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La Corona y las Cortes Generales: 40 años de monarquía parlamentaria

La Corona y las Cortes Generales: 40 años de monarquía parlamentaria

Respecto al supuesto de extinción de todas las líneas de sucesión antes citado, se atribuye a las Cortes Generales la búsqueda de una solución al contrario que gran parte de nuestro derecho histórico del XIX que seña- laba complejas fórmulas para estos supuestos, y en cierto sentido retoma una tradición que arranca del momento histórico central en la Historia de España del Compromiso de Caspe, cuando en 1412 las Cortes de Aragón decidieron unir en una misma dinastía de los Trastámara ambas Coronas, la de Castilla y la de Aragón. De esta forma el Constituyente quiso dejar claro que una decisión tan trascendente como la que se dilucida en caso de que no pueda procederse a una sucesión ordinaria, sólo pude corresponder a las Cortes Generales. Este fue el sistema de provisión empleado en 1870 para la elección parlamentaria de un monarca, resultando ganadora de la votación la candidatura de Amadeo de Saboya.
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El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

El Tribunal de Recursos contractuales de las Cortes Generales

En el mismo artículo 2 se establece que los miembros parlamentarios del Tribunal actuarán, alternativamente, como Presidente y Vocal en cada uno de los recursos plan- teados. La alternancia en los cargos puede dar lugar a cierta confusión si abundase el número de procedimientos a resolver. Por ello, hubiera sido deseable que se optara por un período preestablecido para el desempeño de estos cargos. La Mesa del Congreso de los Diputados y del Senado, en sus reuniones de 1 y 8 de febrero de 2011, respectiva- mente, acordaron nombrar al Diputado Excmo. Sr. D. Jordi Pedret i Grenzner y al Sena- dor Excmo. Sr. D. Manuel Guillermo Altava Lavall, como miembros del Tribunal de Re- cursos Contractuales de las Cortes Generales, resolución publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Serie A, número 399, de 22 de febrero de 2011.
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La autonomía personal de las Cortes Generales

La autonomía personal de las Cortes Generales

1. Personal funcionario: El personal funcionario de las Cortes Gene- rales, es aquél del que se predican en grado máximo todas las características que hemos señalado hasta ahora, en garantía de la autonomía parlamentaria. Es un personal caracterizado por su independencia, permanencia, impar- cialidad y reserva de funciones estatutarias derivadas de la protección constitucional. Para el ingreso en todos los Cuerpos de funcionarios de las Cortes Generales se establece el sistema de oposición pública como vía de acceso, atendiendo a los principios de mérito y capacidad, siendo preciso poseer la nacionalidad española y ser mayor de edad, estar en posesión de la titulación exigida, no estar inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas por sentencia firme, no padecer enfermedad o discapacidad que impida el desempeño de las funciones correspondientes y cumplir los requisitos que se establezcan en cada convocatoria. Superadas las pruebas de acceso, son nombrados funcionarios por los Presidentes del Congreso y del Senado conjuntamente, deben prestar juramento o promesa de acata- miento a la Constitución, obediencia a las leyes y ejercicio imparcial de sus funciones, y tomar posesión dentro del plazo de un mes desde la notificación de su nombramiento. Los funcionarios se encuentran vinculados a las Cortes Generales de forma permanente mediante una relación estatutaria de servicios profesionales, se retribuyen conforme a su presupuesto y pueden prestar servicio en el Congreso, en el Senado o en la Junta Electoral Central. La condición de funcionario se pierde únicamente por renuncia, pérdida de la nacionalidad española, sanción disciplinaria de separación del servicio, pena de inhabilitación para cargos públicos y jubilación, de modo que resultan inamovibles en el desempeño de sus funciones como garantía de su independencia.
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La autonomía presupuestaria de las Cortes Generales

La autonomía presupuestaria de las Cortes Generales

La más importante de estas disposiciones es el art. 2.3 de la Ley 47/2003, General Presupuestaria, de 26 de noviembre, que dispone lo siguiente: “Los órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Administración General del Estado, forman parte del sector público estatal, regulándose su régimen económico-financiero por esta ley, sin perjuicio de las especialidades que se establezcan en sus normas de creación, organización y funcionamiento. No obstante, su régimen de contabilidad y control quedará sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin que les sea aplicable en dichas materias lo establecido en esta ley. Sin perjuicio de lo anterior, esta ley no será de aplicación a las Cortes Generales, que gozan de autonomía presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución; no obstante, se mantendrá la coordinación necesaria para la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.”
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Cortes Generales y grupos parlamentarios

Cortes Generales y grupos parlamentarios

Una alternativa al Grupo Mixto es la figura del diputado no adscrito, que se encuentra extendida en los parlamentos autonómicos, pero no así en el caso de las Cortes Generales. Se suele proyectar como una figura derivada de la lucha contra el fenómeno del transfuguismo parlamentario, aunque no siempre es así. Lo cierto es que después de haber defendido la naturaleza eminentemente grupocrática de nuestras Cortes Generales, resulta una figura difícil de asimilar y a mi juicio se encuentra en los límites del respeto a la función representativa. En el seno de la institución parlamentaria la figura del parlamentario individual es sumamente disfuncional y puede llegar a vaciar de contenido su ius in officium con lo que ello implica de resquebrajamiento de la ficción representativa. No olvidemos que, en la ya citada Sentencia de nuestro Tribunal Constitucional 64/2002 –bien es cierto que con base en la configuración que nos da actualmente el Reglamento del Congreso de los Diputados– se afirma que “no cabe duda alguna de que la facultad de constituir Grupo Parlamentario, en la forma y con los requisitos que el mismo Reglamento establece, corresponde a los Diputados, y que dicha facultad, de conformidad con la doctrina constitucional antes expuesta, pertenece al núcleo de su función representativa parlamentaria, pues, dada la configuración de los Grupos parlamentarios en los actuales Parlamentos … como entes imprescindibles y principales en la organización y funcionamiento de la Cámara, así como en el desempeño de las funciones parlamentarias y los beneficios que conlleva la adquisición de tal status, aquella facultad constituye una manifestación constitucionalmente relevante del ius in officium del representante” .
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El Reglamento de las Cortes Generales

El Reglamento de las Cortes Generales

será también de las Cortes Generales. Ello responde a la creencia de que debe existir un Presidente que sirva de coordinador entre ambas Cámaras, y si existe este Presidente, no debe ser la figura como órgano unipersonal que ha existido hasta ahora. Además, si no se anula o no se dice nada, continua en principio existiendo este Presidente de las Cortes con esa forma de elección “sui generis” que tenemos: elección por el Rey a propuesta de una terna del Consejo del Reino. Nosotros creemos que debe regularse de otra forma. Por lo tanto consideramos que debe tratarse aquí …” Sr. Cisnero Laborda: “Para expresar la disconformidad de nuestro Grupo con respecto a la propuesta del Sr. Gastón en nombre del Grupo Mixto, en cuya propuesta se contemplan dos cuestiones de muy distinto linaje. Una es típicamente de derecho transitorio, la que hace referencia a la figura del actual Presidente de las Cortes, figura desconocida por el proyecto constitucional, y en todo caso, de querer darle algún tratamiento constitucional, habría de ser necesariamente en el ámbito del derecho transitorio, nunca en esta disposición sustantiva. Respecto a la parte nuclear de su enmienda, entendemos que la configuración que de la Presidencia de las Cámaras y de su Presidencia conjunta, en el caso de sesión conjunta, hace el proyecto constitucional es la cabal, es la correcta. Entendemos que esa preeminencia de la Presidencia del Congreso debe quedar referida exclusivamente a las sesiones conjuntas, tal y como el proyecto constitucional establece, porque de otra suerte desvirtuaría el carácter autónomo que para las Cámaras se predica en el apartado 1 del propio precepto”.Diario de Sesiones de las Cortes núm. 80, de 2 de junio de 1978, pág. 1.275, Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas.
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Evolución y retos de la Administración Parlamentaria en las Cortes Generales

Evolución y retos de la Administración Parlamentaria en las Cortes Generales

Las Secretarías Generales del Congreso de los Diputados y el Se- nado, como Administraciones de las mismas, se formaron sin solución de continuidad a partir de la Secretaría de las Cortes del régimen pre-constitu- cional, con arreglo a un criterio de separación de funciones entre la esfera político-parlamentaria y la administrativa y, dentro de ésta, una división de servicios jerarquizados bajo la jefatura del Letrado Secretario General del Congreso de los Diputados y Letrado Mayor del Senado (y, en la etapa inicial, provisión independiente, para los servicios centrales, del Letrado Mayor de las Cortes Generales), e integrados por funcionarios sujetos a estricta imparcialidad. Con una praxis ajena a la discusión doctrinal de los primeros tiempos sobre su naturaleza y régimen jurídico, basada, en ausen- cia de desarrollos normativos autónomos sobre sí mismas o alguno de los ámbitos materiales de su actuación, en el entendimiento del Derecho estatal como ordenamiento supletorio al que remitirse caso a caso, o de aplicación analógica, evolucionaron, desde el firme anclaje de la autonomía garantizada por el artículo 72 de la Constitución, y adquirieron forma a partir de 1982 a través de fuentes propias en sus facetas nucleares, como la organización misma, el personal, la ejecución presupuestaria, la contratación y la repre- sentación y defensa en juicio. Tales fuentes reflejan, en lo organizativo, una progresiva complejidad acorde con los requerimientos cada vez mayores de las Cámaras, aun manteniendo sus rasgos (como estructuras jerarquizadas y dirección dual con un protagonismo destacado de las Mesas y la jefatura inmediata de los servicios a cargo de los Secretarios Generales). Los desa- rrollos normativos autónomos no abarcan, sin embargo, todas las áreas del “giro o tráfico” de tales Administraciones y adolecen de falta de sistemática en alguna. Estas carencias en las fuentes jurídicas propias han favorecido una
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Las Cortes, el Gobierno y el Brexit: el papel de las Cortes Generales ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea

Las Cortes, el Gobierno y el Brexit: el papel de las Cortes Generales ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea

La CMUE, pues –inicialmente denominada “Comisión Mixta para las Comunidades Europeas”, y desde 1994, tras la reforma pro- ducida por la Ley 8/1994, “Comisión Mixta para la Unión Europea”–, es quien, en términos generales, se encarga de seguir la actuación del Gobierno en las relaciones de España con las CCEE, primero, y con la UE en la actualidad, y muy especialmente, a partir de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y de la reforma producida por la Ley 24/2009, de 22 de diciembre, es también la encargada de controlar el respeto del principio de subsidiariedad por parte de los proyectos normativos con rango de ley (“actos legislativos”, en la terminolo- gía del ordenamiento jurídico de la UE) que presente la Comisión Europea, y de ejercer las competencias que le corresponden a las Cortes Generales en este ámbito, en virtud del Protocolo nº 2, sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, anejo a los Tratados. La actuación de la CMUE, sin embargo, no excluye la posibilidad de que tanto el control de la actuación del Gobierno en los asuntos relacionados con la UE, como el control del respecto del principio de subsidiariedad por parte de la UE, puedan ejercerse directamente por el pleno de cualquiera de las dos cámaras de las Cortes, que pueden avocar para sí esta potestad (art. 5.2 de la Ley 8/1994, tras la reforma producida por la Ley 24/2009), y –como veremos más adelante–, si bien la avocación del control de la aplica- ción del principio subsidiariedad por el pleno de las Cámaras nunca se ha producido, hasta ahora, sí se ha producido, y con frecuencia, la avocación del control de la actuación del Gobierno referida a los asuntos europeos.
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La transparencia en las Cortes Generales

La transparencia en las Cortes Generales

Openness es la evolución natural de la transparencia. El impulso hacia la transparencia vivido en estos años debe culminar en un Parlamento Abierto que articule la posibilidad de los ciudadanos de participar en los procedimientos parlamentarios. La ciudadanía activa es un enlace vital entre la transparencia y la rendición de cuentas. La Declaración sobre la apertura parlamentaria afirma que es esta conexión con la ciudadanía la que da lugar a una legitimidad del parlamento más profunda. A nivel internacional se está trabajando en plataformas y herramientas para que los Parlamentos y las organizaciones de la sociedad civil desarrollen e implementen en colaboración planes de acción de apertura parlamentaria. España es miembro desde 2011 de la Open Government Partnership. Su Guía sobre Gobierno Abierto ha servido de inspiración a muchos países para iniciar su plan de acción de apertura parlamentaria. Este será el reto de las Cortes Generales.
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Protocolo y Cortes Generales

Protocolo y Cortes Generales

Era primera vez que se celebraba en las Cortes Generales una ceremonia de juramento de la Constitución –en este caso por un Príncipe Heredero- desde que el rey Alfonso XIII lo hiciese el 17 de mayo de 1902. Fue una ceremonia solemne y sencilla. En apenas sesenta minutos que duró la sesión, se cumplió con un acto constitucional que tenía la máxima importancia política. Por primera vez en el hemiciclo del Palacio del Congreso estaba representada España y sus poderes: el legislativo, ejecutivo y judicial, así como la entonces nueva España autonómica representada por sus presidentes.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

Si bien el crecimiento de la producción con energías renovables registrado en España en los últimos años ha sido muy importante, el porcentaje que representan estas energías sobre el consumo total debe incrementarse significativamente en orden a alcanzar los objetivos de participación de las energías renovables establecidos en la normativa comunitaria. La Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, fija como objetivos generales conseguir una cuota del 20 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión Europea (UE) y una cuota del 10 % de energía procedente de fuentes renovables en el consumo del sector del transporte en cada Estado miembro para el año 2020. Para ello, establece objetivos para cada uno de los Estados miembros en 2020 y una trayectoria mínima indicativa hasta ese año. En España, el objetivo se traduce en que las fuentes renovables representen al menos el 20% del consumo de energía final en el año 2020 - mismo objetivo que para la media de la UE-, junto a una contribución del 10% de fuentes de energía renovables en el transporte para ese año.
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Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales: Control y responsabilidad

Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales: Control y responsabilidad

Y para todo ello, la publicidad es no solo innecesaria, sino pertur- badora. La dependencia respecto de los medios, y la atención obsesiva que prestan a éstos los miembros de la clase política, no hacen sino trasladar, a los propietarios de aquéllos o a los gestores de sus informativos, la función de control del Gobierno que corresponde institucionalmente al parlamento, porque los mensajes que los parlamentarios elaboran son luego desechados, fragmentados o reinterpretados por los expertos en comunicación de cada medio; en ocasiones, con el objetivo de incrementar la tirada o la cuota de audiencia; y, en las más, al servicio de una concreta opción ideológica (que puede ser la misma que la del parlamentario autor de la noticia, o la contraria). Por ilusorio que pueda parecer, creo que es necesario devolver al Parlamento el control efectivo del Gobierno; y eso pasa por dejar de convertir a las Cortes en un plató de televisión en el que solo se permite a los parlamentarios desempeñar un papel secundario, siempre condicionado al puro impacto de la noticia.
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Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

Cuarenta años de las elecciones a las Cortes Generales

El 15 de junio de 1977 se celebraron en España las primeras eleccio- nes democráticas en cuarenta años. Una etapa de la transición, seguramente la más delicada, desde la dictadura acababa de culminar. A partir de allí quedaba nada menos que la redacción de una constitución, pero el país disponía ya de unas Cámaras legislativas que respondían a una legitimidad bien distinta de la de las Cortes orgánicas que unos pocos meses antes votaban la Ley para la Reforma Política. Las elecciones – y todo el trabajo previo que las acompañó – habían sido un éxito, tanto en términos de participación como de limpieza electoral e igualdad de oportunidades. Desde entonces, la calidad de nuestros procesos electorales no ha bajado el listón; en los últimos cuarenta años se han celebrado puntualmente las elecciones y éstas se han desarrollado dentro de los cauces necesarios para reconocer su regularidad. Se han formado mayorías generalmente estables, se han cambiado gobiernos, han aparecido y desaparecido partidos políticos en las Cámaras y todo ello dentro de la más absoluta normalidad. Se han movilizado reiteradamente un número ingente de ciudadanos no ya sólo para participar, sino también para conformar la Administración electoral el día de las votaciones (más de doscientos cincuenta mil por cada convocatoria) y un número ingente de medios humanos y materiales de las distintas Administraciones. En fin, nos hemos acostumbrado, a diferencia de lo que sucede, aunque nos pueda parecer lo contrario, en los países con los que habitualmente nos comparamos, a que los resultados se conozcan en el cortísimo margen de unas dos horas y media desde el cierre de los colegios.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

1. En materia de fusiones y de escisión, la Directi- va 2009/109/CE simplifica en determinados casos el número o el contenido de los documentos que han de ser puestos a disposición de los socios y agiliza estas operaciones societarias encauzando la publicidad pre- via al acuerdo de fusión a través de la página web de las sociedades de capital como alternativa al depósito de los proyectos de fusión y de escisión en el Registro Mercantil. En la misma línea, prevé que, si el socio lo aceptara, las comunicaciones que tuviera que realizar la sociedad puedan efectuarse por medios electrónicos. La presente Ley incorpora estas innovaciones, cui- dando especialmente de que esa simplificación no afec- te a la adecuada tutela de los acreedores y de los traba- jadores de la sociedad. La incorporación se ha realizado teniendo muy en cuenta el marco normativo en el que se insertan las novedades contenidas en la Directi- va 2009/109/CE, con respeto a los principios generales de política y de técnica legislativas con las que se con- feccionó la muy compleja Ley 3/2009, de 3 de abril; y de ahí la necesidad de dar nueva redacción a distintos artículos del Título II de dicha Ley.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

Por último, mediante una disposición final se introducen dos nuevos párrafos en el artículo 100 en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valo­ res, con la finalidad de articular un mínimo régimen disciplinario en este ámbito. Los tipos infractores se relacionan con los incumplimientos de las previsio­ nes de publicidad y contenido mínimo de la convoca­ toria de las juntas generales de accionistas de las sociedades cotizadas, que se regulan en los nuevos artículos 516 y 517 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; la previsión de que consten en los estatutos sociales los mecanismos para el ejerci­ cio a distancia de los derechos de los accionistas del artículo 520.2 del mismo texto legal; y la obligación de publicar los resultados de las votaciones de los asuntos tratados en la junta general de accionistas en la página web en cinco días, de acuerdo con lo dis­ puesto en el artículo 524 también de la Ley de Socie­ dades de Capital.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

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A este respecto, ha de recordarse, como idea gene- ral, que el principio que debe subyacer a la nueva nor- mativa de independencia es alinearse con la VIII Direc- tiva y asimismo con las normas de ética que cita el propio Proyecto en su artículo 5, apartados 1 y 5, que deben estar de acuerdo con los principios generales y práctica comúnmente admitida en los Estados miem- bros de la UE. Si se mantiene el artículo 8 en sus térmi- nos actuales, estará más lejos la armonización que per- sigue la Directiva, resintiéndose las normas españolas, que no se amoldarán a esas normas de ética y, por con- siguiente, no podrán desarrollarse bajo estos principios y prácticas comunes. Estas circunstancias, incluso, podrían provocar una mayor restricción a la libre com- petencia en el mercado español de auditoría, así como desventajas a los auditores españoles frente a los euro- peos o internacionales. Las extensiones de las normas de ética ya están desarrolladas en el marco internacio- nal y no tiene sentido que España desarrolle un marco diferencial.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

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Entre esos problemas, destaca la determinación del concepto de intermediario financiero. El Proyecto de Ley no se percata de que con esa equívoca expresión no sólo se refiere la Directiva a las entidades encargadas de los registros contables de las anotaciones en cuenta (que es el sistema legal obligatorio de representación de las acciones de las sociedades cotizadas) cuanto a aquellas entidades titulares fiduciarias de los accionis­ tas. En el sistema español vigente, el accionista no es la entidad encargada del registro, sino las personas que, en el registro, figuran como titulares de las acciones. Precisamente porque son accionistas tienen derecho de asistencia a las juntas generales y derecho de voto, que ejercitarán legitimados por medio del «certificado» que obligatoriamente tiene que emitir la entidad (artículo 12 LMV), sin que pueda ésta restringir o impedir el ejerci­ cio de esos derechos. Por el contrario, la Directiva con­ templa un supuesto, muy distinto, en el que frente a la sociedad el accionista es ese intermediario financiero, y no el cliente. Así resulta con claridad del apartado pri­ mero del citado artículo 13, en el que subyace la distin­ ción entre la titularidad formal de la acción —el inter­ mediario financiero es el accionista— y la titularidad material de la acción —que es la que ostenta el clien­ te—. La Directiva aspira, de un lado, a que, si se pre­ tende votar con esas acciones, la sociedad pueda cono­ cer la identidad del titular real, y, de otro, a solucionar algunos de los principales problemas que esa discor­ dancia entre titularidad formal y titularidad real puede plantear.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

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Por último, mediante una disposición final se intro­ ducen dos nuevos párrafos en el artículo 100 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, con la finalidad de articular un mínimo régimen disciplinario en este ámbito. Los tipos infractores se relacionan: con los incumplimientos de las previsiones de publicidad de la convocatoria de las juntas generales de accionis­ tas de las sociedades cotizadas, que se regulan en el nuevo artículo 516 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital y con la obligación de publicar los resultados de las votaciones de los asuntos trata­ dos en la junta general de accionistas en la página web en cinco días, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 524 de la citada Ley.
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES

En cuanto a la eliminación de diferencias de régi- men entre las sociedades anónimas y las limitadas pro- cedentes de decisiones de política legislativa adoptadas en momentos y en leyes distintas, es preciso mencionar la unificación del contenido de determinadas disposi- ciones. Así se efectúa en relación con la convocatoria de las juntas generales –en la línea anticipada por el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizado- ras para fomentar la inversión y la creación de empleo-; con la admisibilidad también para las sociedades anó- nimas de la posibilidad de introducir en los estatutos causas de exclusión de accionistas; con la unificación de las causas legales de disolución aplicando a todas las sociedades de capital la relativa a su inactividad; con la generalización de la norma supletoria sobre conversión automática en liquidadores de los administradores de la sociedad; y con la unificación del régimen jurídico de los liquidadores de sociedad cancelada.
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La función interventora en el Senado

La función interventora en el Senado

Aunque las Cortes Generales estén excluidas del ámbito de apli- cación de la Ley General Presupuestaria (según dispone explícita- mente su art. 2.3, de acuerdo con lo establecido en el art. 72 de la Constitución, y a diferencia de los restantes órganos constituciona- les, englobados por dicha Ley en la rúbrica de «órganos con dotación diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, care- ciendo de personalidad jurídica, no están integrados en la Adminis- tración General del Estado»), la ejecución presupuestaria se rige por los principios presupuestarios comunes, si bien con peculiaridades que, aparte de las lógicas de índole competencial, al ser órganos pro- pios de las Cámaras los titulares de las potestades correspondientes, encuentran su explicación en la propia realidad en la que se aplican: doméstica y de dimensiones cuantitativamente reducidas, como se- ñalaba Isabel Revuelta.
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