Contratación con el Estado

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Contratación de consultoría en la Contratación Pública.

Contratación de consultoría en la Contratación Pública.

107 Art. 22.- Procedimiento para emisión de certificados de Contratistas Incumplidos y Adjudicatarios Fallidos.- Sólo para fines distintos a la contratación pública, el INCOP emitirá certificados que acrediten que una persona natural o jurídica no se encuentre sancionada como Contratista o Consultor Incumplido o Adjudicatario Fallido. Para el efecto el interesado cursará una solicitud al Instituto Nacional de Contratación Pública con la indicación de nombres y apellidos completos o denominación o razón social en caso de personas jurídicas del solicitante; objeto por el cual es solicitado el certificado y a quien va dirigido, número de cédula de identidad o RUC si lo tuviera; el documento que acredite la representación legal, de ser el caso y la dirección exacta para notificaciones.
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La contratación temporal

La contratación temporal

doctrina, de 15 de febrero de 2000, indicó que “tal solución de continuidad no se produce en la sucesión de contratos temporales cuando entre uno y otro contrato media una interrupción breve, inferior al tiempo de caducidad de la acción de despido [que es de 20 días hábiles]” (Fundamento de Derecho segundo). Con la incidencia de la reforma ya no sólo se trataba de luchar contra el fraude de ley, sino también contra el uso abusivo del encadenamiento contractual, incluso cuando todos los contratos temporales concatenados resultasen lícitos. La Directiva 1999/70/CE, como vimos en el apartado anterior, respondió a estas ideas, pero su transposición al ordenamiento español fue muy laxa con la reforma de 2001 en la que se limitó a dejarlo en manos de la negociación colectiva. Finalmente fueron el Real Decreto-ley 5/2006 y la Ley 43/2006 los que transpusieron adecuadamente la Directiva 1999/70/CE, apostando por la determinación de un límite temporal total a los sucesivos contratos de duración determinada. Realmente, podemos distinguir dos instituciones: el encadenamiento de contratos temporales y la rotación sobre un mismo puesto de trabajo. El esfuerzo normativo recae principalmente sobre la primera de dichas instituciones, en relación con la segunda, la única novedad es que se refuerza la antigua posibilidad de establecer requisitos en los convenios colectivos para prevenir abusos en la utilización sucesiva de la contratación temporal, para lo cual se establece lo siguiente en el párrafo segundo del art. 15.5 ET: “Atendiendo a las peculiaridades de cada actividad y a las características del puesto de trabajo, la negociación colectiva establecerá requisitos dirigidos a prevenir la utilización abusiva de contratos de duración determinada con distintos trabajadores para desempeñar el mismo puesto de trabajo cubierto anteriormente con contratos de ese carácter, con o sin solución de continuidad, incluidos los contratos de puesta a disposición realizados con empresas de trabajo temporal”. “De ello puede extraerse que en la actualidad existe una obligación, un imperativo de negociar dichos requisitos. Lo que sucede es que no se ha aprovechado la ocasión para introducir esta cuestión dentro del contenido mínimo que han de tener los convenios
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La ley de contratación pública y el principio constitucional de la libertad de contratación

La ley de contratación pública y el principio constitucional de la libertad de contratación

Esa posibilidad de elegir el cómo solucionar o resolver esas diferencias, al ser vista como una mera manifestación de dicho principio, se halla delimitada, entre otras cosas, en función del concepto de orden público, un concepto de vieja data que, por lo general, impone ciertos límites frente a la libertad de contratación y que, en este caso, no hace más que restringir el derecho que tienen dos o más sujetos a ver satisfecho un determinado interés mediante la utilización de un mecanismo no jurisdiccional, pero sobre todo con la ayuda de un tercero imparcial.
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Contratación internacional

Contratación internacional

Las denominadas informaciones precontractuales, tan genuinas del derecho anglosajón, se extienden cada día más a la contratación internacional. A través de ellas se puede gestionar el contrato internacional de forma más equitativa, reequilibrando las prestaciones en aquellos contratos de adhesión en los cuales la capacidad negociadora de una de las partes contratantes se limita por el peso y exigencias de la otra. Tienden pues, a neutralizar los posibles abusos e imposiciones unilaterales en una contratación carente de regulación uniforme a nivel internacional. Y ello pese a los esfuerzos de Colegios y Asociaciones profesionales que en determinados sectores tratan de imponer una contratación estandarizada, como se da en contratos de ciertas materias primas, granos y semillas, etc. -conocidos genéricamente como commodities-, así como en ciertos ámbitos industriales de alto contenido científico-técnico, como es el caso de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores (FIDIC).
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Contratación estatal

Contratación estatal

de las estipulaciones en ellos convenidas, la introducción de modificaciones a lo pac- tado, la terminación unilateral, la caducidad administrativa, la reversión y el some- timiento a las leyes nacionales. En este orden de ideas, las cláusulas exorbitantes le otorgan ventajas a la Administración, porque es gestora del interés colectivo. Ahora bien, con la Ley 80 de 1993, su existencia opera tanto ex leye como ex contractu, dependiendo del acuerdo que se trate […]. Que estos poderes operan ex leye significa que se integran a los contratos aun cuando no se pacten, porque la norma los incor- pora directamente en algunos negocios, concretamente los que tienen por objeto: el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, la prestación de servicios públicos, la explotación y concesión de bienes del Estado, y los contratos de obra. En estos casos la norma es impositiva, al advertir que para el efectivo cumplimiento de los fines de la contratación las entidades “pactarán” estos poderes; no obstante, si no se estipulan, el inciso tercero del mismo numeral señala que se entienden pactadas, aunque no se consignen expresamente. Sin embargo, estas cláusulas también pueden ser ex contractu, es decir, que sólo harán parte del negocio por voluntad expresa de las partes, aunque la ley sólo establece tal posibilidad en dos tipos de contratos: su- ministro y prestación de servicios profesionales. 73
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Contratación directa: Contratación reservada del sector defensa y DAS

Contratación directa: Contratación reservada del sector defensa y DAS

Pero esto no significa que la contratación directa sea una rueda suelta y no pueda ser objeto de control, es decir, no significa que pueda dejarse de controlar las autoridades competentes la conducta de los servidores públicos que hubieran intervenido en dicho procedimiento de vinculación contractual y hasta la terminación del contrato. Por lo tanto, existirá el control propio de los contratantes y el interno de la Administración contratante, el disciplinario de la Procuraduría General de la nación, el fiscal de la Contraloría General del la República, la acción penal por la Fiscalía General de la Nación. Tal como lo establece la Ley 1474 de 2011. 2
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Teoría de la contratación

Teoría de la contratación

Adicionalmente, el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Su- perior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la Re- pública, las Contralorías Departamentales, Distritales y Municipales, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Procuraduría General de la Nación, los ministerios y de- partamentos administrativos, las superin- tendencias, unidades especiales y, los orga- nismos o dependencias del Estado a los que la Ley le otorgue la capacidad de celebrar contratos (Ley 80 de 1993. Por la cual se ex- pide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Artículo 2).
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Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Ley de contratación administrativa : reforma a la contratación estatal

Uno de los aspectos más importantes en el conocimiento de la ley es el poder entender el espíritu del legislador plasmado en la misma. Este libro busca en- tregar al lector unos datos básicos sobre el objetivo y trámite de las principales reformas efectuadas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, introducidas a través de la Ley 1150 de 2007.

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Análisis de la inversión en las obras de infraestructura ejecutadas por el Servicio de Contratación de Obras en Ecuador, periodo 2013 – 2017

Análisis de la inversión en las obras de infraestructura ejecutadas por el Servicio de Contratación de Obras en Ecuador, periodo 2013 – 2017

Debido los diversos cambios experimentados en la dirección de la inversión en temas de infraestructura de un país y de las finanzas del país han impactado efectivamente en el crecimiento de la economía del país, aún en la recesión a nivel mundial. Por lo cual la intensa necesidad de satisfacer condiciones mejoradas de infraestructura dentro de un marco de equidad ha llevado al país para el logro de este objetivo, a realizar inversión pública a través de préstamos externos de las fuentes de financiamiento como son: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y Banco Europeo de Inversiones (BEI); y a expedir mediante Decreto Ejecutivo 731, del 19 de abril del 2011 suscrito por el Primer Mandatario de la República y publicado en el Registro Oficial Nro. 430, se crea como única institución en América Latina al Instituto de Contratación de Obras (ICO), el mismo que tiene como objetivo principal contratar las obras de infraestructura del Ministerio de Educación (MINEDUC), Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos (MJDHC), Inclusión Económica y Social (MIES), Ministerio de Salud Pública (MSP), Ministerio del Deportes, y Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) pudiendo atender las necesidades de contratación de obras de infraestructura social.
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Estrategias de eficiencia para el índice de gobierno abierto   IGA, en el ejercicio de control a la contratación estatal

Estrategias de eficiencia para el índice de gobierno abierto IGA, en el ejercicio de control a la contratación estatal

Si bien ha logrado la articulación entre varias organizaciones del Estado, aun no se ha hecho con otros actores considerados estratégicos y cuya participación puede ayudar a la obtención de mejores resultados. Hay que reconocer que el papel de las procuradurías regionales y provinciales, las instituciones del Orden Nacional y Territorial, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, son fundamentales para contribuir al mejoramiento general del sistema de regulación de la contratación pública como cultura instalada en nuestra sociedad. Lamentablemente, tan solo algunas entidades del nivel nacional y otras del nivel territorial han aportado al dicho mejoramiento, haciéndose evidente el compromiso como actores en el proceso. En el caso del SECOP y SIA Observa, se debe promover el trabajo articulado entre ellas y la generación de mecanismos que permitan la ejecución de la estrategia, ya que no sirve de nada accionar a través de la función preventiva de la PGN, cuando ya se ha cometido en un error sin importar su clase, lo que hace importante que para ser optimo el uso de estos dos instrumentos, se cuente con la colaboración y corresponsabilidad de las entidades que tiene a cargo los instrumentos.
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INFORME ANUAL 2000

INFORME ANUAL 2000

1. La letra «X» indica que la organización goza de la condición de observador; la letra «P» indica que está pendiente el examen de la solicitud de la condición de observador. 2. Los órganos mencionados en el cuadro son los siguientes: el Consejo General (CG); el Órgano de Examen de las Políticas Comerciales (OEPC); el Consejo del Comercio de Mercancías (CCM); el Consejo del Comercio de Servicios (CCS); el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); el Comité de Prácticas Antidumping (PAD); el Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias (SMC); el Comité de Salvaguardias (SG); el Comité de Agricultura (AG); el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias (MSF); el Comité de Restricciones por Balanza de Pagos (BP); el Comité de Acuerdos Comerciales Regionales (CACR); el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD); el Comité de Comercio y Medio Ambiente (CCMA); el Comité de Acceso a los Mercados (CAM); el Comité de Licencias de Importación (CLI); el Comité de Normas de Origen (NO); el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC); el Comité de Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC); y el Comité de Valoración en Aduana (VAL). En las tres últimas columnas se da más información acerca de la condición de observador de las organizaciones mencionadas en el cuadro en las reuniones de las PARTES CONTRATANTES (PC GATT), en el Consejo de Representantes (CONS GATT) y en el Comité de Comercio y Desarrollo (CCD GATT) del GATT. 3. Como las directrices relativas a la condición de observador de las organizaciones internacionales intergubernamentales en la OMC (WT/L/161, anexo 3) disponen que no se examinarán las solicitudes de la condición de observador que se reciban de tales organizaciones para asistir a las reuniones del Comité de Asuntos Presupuestarios o del Órgano de Solución de Diferencias, no se han incluido en el cuadro esos órganos. Tampoco se han incluido el Órgano de Supervisión de los Textiles, que no tiene observadores, los comités y consejos previstos por los acuerdos comerciales plurilaterales y los grupos de trabajo sobre adhesión. En cuanto a los cuatro órganos que dependen del Consejo del Comercio de Servicios, esto es, el Comité sobre los Servicios Financieros, el Comité de Compromisos Específicos y los Grupos de Trabajo sobre las Normas del AGCS y sobre la Reglamentación Nacional, así como a los tres Grupos de Trabajo sobre Inversiones, Política de Competencia y Contratación Pública, la información relativa a ellos se proporciona en un cuadro aparte en la última página.
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Actos preparatorios y su incidencia en el proceso de selección en las contrataciones de obras de la municipalidad provincial de Melgar   Ayaviri, periodo 2015

Actos preparatorios y su incidencia en el proceso de selección en las contrataciones de obras de la municipalidad provincial de Melgar Ayaviri, periodo 2015

La contratación estatal indudablemente constituye uno de los temas más significativos de la gestión pública de todo estado, por cuanto es uno de los principales medios a través de los cuales la política pública se hace realidad, porque en las operaciones contractuales administrativas se utilizan recursos públicos y para poder contratar bienes, servicios, y obras que utilicen recursos públicos están sujetos bajo Ley de Contrataciones del Estado – LCE (Aprobada Mediante D.L. N° 1017) y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 184-2008-EF. En la cual cada entidad pública cuentan con un órgano encargado de contrataciones, teniendo que realizarse de acuerdo a las etapas que cada una de las fases del proceso de contratación; fase de planificación y actos preparatorios, fase de selección y fase de ejecución contractual.
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