Convenio Europeo de Derechos Humanos

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El matrimonio a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos

El matrimonio a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos

El 8 de Mayo de 2008, el recurrente apeló ante el Tribunal Supremo Administrativo el rechazo en el Registro de Población, el cual confirmó la imposibilidad legal de realizarlo, por lo que éste acudió al TEDH para denunciar que el Gobierno de Finlandia había violado los artículos 14 (prohibición de discriminación) y 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, al condicionar el reconocimiento de su “nuevo género” a la trasformación de su matrimonio en unión de hecho.
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La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos

La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos

7 que, finalmente, el Tratado de Lisboa haya consagrado la formalización de esa convergencia mediante la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos 1 . El problema era que, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, cuando se planteó por primera vez esta posibilidad, existían algunas dificultades insalvables, tales como que el Convenio no admitía la inclusión de entidades sin soberanía propia y que la Unión no poseía la competencia necesaria para acceder a un instrumento como el CEDH 2 . Estos impedimentos fueron superados, más tarde, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa 3 el 1 de diciembre de 2009, así como mediante el Protocolo nº14 del CEDH 4 , que dotaba al párrafo 2º del art. 59 del CEDH de una nueva redacción, que consolidaba como una obligación legal el mandato ya consignado en el art. 6.2 TUE 5 , configurándolo de la siguiente manera: “La Unión Europea podrá adherirse al presente Convenio”.
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El individuo y los Derechos Humanos . Especial referencia al marco regional del Convenio Europeo

El individuo y los Derechos Humanos . Especial referencia al marco regional del Convenio Europeo

A) El Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 El precepto básico a tener en cuenta del texto convencional en materia de legitimación activa es el artículo 25.1 cuyo tenor literal es el siguiente: "La Comisión podrá conocer de cualquiera demanda dirigida al Secretario General del Consejo de Europa por cualquier persona física, organización no gubernamental o grupo de particulares, que se considere víctima de una violación, por una de las Altas Partes Contratantes, de los derechos reconocidos en el presente Convenio, en el caso en que la Alta Parte Contratante acusada haya declarado reconocer la competencia de la Comisión en esta materia. Las Altas Partes Contratantes que hayan suscrito tal declaración se comprometen a no poner traba alguna al ejercicio de este derecho"39.
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El proyecto de protocolo adicional núm  6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos

El proyecto de protocolo adicional núm 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos

Diversas tendencias convergen en estos momentos en orden a ampliar el ámbito de aplicación del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamental[r]

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El convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la inspección de los tributos en España

El convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y la inspección de los tributos en España

Es quizás desde el punto de vista procesal donde más influencia tiene el convenio en relación con la materia fiscal. El hecho de que el convenio prevea una instancia superior, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que garantiza el cumplimiento de los derechos contenidos en el mismo, da lugar a la apertura de otra vía de impugnación de los actos de la Administración tributaria que afecten al ámbito competencial del citado órgano. De esta forma el sistema de garantías del contribuyente en relación a la impugnación de actos administrativos relacionados con la materia tributaria que se refieran o afecten a los derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, se completa con la posibilidad de acudir a una instancia supranacional que tutela dichas garantías.
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El primer protocolo adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Derecho a la Seguridad Social

El primer protocolo adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el Derecho a la Seguridad Social

En la misma línea, hay autores 37 que critican que la jurisprudencia española siga sistemáticamente la clásica y anticuada teoría de los derechos adquiridos como único límite para el legislador para introducir reformas legislativas. Esa teoría está basada exclusivamente en conceptos tomados del Código Civil por lo que defiende la necesidad de reinterpretarlos desde la óptica de las especialidades del Derecho de la Seguridad Social. Se rechaza, por tanto, “la concepción civilista de que todo lo que no es derecho subjetivo adquirido es mera expectativa de dere- cho y por tanto no merece tutela jurídica alguna. Por el contrario, se parte de que, desde un enfoque dinámico, es posible hablar, con algunas excepciones (como son los derechos de formación instantánea), de la formación sucesiva de los de- rechos, genéricamente hablando, y específicamente, de los de protección social”. A la luz de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede que la jurisprudencia española haya de ser revisada, ya que es evidente que para el Tribunal de Estrasburgo el derecho de tracto sucesivo a cobrar una pensión -expectativa de Derecho para los tribunales españoles- es tutelable como derecho de propiedad y, por tanto, su privación indemnizable al amparo del artículo 1 del Primer Protocolo Adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos.
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JURISDICCIÓN Y JUSTICIA ENTRE TRATADO DE LISBOA, CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y ORDENAMIENTOS NACIONALES *

JURISDICCIÓN Y JUSTICIA ENTRE TRATADO DE LISBOA, CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y ORDENAMIENTOS NACIONALES *

resume sobre todo en la sentencia de 15 de mayo de 1986 37 , en las senten- cias de 15 de octubre de 1987 38 y de 3 de diciembre de 1992 39 . En la pri- mera de las sentencias mencionadas —“Johnston” (causa 222/84)— el Juez comunitario, en un asunto cuyo objeto versaba sobre una cuestión relativa a la igualdad de trato entre hombres y mujeres —y a la que, en algunos perfiles, hará reenvío la posterior sentencia “Kreil”— afirma que “El prin- cipio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva… (constituye) un prin- cipio sobre la base del desarrollado por las tradiciones constitucionales co- munes a los Estados miembros y que ha sido reconocido por los arts. 6 y 13 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales”. Incluso en la segunda sentencia a la que hemos aludido —“Heylens” (asunto 222/86)—, con referencia a un asunto en el que se planteaba la posibilidad de impugnar jurisdiccionalmente un acto mediante el cual una autoridad nacional había denegado el reconoci- miento de la libre circulación de las personas y de los trabajadores, el juez comunitario reconoce que “la existencia de un remedio jurisdiccional con- tra el acto por el que una autoridad nacional deniega el disfrute de este derecho es esencial para garantizar a todo individuo la tutela efectiva de su derecho. Tal exigencia constituye un principio general del Derecho co- munitario que deriva de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y ha sido reconocido por los arts. 6 y 13 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos”. Como ya había hecho la segunda de las decisiones mencionadas, también la tercera (“Oleificio Borelli”, causa 97/91) considera la tutela judicial como garan- tía de la efectividad de los derechos (en el supuesto en cuestión con res- pecto al derecho a la libre circulación de las personas y de los trabajado- res). En la sentencia de 3 de diciembre de 1992 40 , el Juez comunitario afir-
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El Artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDR)

El Artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (CEDR)

1.1 El artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos estipula que: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. 1.2. En momentos en que la afluencia de solicitantes de asilo en los Estados miembros del Consejo de Europa ejerce presión sobre las obligaciones internacionales consagradas en la Convención de 1951 relativa al Estatuto de los Refugiados y al Protocolo de 1967 (“la Convención de 1951”), resulta significativo que el Tribunal Europeo haya considerado que el artículo 3 del Convenio Europeo puede ser utilizado por aquellas personas que se encuentran en necesidad de protección internacional. Debe destacarse que si bien este Convenio no es un instrumento internacional referido específicamente a la protección de los refugiados, el artículo 3 ha sido interpretado por el Tribunal como un medio efectivo de protección contra todas las formas de retorno a lugares en donde existe riesgo de que el individuo pueda ser sometido a tortura, penas o tratos inhumanos o degradantes. El ámbito de protección que brinda el artículo 3 es más amplio que el previsto por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 de las Naciones Unidas, aunque resulta más limitado en otros aspectos.
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Análisis sobre las implicancias legales para los estados que pretenden ratificar el convenio europeo de derechos humanos y sus protocolos y la convención de derechos humanos de la comunidad de estados independientes (CEI)

Análisis sobre las implicancias legales para los estados que pretenden ratificar el convenio europeo de derechos humanos y sus protocolos y la convención de derechos humanos de la comunidad de estados independientes (CEI)

"para un nuevo sistema de control para la protección de los derechos humanos en la Europa Asiática", pero el sistema de Estrasburgo no debe quedar subordinado. Una cuestión diferente es que un ciudadano pueda tener la posibilidad de elegir entre diferentes procedimientos internacionales". 14. Habiendo concluido que el orden legal de la Federación Rusa, hasta el momento, no coincide con los standards de derechos humanos del Consejo de Europa (de acuerdo a lo consagrado en su Estatuto y a lo desarrollado por los órganos de supervisión del Convenio Europeo), los Expertos Legales expresaron su alarma por la posibilidad de una futura Convención Euro-Asiática de derechos humanos excluyendo o debilitando la aplicación del mecanismo del Convenio Europeo. Para ellos, "se daría este caso, si las demandas ante los órganos del mecanismo Euro-Asiático deben ser consideradas como un instancia a agotar previamente a una demanda ante los órganos europeos. Por otro lado, todavía no está claro qué instancias estarán disponibles a nivel nacional para las personas que se consideren víctimas de una violación a sus derechos fundamentales".
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La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos : un desafío para Europa todavía pendiente

La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos : un desafío para Europa todavía pendiente

de forma complementaria, cuenta con la Carta Europea de Derechos Humanos y con el Convenio Europeo de Derechos Humanos del que todos son parte. “Tampoco conlleva, en segundo lugar, modificación alguna respecto a la interesante jurisprudencia del TJUE, construida desde la década de los setenta a partir del diálogo judicial entablado con los tribunales constitucionales nacionales bajo el prisma de la llamada jurisprudencia Solange” 15 , pues el artículo 6.3 establece expresamente que tanto los derechos fundamentales que garantiza el CEDH como los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros “formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales” 16 . Y, en tercer lugar, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE mantiene que “en la medida en que la presente Carta reconozca derechos fundamentales resultantes de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, dichos derechos se interpretarán en armonía con las citadas tradiciones” 17 . La abundante jurisprudencia llevada a cabo por el Tribunal de Justicia desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa demuestra la continuidad en la materia. “En suma, existe un nuevo marco jurídico que incluye, como novedades relevantes, el carácter jurídicamente vinculante de la Carta y un control judicial externo por el TEDH, y mantiene en lo fundamental la construcción judicial anterior” 18 . Lo que supone una cláusula de cierre para todo el sistema.
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La efectiva aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos

La efectiva aplicación del Convenio Europeo de Derechos Humanos

Sobre la base de este mandato constitucional, el TEDH se convierte en una fuente para la interpretación de los derechos constitucionales fundamentales.218 En segundo lugar, el artículo 9[r]

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¿Colmando los espacios de "no derecho" en el convenio europeo de derechos humanos?

¿Colmando los espacios de "no derecho" en el convenio europeo de derechos humanos?

Javier A. LA APLICACIÓN RATIONE LOCI DE LOS TRATADOS DE DERECHOS HUMANOS Y EL PROBLEMA DE LA EXTRA- TERRITORIALIDAD. La extraterritorialidad de los instrumentos de derechos humanos: l[r]

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La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos

La adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos

political issues which arguably led to the downfall of the EDC and EPC Treaties. It is at least in part in this context that the silence of the 1957 Treaties on the subject of human rights protection can be understood”. DE WITTE, B. ‘The Past and Future Role of the European Court of Justice in the Protection of Human Rights’, in ALSTON, P, HEENAN, J. and BUSTELO, M. (eds), The EU and Human Rights, Oxford University Press, 1999, p. 863: “The silence of the Treaty may have been deliberate, indicating possibly the drafters’ intention that the courts of each individual Member State should be the “ultimate protection of that country’s citizenry against an unlawful intrusion of the Community into the realm of its (national) protected rights”. DOUGLAS-SCOTT, S. “The European Union and Human Rights after the Treaty of Lisbon”, Human Rights Law Review, vol 11, nº 4, 2011, pp-645-682, p.647: “The reasons for this lack of attention are embedded in the EU’s history, and are similar to the explanation as to why there was no Bill of Rights in the original draft of the American Constitution (…) The EEC Treaty started out as an economic treaty, of limited ambitions, with the aim of creating a Common Market. There were no sections on fundamental rights because the EEC founders did not think this relevant to a treaty with mainly economic aspirations”. FERNÁNDEZ LIESA, C.R., El Derecho internacional de los derechos humanos en perspectiva histórica op. cit. 2013, p.330: “Las causas de esta laguna estaban en el carácter predominantemente económico de los Tratados, ante el que sus redactores perdieron de vista la idea general de los derechos fundamentales, así como por la metodología funcionalista (paso a paso) que se siguió, el carácter técnico-económico de las nuevas organizaciones y por los previos fracasos políticos “en algunos proyectos con dimensión política”; JACQUÉ, J.P. “The accession of the European Union to the
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España y el Convenio Europeo de Derechos Humanos en tres actos

España y el Convenio Europeo de Derechos Humanos en tres actos

Aquí solo podemos reiterar el escrupuloso cumplimiento del Gobierno de todas las resoluciones, abonando las cantidades establecidas en concepto de satisfacción equitativa. Pongamos algunos ejemplos. En el asunto Castells, como sabemos, se condenó al Reino de España al pago de una cantidad de tres millones de pesetas. La sentencia se dicta el 23 de abril de 1992 y el Gobierno español informó al órgano encargado de supervisar el cumplimiento del fallo –el Comité de Ministros del Consejo de Europa- el abono de dicha cantidad a fecha de julio de 1992. Posteriormente, hizo saber al mismo que el Tribunal Constitucional se refería expresamente a la jurisprudencia convencional en la materia, acusando recibo del criterio interpretativo que evite el riesgo de futuras condenas. Por ello, el Comité de Ministros entiende satisfechas las obligaciones del Reino de España para con el Convenio 141 . En el asunto Fuentes Bobo sucede otro tanto. El Gobierno español entiende satisfecha la obligación pecuniaria (España ha pagado la cantidad estipulada en la resolución judicial) y, además, informa del efecto directo que tiene el Convenio y las sentencias de Estrasburgo, lo cual ayudará a evitar futuras condenas. El Gobierno hace saber, a mayores, que la resolución ha sido publicada en los diarios nacionales de mayor tirada. El Comité de Ministros reconoce de nuevo que se ha cumplido con lo que exige el Convenio 142 . Luego
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El Protocolo n.º 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos

El Protocolo n.º 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos

ha dado el paso de solicitarlo es porque se ha convencido de su necesidad en el procedimiento a quo y porque además hay otros elementos que conectan esa ausencia formal de vinculatoriedad con los efectos que materialmente hablan- do pueden tener los dictámenes consultivos del TEDH. Esos elementos nos acercarían a una interpretación material de los fenómenos jurídicos que, en orden a la determinación apropiada de la naturaleza jurídica de las opiniones consultivas emitidas por el Tribunal europeo, nos alejarían del formalismo jurí- dico, con el añadido de que ello conllevará que la esfera de los efectos de dichas opiniones no sean sólo inter partes sino que en realidad las mismas tengan efec- tos erga omnes. Así, por ejemplo, el valor que como clarificador del Derecho el dictamen tenga haciendo posible su extensión a situaciones idénticas en donde estén en juego derechos humanos y que se puedan presentar posteriormente en los procedimientos nacionales ante otros tribunales distintos al peticionario en cualquiera de los Estados partes en el Convenio de 1950; el valor, esta vez intrínsecamente al Tribunal, de las posiciones jurídicas que le hayan servido a este para contestar su dictamen y que le pueden valer como precedente juris- prudencial tanto para los asuntos contenciosos como para los consultivos, o el valor que se deriva del propio hecho de que el tribunal nacional cumpla efec- tivamente con lo establecido en la opinión dada por el TEDH, lo que además puede constituir como un a modo de pauta, guía o referencia a ser seguida por los tribunales internos de los Estados que no sean de más alta instancia.
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LA RECEPCIÓN NACIONAL DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS *

LA RECEPCIÓN NACIONAL DEL CONVENIO EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS Y LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS *

Sea lo que sea, en sistemas monistas o dualistas el Convenio Europeo ha sido ratificado, adoptado, transformado, incorporado en el sistema nacional, y las altas cortes han acep[r]

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El Protocolo n º 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos

El Protocolo n º 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos

redactores del Protocolo no han seguido ese camino 110 , sino que han estipulado que la opinión del Tribunal no sea obligatoria, lo que no deja de ser un riesgo de que en un momento determinado se concrete realmente la inaplicación del dictamen por el tribunal nacional. Ahora bien, la lógica dice que el tribunal peticionario normalmente aplicará el dictamen al caso concreto 111 porque si ha dado el paso de solicitarlo es porque se ha convencido de su necesidad en el procedimiento a quo y porque además hay otros elementos que conectan esa ausencia formal de vinculatoriedad con los efectos que materialmente hablan- do pueden tener los dictámenes consultivos del TEDH. Esos elementos nos acercarían a una interpretación material de los fenómenos jurídicos que, en orden a la determinación apropiada de la naturaleza jurídica de las opiniones consultivas emitidas por el Tribunal europeo, nos alejarían del formalismo jurí- dico, con el añadido de que ello conllevará que la esfera de los efectos de dichas opiniones no sean sólo inter partes sino que en realidad las mismas tengan efec- tos erga omnes. Así, por ejemplo, el valor que como clarificador del Derecho el dictamen tenga haciendo posible su extensión a situaciones idénticas en donde estén en juego derechos humanos y que se puedan presentar posteriormente en los procedimientos nacionales ante otros tribunales distintos al peticionario en cualquiera de los Estados partes en el Convenio de 1950; el valor, esta vez intrínsecamente al Tribunal, de las posiciones jurídicas que le hayan servido a este para contestar su dictamen y que le pueden valer como precedente juris- prudencial tanto para los asuntos contenciosos como para los consultivos, o el valor que se deriva del propio hecho de que el tribunal nacional cumpla efec- tivamente con lo establecido en la opinión dada por el TEDH, lo que además puede constituir como un a modo de pauta, guía o referencia a ser seguida por los tribunales internos de los Estados que no sean de más alta instancia.
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El Protocolo de enmienda número 11 al Convenio Europeo de Derechos Humanos

El Protocolo de enmienda número 11 al Convenio Europeo de Derechos Humanos

El Protocolo número 11 instituye un Tribunal Europeo de Derechos Humanos con las siguientes características: es el único órgano de control y tiene carácter permanente; es un órgano judic[r]

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La inmediación a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El caso de España

La inmediación a la luz del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El caso de España

Pastor Vilanova y Serghedis) en su opinión parcialmente disidente y parcialmente concurrente: "En nuestra opinión, existían, en este caso, elementos convincentes que hubieran permitido a la Sala apartarse de la valoración de los hechos considerados por el Tribunal Supremo. En primer lugar, el Tribunal Supremo ha procedido a una nueva evaluación de la credibilidad de las declaraciones de los demandantes y de los testimonios de tres testigos, pero sin oírlos previamente. El más Alto Tribunal ha estimado sobre todo que estos tres testigos eran parciales por sus supuestos vínculos con ETA, lo que ha dado pie a una absolución general. Ahora bien en la sentencia Lacadena Calero c. España (...), esta misma Sala ya tuvo la ocasión de condenar esta práctica del Tribunal Supremo a tenor del artículo 6 del Convenio, no sólo por su falta de conocimiento directo e inmediato de las pruebas subjetivas sino que además el recurso de casación no permite volver, en principio, sobre los hechos ya determinados por la primera instancia. En consecuencia parece ilógico que la Sala haya concluido, por una parte que, “en ausencia de prueba concluyente relativa a la finalidad de los tratos infligidos” (párrafo 84), lo que equivale a dar el mismo valor a las dos sentencias penales, y por otra, que haya sancionado la nueva (e irregular) valoración de los hechos contenida en la última. La coherencia interna de la sentencia se encuentra entonces debilitada (...)".
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De la igualdad en los derechos a la igualdad de derechos  El Protocolo adicional Nº 12 al Convenio Europeo de Derechos Humanos

De la igualdad en los derechos a la igualdad de derechos El Protocolo adicional Nº 12 al Convenio Europeo de Derechos Humanos

Con la aprobación de este Protocolo se pretende poner fin a un grave déficit relativo al principio de igualdad, pues el CEDH, a diferencia de otros instrumentos in[r]

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