le entregan (delegan) la labor del perfeccionamiento y seguimiento a los procesos contractuales, desconociendo con esto, que según las normas actuales de contratación administrativa, son los directos responsables de dicho perfeccionamiento. Con esta situación no están dando cabal cumplimiento al artículo 51 de la Ley 80 de 1993, el cual reza: “De la responsabilidad de los servidores públicos: El servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la Constitución y la ley”.
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Derecho de la competencia y contratación administrativa

Derecho de la competencia y contratación administrativa

1. Elaboración de dos trabajos colectivo monográficos, sobre derecho de la competencia y contratación administrativa, en los que se valorará la integración de los resultados de la partes asignadas a cada miembro del grupo, el conocimiento por parte de los alumnos de la regulación jurídica básica de los diferentes tipos de contratos, valorándose la capacidad para interpretar los principales documentos básicos que se acompañan, así como la elección de la solución contractual más adecuada de las planteadas en el supuesto en que el profesor les presenta: 90%
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Análisis de tiempos y movimientos en el proceso de contratación administrativa de medicamentos, en el Hospital México durante el año 2009

Análisis de tiempos y movimientos en el proceso de contratación administrativa de medicamentos, en el Hospital México durante el año 2009

El nivel central, a través de la Gerencia Logística y las direcciones adscritas a su estructura, será la responsable de adquirir, mediante lo dispuesto por la Ley 6914 (Ley especial de medicamentos) y su reglamento así como la Ley 7494 (Ley de contratación administrativa) y su reglamento, todos aquellos medicamentos almacenables que resuelvan las principales causas de morbimortalidad que afectan a la población del país, que por su consumo y volumen de compra significativa generan economías de escala. 8

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Vista de ¿Es la licitación pública la regla de general aplicación en contratación administrativa?

Vista de ¿Es la licitación pública la regla de general aplicación en contratación administrativa?

Sin duda con la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.886 de 2003, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servi­ cios, se consagró una regla similar a aquella dispuesta en el ar tículo 9 de la Ley Nº 18.575, describiendo los tres clásicos procedimientos de selección de contratista privado, pero condicionando la procedencia de la licitación pública principalmente a la cuantía del futuro contrato. En efecto, el ar tículo 5 dispuso expresamente que la Administración adjudicará los contratos que celebre mediante licitación pública, licitación privada o contratación directa, y que la licitación pública será obligatoria cuando las contrataciones superen las 1.000 unidades tributarias mensuales, salvo lo dispuesto en el ar tículo 8º de la misma ley, que se refiere a los casos en los cuales la Administración puede acudir a licitación privada o trato directo. Todo ello, sin perjuicio de la incorporación mediante el ar tículo 30 letra d) de la Ley Nº 19.886, y de los ar tículos 14 y siguientes del Reglamento, de los convenios marcos como un tipo de contratación administrativa que altera lo dispuesto por el ar tículo 9 de la Ley Nº 18.575.
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Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Es allí, en el análisis histórico y teleológico de esta reforma, en donde se encuentra el principal mérito de esta investigación. En efecto, la autora, mediante la unificación temática de las principales modificaciones realizadas al régimen de contratación, expone y analiza los antecedentes, causas y motivos que condujeron al legislador a aprobar los cambios efectuados en la Ley 80 de 1993.

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La posición jurídica del urbanizador: urbanismo concertado y contratación administrativa

La posición jurídica del urbanizador: urbanismo concertado y contratación administrativa

LA CAUSA: ELEMENTO DIFERENCIAL ENTRE CONTRATO TÍPICO Y CONCIERTO URBANÍSTICO Aun cuando todo urbanizador particular -propietario o no— opere sobre un trasfondo consensual con la Administ[r]

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Uniones temporales de empresas: estructura y papel en la contratación administrativa

Uniones temporales de empresas: estructura y papel en la contratación administrativa

La solvencia técnica o profesional no presenta una mayor dificultad que la solvencia económica y financiera en cuanto a la acreditación de su disponibilidad. Conllevará la presentación de certificados de buena ejecución de contratos, maquinaria y material técnico que se disponga, y de titulaciones académicas o profesionales de los técnicos. Estos activos y documentos requeridos se contemplan como un todo dentro de la oferta que presenta la UTE, siendo indiferente qué miembros hayan aportado tales recursos. Además, la acreditación de experiencia por parte de una de las empresas participantes en la UTE, debe beneficiar al resto en el caso de que uno de los socios ostente la exigida para el contrato. Resumiendo, mediante la presentación de un mínimo de solvencia técnica por cada partícipe de la UTE se evitarán posibles problemas con la acreditación exigida, siempre que al menos uno de los miembros la posea. Los artículos 80 y 81 del TRLCSP contemplan que los órganos de contratación puedan exigir como un plus de solvencia la acreditación de las normas de gestión de la calidad o de gestión medioambiental. Para Pérez (2012) estos requisitos tienen un difícil encaje en la figura de la acumulación ya que la empresa obtiene estos certificados mediante procesos complejos que acreditan que ésta y no otra cumple los criterios. En este caso, no se permite que, para acreditar el cumplimiento de las normas de gestión de la calidad y el medioambiente, se base su cumplimiento por otra empresa, ya que tales certificados garantizan aspectos y circunstancias intrínsecas de una empresa y no de la UTE.
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Los asociaciones público-privadas (APP): una opción para contratación administrativa en Latinoamérica

Los asociaciones público-privadas (APP): una opción para contratación administrativa en Latinoamérica

experimentando niveles sin precedentes de inversión en proyectos diseñados para modernizar su infraestructura pública y social; la Unión Europa y, específicamente, los bancos que financiaran este inmenso proyecto han elegido asociaciones público- privadas como la alternativa principal de contratación por el conocimiento y expe- riencia que el sector privado puede aportar además de la eficiente implementación de los proyectos con cargas presupuestarias reducidas.

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La contratación administrativa de servicios y su impacto en la función pública peruana

La contratación administrativa de servicios y su impacto en la función pública peruana

OCTAVO: Que, por consiguiente, y en desmedro de lo que pueda suponer una conclusión apresurada, es necesaria una lectura sistemática de la Constitución que, acorde con lo citado, permita considerar que el derecho a la contratación no es ilimitado, sino que se encuentra evidentemente condicionado en sus alcances, incluso, no solo por límites explícitos, sino también implícitos. Límites explícitos a la contratación, son la licitud como objetivo de todo contrato y el respeto a las normas de orden público. Límites implícitos, en cambio, serian las restricciones al derecho de contratación frente a lo que pueda suponer el alcance de otros derechos fundamentales y la correlativa exigencia de no poder pactarse contra ellos. Asumir que un acuerdo de voluntades, por más respetable que parezca, puede operar sin ningún referente valorativo, significaría no precisamente reconocer un derecho fundamental, sino un mecanismo de eventual desnaturalización de tales derechos.
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Importancia del principio de la transparencia en la contratación administrativa

Importancia del principio de la transparencia en la contratación administrativa

 Modificación al Estatuto General de Contratación para la Administración Pública, con lo cual se construya las bases de una política pública coherente en la materia, en la aspiración de hacer del principal instrumento de ejecución presupuestal, un hito de eficiencia en la administración del recurso público y un terreno adverso al accionar de la corrupción

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EL CÁLCULO DEL COSTE DE LA VIDA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EL CÁLCULO DEL COSTE DE LA VIDA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

a. Los datos que deben incluir las ofertas de los licitadores. Puede ser el propio cálculo del coste ciclo de vida con el nivel de desglose necesario para su apreciación y comparación o los datos que el órgano de contratación considere necesarios para llegar a ese cálculo por sí mismo. En el primer caso, sin embargo, en los pliegos que rijan para la contratación no será posible el mismo nivel de desglose, dado que serán las características de cada empresa y de cada producto dentro de la misma los que den como resultado un desglose u otro, una cantidad mayor o menor en los distintos parámetros. Es necesario tener en cuenta que el desglose en el cálculo del coste del ciclo de vida no supone la utilización de precios unitarios 117 .
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