Contratos comerciales -- Legislación -- Colombia

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La teoría de la imprevisión y la cláusula de Hardship en los contratos comerciales internacionales

La teoría de la imprevisión y la cláusula de Hardship en los contratos comerciales internacionales

conceder un plazo de hasta treinta días, para que pague el valor establecido, con intereses (la ley vigente reduce el plazo a quince días); 6) Si la compañía no pagaba, la Superintendencia ocupaba la compañía (la ley vigente establece que la Superintendencia disp ondrá la liquidación forzosa de la empresa de seguros); 7) Si la compañía formulaba objeciones y no se llegaba a un acuerdo con el reclamante, la reclamación debía resolverse en juicio verbal sumario. La ley vigente modifica este último paso concediéndole a la Superintendencia la competencia de resolver sobre las objeciones y sus fundamentos y ordenar o no el pago en consonancia con su resolución, quedándole al reclamante la opción de acudir a los jueces competentes o de someter el caso al arbitraje o mediación. En todo caso, se advierte, tanto en la legislación anterior y más todavía en la actual, que la intención del Legislador ha sido garantizar de la manera más efectiva el derecho del asegurado, o del beneficiario en su caso, a ser indemnizado prontamente por la compañía aseguradora, so pena de verse ésta sometida a sanciones administrativas de extremada gravedad; y que sólo en último término, el reclamo sea ventilado en la vía judicial, concretamente mediante el trámite verbal sumario; es decir en un jui cio de conocimiento abreviado, en el que deben confrontarse la reclamación con las objeciones presentadas por la compañía.
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Amanda Kees – Contratos Civiles y Comerciales

Amanda Kees – Contratos Civiles y Comerciales

com parado hay distintos modelos. U na opción es m antener separadas ambas regulaciones. Es el criterio del Códice del Consumo Italiano (De­ creto Legislativo n° 206 del 6 de setiem bre de 2005), del texto refundido de la Ley General para la D efensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, española (Real Decreto Legislativo 1/2007 del 16 de noviembre de 2007) y del Anteproyecto de R eform a al Código Civil francés en el Derecho de obligaciones y el Derecho de la prescrip­ ción, dirigido por el profesor Pierre Catalá y presentado al M inisterio de Justicia en el año 2005, que tampoco la incorpora al Código Civil. To­ dos los Estados Partes del M ercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, U ru­ guay y Venezuela) así como todos los Estados A sociados (Bolivia, Chi­ le, Perú, Ecuador y Colombia) tienen leyes del consumidor separadas del Código Civil. El comentario 2 al Preám bulo de los Principios de U nidroit señala el “propósito de excluir del ámbito de los Principios las llamadas operaciones de consum o”. Con otro criterio, la reform a del año 2002 el Código Civil alem án incorporó algunas normas aplicables específicam ente al Derecho del Consum idor (definición de consum ido­ res y profesionales, contratos celebrados fuera de los establecimientos m ercantiles y a distancia, garantías en la venta de bienes de consumo) jun to con otras propias del Código (condiciones generales de la contra­ tación, morosidad en las operaciones comerciales, com ercio electróni­ co). El Código Civil quebequés de 1991 incluyó disposiciones atinentes a los contratos de consumo y a los celebrados por adhesión (arts. 1432, 1437, 1438) así como a la responsabilidad de los intervinientes en el pro­ ceso de fabricación y comercialización de cosas muebles (arts. 1468 y 1469). El Código Civil holandés de 1992 reguló las condiciones generales de contratación (Libro 6, arts. 231 a 247), la responsabilidad por produc­ tos (Libro 6 , arts. 185 a 193) y las exigencias en cuanto a la publicidad (Libro 6 , arts. 194 a 196). En el ordenamiento jurídico argentino hay que considerar el rango constitucional de los derechos del consumidor, la am plia aplicación de estas normas en los casos judiciales y la opinión de la m ayoría de la doctrina. Siguiendo estos lincamientos, es necesario no sólo avanzar en cuanto a la unificación de los contratos civiles y com er­ ciales, sino también incorporar a los contratos de consumo. .
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El derecho de desistimiento en los contratos electrónicos y su regulación en la legislación del Código de Protección y Defensa del Consumidor

El derecho de desistimiento en los contratos electrónicos y su regulación en la legislación del Código de Protección y Defensa del Consumidor

Si bien es cierto que los medios electrónicos aún no han alcanzado a todos los estratos de la población, aquellos especialmente internet, han penetrado masivamente en los medios de producción implicando beneficios para toda la sociedad en general. Este es un fenómeno multifuncional porque puede emplearse para cualquier tipo de actividad imaginable por imaginar. Por citar algunos, hoy en día las herramientas informáticas y principalmente internet, se utilizan como medio de expresión, comunicación e intercambio cultural, como herramienta de transmisión de información para el trabajo, la investigación y la educación y con fines comerciales o mercantiles para la realización de transacciones no solo entre empresarios o profesionales y entre estos sus clientes, sino también entre distintos particulares que ocasionalmente comercializan a distancia determinados productos o servicios sin convertirme por ello en profesionales. (p.3)
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Principios generales de los contratos comerciales aleatorios el contrato de seguro y el instituto de la reticencia

Principios generales de los contratos comerciales aleatorios el contrato de seguro y el instituto de la reticencia

civil, sino que como afirma Araux Castex (Manual de Derecho Civil, Parte General, Ed. Empresa Técnicojurídica, Buenos Aires, 1965, p. 137) alcanza a todas las ramas del derecho, sin modificaciones o con las que excepcionalmente impone la legislación específica de cada una de ellas y concretamente se refiere al género de los actos voluntarios lícitos, que pueden comprender según la exposición realizada por Farina Juan M (Hecho Jurídico, Acto Jurídico, Negocio Jurídico, en Jurisprudencia Argentina, 1975, Doctrina, p. 545) negocios jurídicos como manifestación de voluntad que persigue la satisfacción de un interés determinado, al cual el derecho asigna un efecto. Por su parte Orgaz Alfredo (Hechos y actos o negocios jurídicos Ed. Zavalia, Buenos Aires, 1963, p. 53) señala que el concepto de acto o negocio jurídico, es caracterizado como una declaración de voluntad privada dirigida a producir un efecto de derecho, el cual se produce por cuanto ha sido querido por el declarante. El Código de Sajonia de 1863 en su art. 88 señalaba que un acto es un negocio jurídico cuando la acción de la voluntad se dirige, de acuerdo con las leyes, a constituir, extinguir o cambiar una relación jurídica y para Tulio Ascarelli (Iniciación al Estudio del Derecho Mercantil, Ed. Bosch, Barcelona 1962), el negocio jurídico es la evidencia del poder normativo de los particulares, así las partes, utilizando la autonomía privada, pueden regular las consecuencias del negocio de conformidad con sus propios intereses. B) actos materiales: actos que producen efectos por si mismos, sin necesidad de una declaración. C) actos declarativos o de convicción actos de comunicación necesaria para que el derecho les asigne una consecuencia, d) negocio jurídico complejo, declaraciones concurrentes para la satisfacción colectiva de intereses determinados, e) negocios parciarios. Por su parte Di Pietro Alfredo, recuerda que los juristas romanos, solían huir de las generalizaciones abstractas y se inclinaban a resolver problemas concretos encontrándoles solución justa, fueron los que acuñaron la expresión negotiom (nec, partícula negativa,, otim agregar) con el valor de referirse al actuar puramente utilitario o económico.
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El derecho de igualdad en el periodo de prueba en los contratos de servicio domésticos en la legislación ecuatoriana

El derecho de igualdad en el periodo de prueba en los contratos de servicio domésticos en la legislación ecuatoriana

la expedición de la Ley de Manumisión, esclavos que por cierto no eran muchos en el Ecuador………. En la legislación secundaria, en el año de 1857 es cuando finalmente se llega a la abolición de la contribución de los indígenas.19 La Constitución de 1830 manifiesta la igualdad de los ecuatorianos, en el Art. 11 se prescribe que: “Los derechos de los ecuatorianos son: igualdad ante la ley, y opción igual a elegir y ser elegidos para los destinos públicos teniendo las aptitudes necesarias”. Es decir, que se reconoce la igualdad ante la ley. Se declara también en el Art. 9 que: Son ecuatorianos: 1. Los nacidos en el territorio del Ecuador y sus hijos, 2. Los naturales de los otros Estados de Colombia avecindados en el Ecuador, 3. Los militares que estaban al Servicio del Ecuador al tiempo de declararse en Estado Independiente, 4. Los extranjeros que eran ciudadanos en la misma época, 5. Los que obtuvieran la naturalización y 6. Los recuperen la nacionalidad pérdida. Por lo que se supera las diferencias establecidas en la Colonia respecto de los blancos, criollos, mestizos, indígenas. Asimismo, en la Carta de 1830 se establece la prohibición al trabajo forzoso. Se reconoció en el Art. 62 lo que sigue: “Nadie está obligado a prestar servicios personales que no se hallen prevenidos en la Ley. Todos pueden ejercer libremente cualquier género de comercio o industria, que no se oponga a la Ley o a las buenas costumbres”. Colón Bustamante Fuentes manifiesta lo siguiente:
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“Análisis comparativo entre los contratos de arrendamiento civil y mercantil en la legislación ecuatoriana”

“Análisis comparativo entre los contratos de arrendamiento civil y mercantil en la legislación ecuatoriana”

(…) Como se alega en la excepción tercera la falta de competencia del Juez de la causa para conocer de este proceso, necesario es analizarla en su contenido y aplicación. Consonante con lo ensayado en el considerando Quinto de esta sentencia, la competencia para conocer la presente causa atañe a los jueces y tribunales de lo civil de la ciudad de Quito, por ser el objeto de arrendamiento un bien inmueble ubicado en su perímetro urbano, mas no edificaciones para vivienda, por lo que no abarcaba emplear a la controversia el precepto del Art. 1 de la Ley de Inquilinato, dado que, bajo los supuestos establecidos endicha norma no se encuentran los del arrendamiento de lotes de terreno con fines comerciales, conforme se acordó en la convención materia de la demanda que se añadió a la misma y que obra de fs. 1 a 3 de los autos, a lo que ha de acrecentarse e insistirse que por la estipulación expresa del señalado contrato de arrendamiento, las mejoras introducidas en el inmueble no pasan de ser tales y quedan, por acuerdo de las partes, a favor del IESS como arrendador, sin que el hecho de que con posteridad a la suscripción de este negocio jurídico, el referido arrendatario haya resuelto ejecutar varias construcciones en el terreno, lo cual no cambia en absoluto la competencia de los jueces civiles para conocer el presente caso. … (2012, pág. 7)
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Tratamiento contable y análisis del arrendamiento financiero según NIIF para Pymes en Colombia

Tratamiento contable y análisis del arrendamiento financiero según NIIF para Pymes en Colombia

La entrada en vigencia de las disposiciones legales que en Colombia dieron paso a la convergencia a Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF – como conjunto rector de la manera como se registran y presentan las operaciones contables de las empresas, supone una serie de cambios cuya trascendencia e impacto bien vale la pena entrar a dimensionar y entre ellos está el tratamiento que se le dará a los contratos de arrendamiento financiero. En efecto, hasta la entrada en vigencia de NIIF para PYMES en Colombia, el registro de estas operaciones se realizaba según las disposiciones contenidas en la legislación tributaria artículo 127-1, numeral 1 del Estatuto Tributario. Particularmente para el equipo de computación que se adquiera a través de un contrato cuyo plazo sea igual o superior a 24 meses se establece que debe ser considerado como un arrendamiento operativo.
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El principio de Estado de derecho y los contratos estatales: la forma escrita de los contratos en Colombia y Alemania

El principio de Estado de derecho y los contratos estatales: la forma escrita de los contratos en Colombia y Alemania

el artículo .º de la Ley 689 del 2001, también acepta la existencia de contratos estatales de derecho privado. Según el artículo 1 de la Ley 142 de 1994, los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere la misma ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo que la presente ley disponga otra cosa. En el mismo sentido, el artículo 16 del Decreto 1876 de 1994 concordante con el artículo 195 de la Ley 100 de 199 determina que a partir de la fecha de creación de una empresa social del Estado, se aplicarán en principio, en materia de contratación, las normas del derecho privado. Por otra parte, el artículo 9 de la Ley 0 de 1992 establece que salvo las excepcio- nes consagradas en la misma ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos. De igual forma, un ejemplo del reconocimiento legal de la categoría de los contratos estatales de derecho privado es el artículo .º de la Ley 1 de 1992. Según esta disposición normativa, el Banco de la República se sujeta a un régimen legal propio; en consecuencia, la determinación de los contratos en que sea parte se regirá exclusivamente por las normas contenidas en la cp, en la citada Ley 1 de 1992 y en los estatutos. En los casos no previstos por aquellas y éstos, las operaciones mercantiles y civiles y, en general, los actos del Banco que no fueren administrativos se regi- rán por las normas del derecho privado. También están sometidos a regímenes excepcionales: el Servicio Aéreo a Territorios Nacionales (Satena), la Industria Militar de Colombia (Indumil), el Hotel Tequendama, la Corporación de Cien- cia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval, Marítima y Fluvial (Cotecmar) y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana ( ciac )
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El estándar de consumidor razonable en los contratos masivos en la Legislación Peruana de protección al consumidor

El estándar de consumidor razonable en los contratos masivos en la Legislación Peruana de protección al consumidor

De esta forma, tanto para la Autoridad de Consumo como para el Código de Defensa y Protección al consumidor, el consumidor deberá de mantener en la celebración de todos estos contratos una actitud diligente y razonable la cual se basa en el estándar de consumidor razonable, donde de forma copulativa asistente dos supuestos: primero que el consumidor actúe con diligencia debida en la adquisición de un servicio y segundo que esa diligencia aplicada sea de tal suerte que se ajuste a un parámetro de razonabilidad. Este parámetro podría aplicarse siempre y cuando nos encontremos frente a una relación de consumo donde se aplique reglas claras (basadas en la oferta y la demanda); sin embargo, “cuando dicha relación es constituida a través del empleo de prácticas comerciales desleales agresivas, resulta inadecuado aplicarles el estándar de consumidor razonable. Ello, en tanto que el uso de estas prácticas pretende la anulación de la voluntad del consumidor para la consolidación de la relación de consumo, sin que la omisión de información relevante constituya una herramienta necesaria para el logro de tal objetivo” 32 .
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Trascendencia de las sanciones legales en la legislación mercantil para las sociedades comerciales

Trascendencia de las sanciones legales en la legislación mercantil para las sociedades comerciales

“Sin perjuicio de la dualidad de códigos, el derecho privado colombiano está más unificado de lo que a primera vista parece. Desde luego no se trata de una unidad total, probablemente inalcanzable, ni tan siquiera de una unidad parcial, entendida como un régimen unificado de obligaciones y contratos, pues existe regulación por partida doble de varias figuras en los dos ordenamientos. Hay unidad en cuanto el alcance del artículo 822 (sic). Es muy amplio y profundo y, la solución en él consagrada no está limitada a los temas señalados en dicho artículo sino que abarca todas aquellas normas civiles aplicables a los asuntos comerciales porque el C. de Co. No contiene regulación expresa o porque la figura, aun consagrada en la legislación comercial, hunde sus raíces en el derecho civil” 3
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Estudio biofarmacutico comparativo de tabletas de cido acetilsaliclico disponibles en el mercado colombiano

Estudio biofarmacutico comparativo de tabletas de cido acetilsaliclico disponibles en el mercado colombiano

tratamiento y generar incertidumbre o inseguridad en la comunidad provocando confusiones diagnósticas, poca adherencia al tratamiento, complicaciones y recaídas de pacientes, lo cual conlleva al aumento del tiempo de hospitalización e incremento de costos del sistema de salud. De esta forma se hace necesario estudiar los parámetros y la calidad biofarmacéutica de comprimidos de ácido acetilsalicílico genéricos y comerciales en Colombia, para conocer si las marcas comercializadas en el país son equivalentes biofarmacéuticos. Según el Sistema de Clasificación Biofarmacéutico (SCB) el ácido acetilsalicílico es una molécula que exhibe características similares a los fármacos de clase I, presentando una alta solubilidad y alta permeabilidad, pudiendo ser exento de estudios de
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Los convenios interadministrativos y la legislación de contratos públicos

Los convenios interadministrativos y la legislación de contratos públicos

I.INTRODUCCIÓN.II.LAINJUSTIFICADAEXIGENCIADEQUEELOBJETODELCONVENIONOSE CORRESPONDA CON EL DE UN CONTRATO. 1. EL ORIGEN: LA PREFERENCIA DEL CONVENIO DECOLABORACIÓNSOBRELALEGISLACIÓNDECONTRATOSPÚBLICOS.2.LARECTIFICACIÓN PROVOCADAPORELTJEN2005.3.LAASUNCIÓNDELADOCTRINADELTJENLALEGISLACIÓN ESPAÑOLA:PREFERENCIADELALEGISLACIÓNDECONTRATOSSOBRELAFIGURADELCON- VENIO.4.LAADMISIÓNPORELTJYPORLADIRECTIVA2014/24DECONVENIOSDECOLABO- RACIÓN CUYO OBJETO SÍ SE CORRESPONDE CON EL DE CONTRATOS REGULADOS POR EL DERECHOCOMUNITARIO.5.LANECESIDADDECORREGIRLANUEVALEYDECONTRATOSDEL SECTORPÚBLICOYTAMBIÉNLALEY40/2015,DERÉGIMENJURÍDICODELSECTORPÚBLICO. III.¿HASTADÓNDEPUEDELLEGARLACOOPERACIÓNHORIZONTAL?1.PLANTEAMIENTO:CON- VENIOSCUYOOBJETOSÍSECORRESPONDECONELDEUNCONTRATOYQUESINEMBARGO PUEDENCELEBRARSESINLICITACIÓN.2.UNADISCUSIÓNSOBRELANATURALEZAJURÍDICA DELOSCONVENIOSINTERADMINISTRATIVOSNORESUELVEELPROBLEMA.3.CONVENIOSDE COLABORACIÓNCUYOOBJETOSECORRESPONDECONELDEUNCONTRATO.4.ELFUNDA- MENTODELALEGITIMIDADDELOSCONVENIOSINTERADMINISTRATIVOSAUNQUESUOBJETO SEACOINCIDENTECONELDELOSCONTRATOSTÍPICOS.5.LOSLÍMITESDELAADMISIÓNDELA COOPERACIÓNHORIZONTAL.ELCASODELOSCONTRATOSDEINTERCAMBIO.a)Losrequisitos deadmisióndelosconvenios.b)Lasdudasdelajurisprudencia.c)CambiosintroducidosporlaDirectiva. d)Laequiparaciónconlosencargosamediospropiosysusdificultades.BIBLIOGRAFÍA.
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Actividades de la OIT

Actividades de la OIT

2. Invita al Consejo de Administración a que encargue al Di- rector general de la OIT que recopile informaciones sobre las disposi' dones existentes en la legislación y en los contratos [r]

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Las externalidades

Las externalidades

competencia perfecta no es apropiado en absoluto y, además, cabe la posibilidad de llegar a contratos comerciales por razones meramente políticas. En consecuencia no es de esperar que [r]

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La impronta histórica del modelo de intervención pública en el cooperativismo español

La impronta histórica del modelo de intervención pública en el cooperativismo español

En relación con los aspectos de intervención pública, sorprende la escasa atención que suscitó entre la doctrina. Dos razones abonan ese olvido: por una parte, por el logro que supuso contar con la primera legislación unitaria sobre cooperativas y el reconocimiento de la autonomía de éstas y sus asociaciones; por otro, porque el régimen que habría de venir después hacía buena cualquier otra legislación. A nuestro juicio, ambos aspectos relegaron a la invisibilidad los elementos de intensa intervención que la ley republicana encerraba. Intervención pública que, por otro lado, era una característica predicable del marco general 49 , en el que al tiempo
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Autorización para la venta de los bienes de propiedad de los menores de edad en sede notarial

Autorización para la venta de los bienes de propiedad de los menores de edad en sede notarial

Consecuentemente la fe pública, es el acto necesario del Estado, a través de un funcionario público dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción, con facultades regladas no discrecionales, haciendo afirmaciones categóricas de la realidad que observar o reveladas por los declarantes y confirmadas por el funcionario actuante, dándole categoría imperativa de verdad publica notoria y seria, garantizada por el estado sobre su credibilidad y certeza, por la afirmación del funcionario del estado, y por haberse cumplido requisitos formales y solemnes. Sin la fe pública que da la noción de certeza en la vida del derecho, los actos y contratos que producen efectos jurídicos, carecerían de estos efectos pues serian tomados como actos y contratos presuntos no auténticos, de ahí que la fe pública es necesaria para la realización del derecho que es uno de los principales fines del estado. Es por esto que se convierte el Estado en un celoso defensor de la verdad jurídica por ser a su vez el único que ostenta el derecho público. Por esta razón el funcionario público que interviene asevera lo que ha ocurrido ante él y lo representa en documentos que son tenidos como ciertos. Consecuentemente la fe pública se dirige al reconocimiento de un derecho o a la afirmación de un hecho. Procura la constitución de un instrumento de prueba, da autenticidad a la declaración instrumental y documentada del escenario que represento el funcionario para que sea respetado y tenido como cierto, porque traduce la declaración de voluntades y sustancialmente la deducción inequívoca de verdad y certeza.
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El derecho al real desarrollo de la superficie en Colombia

El derecho al real desarrollo de la superficie en Colombia

Este propietario cuenta con dos posibilidades de vinculación al desarrollo de su predio mediante este modelo que se plantea. El primero (y más atractivo y conveniente para el ideal desarrollo) es que realice la cesión total o parcial de la superficie de su predio lo cual le generará una percepción de recursos que actualmente no posee, y participe de manera directa del proyecto ya sea teniendo una participación porcentual en los contratos y acuerdos suscritos, o realizando un contrato directo en una porción de su tierra con los mismos intervinientes del proceso. La segunda posibilidad, es no tener ningún tipo de participación en el mismo, y simplemente celebrar el contrato de cesión del derecho de la superficie, lo que le generaría el ingreso de recursos de manera periódica según como se pacte en el contrato a favor de un individuo que será aquel titular del derecho y posteriormente proveerá la mano de obra en el transcurso del cultivo y posterior entrada en producción.
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Análisis y oportunidades comerciales entre las repúblicas de Colombia y Chile

Análisis y oportunidades comerciales entre las repúblicas de Colombia y Chile

Por otro lado, los países competidores para Colombia en este sector son: China con un 77%, de las importaciones, Vietnam con un 9%, Indonesia con el 7% y Brasil con 5%. Esto, hace que Colombia tenga que competir bajo el parámetro de calidad y exclusividad ante China, toda vez que, en precio y en volumen este lleva la delantera. Sin embargo, los chilenos muestran una preferencia en productos como jeans, ropa interior, calzado y trajes de baño colombianos. Así, aunque en el 2010 hubo un auge en las importaciones de esos productos y en el 2011 descendieron de forma considerable, en el último año las importaciones alcanzaron los USD 33.829. 680 millones, tal y como se muestra a continuación:
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Legislación y salud colectiva : discursos que legitiman la legislación antitabaco en Colombia y su implementación

Legislación y salud colectiva : discursos que legitiman la legislación antitabaco en Colombia y su implementación

En la tabla se muestran los proyectos de ley presentados entre 1992 y 2007 y las medidas estipuladas por el CMCT, marcando con una “X” la medida que aparecía en cada proyecto. Lo que vemos, es que en cada uno de los proyectos de ley se nombra por lo menos una de las medidas de las que habla el CMCT, pero , según el INC “no siempre van en su misma dirección […] Se puede afirmar que los proyectos de ley analizados reflejaban un escaso conocimiento de las medidas más eficaces de control de los productos derivados del tabaco, ya que sus reglamentaciones diferían del CMCT, no tenían en cuenta todas las medidas requeridas y dejaban de lado aspectos centrales necesarios para garantizar la eficacia de esta legislación. El insuficiente conocimiento de las medidas más eficaces puede comprenderse en los proyectos anteriores a 1999, fecha en que se inició la discusión mundial sobre el CMCT, pero no se justifica en los que se radicaron después. Esta situación es aún más preocupante si se toma en cuenta que entre 1999 y 2007 se radicaron 13 de los 18 proyectos de ley analizados. En relación con el trámite de los proyectos de ley analizados, es evidente el escaso interés del Congreso de Colombia en aprobar leyes para el control del tabaco y se observaron dificultades de trámite legislativo que redujeron las posibilidades de convertirlos en leyes ” (García Ruiz et al., 2009: 473).
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El factoring y su regulación

El factoring y su regulación

Es aquí, donde se encuentra la mayor diferencia entre las entidades del sector financiero y del sector real (sin el ánimo de estar a favor o en contra de alguna), pues a las entidades del sector financiero se les exigen estándares de calidad y seguridad bastante altos, con el fin de generar confianza en el público, proteger el patrimonio de los participantes y asegurar transparencia en las operaciones que realizan; no solo cuentan con la vigilancia de la Superintendencia Financiera sino que también son controladas a través de entidades como El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia – AMV 13 (para aquellas que realizan operaciones en el mercado de Valores) o la UIAF 14 . Por su parte, a las entidades del sector real las vigila la Superintendencia de Sociedades, pero solo si estas cumplen con
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