Delito culposo

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El delito culposo en tránsito y la embriaguez

El delito culposo en tránsito y la embriaguez

El día martes 16 de Diciembre de 2014 a las 19:54 horas, se suscita un accidente de tránsito, con resultado de muerte; el conductor encontrado en estado de embriaguez es procesado penalmente, por delito culposo de tránsito, mientras el peatón involucrado en el suceso es quien yace muerto en la calzada; Por tratarse de un delito flagrante se formula cargos en contra del conductor por el tipo penal tipificado en el Art. 376 del Código Orgánico Integral Penal. Dentro de la investigación de la instrucción fiscal se determina que quien ocasionó el accidente es el peatón, por lo que el fiscal en base de lo investigado presenta dictamen abstentivo, el mismo que fue elevado a consulta al fiscal superior, quien revoca dicho dictamen, y cambia de tipo jurídico por el Art. 377 del Código Orgánico Integral Penal. Siguiendo con el proceso el juez de primer nivel dicta sentencia condenatoria imponiéndole el máximo de la pena establecida en el tipo penal acusado, de cinco años de privación de libertad. Resolucion apelada ante la Corte Provincial de Justicia, donde reforma la sentencia venida a grado y en su lugar impone a los procesados doce años de privación de libertad. Evidenciándose violación a innumerables principios y derechos jurídicos judiciales por los vacíos existentes en la ley, siendo el presente complexivo, una respuesta a estas falacias de aplicación e interpretación, de la ley.
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La incorporación del tercero civilmente responsable en los delitos culposos en el distrito de Huánuco, 2015 2016

La incorporación del tercero civilmente responsable en los delitos culposos en el distrito de Huánuco, 2015 2016

Al respecto, concluimos que para la incorporación al tercero civilmente responsable en el proceso penal se requiere que se utilicen parámetros como el nexo entre imputado, delito culposo y tercero civilmente responsable, como lo afirmó el 84.0% de la muestra, (primera pregunta), pues en necesario establecer la relación de dependencia laboral o civil entre el imputado y éste de acuerdo a lo considerado por el 84.0% de la muestra (segunda pregunta), y que el delito culposo cometido por el imputado sea en el ejercicio de sus funciones que se hayan establecido como resultado de la dependencia, así lo confirmó el 88.0%, toda vez que sólo en merito a ello, el auto judicial por medio del cual se lo incorpore al proceso será motivado y por ende con respeto a la garantía del debido proceso y del derecho a la defensa (cuarta, quinta y sexta preguntas); ello permitirá que el tercero civil responsable pueda ejercer su derecho a la defensa, como se lo ha considerado el 88.0% de la muestra (sétima pregunta); pero de los resultados obtenidos de las guías de observación se tiene que no existe una correlación entre lo considerado por la muestra y lo que ha estado ocurriendo durante el año 2015 y 2016, pues los índices demuestran que no se están utilizando estos parámetros en todos los casos (en menos del 50.0% en cada caso) lo que genera que los autos por medio de los cuales se incorpora al Tercero civilmente responsable en el proceso penal, no sean motivados (ver guía de observación).
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La culpa en la acción penal

La culpa en la acción penal

Independientemente de las sanciones que le correspondan por la comisión de otros delitos, para todos los efectos legales, se considerará coautor del delito culposo referido en el párrafo anterior, a todo servidor público o persona física que omita realizar inspecciones o visitas de reconocimiento o vigilancia, conforme al programa anual de inspecciones establecido, o habiéndolas practicado, haga constar o proporcione datos falsos respecto de las características de construcción, medidas, materiales o elementos de seguridad de los lugares ahí referidos, o no reporte en tiempo y forma los resultados de la inspección a su superior jerárquico; así como al servidor público que, teniendo atribución competencial de emitir resoluciones sobre medidas correctivas y de seguridad con base en los resultados de dichas diligencias, no las emita o emitiéndolas, no cuide de su debida y oportuna ejecución dentro de los plazos de ley.
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La indebida tipicidad y sanción del delito de homicidio culposo por mala práctica profesional en la legislación nacional

La indebida tipicidad y sanción del delito de homicidio culposo por mala práctica profesional en la legislación nacional

Por eso es importante resaltar lo que dice el Dr. Alfonso Zambrano Pasquel sobre el Homicidio culposo por mala práctica profesional como reflexiones preliminares: “lo que desarrolla normativamente el Código Orgánico Integral Penal es la concreción de la responsabilidad profesional que ya está prevista en la Constitución del 2008. Por otra parte antes del Código Orgánico Integral Penal existía la responsabilidad profesional del médico por delitos culposos, sea en el caso de lesiones (incluyendo las permanentes) o de muerte como consecuencia de una imprudente intervención médica. (Zambrano, (2013), pág. 206) Si bien en el marco jurídico encontramos la expresa disposición, esto no es nuevo, tal vez los casos más notorios han sido lo que llevaron a proceso penal a médicos por tratamiento ilegal como en el tema de las diálisis a pacientes del IESS, en que fallecieron poco a pocos los que habían sido víctimas de un adiestramiento abusivo de la medicina con la secuela de infectados o contagiados con el VIH por la reutilización de los equipos de diálisis. Estimo que el principal argumento para decidir que no existieron graves violaciones a derechos humanos es que se trata de un delito culposo y no doloso.
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Estudio de caso análisis jurídico, acerca de los protocolos médicos, como atenuante del delito de homicidio culposo por mala práctica profesional en el COIP

Estudio de caso análisis jurídico, acerca de los protocolos médicos, como atenuante del delito de homicidio culposo por mala práctica profesional en el COIP

El incremento de denuncias y sanciones que reciben los profesionales de salud por este delito, muchas veces justificadas o no, refleja que es de vital importancia incorporar como atenuante a los protocolos médicos que son aspectos importantes al momento de intervenir a un paciente, siendo una herramienta indispensable en los galenos. La presente investigación se enfoca fundamentalmente en la defensa de los derechos de profesionales de la salud que considero se está vulnerando como lo es el derecho a la defensa, el debido proceso, el principio de inocencia , derechos constitucionales que no se considera al momento de juzgar un acto tipificado como homicidio culposo por mala práctica profesional específicamente en el Art. 146 del Código Orgánico Integral Penal, se debe tener en cuenta que dicha normativa no especifica como una atenuante los Protocolos Médicos que siguió el galeno para, tratar e intervenir debidamente al paciente, queda claro que dicha norma no establece con precisión cuales son las atenuantes posibles que se tomaran en cuenta al momento se sancionar en este tipo de delito, por lo tanto es importante que el delito culposo por Mala Práctica Profesional Medica, se considere el principio de confianza en la actuación de terceros, por existir una conducta neutra y consentimiento propio del paciente para una actuación médica, de igual forma es de vital importancia analizar la actuación imprudente del propio paciente y los riesgos posibles de la intervención.
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“Análisis jurídico del delito de homicidio culposo por mala práctica profesional y su incidencia en el campo laboral de la medicina en la ciudad de Riobamba en el periodo 2014 – 2015”

“Análisis jurídico del delito de homicidio culposo por mala práctica profesional y su incidencia en el campo laboral de la medicina en la ciudad de Riobamba en el periodo 2014 – 2015”

La propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolverse el caso dijo que no se trataba de una noción de graves violaciones a los protegidos Derechos Humanos y como era de pensarse se daría la prescripción oportunamente, teniendo como un fundamento claro y conciso, que se trataba de un delito culposo mas no doloso, por parte del gobierno ecuatoriano se argumentó que dicha sentencia tenga una explicación precisa en los párrafos 115, 136 y 137 y coincidió con que el país necesita crear una ley de indebida práctica médica la misma que deberá ser puesta en la norma de Derecho Penal, y debe especificar la mala práctica de los profesionales que atentan contra los bienes jurídicos y que vaya de la mano con las sanciones, que serán ajustadas por las conductas delictuosas que generen los galenos, estableciendo a posterior que tanto los médicos como los pacientes van a poder hacer uso de la normativa legal.
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Valoración pericial policial de accidentes de trànsito: Repercusiòn en sentencias por homicidio culposo en Trujillo,periodo 2016 2017

Valoración pericial policial de accidentes de trànsito: Repercusiòn en sentencias por homicidio culposo en Trujillo,periodo 2016 2017

Durante el desarrollo del presente juicio el Ministerio Público ha acreditado la responsabilidad penal de Luis Agusto Uriol Vera,a cusado de la comisión del delito de homicidio culposo cometido en agravio de German Hober Zavaleta Minchola, pues se ha comprobado que el acusado el día 4 de agosto de 2014 se encontraba conduciendo suvehículo camión de placa de rodaje N° C4N-728, marca Toyota, a una velocidad no razonable, imprudente, no teniendo en cuenta las circunstancias de peligro existentes en la vía, lo cual no le permitió hacer ninguna maniobra eficaz a fin de evitar el accidente de tránsito y por tanto el resultado de muerte del agraviado German Hober Zavaleta Minchola; siendo así se ha determinado que el chofer del camión, el acusado Luis Agusto Uriol Vera conducía su vehículo promedio de 60 kilómetros por hora y así se ha determinado en el informe técnico 144-2014 y que a pesar que el mismo acusado refiere haber visto al agraviado cuando conducía su motocicleta, sin embargo este no ha disminuido la velocidad de su vehículo lo cual teniendo en cuenta la poca iluminación de la zona, pudo haber llegado a evitar la producción del accidente de tránsito; en ese sentido, se tiene que ha generado y ha aumentado el riego permitido de dicha actividad de conducir vehículos, asimismo se acredita la responsabilidad penal del acusado Luis Agusto Uriol Vera en calidad de autor; pues, se encontraba conduciendo el vehículo como ya se ha precisado, por tanto el Ministerio Público reitera su solicitud de aplicar al acusado una pena de 4 años de pena privativa de libertad más inhabilitación conforme el artículo 36 inciso 7 del código penal, esto es la previsión de conducir cualquier tipo de vehículo por el mismo periodo de la pena y una reparación civil de S/ 60,000.00 soles a favor de los familiares directos del agraviado.
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El Comportamiento de la Víctima y el Actuar del Agente en los Delitos de Homicidio Imprudente y Lesiones Imprudentes

El Comportamiento de la Víctima y el Actuar del Agente en los Delitos de Homicidio Imprudente y Lesiones Imprudentes

Que, evaluados los agravios que denuncian las recurrentes, con frente al acopio probatorio producido, se determina que resultan pertinentes a tenerse en cuenta a los efectos de revocar la apelada y reformándola condenar al acusado Carlos Wilder Paredes Loayza, así mismo determinar la responsabilidad del Tercero Civil Responsable EPSEL S.A., por la acusación fiscal por el delito de Homicidio Culposo, tipificado en el artículo 111 del Código Penal, en agravio de Bello Luis Coronel Cuzma y Ander Ramos Ramírez. En efecto, el Colegiado advierte en primer lugar, que los fundamentos en que se sustenta la sentencia absolutoria apelada, son fáctica y jurídicamente erróneos, por lo siguiente: la Orden de Servicio N°54294, de fecha 30.7.2008, emitida por EPSEL S.A., a Bello Luis Coronel Cuzma, es para el Servicio de Mano de Obra Especializada o calificada de Renovación de Tubería de conexiones domiciliarias de la calle Próceres 14 y 15, Urrunaga, JLO, por un total de S/7,100.00; se consigna en el rubro Importante: …2) “El proveedor está obligado a entregar los Implementos de Seguridad en el caso que corresponda”. En esta Orden de Servicio no aparece suscrita por el citado “proveedor”; no se puede determinar con exactitud tratarse de un servicio eventual de locación de servicios sujeto a las normas del código civil; no se ha determinado penalidades sobre incumplimiento del servicio ni sobre siniestros naturales y/o personales en la ejecución de las obras, menos la cobertura de seguros de vida y cumplimiento de leyes laborales por parte del “proveedor”, entre otros.
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«Tratamiento y Anexión del Aborto Culposo en el Código Penal Peruano»

«Tratamiento y Anexión del Aborto Culposo en el Código Penal Peruano»

Este ensayo logra analizar una propuesta de reforma del delito de aborto culposo en Costa Rica del proyecto «Código Penal», Expediente n.° 11.871, cuyo texto fue publicado en el Alcance n.° 9, de La Gaceta n.° 82 del 29 de abril de 1994, que exonera a la mujer que cause culposamente su propio aborto. De este modo, se analiza las acepciones de la palabra aborto y las nociones que tiene el concepto de culpa en el Derecho. Asimismo, se simulan los casos de aplicación del delito de aborto culposo sugiriéndose criterios de oportunidad o por perdón judicial, de conformidad con el Derecho Procesal Penal en Costa Rica, logrando resolver si una reforma en el sentido indicado, amerita ser efectuada o no.
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El homicidio culposo por la mala práctica profesional en la legislación Ecuatoriana

El homicidio culposo por la mala práctica profesional en la legislación Ecuatoriana

He aquí una diferencia sustancial en la estructura de los tipos dolosos con los culposos, porque en los primeros la norma que prohíbe o que ordena es diferente para cada tipo de delito, en tanto que en los tipos culposos la norma es única y se la consagra como el "deber de cuidado" que conmina a todos a conducirse en el tráfico diario con diligencia y esmero, empleando la precaución que evite el peligro o el daño a determinados bienes jurídicos. En abono de residenciar a la culpa como parte de la acción típica, debe considerarse que de esa manera se reputarán como atípicas aquellas acciones que causan un resultado lesivo o de daño en que el agente ha obrado con la debida prudencia y cautela, como cuando se trata del médico que opera con la finalidad de curar y se produce la muerte. En el caso mencionado del médico, en nuestro criterio si se cumple tal finalidad empleando el deber objetivo de cuidado, indiscutiblemente no hay acción típica culposa jurídica sino simplemente una acción atípica.
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La despenalización del delito de deserción en el Perú consideraciones desde el Bien Jurídico

La despenalización del delito de deserción en el Perú consideraciones desde el Bien Jurídico

diferencia sustancial en el Derecho Romano entre el concepto de delicta y de crimina. El primero de ellos era el utilizado para designar los hechos ilícitos que implicaban una ofensa o agresión única y exclusivamente para la familia del perjudicado, por lo que las acciones a ejercitar sólo eran de carácter privado y orientadas, básicamente, a una condena de tinte pecuniario, estaban encuadrados dentro del ius civile y llevaban acarreada una pena pública. El segundo, por su parte, hacía referencia a aquellos tipos penales que representaban un verdadero atentado contra la comunidad política, contra la colectividad o el orden público, de tal modo que las acciones eran de cariz público y podían ser ejercitadas por cualquier ciudadano romano. Obviamente, la deserción quedaba catalogada dentro del segundo grupo, siendo merecedor el reo de la misma de una pena pública. En el periodo republicano, la persecución del delito contra el Estado (perduellio) se encomendaba a los duoviri perduellionis, quienes castigaban con la pena de muerte por crucifixión a quienes cometían el delito de deserción, entrega al enemigo de una plaza o campamento romano o prestaban auxilio al enemigo. Durante la época del principado, la definición legal de la deserción no varió respecto a la época precedente, advirtiéndose únicamente distinciones en relación con el procedimiento penal a través del cual se exigía responsabilidad penal al desertor. La evolución continuó hasta la codificación del emperador Justiniano, y más concretamente con el Digesto, en cuyo libro XLIX, título XVI, bajo la rúbrica “De Re militari”, se nos define el desertor como “qui per prolixum tempus vagatus, reducitur”, es decir aquel que anda errante
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Fundamentos jurídicos para incorporar taxativamente el dolo eventual en el Código Penal peruano. Un estudio sobre la base del tipo penal de homicidio culposo.

Fundamentos jurídicos para incorporar taxativamente el dolo eventual en el Código Penal peruano. Un estudio sobre la base del tipo penal de homicidio culposo.

iii. En el presente caso, se puede evidenciar que podría existir presencia de dolo eventual, por cuanto se dice que: “Según el denunciante, no ha muerto a causa de haberse caído por las gradas, sino que ha sido golpeado y asfixiado en el "Centro de rehabilitación de Cajamarca" tal como lo manifiesta en su Reconocimiento Médico legal que las lesiones del finado no son producto de la caída de las gradas de dicho lugar” sino por agente contuso. El facultativo; cuando el denunciante y su esposa concurrieron al "Centro de rehabilitación de Cajamarca", a entregarle las pastillas para el agraviado, no le comunicó que su hijo había sido Asaltado y Golpeado y producto de ello tenía laceraciones y perforaciones en el cuerpo. El acusado, actuó con negligencia, por cuanto no dio a saber oportunamente a las autoridades del Hospital Regional, ni condujo oportunamente al difunto al Hospital Regional, cuando habría sufrido la supuesta caída y como Director debería estar pendiente de todos los internos a su cargo.” Justamente, para realizar una correcta tipificación del delito cometido es que necesitamos una actividad probatoria sólida y objetiva, más allá que el proceso penal pueda concluir con una terminación o conclusión anticipada.
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“Aplicacíon del acuerdo reparatorio en el delito de peculado culposo en la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupcion de funcionarios de Huancavelica, 2014”

“Aplicacíon del acuerdo reparatorio en el delito de peculado culposo en la fiscalía provincial corporativa especializada en delitos de corrupcion de funcionarios de Huancavelica, 2014”

aplicación de estos criterios de oportunidad en Argentina es que no existen casos reglados para la aplicación, sino que estos están controlados por la discrecionalidad del Fiscal como titular del ejercicio de la acción penal: máxime que cada provincia tiene su código de procedimiento penal con su propia particularidad; pero ello no ha impedido que el Procurador General de la Nación en coordinación con la Fiscalía General establezcan por ejemplo que cuando un delito pueda ser resuelto sin el proceso se pueda recurrir a acuerdos entre la víctima e imputado con la finalidad que superen el conflicto, pero que todos los Fiscales deben convocar y recurrir a la Dirección Nacional de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos del Ministerio de Justicia, directiva vigente desde el 22 de Junio de 1990. Otra directiva similar vigente del 27 de Abril del 2000, precisa que los Fiscales podrán aplicar el Principio de Oportunidad, cuando la pena no supere a los 3 años, también cuando por las circunstancias de la comisión del delito habrá una suspensión a prueba, dentro de un proceso Abreviado; y dentro del cual deben reconocerse atenuantes; todos éstos antecedentes generaron que en Buenos Aires, el 26 de Abril de 2002, se presentara el Proyecto de Ley sobre "Principio de Oportunidad" presentado por el procurador general de la Nación ante la Cámara de Diputados. Finalmente por Ley N° 6730 el
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La pèrdida de oportunidad en los delitos de homicidio culposo en agravio de menor de edad

La pèrdida de oportunidad en los delitos de homicidio culposo en agravio de menor de edad

48. En el caso concreto se tiene que para el acusado RICARDO RAMIREZ ALVARADO, es de aplicación la atenuante genérica prevista en el literal a) del inciso 1 del artículo 46 del Código Penal, es decir “La carencia de antecedentes penales”, sin que se aprecien agravantes genéricas, lo que permite ubicarnos en el tercio inferior, conforme al artículo 45- A inciso 2 a) del Código Penal; es decir la pena debería tener como mínimo cuatro años y como máximo cinco años y cuatro meses de pena privativa de la libertad; por lo que atendiendo a la responsabilidad por el hecho, la pluralidad de las víctimas, y no obstante haber trascurrido casi cuatro años, y que según versión de la madre de los agraviados, el acusado no ha reparado en nada su delito; teniendo en consideración que la pena también cumple una función preventiva general 20 ; esta judicatura considera que la pena concreta final para el acusado será de
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El homicidio culposo por mala práctica profesional su tipificación y la vulneración de derechos constitucionales de los trabajadores de la salud

El homicidio culposo por mala práctica profesional su tipificación y la vulneración de derechos constitucionales de los trabajadores de la salud

Yo, Alex Marcelo Santamaría Navarrete, portador de la Cedula de Identidad N° 180469476-6, por mis propios derechos y en pleno goce de nuestras facultades, declaro que el contenido del presente trabajo de tesis, sobre el tema: “EL HOMICIDIO CULPOSO POR MALA PRACTICA PROFESIONAL SU TIPIFICACIÓN Y LA VULNERACIÓN DE DERECHOS CONSTITUCIONALES DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD” Es de mi absoluta responsabilidad realizarlo, respetando las normas legales y reglamentos correspondientes, en tal virtud expresamos que los conceptos, conclusiones, ideas, opiniones y recomendaciones del mismo, son creación plena del autor y por ello otorgo toda potestad a la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, para que emplee el trabajo de culminación de estudio como la bibliografía para futuras investigaciones relacionadas con el tema planteado.
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Libro de producción del reportaje : Una bala, Un precio. Sicariato en Bogotá

Libro de producción del reportaje : Una bala, Un precio. Sicariato en Bogotá

prestas a cometer el delito, simplemente viene quien lo va a cancelar, están listas ahí a generar la acción y yo he venido señalando desde tiempos atrás, que lo más preocupante en Bogotá es que es muy fácil conseguir un sicario, demasiado fácil Ahí está el caso del ex concejal, que no fue homicida siendo Concejal, fue homicida antes de ser Concejal, se vino a encontrar esto siendo Concejal, que simplemente y están los testimonios de los sicarios, son contactados en el sector de la Estanzuela, en el centro de Bogotá, por una persona que les va a contratar el servicio de matar a alguien a domicilio, es decir en la argumentación que yo he tenido, en Bogotá el Sicariato se contrata a domicilio, es más fácil entonces que estar buscando una ―oficina‖ donde contratar Sicarios y ahí es donde hay una falencia de los órganos de inteligencia, de los organismos de inteligencia del Estado y de la Policía Nacional porque no hemos sido capaz de desarticular realmente estas organizaciones, que están a la orden del día.
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La Protección Jurídica de los Derechos a la Vida y la Salud del Concebido Frente a Casos de Negligencia Médica, Cusco 2012 2013

La Protección Jurídica de los Derechos a la Vida y la Salud del Concebido Frente a Casos de Negligencia Médica, Cusco 2012 2013

organizaciones como CHOISIR, CALDEM-PERÚ, IDEPAZ, PERÚ MUJER, DEMUS, MANUELA RAMOS, FLORA TRISTÁN, etc. Algunos argumentos se apoyan en la idea que la persona humana se define por tener conciencia, autocomprensión, sensibilidad y memoria. El embrión no contaría con estas características (vide el Informe del Comité Latinoamericano de Defensa de la Mujer-Filial Perú); asimismo, defienden el derecho a la libertad y autonomía de la mujer, por lo que “ninguna mujer puede sentir ni disfrutar de su libertad en tanto que no tenga el poder de elegir y decidir si quiere o no ser madre” o como expresa el Centro de la mujer peruana FLORA TRISTÁN “el reconocimiento, protección y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, que como derechos humanos aluden a la libertad para decidir, ejercer y lograr nuestras aspiraciones sexuales y reproductivas sin que ello conlleve riesgos para nuestra dignidad, integridad y salud” (vide PRADO, 1985, p. 58). Jurídicamente se estaría vulnerando el principio de igualdad al considerarse al delito de aborto como una forma de discriminación a la mujer, pues se estaría legislando únicamente contra la mujer y sobre el cuerpo de ella y no sobre el varón, recortándose derechos personales, como la libertad, dignidad, intimidad y autodeterminación. A nivel internacional, son diferentes los foros en los que las instituciones promotoras de la legalización del aborto vienen promoviendo sus propuestas: v. gr., la Conferencia sobre Derechos Humanos de Teherán (1968), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, (1979), la Conferencia Internacional de población y desarrollo de El Cairo, 1994, y el IV Conferencia Mundial sobre la mujer, Beijing-China, 1995.
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El deber objetivo de cuidado en la mala práctica profesional, vulnera el derecho de inocencia

El deber objetivo de cuidado en la mala práctica profesional, vulnera el derecho de inocencia

Y entre estos principios, se encuentra principalmente el de la presunción de inocencia, que nace en la órbita del derecho, para proteger al indiciado frente a la enorme montaña de la persecución criminal, orientada más por el miedo y la sospechosa que por las pruebas reales que puedan existir en contra de una persona que ha cometido un delito. De esta forma, la presunción de inocencia, se convierte en una premisa de orden constitucional, que debe ser tenida en cuenta por el juzgador y demás operadores de justicia, así como por la sociedad, y que se constituye en una garantía de no ser declarado culpable con antelación al juicio, de que mantenga todas sus derechos o canonjías en su condición de ciudadano con derechos.
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La despenalización del aborto en la Ciudad de México

La despenalización del aborto en la Ciudad de México

D espués de dos años la SC JN resolvió dando argumentos favorables tanto a los grupos conser- v a d o res como a los liberales. En esta histórica sentencia, la Corte declaró que el derecho a la vida del producto de la concepción está protegido en todo el orden jurídico mexicano. Sin embargo, por mayoría de los Ministros de la Corte, se falló a favor de la constitucionalidad de las reformas, con el argumento de que únicamente se eliminaba la pena para las mujeres en ciertos casos, pero el carácter del delito subsistía. El máximo órgano de justicia de México ratificó así las reformas penales del año 2000.
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Evaluación del tratamiento jurídico al delito de incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas en la provincia  de Villa Clara durante el año 2016

Evaluación del tratamiento jurídico al delito de incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas en la provincia de Villa Clara durante el año 2016

En algunos supuestos el bien jurídico tutelado es la administración pública y en otros el correcto desempeño de las funciones públicas, por lo que existen diversidad de criterios en cuanto a la calificación de este ilícito penal, pues en el primer caso se trata de un delito económico y en el segundo de un delito funcionarial. Estas lagunas también se manifiestan en la legislación cubana, pues en el delito de Incumplimiento del Deber de Preservar Bienes de Entidades Económicas, preceptuado en el Código Penal cubano, el bien jurídico protegido es la Economía Nacional, no obstante este no resulta el único, pues aunque no se mencione expresamente, debe hacerse una interpretación extensiva de la norma, para comprender que también ella tutela el correcto desempeño de las funciones, por parte del sujeto encargado de garantizar la adecuada custodia y conservación de los bienes, que le han sido confiados, en virtud de su cargo, ocupación u oficio en una entidad económica.
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