CRIMINALIZACIÓN DEL CONSUMO

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La criminalización del consumo lúdico de cannabis como violencia de Estado

La criminalización del consumo lúdico de cannabis como violencia de Estado

En esta medida, el análisis que se propone en la tesina es prioritariamente descriptivo. El mismo se enfoca tanto del proceso histórico que derivo en el estado actual de la política de prohibición del uso de mariguana en México, así como en el marco jurídico nacional, su desarrollo a través de la jurisprudencia de la SCJN y opciones legales. En consecuencia, la metodología de investigación elegida prioriza el análisis de gabinete de documentos primarios o fuentes secundarias, relevantes para los objetivos de investigación. Esta tesina se divide en tres capítulos, además de una sección de conclusiones. En el primer capítulo se plantea un breve recuento de la historia de la prohibición del uso de la sustancia en México, a fin de entender cómo es que la planta se volvió objeto de una regulación tan terminante, y cómo es que pasó a ser uno de los objetivos principales en la guerra contra el narcotráfico. Posteriormente, se hace mención de los criterios bajo los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha considerado que la prohibición del consumo de marihuana con fines lúdicos es inconstitucional.

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Criminalización del consumo y la tenencia de cannabis en vía administrativa

Criminalización del consumo y la tenencia de cannabis en vía administrativa

Pues bien, esa amplitud de conductas, que como sabemos van referidas únicamente cuando hay ánimo de trafico, es decir, en nuestro código penal se castigan todas las conductas relativas al tráfico de drogas, por lo que como consecuencia el consumo y la tenencia se encuentran despenalizados en nuestro ordenamiento, sin embargo, tales conductas están siendo duramente criminalizadas mediante la Ley de Seguridad Ciudadana, es decir, son objeto de sanción administrativa con cantidades que van desde los 600 a los 30.001 euros, algo que bajo mi punto de vista es desproporcionado en base a la entidad del hecho que produce dicha sanción, pues son comportamientos que en absoluto ponen en riesgo o dañan la salud de terceras personas y los cuales son el medio necesario para el consumo de estas sustancias que es algo permitido. Por lo que esta criminalización existente únicamente repercute en los últimos destinatarios de la droga, es decir, los consumidores habituales y no a los que se lucran de este negocio, por lo que en mi opinión, el legislador debería delimitar de una mejor manera este delito de tráfico de drogas a la misma vez que se debería reformar la ley de seguridad ciudadana para que la tenencia de drogas no sea constitutivo de infracción cuando únicamente se trate de portarla en vía pública, porque si el consumo propio es algo permitido, lo que se esta incentivando con esta regulación es que todo aquel que desee consumir esta sustancia, lo haga cultivando su propia droga en casa para así evitar estas excesivas sanciones por parte del legislador.

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CRIMINALIZACIÓN DEL CONSUMO DE MARIHUANA EN TERRITORIOS EMPOBRECIDOS: USO INDEBIDO DEL SISTEMA PENAL, CORRUPCIÓN Y VIOLACIONES DE DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES

CRIMINALIZACIÓN DEL CONSUMO DE MARIHUANA EN TERRITORIOS EMPOBRECIDOS: USO INDEBIDO DEL SISTEMA PENAL, CORRUPCIÓN Y VIOLACIONES DE DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES

En la ciudad de Asunción, varias personas viven en situación de exclusión social, pobreza y extrema pobreza. Gran parte de éstas habitan lo que se denomina colo- quialmente “Bañados”, que son territorios excluidos en la ribera del río Paraguay a consecuencia, en gran medida, del desplazamiento forzoso que genera el modelo agro- exportador. En estas zonas empobrecidas actúa casi exclusivamente la criminalización secundaria a través de la persecución por parte de los oficiales de las comisarías juris- diccionales a jóvenes de escasos recursos, y dentro de este grupo también, a quienes consumen marihuana sometiéndoles a un proceso de privación de libertad a través del Ministerio Público y el Poder Judicial. El artículo se centra en dos casos judiciales, en los que los abogados –quienes escriben este material- se desempeñan como defensores de derechos humanos, y que se centran en el Bañado Sur durante la inundación de este lugar en 2016, cuando dos jóvenes son procesados por el hecho punible de tráfico de estupefacientes, específicamente, marihuana, y se describe el sin fin de violaciones a la ley que comete la Policía Nacional en el proceso de privación de libertad de los mismos.

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La criminalización del consumo de drogas, al no acreditarse la enfermedad en los aprehendidos

La criminalización del consumo de drogas, al no acreditarse la enfermedad en los aprehendidos

En la actualidad, una de las cosas más tristes es ver a personas que se encuentran bajo la influencia de sustancias estupefacientes, personas que se reúnen al diario a consumir por los diferentes motivos que sean ahora bien muchos de ellos sin que hayan sido atendida su adicción como problema por enfermedad sino más bien que en los controles o redadas policiales se capturan a estas personas por lo general como consumo y expendio de sustancias puestas en fiscalización, para luego ser tramitados mediantes procesos judiciales, vulnerándose los derechos constitucionales establecidos en el Artículo Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales.

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La junta internacional de fiscalización de estupefacientes y la eficacia de la política antidrogas: el caso colombiano

La junta internacional de fiscalización de estupefacientes y la eficacia de la política antidrogas: el caso colombiano

La situación de Colombia, en opinión del ex-ministro de Justicia colombiano Dr. Yesid Reyes Alvarado, evidencia la necesidad imperiosa ―ante el contexto internacional actual― de adelantar procesos de adecuación de las políticas pú- blicas, especialmente aquellas que tienen que ver con la fiscalización de estupe- facientes en medio de la lucha contra las drogas. Reyes expone que “no se trata de desconocer las convenciones internacionales, sino de ajustar su interpretación reconociendo que en los últimos 40 años la lucha contra las drogas no ha funcio- nado como se esperaba” (Usi, 2015, párr. 1). En síntesis, se debe trascender la criminalización del consumo de drogas como la solución al problema, para así considerarlo como un asunto de salud pública, pues tal como lo afirma Reyes “las penas de prisión no curan adicciones” (Usi, 2015, párr. 4).

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LA PERSECUCIÓN DE LOS CUIDADORES: CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA

LA PERSECUCIÓN DE LOS CUIDADORES: CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO ECOLOGISTA

Una lectura básica de algunas reflexiones sobre la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, aporta nitidez sobre las medidas que se toman para neutralizar la pro- puesta ecologista, ya que esta estrategia se ha tomado como ejemplo a seguir en la lucha contra las nuevas subversiones. La educación y el consumo, entre otras, son formas que fluyen a través de los medios de comunicación con una potente carga alienadora. Se subra- ya un ejemplo que evidencia que la lucha para acabar con los cuidadores se produce de modo multidimensional y respondiendo a una lógica extremadamente sencilla: dado que el ecologismo social plantea una propuesta global que cuestiona lo nuclear del sistema capi- talista, el sistema capitalista hace lo propio, aunque con algunas diferencias bien importan- tes; aquellas que derivan del aprovechamiento de su primacía, cuenta con todos los medios y, además, con la legitimidad social que le ofrece la necesidad de su autoprotección.

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Acumulación originaria, disciplinamiento y criminalización

Acumulación originaria, disciplinamiento y criminalización

A los efectos prácticos, desde aquí se utilizará entonces el concepto más amplio de “cuestión criminal” 3 , que comprende la tensión del par conflicto- control social en el espacio de la punitividad estatal propia de la modernidad capitalista (CIAFARDINI, 2012). Desmembrando sus componentes, podemos señalar que el “conflicto” abarca el delito y el conflicto social en el que éste se enmarca, como una cuestión compleja que se nutre de múltiples actores y fenómenos, y que involucra la necesidad de recurrir a la interdisciplina para un cabal entendimiento de la temática con fines de transformación social. El “control social”, por su parte, incluye a las instancias de control informal, la criminología mediática 4 y, en lo estrictamente punitivo, una primera instancia denominada “criminalización primaria”, en la que los poderes legislativos sancionan leyes penales materiales –con los reglamentos correspondientes a las facultades del poder ejecutivo- y luego, la denominada “criminalización secundaria”, que recae sobre las fuerzas de seguridad, el poder judicial y las agencias penitenciarias. Respecto de ésta última y particularmente del accionar de las fuerzas policías, señala Zaffaroni que:

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La inmigración y su criminalización (Artículos y Miscelánea).

La inmigración y su criminalización (Artículos y Miscelánea).

Por eso, la posibilidad de ser un desempleado es una realidad y esto ha provocado el crecimiento de la masa de “super- numerarios”, que tienen como opción emplearse en la economía informal o recurrir a la emigración. Así, ésta se ha con- vertido en una “válvula” de escape para reducir las presiones sociales a los gobiernos de sus países de origen; sin embargo, representa ahora también un medio de ingreso de moneda extranjera, que una lectura economicista del proceso le atribuye potencialidades para el desarrollo local. Pero esa visión deja de lado el sufrimiento de los inmigrantes en el sentido de que no se avanza en el reconocimiento de sus derechos por no ser ciudadanos ni en el país receptor ni mucho menos en el país de origen. Por tal motivo, sus posibilidades de desarrollo personal son limitadas porque son vistos como “residuos” que se dedican a las actividades de baja remuneración, indispensables para el mantenimiento del nivel de consumo de las sociedades desarrolladas.

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La criminalización de los sin papeles por la Unión Europea.

La criminalización de los sin papeles por la Unión Europea.

“Que la política del Gobierno ecuatoriano, para enfrentar el endurecimiento y radicalización de las decisiones adoptadas por la UE, en torno a la criminalización y expulsión de la inmigración irregular, aborda el tema desde un marco regional, y no bilateral, pues, señala que las negociaciones bilaterales debilitan la posición de un pais frágil como Ecuador”. Agregó que: “a través de la UNASUR y la Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, se pretende crear espacios de discusión permanentes con los Estados de destino, y, que además se fortalecerán las ya existentes Casas del Migrante ecuatoriano, con sede en las principales ciudades de los Estados de la UE como España e Italia, mismas que a través de la generación de políticas públicas, pretenden la articulación y afincamiento de la institucionalidad del Ecuador para una protección efectiva de los derechos humanos de los inmigrantes” (Granda, SENAMI, 6-11-09).

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Implicaciones de la criminalización del aborto en Ecuador

Implicaciones de la criminalización del aborto en Ecuador

El artículo evidencia el carácter ineficaz y anacrónico de la penalización del abor- to, ya que, además de generar graves violaciones a los derechos de las mujeres, ha provocado que los índices de morbimortalidad femenina continúen creciendo, y que los núcleos familiares, la sociedad y el Estado sean los afectados. Adicional- mente, visibiliza la manera en que la criminalización de la interrupción del emba- razo se configura en un dispositivo de control del cuerpo femenino y de exigencia de la observancia de un contrato reproductivo impuesto por el sistema patriarcal. Finalmente, plantea algunas alternativas frente a la necesidad de reducir los índi- ces alarmantes del aborto clandestino en Ecuador, y de la demanda feminista de reconocimiento de las mujeres como sujetos plenos y capaces de autodeterminar- se en el campo reproductivo.

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Svampa y Pandolfi “Las vías de la criminalización de la protesta social en Argentina”

Svampa y Pandolfi “Las vías de la criminalización de la protesta social en Argentina”

En  esta  dirección,  el  fallo  contra  la  docente  M.Schiffrin  2  ,  en  la  provincia  de  Río  Negro, resulta emblemático, pues como afirma R.Gargarella (:2004) “simboliza el modo en  que el  derecho  local  piensa  y  reacciona  frente  a  la  protesta  social”.  Aquí,  la  justicia  falló  condenando  a  la  nombrada  a  la  pena  de  tres  meses  de  prisión,  cuya  ejecución  dejó  en  suspenso,  por  considerarla  “coautora  penalmente  responsable  del  delito  de  impedir  y  entorpecer el normal funcionamiento de los medios de transporte por tierra y aire”. Además  de ello, le impuso como pauta de conducta la “de abstenerse de concurrir a concentraciones  de personas en vías públicas de comunicación interjurisdiccionales en momentos en que se  reúnan más de diez personas, durante el plazo de dos años”, mostrando con ello su carácter  político, pues lo que se apunta a penalizar es cualquier actividad política organizada por un  plazo  mucho  más  amplio  que  la  propia  pena  privativa  de  la  libertad.  Dicho  fallo  fue  confirmado  por  el  máximo  tribunal  penal,  la  Cámara  de  Casación  Penal,  que  además  sugirió que  toda expresión  cívica  más allá del sufragio podía ser  vista  como “sediciosa”.  3  Otro  reciente  fallo  de  la  misma  Cámara  (abril  de  2004)  ilustra  la  criminalización  de  la  protesta  social.  La  misma  revocó  un  fallo  que  liberaba  a  9  manifestantes  del  gremio  ferroviario “La  Fraternidad”, a raíz  de una protesta realizada en diciembre de 2001, en el 

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Criminalización de la resistencia mapuche como política del miedo

Criminalización de la resistencia mapuche como política del miedo

A medida en que aumentan las movilizaciones mapuche por la defensa y recupe- ración de tierras, aumentan las medidas represivas por parte de las autoridades nacio- nales. En estos últimos años, la criminalización de las autoridades sagradas se ha con- vertido en la nueva modalidad de persecución política al pueblo mapuche. Existen an- tecedentes históricos de cómo el Estado ha criminalizado y deslegitimado el rol y los conocimientos de las autoridades espirituales del pueblo mapuche mediante diversos hechos de judicialización de sus prácticas. Como por ejemplo, el caso de los denomina- dos “Brujos de la Recta Provincia” en 1881 en Chiloé, y los procesos judiciales contra los y las machi de Puerto Saavedra en 1960 (Osorio, 1879).

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Lavado de dinero y corrupción

Lavado de dinero y corrupción

El vínculo entre el lavado de dinero y la corrupción: la posibilidad de justificar la criminalización del lavado en la necesidad de prevenir y reprimir la corrupción a. Es un lugar común afirmar que la corrupción y el lavado de dinero mantienen una relación simbiótica y que la existencia de uno refuerza la presencia del otro Ponce, Op. Cit., 157; Biagosch, Op. Cit., p. 427; Pinto, 2004, p. 275; Chaikin & Sharman, 2009, p. 1). Este vínculo entre ambos comportamientos se manifiesta del siguiente modo: el lavado de dinero otorga apariencia de legalidad a los bienes que se han obtenido a través de la corrupción. Un ejemplo con el que se podría ilustrar esta situación sería el depósito de dinero en un banco extranjero que se realiza a nombre de un “x”, con el que el agente público tiene una relación estrecha (un amigo, una esposa, etc.) que posteriormente termina siendo destinado a su cuenta bajo un concepto simulado. Por su parte, la corrupción permite que se pueda lavar el dinero procedente de diversos delitos (Fernández de Cevallos y Torres, Op. Cit., p.146 y sig.; Bermejo,

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La impunidad de delito informático de pornografía infantil y su criminalización

La impunidad de delito informático de pornografía infantil y su criminalización

En cuanto a teoría de comunicación, la retórica no nos sirve sólo para la oratoria. En la medida en que “vendamos bienes” de manera razonable a una audiencia, la retórica nos asiste al comunicarnos de los más diversos modos, independientemente de que presentemos nuestra propuesta en la televisión, en la radio, en un libro o por la red computadorizada; y nos asiste independientemente de que nuestra actividad como comunicadores sea vender productos de consumo, el publicista; la Buena Nueva, el predicador; buena imagen, el relacionista público; el bien común, el político; mejores niveles de civilización, el estadista; entretenimiento, su productor en el cine; mejor información que la de la competencia, el periodista; y aun hallazgos científicos más trascendentales que los del colega, el investigador que desea publicar su artículo en la más morrocotuda revista académica. Vender bienes de manera razonable es la tarea de la retórica.

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Hegemonía y control social . La criminalización como fundamento del orden.

Hegemonía y control social . La criminalización como fundamento del orden.

procesos Pilar Calveiro los llama “reorganización hegemónica a nivel planetario” (Calveiro, 2012, pág. 9). Postulamos que la construcción de la exterioridad implica, en esta nueva etapa, una configuración omnipresente de la amenaza al combinar estos dos particulares tipos de enemigo. El enemigo externo como agente del terror y el enemigo interno como agente de la inseguridad. Y decimos particulares tipos de enemigo ya que consideramos que tanto “el terrorismo” como “la inseguridad” son objetos tan abstractos que permiten, por un lado aplicarse casi a cualquier situación que se lo requiera, y por otro, habilitan a que la criminalización se realice veladamente. Esto autoriza la expresión de los discursos y las prácticas más radicales de discriminación, marginación y segregación de un modo secreto pero plenamente activo. El fascismo que todos tenemos en la cabeza (Foucault, 1996b) pierde gran parte de los límites y el sentido común deja de cuestionar las prácticas más terribles del desprecio humano y la violencia indiscriminada sobre los ya discriminados.

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Cárceles del Ecuador : los efectos de la criminalización por drogas (Investigación)

Cárceles del Ecuador : los efectos de la criminalización por drogas (Investigación)

del siglo XIX) se hace un énfasis en los “delitos morales” que atentaban contra el orden y la moral pública, como la embriaguez, el ocio y el concubinato, llegando a convertirse éste último en el delito más perseguido en el país (Goetschel, 2005). El siglo XX nos presenta un panorama radicalmente distinto. Mientras en 1980 vemos nuevamente que los delitos contra la propiedad y contra las personas son los más importantes (cada uno representa alrededor del 34% de las detenciones), ya se empieza a notar la presencia de los delitos de “estupefacientes”, que aparecen de manera abrupta en la década de los años setenta, alcanzando el 17% de las detenciones en 1980 (Vega Uquillas et. al., 1982-1983: 195). Así, se destaca como una tendencia preocupante el acelerado crecimiento de estos delitos pues “mientras en el año 1972 apenas representaban el 3,5%, en el año 1984 llegan al 27%” (Vega Uquillas, 1986-87:106). Entre 1972 y 1985 la población penitenciaria del país casi se duplica, pasando de un promedio de internos/as de 3.744 a una población total de 6.582 (Vega Uquillas, 1986-1987: 104-105). Las primeras explica- ciones de esta tendencia ya hacen referencia a los efectos de una política antidroga que comienza a tener un peso significativo en la definición de los énfasis en los mecanismos del control punitivo y al hecho de que esta criminalización no afecta a los “grandes narcotraficantes” sino más bien a “trabajadores desempleados” que ven en el mercado de las drogas una salida a su difícil situación económica (Vega Uquillas, 1986-87: 106).

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Prevención del Consumo de Alcohol: El Adolescente y Su Familia

Prevención del Consumo de Alcohol: El Adolescente y Su Familia

establecen las reglas de forma clara, es más probable que los hijos se mantengan sin con- sumir bebidas alcohólicas. Para lograr esto, es necesario que desarrolle acuerdos internos en su familia sobre el consumo de alcohol que sean acordes a sus valores y creencias. Por ejemplo, “Cuando vayan a una fiesta, no se subirán a un automóvil cuando el que mane- je haya estado bebiendo alcohol. Si llegará a pasar, no tendrás permiso de ir a ninguna fies- ta las siguientes 2 semanas”.

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INFORME SOBRE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

INFORME SOBRE CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo que está sucediendo es un “delito”, una “amenaza para el orden legal”, una “violación a la ley”, deslegitimando la lucha. Esa operación mediática y política sobre la opinión pública es más intensa cuanto más lejos se está de querer resolver la situación que dio origen a la protesta.

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La criminalización en cuestión: una aproximación desde la noción de gubermentalidad al debate sobre la despenalización del consumo personal de estupefacientes

La criminalización en cuestión: una aproximación desde la noción de gubermentalidad al debate sobre la despenalización del consumo personal de estupefacientes

De lo que se trata es del exceso e irracionalidad de la pena. Y esta irracionalidad tiene que ver con los dos dispositivos que el fallo propone como solución. Por un lado, la persecución penal del narcotráfico, la producción y distribución de droga. Por el otro, los dispositivos de salud, terapias de modificación de la conducta y dispositivos de prevención y sensibilización en torno a la problemática de la droga. Estas soluciones, podríamos considerarlas como dispositivos biopolíticos, aquellos que habrían podido nacer precisamente gracias al desbloqueo epistemológico operado por la emergencia de la gubermentalidad liberal (Foucault, M., 2010). Foucault define a los dispositivos biopolíticos, como aquellos dispositivos de poder cuyo blanco es "el cuerpo especie, el cuerpo transido por la mecánica de lo viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevidad, con todas las condiciones que pueden hacerlos variar. Todos esos problemas son tomados a su cargo por una serie de intervenciones y de controles reguladores: una biopolítica de la población" (Foucault, M., 2002b: 131-132). En este sentido, el papel de la pena como medida "curativa" es absolutamente ineficaz y contraproducente, porque la criminalización del consumidor, somete muchas veces al principiante o experimentador y también al adicto a un proceso degradante para su dignidad personal: el proceso penal. La pena produce un estigma, que refuerza y perpetúa la enfermedad. También Zaffaroni remarca cómo la pena obstaculiza los dispositivos que el fallo de la CSJN

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Reservas sobre la sobre-criminalización

Reservas sobre la sobre-criminalización

revistas que han abordado el problema de la sobre-criminalización. El problema recibe atención de comentaristas tanto de la izquierda como de la derecha política, de modo que incluso la conocida polarización de posiciones ideológicas en los Estado Unidos no nos permite ignorar la existencia de dificultades sobre la materia. Es reconocido que liberales y conservadores tienden a usar ejemplos muy diferentes para ilustrar el problema. ¿Deberíamos estar mayormente preocupados sobre la excesiva regulación de la conducta corporativa o de la aplicación discriminatoria de la ley penal ordinaria sobre los pobres y los grupos más desprotegidos? Además, todavía resulta algo confuso el mismísimo significado de la idea de sobre- criminalización. No hay un entendimiento único que pueda aplicarse para todos y cada uno de los propósitos. Aunque, claramente, el problema no es simplemente el mero número de prohibiciones penales. Podemos criminalizar excesivamente con tan sólo un puñado de normas. Desde mi punto de vista, la pregunta acerca de si debemos criminalizar excesivamente no puede ser decidida sin una base para evaluar si criminalizamos muy poco o en su justa medida. Hay muchas líneas de base diferentes que podrían ser usadas en dicho respecto, pero la más informativa de todas ellas es normativa. Es decir, sólo a través de una teoría normativa acerca de cuándo el Estado no debería recurrir a la sanción penal es que podríamos determinar si que criminalizamos excesivamente y hasta qué punto. Traté de presentar y defender dicha teoría en mi libro “Overcriminalization” (Sobre-criminalización).

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