Cumplimiento (Derecho)--Unión Europea

Top PDF Cumplimiento (Derecho)--Unión Europea:

El agotamiento del Derecho de marcas en la Unión Europea

El agotamiento del Derecho de marcas en la Unión Europea

En el año 1964, el TJCE, dictó sentencia en un caso donde el titular de una marca quería prohibir que su producto se comercializará en otros EM. El tribunal expuso que eso era un punto inevitable, ya que si se le concede al propietario de la marca la posibilidad de evitar que se haga la venta de su producto en otros países miembros de la Unión Europea, esto repercutirá gravemente en el cumplimiento de los objetivos de libre circulación de mercancías y de integración económica que busca la comunidad europea. Por lo que, denegó la posibilidad al dueño de la marca de prohibir la venta de sus productos en el territorio comunitario, basándose en que sus derechos sobre la marca se habían agotado en todo el EEE, en el momento en que introdujo su producto al mercado, haciendo referencia por primera vez al agotamiento comunitario 112 .

132 Lee mas

El ABC del Derecho de la Unión Europea

El ABC del Derecho de la Unión Europea

regla general, dicha claridad solo puede establecerse mediante una cuestión prejudicial dirigida al Tribunal de Justicia, de forma que dichas cuestiones proporcionan al ciudadano de la Unión la posibilidad de oponerse al acto contrario al Derecho de la Unión de su propio Estado miembro y de ase- gurar el cumplimiento de este ante los tribunales nacionales. Debido a esta doble función, las cuestiones prejudiciales se asemejan hasta cierto punto a las limitadas posibilidades de recurso de los particulares ante el Tribunal de Justicia y revisten así suma importancia para la tutela judicial de estos últimos. El éxito de este procedimiento depende, en última instancia, de la «buena disposición» de los jueces y tribunales nacionales a presentarlas. Objeto de las cuestiones prejudiciales: por una parte, el Tribunal de Justicia decide acerca de cuestiones relativas a la interpretación del Derecho de la Unión y, por otra, ejerce un control de validez sobre los actos jurídicos de las instituciones de la Unión. Las disposiciones de Derecho nacional no pueden ser objeto de una cuestión prejudicial. En el marco de este procedimiento, el Tribunal de Justicia no está facultado para interpretar el Derecho nacio- nal ni evaluar su compatibilidad con el Derecho de la Unión. A menudo este aspecto no se tiene en cuenta en las cuestiones prejudiciales remitidas al Tribunal de Justicia. En ellas encontramos con frecuencia preguntas es- pecíficas sobre la compatibilidad de una disposición jurídica nacional con una disposición de Derecho de la Unión, o bien se piden aclaraciones sobre la aplicabilidad de una disposición de la Unión determinada en un litigio que debe dirimir un órgano jurisdiccional nacional. El Tribunal de Justicia no desestima simplemente estas cuestiones planteadas, inadmisibles en sí mismas, sino que las reinterpreta en el sentido de que el tribunal nacional solicita criterios para la interpretación de la normativa de la Unión corres- pondiente a fin de evaluar la compatibilidad del Derecho nacional aplicable con el Derecho de la Unión. Para ello, el Tribunal de Justicia procede de tal forma que, de entre todo el material presentado por el tribunal nacional, en particular de los motivos en que se fundamenta la cuestión prejudicial, destaca aquellos elementos del Derecho de la Unión que requieren una in- terpretación con arreglo al objeto del litigio.

150 Lee mas

Los impactos del coronavirus en el cumplimiento de las Normas Generales de Protección de Datos de la Unión Europea

Los impactos del coronavirus en el cumplimiento de las Normas Generales de Protección de Datos de la Unión Europea

Resumen: Este artículo pretende mostrar la necesidad de armonizar la actual pandemia causada por el nuevo coronavirus con el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 (UE). Se utilizaron como base teórica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, así como las directrices e informes emitidos por las autoridades de protección de datos personales de Portugal, España e Italia. Con ese fin, se hicieron breves consideraciones sobre el Reglamento General de Protección de Datos Personales 2016/679 (UE) y los desafíos tecnológicos junto con el principio de proporcionalidad. La situación actual de la nueva pandemia de coronavirus quedó entonces expuesta, con la histórica actuación de la Organización Mundial de la Salud. Por último, se analizó la forma en que la pandemia está repercutiendo en el cumplimiento del Reglamento, en particular en tres países, Portugal, España e Italia, y cómo éstos están haciendo frente a la aparición de nuevas solicitudes de detección y notificación de casos.

19 Lee mas

Aplicación del Derecho comunitario y potestad sancionadora en el contexto de la Unión Europea

Aplicación del Derecho comunitario y potestad sancionadora en el contexto de la Unión Europea

A la vista de lo consignado en el texto de los Tratados, comprobamos que la regulación sobre sanciones en el ámbito de la Unión no es que sea espe- cialmente amplia, antes al contrario, puede decirse que es más bien escasa. En esta escasez de regulación juegan un papel fundamental las competencias implícitas de la Unión. La teoría de los poderes implícitos o competencias implícitas resulta ser un producto que encuentra su base en la jurisprudencia federal norteamericana, trasladado posteriormente y, siempre dentro de las diferenciaciones propias del orden jurídico internacional, por los Tribunales internacionales a la resolución de conflictos ante ellos planteados. De acuerdo con esta teoría, debe admitirse que, una organización intergubernamental (en nuestro caso se trataría de una organización supranacional: la Unión Euro- pea), asuma ciertos cometidos no previstos en sus textos constitutivos (TUE y TFUE, los Tratados), cuando los mismos sean análogos o paralelamente equiparables a funciones que sí vienen expresamente conferidas, de manera que, su conocimiento se erige como algo indispensable para el adecuado desempeño de las labores confiadas y para el cumplimiento de las tareas que la organización le tiene asignadas (proceso de integración).

30 Lee mas

Descargar
			
			
				Descargar PDF

Descargar Descargar PDF

y de 26 de mayo de 2011, asunto C-306/08, Comisión contra el Reino de España que establece más limitaciones en dicha aplicación. En efecto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que la existencia de un contrato pú- blico de obras es un requisito para la aplicación de la Directiva, y para que exista dicho contrato deben cumplirse los siguientes requisitos: que se trate de un contrato, celebrado a título oneroso, por escrito, entre, por una parte, un contratista y, por otra parte, una entidad adjudicadora, y que tenga por obje- to, en particular, la ejecución de cierto tipo de obra o de obras definidas por la Directiva. El TJUE en su Sentencia 26 de mayo de 2011, asunto C-306/08, Comisión contra el Reino de España desestima el recurso de la Comisión Europea contra la legislación urbanística valenciana, en relación con el supuesto in- cumplimiento de la normativa de contratación pública, puesto que la ejecución llevada a cabo por el urbanizador comprende actividades que no pueden cali- ficarse de obras en el sentido de las directivas que la Comisión Europea alega- ba como aplicables en su escrito de impugnación. En opinión de GARCÍA JIMÉNEZ, el TJUE debería de haber enjuiciado el fondo del asunto, cosa que no hace porque, según dice en la Sentencia la Comisión Europea, no ha de- mostrado suficientemente que los PAI constituyen auténticos contratos de obra en el recurso planteado, por lo que no entra a dirimir si la utilización de los PAI previstos por la legislación urbanística valenciana son, efectivamente, contratos de obra, y se limita a indicar que podría haber actividades dentro de los PAI que por su naturaleza podrían constituir servicios mencionados en el artículo 1, letra a), de la Directiva 92/50 y en el artículo 1, apartado 2, letra d), de la Directiva 2004/18, respectivamente.

9 Lee mas

Estado y tendencias de la armonización del Derecho penal en materia de la Unión Europea

Estado y tendencias de la armonización del Derecho penal en materia de la Unión Europea

nal del "primer pilar" y cada vez mayor en el mar­ co amplio e in tergu bernamen tal del "tercer pilar". Según la visión de los gobiernos de los Estados miembros del Consejo, el "tercer pilar" tiene, en contra del "primer pilar", la ventaja de que el de­ recho de iniciativa no depende finalmente de la Comisión, sino que aquí los Estados miembros pueden formular iniciativas (art. 34, párrafo se­ gundo, 2, TUE) lo que debilita a la posición de la Comisión, pero también tiene la ventaja de que aquí es válido el principio de unanimidad (compárese el arto 34, párrafo 4 del TUE) de tal manera que cada uno de los Estados miembros . tiene el derecho de veto, luego, el Parlamento no interviene en la decisión, sino que solamente de­ be ser escuchado (art. 39, párrafo 1, TUE) lo que debilita el control por parte del Parlamento y, por último, existe también la ventaja de que el control en el ámbito de la impartición de justicia a través del Tribunal de Justicia (art. 35 TUE) es más dé­ bil que en el "primer pilar". Los nuevos intentos de la Comisión de llevar a cabo la armonización del Derecho penal a través de líneas directrices en el "primer pilar" han sido rechazadas por una oposición muy considerable32. Incluso se ha sos­ tenido parcialmente que la armonización del De­ recho penal sólo podría lograrse conforme a los marcos institucionales y jurídicos contemplados en los arts. 29 y ss. del TUE, lo cual ha sido vehe­ mentemente discutido por la Comisión, en espe­ cial con base en el contenido del art. 29, párrafo 1, 1 ("sin menoscabo de la autorización de la Co­ munidad Europea .. . ") y el art. 42 TUE, que, al contrario, fundamenta la preeminencia del TCE33. Si se hace un análisis imparcial, una ar­ monización del derecho penal sería posible en no pocas ocasiones, y no únicamente, en el marco del TUE como también con base en los arts. 29 y ss. del TUE; en tales casos es un asunto de políti­ ca el decidir el camino a seguir34.

18 Lee mas

La cuestión prejudicial en el proceso de construcción del Derecho de la Unión Europea

La cuestión prejudicial en el proceso de construcción del Derecho de la Unión Europea

Obviamente, el Tribunal respeta y tiene en cuenta, en relación con los procedimientos que se sustancian ante el mismo, la Convención de Derechos Humanos de 1950 y, en particular, de su artículo 6 502 , pero entiende que la existencia del Abogado General no solo no priva a las partes de un juicio justo con todas las garantías procesales, sino que constituye un garante para la efectiva aplicación e interpretación del Derecho comunitario –tanto más cuanto que interviene en un proceso que se desarrolla ante una única jurisdicción en la que, por tanto, no hay posibilidad de recurso para el justiciable-. Y ello se justifica en que la participación de los Abogados Generales es equiparable a la del Juez Ponente, con la única diferencia de que el Abogado General presenta sus conclusiones, mientras que los Jueces deliberan y dictan la decisión que corresponda. Por tanto, los Abogados Generales no intervienen como partes del procedimiento, no haciendo valer ninguna pretensión que deba ser acogida por el Tribunal, o solicitando la admisión de medios de prueba, sino que se limitan a expresar su opinión jurídica –opinión que ha de estar siempre motivada- y actuando, por consiguiente, en defensa de la correcta interpretación y aplicación del Derecho de la Unión, por lo que una actuación del mismo contraria al principio de contradicción no es pensable en ningún caso. En este sentido, suelen remitir a la jurisprudencia emitida anteriormente por el TJUE y, en aquellos casos que pueden considerarse novedosos y, por tanto, carentes de una jurisprudencia anterior, pueden proponer al tribunal la solución que, a su entender, más se adecúe a los principios de la UE.

826 Lee mas

Conflicto, derecho y economía en la Unión Europea después de la crisis

Conflicto, derecho y economía en la Unión Europea después de la crisis

Cabe aclarar este aspecto. A pesar de que esas reglas tengan una naturaleza técnica, ellas remiten a una precisa doctrina económica que ha sido insertada de manera progre- siva en la Constitución Económica Europea. Por consiguiente, si bien es verdad que las negociaciones políticas están permitidas, ellas deben respetar los límites impuestos por esa doctrina. Por un lado, esto explica por qué también las decisiones tomadas a nivel intergubernamental se expresan, sobre todo, con un lenguaje económico (por ejemplo, la admisión a los programas de arreglos); por otro lado, esto aclara por qué –también a ese nivel– se emplean rígidas normas de procedimiento (por ejemplo, respecto de la mayoría inversa) que limitan el alcance de la negociación. Por esa razón, el discurso político a veces es extremo. Tal y como lo demuestran los sucesos griegos, el argumento político –si no está conforme a la verdad– puede desembocar con facilidad en el tema de la salida de la eurozona, es decir, en el problema de la revocación de la confianza en el pastor o de la revocación de la confianza en el Estado miembro 57 . Esta es una consecuen-

20 Lee mas

Reseña de legislación de la Unión Europea (1 de mayo a 31 de agosto de 2004)

Reseña de legislación de la Unión Europea (1 de mayo a 31 de agosto de 2004)

Pues bien, la presente Directiva plasma la primera medida del “Plan de Movilidad 2002” con el objetivo de dotar de un nuevo enfoque a la LCT como parte integrante de un régimen único de libre circulación en la Comunidad Europea, de conformidad con las previsiones normativas de los artículos 17 y 18 del TCE relativos a la ciudadanía de la Unión Europea. Nuevo enfoque que supone un régimen unificado de libre circulación en la Unión Europea similar al que existe para los ciudadanos que circulan y cambian de residencia en único Estado miembro, sin otras obligaciones suplementarias de carácter administrativo o legislativo que no sean las que se refieren estrictamente a la condición de “no nacional” de la persona en cuestión.

16 Lee mas

Cuestiones penales respecto a la anorexia y la bulimia

Cuestiones penales respecto a la anorexia y la bulimia

El análisis comparado de las diferentes iniciativas legislativas llevadas a cabo en Francia, Italia y España, muestra la necesidad de combatir legalmente la incitación de la anorexia y la bulimia. Las diferentes iniciativas legislativas tienen un mínimo común, establecerla como delito y castigarla con penas de prisión y multas, con el fin de proteger la vida, la integridad de las personas y la salud pública. Además, nos parece conveniente que, a la luz de la comparación mencionada, cualquier legislación futura preste especial protección a los menores de edad y a los discapacitados, que permita actuar contra los contenidos online y los proveedores de hospedaje que incumplan la ley. Otra cuestiones a tener en cuenta son: contar con el mayor consenso social de los profesionales de la salud y las asociaciones que intentan prevenir y luchar contra la misma, tener en cuenta los aspectos contraproducentes posibles (daño para la víctima y ocultación social de la enfermedad) y establecer medidas al respecto, coordinar a los profesionales implicados en la detección precoz y prevención (y la formación de los mismos). Por último, vemos necesaria una legislación común, a nivel de la Unión Europea.

53 Lee mas

REGULACIÓN DEL DERECHO DE LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS A UNA INDEMNIZACIÓN, COMPENSACIÓN Y REPARACIÓN.

REGULACIÓN DEL DERECHO DE LAS VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS A UNA INDEMNIZACIÓN, COMPENSACIÓN Y REPARACIÓN.

Resumen: Distintos instrumentos jurídicos internacionales reconocen el derecho a una indemnización para víctimas de crímenes violentos, como es el caso del delito de trata de seres humanos. También la normativa comunitaria en materia de trata permite que la víctima pueda pedir una indemnización monetaria por el daño sufrido frente al infractor o tratante, y solicitar la compensación a los Estados miembros. En el caso de España se ha desarrollado la normativa europea e internacional fundamentalmente a través de la Ley de Estatuto de la víctima del delito, aunque subsisten problemas prácticos en su aplicación similares a los encontrados en otras jurisdicciones.

13 Lee mas

El grado de Derecho de la UOC: una apuesta por la formación jurídica en la sociedad de la información

El grado de Derecho de la UOC: una apuesta por la formación jurídica en la sociedad de la información

Las universidades españolas ya han iniciado la fase final del proceso de adaptación al Espacio Europeo de Educa- ción Superior. Después de unos años de incertidumbre, proyectos pilotos y reflexiones de todo tipo, la aprobación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, ha permitido la elaboración de las memorias de los grados de Derecho para su verificación y posterior ins- cripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. La UOC no ha sido ajena a este proceso y, de hecho, ini- ciará sus enseñanzas de grado de Derecho en septiembre del 2008 avanzándose así a la mayoría de las universida- des españolas.

14 Lee mas

La protección de datos personales en el espacio de libertad, seguridad y justicia : Especial consideración a las transferencias de datos a terceros países y organizaciones internacionales según la directiva 2016/680

La protección de datos personales en el espacio de libertad, seguridad y justicia : Especial consideración a las transferencias de datos a terceros países y organizaciones internacionales según la directiva 2016/680

constituido en relación a la aplicación de los artículos 25 y 26 de la Directiva. Conforme recoge el documento, es necesario considerar no sólo el contenido de las normas aplicables a los datos persona- les transferidos a un tercer país, sino también el sistema utilizado para asegurar la eficacia de dichas normas, siendo deseable poder lograr un “núcleo” de principios de “contenido” de protección de datos y de requisitos “de procedimiento/de aplicación”, para lo que establece unas condiciones míni- mas como punto de partida. Así, se deberá tener en cuenta, por una parte, el reconocimiento de una serie de principios básicos, principios que tal y como son enunciados por el Grupo de Trabajo en el correspondiente Documento, aparecen tanto en el Convenio como en la Directiva objeto de examen, refiriéndose al principio de proporcionalidad y calidad de los datos, de transparencia y de seguridad. A su vez, alude al reconocimiento de una serie de derechos al interesado: el derecho de acceso, recti- ficación y oposición. Por último, el establecimiento de restricciones en lo que respecta a la transmi- sión de datos personales a un tercer país. Para el Grupo de trabajo, otro punto interesante para eva- luar el carácter adecuado es el mecanismo del procedimiento de aplicación, para lo cual se han de tener en cuenta tres objetivos: a) ofrecer un nivel satisfactorio de cumplimiento de las normas por parte de los responsables del tratamiento de datos personales, con la existencia de sanciones efectivas y disuasorias que ayuden a garantizar el cumplimiento de las normas; b) ofrecer asistencia a los in- teresados en el ejercicio de sus derechos; c) establecimiento de recursos para aquellos que se sientan perjudicados en el caso de no cumplimiento de las normas. Parámetros todos ellos expresados en la propia Directiva y que deben ser tenidos en cuenta por la propia Comisión tratando así de garantizar el nivel de protección equivalente a que alude el Tribunal de Justicia de la UE en lo que a transferen- cia de datos a un tercer país se refiere.

20 Lee mas

Descargar
			
			
				Descargar PDF

Descargar Descargar PDF

El TJUE declarará de forma explícita que el proceder del tribunal austriaco (Verwaltungsgerichtshof) incurrió en infracción suficientemente caracterizada, ya que este órgano jurisdiccional no podía considerar que la solución de la cuestión jurí- dica controvertida se desprendía de una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Jus- ticia o no dejaba lugar a ninguna duda razonable, y, por lo tanto, tenía la obligación, con arreglo al artículo 177, párrafo tercero, del Tratado, de mantener su petición de decisión prejudicial. Sin embargo, separándose en este punto de las conclusiones del Abogado General Legger, el TJUE sostendrá que la decisión del Verwaltungsgeri- chtshof de retirar la petición de decisión prejudicial por estimar que la respuesta a la cuestión de Derecho comunitario que había de resolverse ya la daba la sentencia Schöning-Kougebetopoulou, antes citada, estuvo basada en un lectura errónea de la mencionada sentencia que, sin embargo, no constituyó una infracción manifiesta y grave del Derecho comunitario, ya que éste no regula de manera expresa la cuestión de si una medida por la que se intenta obtener la fidelidad de un trabajador hacia su empresario, como una prima de fidelidad, aun cuando en principio pudiera implicar un obstáculo a la libre circulación de los trabajadores, puede estar justificada en razones imperiosas de interés general y, por tanto, ajustarse al Derecho comunitario que acepta esta excepción. Para el TJUE se trata de una cuestión que no tenía una respuesta evidente ni en el Derecho comunitario, ni tampoco encontraba respuesta en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

30 Lee mas

La territorialidad del derecho al olvido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

La territorialidad del derecho al olvido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

Procede ahora aproximarse al último grupo, que se integra por una solo cuestión como es la posibilidad de fundamentar el derecho al olvido por parte del interesado, sea cual sea el motivo, sobre los vínculos que se encuentran indexados por el propio motor de búsqueda que a su vez dirigen a páginas web que contienen esa información personal que pudiera resultar perjudicial para el interesado. La respuesta del Abogado General comienza por descartar el derecho de cancelación y bloqueo de datos, así como el derecho de oposición, como base del derecho al olvido. En relación con el primero de ellos, lo descarta porque los datos no aúnan los requisitos necesarios: estar incompletos o ser inexactos. De otra parte rechaza también lo referente al derecho de oposición en los mismos términos y, a pesar de considerar la posibilidad de un derecho al olvido 8 , entienden que este carece de aplicación absoluta llevando a diferenciar el derecho a la oposición en aquellos casos en los que se dé una falta de consentimiento en lo que respecta a la publicación de los datos personales del individuo, de aquellos casos en los que se trate de una preferencia subjetiva porque desaparezcan dichos datos personales, o bien, quede restringido su acceso. Esto lleva a

73 Lee mas

Efectos jurídicos de los contratos de maternidad subrogada internacional en España

Efectos jurídicos de los contratos de maternidad subrogada internacional en España

De igual modo, merece especial atención el fundamento de derecho quinto de la sentencia cuando dice: “La aplicación del principio de la consideración primordial del interés superior del menor ha de hacerse para interpretar y aplicar la ley y colmar sus lagunas, pero no para contrariar lo expresamente previsto en la misma. No hacerlo así podría llevar a la desvinculación del juez respecto del sistema de fuentes, que es contraria al principio de sujeción al imperio de la ley que establece el art. 117.1 de la Constitución”; “No obstante, este tribunal es consciente de que la decisión que ha adoptado no es intrascendente en este aspecto, y que puede causar inconvenientes a los menores cuya filiación se discute…La protección ha de otorgarse a dichos menores partiendo de las previsiones de las leyes y convenios aplicables en España, y de la jurisprudencia que los interpreta y aplica, tomando en consideración su situación actual…El propio artículo 10 de la LTRHA, en su párrafo tercero, permite la reclamación de la paternidad respecto del padre biológico,... Asimismo, figuras jurídicas como el acogimiento familiar o la adopción permiten la formalización jurídica de la integración real de los menores en tal núcleo familiar”.

27 Lee mas

Las pensiones no contributivas

Las pensiones no contributivas

Para la erradicación de la pobreza y de la exclusión, entre otros medios el Estado se ha servido de los sistemas de protección social. Dicho de otro modo, la responsabilidad estatal en el Estado de Bienestar es el mantenimiento de un nivel mínimo de vida, entendido como un derecho social, esto es, el resultado de entender esta protección como una cuestión de responsabilidad colectiva hacia todos los ciudadanos, redistribuyendo la riqueza.

13 Lee mas

TítuloElucubraciones acerca del derecho fundamental al olvido en el Perú y en el derecho comparado, a propósito de su reciente reconocimiento y evolución

TítuloElucubraciones acerca del derecho fundamental al olvido en el Perú y en el derecho comparado, a propósito de su reciente reconocimiento y evolución

A su vez, es de resaltar que: “A pesar que en un comienzo se había negado a esta modalidad, Google finalmente aceptó eliminar algunos resultados de las búsquedas que se realicen en su buscador, además de su dominio '.com', en lo que era uno de los puntos de discusión por el 'Derecho al Olvido' y que le había hecho valer a la compañía de Mountain View una disputa con la Commission Nationale de I’informatique et des libertes (CNIL) en Francia y con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hasta hace un tiempo, la empresa eliminaba los links de los buscadores locales de los países europeos, pero no hacía lo mismo en su red internacional, argumentando que el tráfico que se obtenía desde allí hacia los sitios del 'Viejo Continente' era ínfimo”. 30

29 Lee mas

Unión europea, uniones de hecho y Derecho.

Unión europea, uniones de hecho y Derecho.

RESUMEN: Hoy día, el modelo familiar no institucionalizado ha alcanzado entidad propia social y jurídica, coexistiendo con la institución jurídica matrimonial. En una sociedad globalizada como la europea, es más frecuente que existan parejas de hecho mixtas, cuyos miembros tienen nacionalidades diferentes donde el carácter internacional no solo puede estar determinado por la nacionalidad de los componentes de la pareja o por la posesión de bienes en diferentes Estados de la UE, sino también por su residencia en un país diferente al de la nacionalidad, o por la disolución de la pareja o fallecimiento de alguno de ellos en países distintos a los de origen. Todo esto lleva aparejada la producción de una serie de efectos personales y patrimoniales que es preciso regular mediante medidas de coordinación que faciliten una buena administración de justicia y eviten en lo posible la dispersión del pleito o la aplicación de leyes diferentes a las cuestiones familiares concernidas en cada procedimiento, es la finalidad de los Reglamentos (UE) 2016/1103 y 2016/1104, ambos del Consejo y de fecha 24 de junio de 2016, que son la nueva regulación de los regímenes económicos de las parejas compuestas por ciudadanos de distintas nacionalidades de la UE, tanto matrimoniales como no matrimoniales.

24 Lee mas

Reseña de legislación de la Unión Europea (1 de septiembre 31 de diciembre de 2003)

Reseña de legislación de la Unión Europea (1 de septiembre 31 de diciembre de 2003)

La disociación, como núcleo básico de la reforma, supone que una ayuda única por explotación sustituirá a la mayoría de las primas otorgadas al amparo de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). En consecuencia, los agricultores recibirán una ayuda única por explotación, basada en un importe de referencia que abarcará las ayudas a los cultivos herbáceos, la carne de vacuno, la leche y los productos lácteos, la carne de ovino y caprino, las patatas de fécula, las leguminosas de grano, el arroz, las semillas y los forrajes desecados durante el periodo de referencia 2000-2002. Esta ayuda se fragmentará en derechos de ayuda para facilitar su cesión. Cada derecho se calculará dividiendo el importe de referencia por el número de hectáreas que dieron lugar a dicho importe en los años de referencia.

19 Lee mas

Show all 10000 documents...