DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA

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Control previo de las concentraciones empresariales en defensa de la libre competencia en el Perú

Control previo de las concentraciones empresariales en defensa de la libre competencia en el Perú

El presente trabajo de investigación titulado “Control previo de las concentraciones empresariales en defensa de la libre competencia en el Perú”.Teniendo como objetivo principal, determinar el efecto de la falta de control previo de las concentraciones empresariales en la adecuada defensa de la libre competencia en el Perú. Para ello, se utilizó el tipo de investigación descriptivo con la finalidad de esclarecer los criterios del control previo de las concentraciones empresariales en defensa de la libre competencia en el Perú, teniendo como variable independiente (concentración empresarial) y la variable dependiente (libre competencia) y un diseño no experimental transversal, debido a que se reolectan datos en un solo momento, para después analizarlos. Asimismo, se encuentra comprendido por una población de abogados especialistas en derecho empresarial, de la cual se extrajo como muestra especialistas en derecho empresarial del sector privado y público. Igualmente, se utilizó el instrumento del cuestionario. La información obtenida fortificó nuestra investigación. De los resultados recabados, se ha determinado que las concentraciones empresariales son causadas por la falta de un control previo adecuado en defensa de la libre competencia en el Perú.
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Necesidad de regular el control de fusiones en el Perú como mecanismo de defensa de la libre competencia

Necesidad de regular el control de fusiones en el Perú como mecanismo de defensa de la libre competencia

En ese sentido, todas las operaciones de concentración que involucren empresas que superen determinado umbral de ventas, conforme a lo mencionado, deberán ser notificadas en un plazo máximo de diez días hábiles desde la fecha de conclusión del acuerdo o contrato. Posteriormente, este Proyecto, propone un sistema de notificación obligatoria, en cuanto se sobrepasen las empresas umbral, deberán solicitar la autorización del INDECOPI para llevar a cabo cualquier operación de concentración; por lo cual, la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI verificará la información aportada por las empresas e iniciará un proceso de investigación de treinta días hábiles, el que podrá ser extendido en 90 días adicionales dependiendo del caso. Consecuentemente, después de la investigación, la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI emitirá una resolución en la que puede prohibir la operación, aceptarla con condiciones específicas y/o aceptarla sin condición alguna. Cabe señalar, que la decisión de la Comisión puede ser apelada ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI,
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Protección de la libre competencia en Colombia: Influencia de la ley tipo de defensa de la competencia de UNCTAD y otros antecedentes normativos foráneos

Protección de la libre competencia en Colombia: Influencia de la ley tipo de defensa de la competencia de UNCTAD y otros antecedentes normativos foráneos

Si una de las premisas básicas del funcionamiento de un sistema de economía social de mercado es la protección de la libre competencia, ella no puede apuntar solamente a amparar el buen funcionamiento del mercado desatendiendo el obje- tivo social que le da su impronta característica, ni tampoco podrá convertirse en el mecanismo de defensa de grupos en condición de precariedad, pues lo anterior significaría renunciar a la búsqueda de la eficiencia de agentes económicos no- tables en procura de la protección de los primeros, circunstancia que sacrificaría a un sector de la población y generaría situaciones de desigualdad potenciadas por el Estado. Por esta razón, este sistema aboga por la protección de la libre competencia como principio fundante que potencia el adecuado funcionamiento de los mercados, restringe comportamientos abusivos por parte de los agentes económicos y maximiza el bienestar de los consumidores, independientemente de la capacidad económica que ostenten —ya que el sistema debe garantizar que, con independencia de este factor, todos puedan concurrir al mercado para cubrir las necesidades básicas y satisfacer un mínimo vital—.
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Evolución de la jurisprudencia chilena en materia de operaciones de concentración horizontales

Evolución de la jurisprudencia chilena en materia de operaciones de concentración horizontales

Esta Guía nos señala que las operaciones que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia, o que tiendan a producir dichos efectos, infringen las disposiciones del Decreto Ley N° 211. Por ende, quienes ejecuten o celebren dichas operaciones sin contar con una resolución favorable emitida por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia podrán ser sancionados con multas y/o una o más de las medidas que el mismo cuerpo legal establece, sin perjuicio de las medidas preventivas, correctivas o prohibitivas que puedan decretarse respecto de esas operaciones, tal como se regula en los artículos 3 y 26 del Decreto Ley 211. El artículo 18 número 2 del mismo decreto ley, por su parte, faculta al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia para conocer de aquellas operaciones de concentración que puedan infringir la normativa de libre competencia, esto es, que puedan impedir, restringir o entorpecer la libre competencia, o que puedan tender a producir dichos efectos, otorgando al Tribunal la facultad de fijar las condiciones que deberán ser cumplidas en tales operaciones.
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El mercado eléctrico chilleno: Análisis del sector eléctrico, su modelo de regulación y perspectivas futuras

El mercado eléctrico chilleno: Análisis del sector eléctrico, su modelo de regulación y perspectivas futuras

“La Fiscalía Nacional Económica será un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente de todo organismo o servicio, sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción”. El Decreto Ley 211 que fija las normas para la defensa de la libre competencia en los mercados, encarga la defensa de este bien jurídico al TDLC y la FNE, que en su artículo 2° señala: “Corresponderá al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y a la Fiscalía Nacional Económica, en la esfera de sus respectivas atribuciones, dar aplicación a la presente ley para el resguardo de la libre competencia en los mercados”.
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Anteproyecto de Ley que refuerza el sistema de promoción y defensa de la libre competencia

Anteproyecto de Ley que refuerza el sistema de promoción y defensa de la libre competencia

En cumplimiento del referido mandato constitucional, el Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, la Comisión) y su Secretaría Técnica, tienen como función esencial la investigación, persecución y sanción de las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica para el bienestar de los consumidores. Asimismo, la Comisión se encuentra legalmente habilitada para sugerir a la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi emitir opinión, exhortar o recomendar a las autoridades legislativas, políticas o administrativas sobre la implementación de medidas que restablezcan o promuevan la libre competencia, facultad conocida como «abogacía de la competencia». Estas competencias se encuentran expresamente establecidas en los Decretos Legislativos 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi y 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
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Un nuevo marco institucional de la defensa de la competencia en España : La reforma del sistema español de defensa de la competencia

Un nuevo marco institucional de la defensa de la competencia en España : La reforma del sistema español de defensa de la competencia

Aunque no corresponde a estas páginas efectuar un análisis de la Ley 1/2002 sí podemos decir que se utiliza un enfoque que valora la teoría de los efectos económicos de las conductas. Cuando los efectos se limiten al ámbito territorial autonómico será competente el organismo ad hoc creado. Por el contrario, cuando la alteración de la competencia alcance el ámbito supra autonómico, tendrá competencia el Estado. Esa afectación puede producirse por afectar a la unidad de mercado o por producirse una ruptura del equilibrio económico adecuado y justo entre las distintas partes del territorio español o por obstaculizar la libre circulación en todo el territorio nacional. Como indican Nadal y Roca, “la competencia objetiva que cabe atribuir a las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia se halla limitada a aquellas actuaciones ejecutivas que hayan de realizarse en el territorio de cada Comunidad Autónoma y que no afecten al mercado supra autonómico. Y, así, la competencia estatal se extiende no sólo a la normación sino también a todas las actuaciones ejecutivas en relación con aquellas prácticas que puedan alterar la libre competencia en el ámbito supra autonómico o en el conjunto del mercado nacional, aunque tales actuaciones se realicen en el territorio de una única Comunidad Autónoma”. 20
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LA DEFENSA PRIVADA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

LA DEFENSA PRIVADA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

En lo referente a la postulación procesal de las AAPP, a tenor de lo dispuesto en el art.551 LOPJ, la representación y defensa difiere en función del tipo de Administración. Con carácter general, la Abogacía del Estado es la encargada de la representación y defensa de la AE, sus organismos autónomos y los órganos constitucionales. Las Comunidades Autónomas, asimismo, están representadas y defendidas por los Letrados de las distintas CCAA, mientras que los Entes Locales son representados por sus servicios jurídicos, sin perjuicio de que los Abogados del Estado también puedan representar a las CCAA y los Entes Locales en los términos contenidos en la Ley 52/1997, de 27 de noviembre, de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y su normativa de desarrollo.
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La Defensa de la competencia en Internet

La Defensa de la competencia en Internet

Esta Dirección General es el organismo dependiente de la Generalitat de Catalunya al que corresponde principalmente instruir los expedientes sancionadores por conduc- tas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, además de otras funciones como vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones adoptadas por el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia y otras tareas relativas a este campo.

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Aspectos económicos de la regulación antitrust

Aspectos económicos de la regulación antitrust

También se le asigna al Estado la función de velar por un desarrollo económico, fructífero, a través de un plan general. En este caso, el Estado actúa de manera orientativa y mediadora, teniendo presente como instrumento, para lograr los objetivos, la importancia de la participación de los miembros de la sociedad. Las decisiones individualizadas, ocasionadas por el carácter atomizado del mercado libre, no garantizan cubrir unas garantías mínimas en las relaciones económicas ni un mercado equitativo, sino que muy probablemente, por el contrario, acentúen más las desigualdades sociales y el inequitativo reparto de riqueza, por eso nuevamente es necesaria una intervención estatal, adecuada y garantista, que enmiende este aspecto y que luche por una sociedad con visión hacia el desarrollo económico a través de decisiones y acciones destinadas a modificar tanto el funcionamiento del mercado como de sus resultados. 24
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Tendencias en el desarrollo de la prctica odontolgica en Mxico  Al inicio de un nuevo milenio

Tendencias en el desarrollo de la prctica odontolgica en Mxico Al inicio de un nuevo milenio

Para conocer el futuro de los servicios odontológicos en México al inicio del nuevo milenio es necesario enten- der la dinámica del modelo neoliberal dentro del proce- so de globalización puesto que constituye el marco es- tructural determinante de los cambios económicos y po- líticos nacionales, mismos que impactan la salud y sus formas de atención. El modelo tiene como propósito ga- rantizar las condiciones para el libre mercado, restrin- giendo el papel del Estado en la conducción de la econo- mía así como su intervención en el bienestar social (Laurell, 1991).

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La competència autonòmica de la Comuntat Valenciana en matèria de defensa als consumidors i usuaris

La competència autonòmica de la Comuntat Valenciana en matèria de defensa als consumidors i usuaris

De manera anàloga a allò que s’ha establit per l’article 10 del Text Refús de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, en l’article 5 de la Llei 2/1987, de 9 d’abril, d’Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana es prohibix la renúncia prèvia als drets reconeguts als consumidors. No obstant això, no s’ estableix la nul·litat de ple dret com a sanció a la dita renúncia.

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POLÍTICAS PORTUARIAS EN LATINOAMÉRICA

POLÍTICAS PORTUARIAS EN LATINOAMÉRICA

Con el fin de perfeccionar el concepto de competitividad portuaria y levantar las evidentes observaciones en su formulación, se define como competitividad portuaria a la condición de mercado en la cual un puerto ofrece sus servicios que: ante la misma cantidad, calidad, tiempo y tipo de servicio, otorga un menor precio, generando además la seguridad y rentabilidad esperada en su operación para el concesionario, el Estado, el buque, la carga y la mercancía. Este concepto amplia el concepto tradicional, el cual no considera la perspectiva de algunos actores del proceso y surge del análisis de los costos portuarios de la mercancía, donde se conjugan los elementos de costo, tiempo, seguridad y rentabilidad, tanto para oferentes como para demandantes del servicio. Es importante señalar que se incluye los conceptos de carga y mercancía. De otro lado se omite la condición de “mercado libre” porque en ausencia de la libertad de mercado, por tratarse de un mercado de pocos oferentes, existe la regulación del Estado, dueño y responsable del mercado de servicios públicos, que no debe limitar los derechos del concesionado, pero tampoco del demandante.
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Defensa de la competencia. Análisis de los principales objetivos de la Ley Argentina de Defensa de la Competencia

Defensa de la competencia. Análisis de los principales objetivos de la Ley Argentina de Defensa de la Competencia

4) Por último, en cuanto a la reducción de los costos como consecuencia de las economías de escala, esto no necesariamente es siempre así. Los monopolios pueden no minimizar los costos con tanto cuidado como otras empresas. Sin la amenaza de la competencia, pueden tener una vida cómoda. Por ejemplo, los altos directivos pueden tener unos despachos lujosos en edificios diseñados por distinguidos arquitectos y viajar en primera clase o en aviones de la compañía. Pueden contratar más empleados de los que necesitan porque les gusta tener subordinados. Además, las empresas pueden despilfarrar recursos (desde el punto de vista de la sociedad, no del suyo) al intentar conseguir o defender posiciones monopolísticas. Para ello, pueden incurrir en los costos de las presiones y los pleitos necesarios para proteger las patentes o molestar a los competidores. Pueden mantener un exceso de capacidad para que cualquier posible competidor sepa que la empresa existente puede emprender una guerra de precios si entra en la industria. (Fisher Dornbusch, 1989)
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INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Análisis: A menos que sea una forma enmascarada de intercambiar información sobre intenciones futuras, este intercambio de información no constituiría una restricción de la competencia por el objeto porque los hoteles intercambian datos actuales y no información sobre cantidades o precios futuros previstos. Sin embargo, el intercambio de información daría lugar a efectos restrictivos de la competencia a tenor del artículo 101, apartado 1, porque sería probable que el hecho de conocer los verdaderos precios corrientes del competidor facilitara la coordinación (es decir, alineación) del comportamiento competitivo de las empresas. Muy probablemente, se utilizaría para controlar las desviaciones del resultado colusorio. El intercambio de información incrementa la transparencia en el mercado ya que, si bien los hoteles suelen publicar sus listas de precios, también ofrecen diversos descuentos sobre la lista de precios como fruto de negociaciones o de reservas con antelación o para grupos, etc. Por lo tanto, la información adicional que no se intercambia públicamente entre los hoteles es confidencial desde el punto de vista comercial, es decir, estratégicamente útil. Es probable que este intercambio facilite un resultado colusorio en el mercado porque las partes implicadas constituyen un oligopolio restringido, no complejo y estable, que participa en una relación com­ petitiva a largo plazo (interacciones repetidas). Por otra parte, las estructuras de costes de los hoteles son en gran medida homogéneas. Finalmente, ni los consumidores ni la entrada en el mercado pueden forzar el comportamiento anticompetitivo de los operadores en liza pues los consumidores tienen poco poder de negociación y los obstáculos a la entrada son importantes. No es probable que en este caso las partes puedan demostrar mejora alguna de la eficiencia resultante del intercambio de información que beneficie a los consumidores en una medida que compense los efectos restrictivos de la competencia. Por lo tanto no es probable que puedan cumplirse las condiciones del artículo 101, apartado 3.
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COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

En un mercado de bienes de consumo duraderos, el líder de mercado (marca A), con una cuota de mercado del 35 %, vende su producto a los consumidores finales a través de una red de distribución selectiva. Existen varios criterios de admisión a la red: el establecimiento debe emplear a personal formado y prestar servicios de pre­ venta, en el establecimiento debe haber una parte dedi­ cada a la venta del producto y de productos similares de alta tecnología, y el establecimiento debe vender una amplia gama de modelos del proveedor y presentarlos de manera atractiva. Por otra parte, el número de mino­ ristas admisibles a la red se limita directamente a través del establecimiento de un número máximo de minoristas por número de habitantes en cada provincia o zona urbana. El fabricante A tiene 6 competidores en este mercado. Sus mayores competidores, B, C y D, poseen cuotas de mercado del 25 %, 15 % y 10 %, respectiva­ mente, mientras que los demás productores tienen cuotas de mercado más pequeñas. A es el único fabricante que practica la distribución selectiva. Los distribuidores selec­ tivos de la marca A siempre gestionan algunas marcas de la competencia. Sin embargo, las marcas de la competen­ cia también se venden ampliamente en los establecimien­ tos que no participan en la red de distribución selectiva de A. Los canales de distribución son diversos: por ejem­ plo, las marcas B y C se venden en la mayoría de los establecimientos seleccionados de A, pero también en otros establecimientos que ofrecen un servicio de elevada calidad y en hipermercados. La marca D se vende prin­ cipalmente en establecimientos de servicios especializa­ dos. La tecnología evoluciona en este mercado con gran rapidez, y los principales proveedores mantienen una sólida imagen de calidad de sus productos a través de la publicidad.
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No ocurre lo mismo en el campo de la libre competencia en el que la figura objetiva es una “posición dominante en el mercado” (en un segundo ejemplo a ser discutido), pues la conducta que causa el daño no se aprecia ni se sanciona directamente, sino que tiene que darse en un contexto de “abuso” de dicha posición, bajo distintas figuras predeterminadas en la ley. Esto deberá ser apreciado bajo reglas del juego económico por un ente especializado en la materia, que de manera exclusiva y excluyente ha recibido la competencia sobre ello del legislador. Solamente después de que el ente especializado (INDECOPI, en el Perú) haya dicho lo suyo, se podrá recurrir en busca de resarcimiento al juez, pues de no hacerse así se estaría exigiendo que el juez “se ponga en los zapatos de los técnicos del administrador especializado” con grave detrimento de la eficacia del sistema de justicia y de la seguridad jurídica.
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Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1205, que modifica la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas

Exposición de Motivos del Decreto Legislativo 1205, que modifica la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas

En cumplimiento del referido mandato constitucional, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a través de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (en adelante, la Comisión) y su Secretaría Técnica, tienen como función esencial la investigación, persecución y sanción de las conductas anticompetitivas con la finalidad de promover la eficiencia económica para el bienestar de los consumidores. Asimismo, la Comisión se encuentra legalmente habilitada para sugerir a la Presidencia del Consejo Directivo del Indecopi emitir opinión, exhortar o recomendar a las autoridades legislativas, políticas o administrativas sobre la implementación de medidas que restablezcan o promuevan la libre competencia, facultad conocida como «abogacía de la competencia». Estas competencias se encuentran expresamente establecidas en los Decretos Legislativos 1033, Ley de Organización y Funciones del Indecopi y 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
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La competencia de la comisión de eliminación de barreras burocráticas de indecopi en las sanciones administrativas de multas

La competencia de la comisión de eliminación de barreras burocráticas de indecopi en las sanciones administrativas de multas

Finalmente los autores DRAGO ALFARO y ZUMAETA CASTRO, en su artículo: ―El Estado contra el Estado: el mode lo peruano de eliminación de barreras burocráticas como propuesta para el crecimiento económico de países en vías de desarrollo ‖ comentando la aplicación del Principio de Legalidad y Razonabilidad de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, señalan: En el análisis de legalidad, luego de verificar si la autoridad denunciada ha actuado en el marco de sus competencias y si la medida cuestionada ha respetado los procedimientos establecidos para su emisión (por ejemplo, si se ha utilizado el instrumento idóneo para regular), la Comisión efectúa una evaluación ―de fondo‖. Esto es, compara las exigencias establecidas por la disposición cuestionada con los requisitos impuestos por las normas con rango legal. Basta que se detecte que la autoridad ha vulnerado uno de los niveles comprendidos en el análisis de legalidad (competencia, proceso de emisión o fondo) para que se entienda que ha impuesto una barrera burocrática ilegal.
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DEFENSA DE LA COMPETENCIA

DEFENSA DE LA COMPETENCIA

una conducta declarada prohibida, a deshacer una operación de una conducta declarada prohibida, a deshacer una operación de concentración declarada prohibida, a la remoción de los efectos concentración declarada prohibida, a la remoción de los efectos provocados por una conducta restrictiva de la competencia, al provocados por una conducta restrictiva de la competencia, al cumplimiento de acuerdos adoptados por la Comisión o el cumplimiento de acuerdos adoptados por la Comisión o el Cjo Cjo de Ministros, al cumplimiento del deber de colaboración y al de Ministros, al cumplimiento del deber de colaboración y al cumplimiento de las medidas cautelares impuestas.
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