Convención Americana sobre Derechos Humanos

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Limitaciones a derechos políticos y electorales en la convención americana de derechos humanos y en Colombia

Limitaciones a derechos políticos y electorales en la convención americana de derechos humanos y en Colombia

La previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones. Su reglamentación debe observar los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática. La observancia del principio de legalidad exige que el Estado defina de manera precisa, mediante una ley, los requisitos para que los ciudadanos puedan participar en la contienda electoral, y que estipule claramente el procedimiento electoral que antecede a las elecciones. De acuerdo al artículo 23.2 de la Convención se puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a las que se refiere el inciso 1 de dicho artículo, exclusivamente por las razones establecidas en ese inciso. La restricción debe encontrase prevista en una ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo, y ser proporcional a ese objetivo. Cuando hay varias opciones para alcanzar ese fin, debe escogerse la que restrinja menos el derecho protegido y guarde mayor proporcionalidad con el propósito que se persigue. 56 (Subrayas y
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Análisis de la monitorización de los Derechos Humanos en el Sistema Regional de América: aplicación efectiva de la Convención Americana de DDHH, comúnmente identificado como “Control de Convencionalidad” su evolución a la “convegobernabilidad”

Análisis de la monitorización de los Derechos Humanos en el Sistema Regional de América: aplicación efectiva de la Convención Americana de DDHH, comúnmente identificado como “Control de Convencionalidad” su evolución a la “convegobernabilidad”

Hemos concluido que se ha creado toda una línea jurisprudencial entorno al Control de Convencionalidad que ha nutrido su concepto, aportando distintos elementos a este, y lo recapitulamos como reflexiones finales a manera de una conclusión para este avance de investigación, como sigue: “Los Estados miembros de la OEA, que han ratificado en su ordenamiento interno tratados internacionales tales como la Convención Americana de DDHH, La Convención De Belem Do Pará, La Convención para erradicar la Tortura y los protocolos adicionales, tiene la obligación de ejercer monitoreo sobre el cumplimiento de estos en su territorio, dicho control debe realizarse no solo sobre esas normas internacionales, sino también sobre las Opiniones Consultivas y la jurisprudencia e interpretaciones que ha hecho la Corte IDH; todas las autoridades (los tres poderes: judicial, legislativo, ejecutivo) están obligadas a realizar de oficio el Control de Convencionalidad en todas sus actuaciones y en todas las normas del orden nacional (incluso la constitución). Quedo claro entonces que las normas nacionales se deben interpretar de acuerdo a la convención, a la jurisprudencia de la Corte y a las opiniones consultivas.
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Los Tratados de Derechos Humanos y su incidencia en el Derecho Administrativo argentino

Los Tratados de Derechos Humanos y su incidencia en el Derecho Administrativo argentino

La Corte Suprema Nacional, por su parte, ha sostenido, en primer lugar, que «... [la] “jerarquía constitucional” de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (considerando 5.º) ha sido establecida por volun- tad expresa del constituyente, “en las condiciones de su vigencia” (artículo 75, inc. 22, 2.º párrafo), esto es, tal como la Convención citada efectiva- mente rige en el ámbito internacional y considerando particularmente su efectiva aplicación jurisprudencial por los tribunales internacionales com- petentes para su interpretación y aplicación (...) De ahí que la aludida ju- risprudencia deba servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales en la medida en que el Estado Argentino reconoció la com- petencia de la Corte Interamericana para conocer en todos los casos relativos a la interpretación y aplicación de la Convención Americana (confr. arts. 75 de la Constitución Nacional, 62 y 64 Convención Americana y artículo 2.º ley 23054) (...) en consecuencia, a esta Corte, como órgano supremo de uno de los poderes del Gobierno Federal, le corresponde –en la medida de su ju- risdicción– aplicar los tratados internacionales a que el país está vincu- lado en los términos anteriormente expuestos, ya que lo contrario podría implicar responsabilidad de la Nación frente a la comunidad interna- cional...».
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Los silencios en la Convención Americana sobre los derechos humanos: ¿un juego de matriohskas?

Los silencios en la Convención Americana sobre los derechos humanos: ¿un juego de matriohskas?

uno de dichos Estados, aquellos enunciados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en otros actos internacionales de la misma naturaleza, aquellos inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, aquellos formulados por desarrollo jurisprudencial de las exigencias de una sociedad democrática, etc., compendiándose así derechosno reconocidos por normas dictadas por la autoridad normativa. No obstante, el conjunto así compuesto no es ciertamente un derecho textual, reconocido por normas explícitamente puestas en el documento normativo del Pacto, de modo que pertenece dentro de sí mismo a derechos imprevistos en disposiciones de la misma Convención –en términos russellianos, se daría cuenta de una contradicción singular respecto de predicados que no pueden ser predicados de sí mismos, cfr.Whitehead, A.N. - Russell, B. (1903) The Principles of Mathematics, Cambridge University Press, Cambridge, p. 101-. Promediando la finalización del primer cuarto del siglo XX, Ludwig J.J. Wittgensteinprocuró zanjar la paradoja enunciada por el filósofo y lógico británico al señalar que “(…) una función no puede ser su propio argumento porque el signo para una función ya contiene el prototipo de su argumento y éste no puede contenerse a sí mismo. Supongamos por ejemplo que la función F(fx) pudiera ser su propio argumento; entonces existiría una proposición "F(F(fx))" y en ésta deberían tener diferente significado la función F exterior y la función F interior, puesto que la interior tiene la forma O(f(x)) y la exterior tiene la forma Y(O(fx)). Sólo la letra "F" es común a las dos funciones, pero la letra por sí misma no significa nada. Esto se vuelve inmediatamente claro, cuando en lugar de "F(Fu)" escribimos '(do) : F(Ou) . Ou = Fu'.”, cfr. Wittgenstein, L.J.J. (1922) Tractatus Logico-Philosophicus. With an Introduction by Bertrand Russell, Harcourt, Brace & Co. Inc. – Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. Ltd., New York – London, T 3.333.
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La internacionalización de los Derechos Humanos

La internacionalización de los Derechos Humanos

una «Declaración sobre Derechos Humanos» debería necesariamente de ser redactada, para que posteriormente pudiera ser adoptada como Convención. En la Asamblea General de la OEA, celebrada en la Paz, Bolivia en 1979, en su Resolución 448 se aprobó el Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 22 de mayo de 1979 los Estados partes de la «Convención Americana sobre Derechos Humanos», eligieron a 7 juristas que, en su ca- pacidad personal, serían los primeros jueces que integrarían la Corte Interamericana de De- rechos Humanos. La primera reunión de la Corte se celebró los días 29 y 30 de junio de 1979, en la Sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en Washington, D.C. La Asamblea General de la OEA, el 1° de Julio de 1978 recomendó aprobar el ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la Sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se estableciera en ese país, recomendación que fue adoptada y ratificada por los Estados Partes de la «Convención Americana sobre Derechos Humanos», de esta manera la ceremonia de instalación de la Corte en su sede, se realizó el 3 de septiembre de 1979, en San José, Costa Rica.
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La causal de infanticidio, el asesinato y la protección a los niños

La causal de infanticidio, el asesinato y la protección a los niños

El derecho fundamental que tiene toda persona a la vida es indiscutible e incuestionable, con independencia de su status, pre- o postnatal, de su capacidad o incapacidad de vida o de la mayor o menor calidad de vida. Se trata de un derecho de todo ser humano desde su concepción hasta su muerte, haya adquirido la calidad de persona o se encuentre todavía en el vientre. Sin embargo, la intensidad de la protección de la vida fetal y de la del ya nacido es diferente en los distintos ordenamientos positivos. La Convención Americana de Derechos Humanos en su art 27 establece que “bajo ningún concepto se debe suspender ciertos derechos entre los que se encuentra el de la vida”. (Organizacion de Estados Americanos, 1969)
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El principio de la primacía de la norma más favorable a la persona

El principio de la primacía de la norma más favorable a la persona

“Los tratados modernos sobre derechos humanos en general y, en particular, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no son tratados multilaterales del tipo tradicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, para el beneficio mutuo de los Estados contratantes. Su objetivo y fin son la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos, independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como en frente a otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre derechos humanos, los Estados si someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, pero para las personas sometidas a su jurisdicción. Por lo tanto, la Convención no sólo obliga a los Estados Partes, pero concede garantías a las personas. Por lo tanto, con razón, no puede interpretarse como cualquier otro tratado”.
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Reflexiones en torno al derecho a la libertad / Reflections around the rigth to freedom

Reflexiones en torno al derecho a la libertad / Reflections around the rigth to freedom

En la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la cual México está adherido se identifica el objetivo de que los estados miembros fortalezcan “ un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre ” , y la afirmación de que “ sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento de temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos”. Con ello, los derechos humanos protegen un aspecto de la libertad de las personas y en consecuencia la libertad, así conceptualizada, es un derecho humano fundamental, inherente al ser humano, que se encuentra a lo largo de toda la Convención Americana.
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Problemática en la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso peruano

Problemática en la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso peruano

En este tipo de reparación, también ha efectuado cuestionamientos a la legislación penal, a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas. Este mandato lo dio en las sentencias de los Casos Gómez Palomino, Anzualdo Castro y Osorio Rivera, de fechas 22 de noviembre de 2005, 22 de septiembre de 2009 y 26 de noviembre de 2013, y pese a que han transcurrido 9 años desde la primera sentencia hasta la fecha el mandato no ha sido cumplido. También cuestionó las leyes de amnistía 26479 y 26492, las que carecen de efectos jurídicos. En este caso, el Poder Legislativo tampoco cumplió con su deber de derogarlas, pero los jueces y el Tribunal Constitucional se han encargado de inaplicarlas por contravenir a la Constitución y a la Convención Americana.
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Control de convencionalidad como mecanismo de protección de los derechos humanos

Control de convencionalidad como mecanismo de protección de los derechos humanos

“La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.”
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Efectos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los países miembros de la OEA

Efectos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los países miembros de la OEA

uno de los eventos jurídicos más importantes del siglo XX, sin duda, ha sido la con- solidación del derecho internacional de los derechos humanos. Instrumentos inter- nacionales y mecanismos de protección se han puesto en funcionamiento y afianza- do, tanto a nivel global como regional. no obstante, en muchos casos, este desarro- llo de principios, normas y órganos de protección a nivel internacional no se ha refle- jado en iguales progresos en ámbito nacional. Lo cual permite todavía afirmar que si bien la universalización de los derechos ha sido una etapa sustancial para la conso- lidación de la protección de los derechos humanos el desafío sigue siendo el hacer- los efectivos. el artículo lleva a cabo un examen de la jurisprudencia de los países de la región que permite llegar a la consideración que se están produciendo importan- tes avances en este terreno y cada vez más los altos tribunales de varios países de la región utilizan como parámetro de interpretación la jurisprudencia de la corte Interamericana para resolver cuestiones internas y concluir que en Latinoamérica, gracias a la influencia integradora de la convención americana y de la jurispruden- cia de la corte Interamericana con la jurisprudencia nacional, se está lentamente con- solidado lo que podría ser definido como un estándar mínimo común en materia de protección de los derechos humanos. un núcleo fundamental o esencial de derechos que poco a poco se va imponiendo en los países miembros dando origen a un nuevo ius commune para Latinoamérica.
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Madres en prisión con hijos menores de edadMothers in prison with minor children

Madres en prisión con hijos menores de edadMothers in prison with minor children

2 La Reforma Constitucional de 1994 incorporó en el artículo 75 una cantidad de Tratados Internacionales y Convenciones de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. Entre ellos podemos citar: “La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Elimi- nación de todas las formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño […]”. Por otra parte, es de agregar las ratificaciones posteriores realizadas por el Estado Argentino de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006).
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Madres en prisión con hijos menores de edad / Mothers in prison with minor children

Madres en prisión con hijos menores de edad / Mothers in prison with minor children

2 La Reforma Constitucional de 1994 incorporó en el artículo 75 una cantidad de Tratados Internacionales y Convenciones de Derechos Humanos con jerarquía constitucional. Entre ellos podemos citar: “La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio; la Convención Internacional sobre la Elimi- nación de todas las formas de Discriminación Racial; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Convención sobre los Derechos del Niño […]”. Por otra parte, es de agregar las ratificaciones posteriores realizadas por el Estado Argentino de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006) y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (2006).
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Políticas migratorias y la vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores migrantes

Políticas migratorias y la vulnerabilidad de los derechos de los trabajadores migrantes

Por su parte, el Programa de acción, se llevó a cabo tal y como se expresa en dicho documento con motivo del vigésimo aniversario de la Declaración de Cartagena sobre los Refugiados iniciado en 1889, en donde, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), junto con el Consejo Noruego para Refugiados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y los gobiernos de Brasil, Costa Rica y México, reunieron a los gobiernos de los países de América Latina, expertos y diferentes sectores de la sociedad civil para analizar conjuntamente los principales desafíos que enfrenta hoy la protección de los refugiados y otras personas que necesitan protección internacional en América Latina, e identificar líneas de acción para asistir a los países de asilo en la búsqueda de soluciones adecuadas dentro del espíritu pragmático y de principios que propugna la Declaración de Cartagena sobre refugiados.182
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Procedencia de la vía jurisdiccional en México para exigir la acción del Estado en materia de cambio climático

Procedencia de la vía jurisdiccional en México para exigir la acción del Estado en materia de cambio climático

Finalmente, otro de los casos que puede incluirse en esta categoría es Juliana, et al. v. United States of America, et al. Veintiún jóvenes –de entre 10 y 21 años— presentaron una demanda en una corte federal de Distrito en contra del gobierno estadounidense, y solicitaron que la Corte obligara al gobierno a tomar medidas para reducir las emisiones de CO2, de forma que las concentraciones de CO2 no fueran mayores a 350 partes por millón para 2100. El planteamiento formulado por los demandantes parte del supuesto de que la Quinta Enmienda de la constitución estadounidense contiene una cláusula de debido proceso —Due Process Clause—, y que ésta actúa como salvaguarda de la denegación arbitraria de la vida, la libertad o la propiedad por parte del gobierno. Por ello, los demandantes argumentan que el sistema climático de la nación es fundamental para dichos derechos, y estiman que los demandados —entre ellos, la Agencia de Protección Ambiental (EPA), el Departamento de Energía de los Estados Unidos y el Presidente Donald Trump— dañaron el sistema climático estadounidense y los derechos contemplados en la
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Derecho a la libertad de expresión y su impacto en las redes sociales : control de constitucionalidad y de convencionalidad

Derecho a la libertad de expresión y su impacto en las redes sociales : control de constitucionalidad y de convencionalidad

Además, la Corte precisó que cuando un Estado es Parte de un tratado internacional como la Convención Americana, todos sus órganos, incluidos sus jueces, están sometidos a aquél, lo cual les obliga a velar por que los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermados por la aplicación de normas contrarias a su objeto y fin, por lo que los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles están en la obligación de ejercer un control de convencionalidad; entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales correspondientes y en esta tarea, deben tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.
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Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú

Víctimas de la guerra civil, de la dictadura y del conflicto armado interno: el rol del Defensor del Pueblo en España, Guatemala y Perú

En los años 60 se consumó la reforma administrativa y un plan de estabilización de la economía que contó con la aprobación de organismos internacionales (los tecnócratas era procedentes del Opus Dei o aledaños) y se elaboró el primer Plan de Desarrollo con el propósito de estimular la inversión privada y a su vez una política indicativa e inversiones públicas, según Juliá. En cifras por esos años la economía española multiplicó sus tasas de crecimiento a un 11, 1 anual. Estos cambios económicos supusieron un cambio al interior de las industrias tradicionales. Por ejemplo, la siderúrgica, metalurgia, cemento, química, fabricación de automóvil y otras se situaron en primera línea de la actividad industrial y asimismo surgieron centros industriales en diferentes ciudades. El proceso de industrialización conllevó un movimiento migratorio [la emigración interior trajo que 4,5 millones cambiaran de residencia y el éxodo fue en el triángulo Madrid- Barcelona- Bilbao] nunca visto tanto al interior del país como fuera de él; el éxodo rural aceleró el fin de la agricultura tradicional. El crecimiento de los centros urbanos acarreó los primeros balbuceos de la sociedad de consumo y el surgimiento de una clase media que fue relevante de un profundo cambio en la moral y las costumbres. El cambio urbano trajo una profunda y traumática transformación en los planes urbanos que no se cumplían, especulación inmobiliaria, destrozo de las costas. Pero el desarrollo económico de entonces pudo digerir a la migración del campo a la ciudad y a los obreros sin cualificar que pasaran de la chabola y del realquiler a la vivienda de promoción oficial. Este desarrollo de la economía permitió tener por primera vez una clase obrera cualificada de ámbito nacional. De otro lado, la clase media en este período se incorporó definitivamente a la empresa capitalista y al Estado. Estos cambios sociales trajeron también movilizaciones contra la dictadura y a favor de la democracia que culminó con la declaración del estado de excepción en enero de 1969 con la deportación de cientos de opositores y la detención de dirigentes sindicales, y al mismo tiempo se designó al heredero que recayó en Juan Carlos de Borbón de acuerdo con la Ley de Sucesión. En cambio los partidos políticos continuaban prohibidos, los derechos de asociación y reunión no podían ejercerse salvo en las asociaciones pertenecientes al Movimiento, la libertad de expresión quedaba constreñida y los responsables de las huelas eran juzgados por el Tribunal de Orden Público.
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Los efectos jurídicos de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una mirada crítica a través del análisis de la OC 24/17 y su impacto para el colectivo LGBTI

Los efectos jurídicos de las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una mirada crítica a través del análisis de la OC 24/17 y su impacto para el colectivo LGBTI

Se sometió el Proyecto de Convención a unos Estados americanos que se abstuvieron de emitir cualquier tipo de opinión, a excepción de los Estados de Chile y Uruguay, que elaboraron sendos proyectos de enmienda. No en vano, fue el proyecto chileno el que introdujo por primera vez la cuestión de la función consultiva en el SIDH. Así, en el artículo 64, párrafo 2, Chile quería establecer la competencia de la Corte “para dar opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas concernientes a la interpretación de esta convención”. Además, en el art. 66.2 establecía quiénes iban a ser los sujetos legitimados para solicitar esta opinión consultiva a una futura Corte Interamericana: la ComisiónIDH, cualquiera de los Estados Contratantes y el Consejo de la OEA 21 . Como se puede observar, esta dicción dista mucho de la actual configuración de la función consultiva interamericana, pero fue un paso muy importante para introducirla dentro del debate jurídico-político en torno a la elaboración de una Convención.
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CUADERNILLO 2014 INGRESO

CUADERNILLO 2014 INGRESO

La cuestión religiosa introduce, por cierto tiempo, una cuña que divide a los “clericales” de los “anticlericales” o “liberales” — usada peyorativa. mente esta palabra por los católicos, y a partir del sentido que le atribuía Goyena—, y motiva en el 82 la renuncia de Pizarro, que deja el cargo del Ministerio relacionado con el culto y la educación al agnóstico y cáustico Eduardo Wilde. En el mismo año se realiza el Congreso Pedagógico y en él se plantea una contienda ideológico-religiosa en las escuelas que constituye un antecedente importante para comprender la sanción de la ley 1420. En el 83 muere el admirable Esquiú, y monseñor Clara es designado vicario capitular de Córdoba. Cuando el gobernador Gavier designa a la señora Amstrong, de fe protestante, presidenta del Consejo Provincial de Educación de dicha provincia, el vicario Clara prohíbé a los fieles enviar sus hijas a la Escuela Normal regida por aquel Consejo. El gobierno nacional reacciona con violencia, considera la pastoral de Clara como un alzamiento contra sus deberes de “funcionario público” y decrete la separación del Vicario del gobierno de su diócesis, ordenando su procesamiento por el juez federal de Córdoba, No fue suficiente un principio de arreglo entre autoridades eclesiásticas y las maestras protestantes de la Escuela Normal. Clara dio otra pastoral declarando nulo el decreto de destitución; en el Senado, Pizarro y del Valle critican al gobierno y “La Nación” pone en relieve la excesiva vehemencia oficial. Pero las líneas de combate estaban tendidas. El gobierno amonesta a las maestras que habían tratado de ayudar a la superación del conflicto, deja cesantes a profesores universitarios cordobeses por adherir a la posición de Clara ya José Manuel Estrada en su cátedra de Derecho Constitucional por haber defendido los derechos de la Iglesia. Los liberales gobernantes imponían, pues, su versión ideológica como doctrina de Estado, vulnerando incluso la libertad académica
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Derechos de los Migrantes Centroamericanos en México Edición Única

Derechos de los Migrantes Centroamericanos en México Edición Única

La migración de centroamericanos a Estados Unidos utilizando el territorio mexicano como puerta de entrada a incrementado rápidamente en los últimos años. Dicho incremento ha traído a primer plano la vulnerabilidad de este grupo de migrantes, debido a que cada vez se reporta un mayor número de violaciones a sus derechos, cometidos en su travesía por nuestro país. Con el paso del tiempo el gobierno de México ha desarrollado programas que intentan atender a las necesidades de este fenómeno migratorio, como es el Grupo Beta de Protección a Migrantes. Este grupo tiene la finalidad principal de vigilar que los derechos de los migrantes no sean violentados, para lo cual están establecidos en 16 ciudades de México, identificadas por ser cruce de un gran número de migrantes. Pese a estos esfuerzos, la política migratoria de México aún tiene debilidades que le impiden a nuestro país cumplir con las obligaciones adquiridas al haber ratificado diversos instrumentos internacionales en los cuáles se establecen los derechos de los migrantes y las obligaciones de protegerlos dictadas para los Estados. Entre los cuáles se encuentra la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares publicada por la Organización de las Naciones Unidas, el cuál será analizado detalladamente en esta investigación.
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