DEBIDO PROCESO, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

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La reformulación de cargos por parte de la fiscalía general del estado, al cambiar el tipo penal en la etapa de juicio, vulnera el debido proceso, tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica

La reformulación de cargos por parte de la fiscalía general del estado, al cambiar el tipo penal en la etapa de juicio, vulnera el debido proceso, tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica

Más sucede que ya en la etapa de juicio, es decir ante el Tribunal de Garantías Penales de la Provincia de Los Ríos, el señor fiscal al momento de intervenir a fin de exponer su teoría del caso, indicó que cambiaría el tipo penal de delincuencia organizada que está tipificado en el Art. 369 del COIP, a asociación ilícita sancionado en el Art. 370 ibídem. Debemos indicar que los verbos rectores de los tipos penales antes descrito, como son delincuencia organizada y asociación ilícita son totalmente distintos, por lo que habiendo ejercido una defensa técnica sobre el delito de delincuencia organizada, presentando elementos de descargo y que cambien el tipo penal a última hora como se lo hizo en este caso real y practico, se viola efectivamente el derecho a la defensa, debido proceso, tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, ya que el procesado jamás se defendió de un delito que jamás fue acusado ni llamado a juicio, y no solo la fiscalía está en la obligación de respetar esos derechos constitucionales, sino que los jueces están obligados a garantizarlos y no se lo hizo, quizás por temor o por ignorancia.
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El procedimiento expedito en contravenciones penales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso

El procedimiento expedito en contravenciones penales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso

Por tal procedimiento no obstante, a pesar de este relativo beneficio que ofrece el procedimiento expedito, se establece que atenta contra todos los derechos relacionados con la tutela judicial efectiva y el debido proceso, por cuanto no se dispone del tiempo necesario para un adecuado ejercicio del derecho a la defensa, ni de ser legalmente citadas ya que el legislador por el ímpetu de agilitar la justicia indica que para que tenga conocimiento la parte denunciada señala según la ley que se le notificará, siendo esto ineficaz por cuanto al no encontrar de manera personal, la notificación debe esperar hasta que llegue a las manos mismas a quien está dirigido la denuncia, además del tiempo limitado para el ejercicio al derecho a la defensa, que constituye la vulneración a los derechos constitucionales del debido proceso, del derecho a la defensa, de la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y de la seguridad jurídica.
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El procedimiento expedito en contravenciones penales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso en el Ecuador

El procedimiento expedito en contravenciones penales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso en el Ecuador

Por tal procedimiento no obstante, a pesar de este relativo beneficio que ofrece el procedimiento expedito, se establece que atenta contra todos los derechos relacionados con la tutela judicial efectiva y el debido proceso, por cuanto no se dispone del tiempo necesario para un adecuado ejercicio del derecho a la defensa, ni de ser legalmente citadas ya que el legislador por el ímpetu de agilitar la justicia indica que para que tenga conocimiento la parte denunciada señala según la ley que se le notificará, siendo esto ineficaz por cuanto al no encontrar de manera personal, la notificación debe esperar hasta que llegue a las manos mismas a quien está dirigido la denuncia, además del tiempo limitado para el ejercicio al derecho a la defensa, que constituye la vulneración a los derechos constitucionales del debido proceso, del derecho a la defensa, de la presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y de la seguridad jurídica.
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La citación al demandado con la acción de alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes y los derechos constitucionales a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva

La citación al demandado con la acción de alimentos a favor de niños, niñas y adolescentes y los derechos constitucionales a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva

Actualmente los procesos que pretende la fijación de una pensión alimenticia a favor de niños, niñas y adolescentes, son tramitados bajo la vía sumaria, sin embargo con la regulación imperante, la obligación alimenticia se debe a partir de la presentación de la acción, siendo indeterminado el momento en el cual debe efectuarse la citación, lo cual afecta a los derechos constitucionales a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva del legitimado pasivo, quien al desconocer que ha sido incoado con una acción judicial no puede ejercerlos de manera óptima, repercutiendo inclusive en los principios de celeridad y debida diligencia, además de devengar en el acopio de pensiones, obligaciones y siendo objeto a una serie de medidas cautelares en su contra.
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Las garantías básicas del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la impunidad

Las garantías básicas del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la impunidad

EL artículo 76 de la Constitución (CRE), numeral 7, literal l, establece que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al Debido Proceso, al que se incluirá la garantía del derecho a la defensa, estableciendo entre otras, que las resoluciones de los poderes públicos deben ser motivadas. En este sentido, conforme se dejó expresado en líneas anteriores, la relación entre el Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva se torna evidente, y siendo precisamente la Motivación Jurídica una garantía indispensable para la existencia del derecho al Debido Proceso - ya que permite conocer con claridad y precisión las apreciaciones, razonamientos o argumentos que permiten a la autoridad emitir determinada resolución -, la falta de ésta quebranta sin lugar a dudas el derecho a la Tutela Judicial Efectiva.
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La declaración de parte como diligencia preparatoria en pro de la seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial efectiva

La declaración de parte como diligencia preparatoria en pro de la seguridad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial efectiva

Este trabajo está acorde a la realidad actual en el campo jurídico, a la práctica del derecho procesal civil, a la ejecución de los actos procesales día a día y de las normas vigentes, conteniendo un objeto de transformación, para una posible solución jurídica que aporte en el desarrollo del derecho, esto a través de un marco teórico fundamentado en autores especialistas en la materia, en doctrina y en las mismas normas. El mismo que está comprendido de cuatro epígrafes; el primer epígrafe se refiere a la declaración de parte, su definición, naturaleza jurídica y demás sub epígrafes, el segundo epígrafe se refiere a las diligencias preparatorias; su definición, clases y demás componentes, el tercer epígrafe, está comprendido de los principios constitucionales de seguridad jurídica, debido proceso y tutela judicial efectiva, así como del derecho a la defensa. Una vez desarrollado el marco teórico se apertura la fase de la metodología para la investigación la cual busca mediante instrumentos recopilar y comprobar la idea a defender, esto se lo ejecutó por medio de una encuesta realizada a los Abogados en libre ejercicio profesional de la Ciudad de Ambato.
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Análisi crítico - jurídico sobre el derecho constitucional a la libertad, el debido proceso y tutela judicial efectiva en los casos de detención para investigación en adolescentes infractores

Análisi crítico - jurídico sobre el derecho constitucional a la libertad, el debido proceso y tutela judicial efectiva en los casos de detención para investigación en adolescentes infractores

Esta investigación se da mediante el razonamiento de teorías y conceptos poco conocidos y utilizados dentro del ámbito judicial; para aquello el aporte teórico del presente trabajo se sustenta en el razonamiento y análisis de nuevas teorías y conceptos que no observa a simple vista, pero que si resquebraja ciertos derechos y principios, en primer lugar, al solicitar la detención para investigación de un adolescente muchas de las veces sin tener los elementos necesarios que se presuma su participación en el hecho, cuando son detenidos se toma su versión e inmediatamente dentro de las veinticuatro horas solicitan audiencia de formulación de cargos sin cumplir los plazos que determina la ley para la notificación de cualquier audiencia, lo cual claramente violenta el derecho a la defensa, debido proceso y tutela judicial efectiva.
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La tutela judicial efectiva, el debido proceso y las garantías constitucionales

La tutela judicial efectiva, el debido proceso y las garantías constitucionales

La tutela judicial efectiva es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Norma Suprema, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; y a través de éstos el ciudadano podrá acudir a hacer valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales, quienes oirán al inculpado haciendo respetar el debido proceso y sus principios que se encuentran establecidos en la norma constitucional; la ley procesal y el Código Orgánico de la Función Judicial y su decisión o fallo estará apegada a Derecho, ya que el juzgador con su capacidad intelectual y experiencia, siempre busca enaltecer la majestad de la justicia. La parte final del artículo precedente incluso sanciona a los jueces al afirmar: “El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”; y, el artículo 76.1 ibídem, consagra esa garantía judicial: “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”. Pues la parte más frágil y débil dentro de un enjuiciamiento penal es el inculpado, de allí que se confiere derechos propios frente a las pretensiones de su adversario, en especial del potencial que ejerce la Fiscalía General del Estado, con toda su infraestructura física y de los recursos humanos que se encargan de investigar y colaborar con la búsqueda de la verdad de un caso de carácter penal específico.
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La vulneración de los derechos del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica en el procesamiento penal por delitos imprescriptibles sentenciados en ausencia del procesado

La vulneración de los derechos del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica en el procesamiento penal por delitos imprescriptibles sentenciados en ausencia del procesado

El presente trabajo de investigación tienen como tema: “La vulneración de los derechos del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica en el procesamiento penal por delitos imprescriptibles sentenciados en ausencia del procesado” cuyo objetivo principal fue desarrollar un documento crítico al contenido del Artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador, que en principio no garantiza el derecho al debido proceso de los involucrados en los delitos imprescriptibles de: peculado, concusión, cohecho y enriquecimiento ilícito. Este análisis es de suma importancia, ya que el debido proceso implica que un individuo sólo puede ser considerado culpable, si las pruebas de su conducta han sido logradas a través de un procedimiento legal seguido por autoridades, que no se extralimiten en sus atribuciones. Este tema es de actualizad ya el debido proceso no es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento, sino la consagración de dos valores: la primacía del individuo y la limitación del poder público. La modalidad aplicada en este trabajo fue cualitativa, por cuanto se recogió las opiniones de profesionales del derecho, en cuanto a la falta de garantías del debido proceso contenidas en el artículo analizado. Como principal conclusión se pudo determinar que la no comparecencia del encausado al juicio oral es un problema que se da con bastante frecuencia en nuestro medio lo que hace que los jueces formulen juicios de valor sin haberle visto ni haber escuchado al encausado.
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Proyecto de reforma al artículo 649.5 del Código Orgánico Integral Penal para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva del querellado

Proyecto de reforma al artículo 649.5 del Código Orgánico Integral Penal para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva del querellado

El Código Orgánico Integral Penal, es una norma jurídica positiva creada por seres humanos que han sido electos para legislar para el Estado ecuatoriano, por tal motivo está sujeto a contener errores, que deben ser detectados, analizados y de ser pertinente reformados para alcanzar su perfeccionamiento y aplicación idónea en la sociedad actual. La base fundamental para plantear este proyecto de reforma al Art.649.5 del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, radica en el uso equívoco de los términos que contiene este artículo, al pretender violar el debido proceso y la tutela judicial efectiva en el momento en el que el querellado no acude a la audiencia de conciliación y juzgamiento. Por esta causa, en materia penal se tomara en cuenta la aplicación de la Constitución según su jerarquía por lo que la misma se contradice indicando que solo se juzgara en ausencia, pero solo en delitos de acción pública específicamente en el Art. 233 de la carta Magna por lo que se tiene en cuenta que la aplicación de todo castigo por infringir la ley, debe ser observando estrictamente la norma en su sentido literal, es decir la mera confusión de términos conlleva a una deficiente aplicación debilitando las garantías que hacen efectiva la justicia.
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La suspensión condicional de la pena, el debido proceso, principios de igualdad, legalidad, legitimidad y la tutela judicial efectiva

La suspensión condicional de la pena, el debido proceso, principios de igualdad, legalidad, legitimidad y la tutela judicial efectiva

1.- El señor Abogado Defensor ha fundamentado la petición de suspensión condicional de la pena, para ello ha indicado que presenta la documentación correspondiente para justificar el por qué se debe conceder la suspensión condicional de la pena, para ello presenta: Certificado emitido por la Fiscalía General del Estado, en el que se verifica que el señor Juan Carlos Cantos Madril, no tiene más causas pendiente que ésta; La impresión de la página del Consejo de la Judicatura en el que consta que el señor Juan Carlos Cantos Madril, solo registra la causa 08256201600524; El certificado de honorabilidad a favor del señor Juan Carlos Cantos Madril, emitido por el Dr. Gustavo Samaniego Ochoa, en el que manifiesta que se trata de una persona íntegra, respetuosa y responsable; El informe suscrito por la Lcda. Santa Mina Arroyo, Trabajadora Social de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo, que en su parte de conclusiones manifiesta: Que el procesado es el único sustento de la familia, no se cuenta con más ingresos, ya que el procesado es el que sabe de la preparación de los encebollados que venden en su negocio, que en la actualidad es su conviviente quien trata de hacerlos para que no se paralice el negocio que genera ingresos al hogar; y, En su entorno Socio Familiar se tiene buenas referencias de él, lo califican como una persona muy respetuosa con sus prójimos en el sector, no ha tenido ninguna clase de inconvenientes con sus vecinos, su red social es muy amplia debido a que cuenta con un negocio que tiene muchos clientes; Adjunta una copia del pago de la multa impuesta en sentencia;
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La ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y las garantías básicas del debido proceso, el derecho fundamental a la prueba y la tutela judicial efectiva

La ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y las garantías básicas del debido proceso, el derecho fundamental a la prueba y la tutela judicial efectiva

Al respecto refiriéndose al debido proceso general se indicó que”… el primero, como manifestación del principio lógico” antecedente-consecuente” se relaciona con una sucesión compuesta, escalonada y consecutiva de actos regulados en la ley procesal, a diferencia de lo anterior, el debido proceso probatorio atañe al conjunto de requisitos y formalidades previstas en la ley para la formación validez y eficacia de la prueba dado que esta, en el nuevo sistema puesto en marcha con la ley 906 de 2004 debe sujetarse a principios basilares como son los de legalidad, publicidad, oralidad, contradicción, inmediación y concentración so pena de desnaturalizar el respectivo acto probatorio, ocasionando la nulidad del mismo, cuando efectivamente el desacato de aquellos se traduce en irrespeto de las garantías de alguna de las partes….. A adicionalmente a los anteriores principios cada medio de prueba tiene dispuesto en la ley su propio debido proceso (ley 906 de 2004, artículos 372 a 441), pero la conculcación de aquellos o de este frente ha determinado elemento de convicción eventualmente genera su 2.4 El Derecho Fundamental a la Prueba
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La tutela judicial efectiva y el debido proceso

La tutela judicial efectiva y el debido proceso

El derecho a la jurisdicción, afirman Gimeno Sendra y Garberi Llobregat, no es más que el derecho a la acción constitucionalizado. Esa importancia, de antigua raigambre, encuentra sin lugar a dudas su origen en la autonomía del derecho de acción, la cual hoy se reconoce indiscutiblemente y que ayuda a comprender que hay un derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia de la existencia ficción del derecho material controvertido. De esta manera, toda persona, cumpliendo con los requisitos que el ordenamiento jurídico prescribe, puede requerir del Estado la prestación del servicio público administración de justicia; la intervención estatal que tiene su cauce a través de un proceso, el cual debe reunir unas condiciones mínimas que aseguren a las partes la defensa adecuada de sus derechos.
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La tutela judicial efectiva y el principio dispositivo del debido proceso

La tutela judicial efectiva y el principio dispositivo del debido proceso

La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la eventual legitimidad que pueda o no, acompañarle a su petitorio. En un sentido extensivo la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no sólo se persigue asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos (procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis de eficacia.
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Prueba procesal, presupuesto de la tutela judicial efectiva

Prueba procesal, presupuesto de la tutela judicial efectiva

aplicable en todo supuesto y a cualquier sujeto que se encuentran en el territorio sobre el que se ejerce soberanía. Esta explicación encuentra encaje en la interpretación de algunos textos constitucionales. En cuanto al Derecho español, se puede mencionar el artículo 9.3 de la Constitución, que establece el principio de seguridad jurídica, que sirve como fundamento a que el artículo 13, reconozca a los extranjeros como sujetos de libertades públicas que se garantizan en el Título al que pertenece el ar- tículo 24, por el cual se indica que toda persona en España tiene derecho a la tutela judicial efectiva, y que uno de las manifestaciones por la que tal se realiza, es el derecho a la utilización de los medios de prueba. En igual sentido, se descubre que, en el ordenamiento constitucional de Nicaragua, el principio de seguridad jurídica –art. 25.2– da pie a los principio del debido proceso y tutela judicial efectiva –contenidos en el artículo 34–, derivándose de ellos el derecho a la defensa a través de dispo- ner de tiempo y medios adecuados para su defensa –numeral 4 del art. 34–, lo cual es universalmente reconocido como facultades propias de todo sujeto de Derecho, sea nacional o extranjero –art. 27, 2º párrafo: los extranjeros tienen los mismos deberes y derechos que los nicaragüenses–.
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El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

Para emitir un fallo, debe considerarse varios aspectos; por ello, debemos partir que el Debido Proceso Penal, se entiende como el conjunto de etapas formales secuenciadas e imprescindibles realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y también obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente. Este principio procura tanto el bien de las personas, como de la sociedad en su conjunto: a).-Las personas tienen interés en defender adecuadamente sus pretensiones dentro del proceso; b).-La sociedad tiene interés en que el proceso sea realizado de la manera más adecuada posible, para satisfacer las pretensiones de justicia que permitan mantener el orden social.- Respecto a los hechos debe contener las razones que conlleven a una conclusión afirmativa o negativa sobre la existencia de los episodios de la vida real, para lo cual deben emplear las pruebas incorporadas al proceso, mencionándolas y sometiéndolas a valoración crítica y luego debe consignar las conclusiones de hecho a las que llegue, encuadrándolas en la norma jurídica y esta exigencia atañe a la fundamentación en derecho, debiendo correlacionar de manera lógica los argumentos.
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La ejecución de sentencias en el Proceso Civil como Derecho a la tutela judicial efectiva

La ejecución de sentencias en el Proceso Civil como Derecho a la tutela judicial efectiva

Adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, www.oas.com, : “ ... Art. 46.- ... 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 o 45 sea admitida por la Comisión, se requerirá: ... a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del Derecho Internacional generalmente reconocidos; ...b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; ... c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro procedimiento de arreglo internacional, y;.... d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. ... 2. Las disposiciones de los incisos 1.a) y 1.b) del presente artículo no se aplicarán cuando: ... a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trate el debido proceso legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados; ... b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y .... c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos. ... Art. 47.- La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 o 45 cuando: ... a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46; ... b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención; ... c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifestante infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia; ... d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u otro organismo internacional. ...”.
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Custodia familiar y los derechos del debido proceso

Custodia familiar y los derechos del debido proceso

Del expediente también se obtiene otro elemento relevante que la consideración, por parte de la Junta Cantonal correspondiente, que “el presente caso no es susceptible de conciliación”; esto a tenor del artículo 238 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. La Junta al tomar tal decisión sin embargo no parece motivarla de manera sustanciosa, de forma convincente, tampoco queremos decir que se apertura arbitrariamente el término probatorio, pero tampoco puede decirse que el organismo sustanciador agotó los mecanismos de conciliación, especialmente en asuntos sui generis donde hay, por parte de ambas partes, el reconocimiento de un irregularidad conductual por parte de la niña. La tutela judicial efectiva, en estos casos, debe procurar, y digamos insistir en la conciliación de las partes lo que conllevaría a la aplicación de medidas de protección tendientes a favorecer las relaciones entre los afectados, especialmente del niño, niña o adolescente.
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AAS7666

AAS7666

Los antecedentes o estudios previos que dan sustento teórico a la investigación, son entre otros el de García (2004) investigó acerca de “El Debido Proceso y la Tutela Judicial Efectiva”, cuyo objetivo general fue desarrollar la noción de debido proceso y sus antecedentes históricos. En las conclusiones expresa que el debido proceso es una noción compleja de la cual pueden visualizarse dos dimensiones: una procesal y otra sustancial, sustantiva o material. La dimensión procesal es aquella que engloba las instituciones jurídicas necesarias para obtener un proceso formalmente válido, por ejemplo, juez natural, derecho de defensa, cosa juzgada, derecho a probar, la prohibición de la reforma y otros. Por otra parte, la dimensión sustancial del debido proceso, se vincula directamente con el principio de razonabilidad y proporcionalidad de los actos de poder, los que determinan la prohibición de cualquier decisión arbitraria, sin importar si ésta fue emitida dentro o fuera de un proceso o procedimiento formalmente válido.
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Tutela judicial efectiva como núcleo esencial del sistema de principios en el código general del proceso : “una perspectiva de constitucionalización del ordenamiento procesal en Colombia”

Tutela judicial efectiva como núcleo esencial del sistema de principios en el código general del proceso : “una perspectiva de constitucionalización del ordenamiento procesal en Colombia”

Con la sentencia (Corte Constitucional de Colombia, C – 747, 2009), se insiste en la necesidad de que los enunciados de acceso a la justicia y demás derechos que reconoce el ordenamiento constitucional, no pueden concebirse como eminentes postulados teóricos, sino que los mismos deben contar con plena realización material efectiva. Integra el concepto del acceso a la justicia con el de mora judicial, al prever que no puede hablarse de efectividad de derechos, si la respuesta del sistema de justicia desborda términos razonables para su definición de fondo, no siendo motivo de justificación o demora de los trámites procesales, la carga laboral de los Despachos. Quienes acuden a quien administra justicia, no pueden verse afectados por retrasos injustificados, pues se contrariaría el derecho al debido proceso y al acceso efectivo a la Administración de Justicia, pues una resolución tardía equivale a la ausencia de una tutela judicial efectiva, debiéndose garantizar los plazos fijados en la ley, consagrándose en esta sentencia el derecho a los plazos procesalmente previstos normativamente. La mora judicial entonces, deslegitima la labor de la Rama Judicial.
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