DELITO DE COHECHO

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La inadecuada regulación del delito de Cohecho Pasivo propio,no contribuye al logro de los fines de la pena

La inadecuada regulación del delito de Cohecho Pasivo propio,no contribuye al logro de los fines de la pena

La investigación reflexiona sobre el bien jurídico tutelado y las penas conminadas para el delito de cohecho pasivo propio. Se consideró que la actual tipificación, no recoge los principios de culpabilidad y proporcionalidad; asimismo, la justicia restaurativa. Para este efecto, se ha recogido la opinión de expertos, respecto al bien jurídico tutelado y a la aplicación de las penas conminadas para el delito de cohecho pasivo propio y compulsar su homogeneidad o dispersión, utilizándose como instrumentos de investigación la ficha de registro de datos y el cuestionario. Con relación al análisis documental, la información recogida se ha volcado a un cuadro elaborado ex profesamente para tal efecto, que nos ha permitido resumir en forma ordenado la información recabada. Las principales conclusiones a las que se arribó, son: no existe uniformidad sobre el bien jurídico tutelado, la apreciación de los expertos sobre las penas conminadas, se orienta a desestimar que sea básicamente privativa de libertad, sino, de otro tipo, como inhabilitación absoluta, penas pecuniarias elevadas, principalmente. Existe un alto porcentaje de encuestados que, opinan que las penas conminadas para el delito, no observa el principio de proporcionalidad y afectan la dignidad de las personas. Finalmente, un aproximado del 50% de encuestados consideran que, sería más apropiado, dadas las características personales del agente del delito, se imponga la justicia restaurativa.
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Análisis del impacto en las razones financieras generado por el delito de cohecho en los procesos de selección de obras publicas por la adjudicación directa de las municipalidades en las empresas constructoras de la provincia de Huánuco, ejercicio 2014

Análisis del impacto en las razones financieras generado por el delito de cohecho en los procesos de selección de obras publicas por la adjudicación directa de las municipalidades en las empresas constructoras de la provincia de Huánuco, ejercicio 2014

1. Dentro de una investigación como esta, que toma en consideración temas tan delicados como el delito de cohecho que se dan entre la empresa privada y la entidad pública de momento, se recomienda a los empresarios del sector construcción a que tomen conciencia sobre la viabilidad de sus empresas con el uso de este sistema para adjudicarse obras, ya que no solo están disminuyendo su liquidez que a largo puede tener consecuencias nefastas para su empresa, sino que están aportando a un sistema corrupto que lo único que busca es el bienestar económico de las personas enquistadas dentro de los cargos públicos. Se ha evidenciado que muchas de estas empresas por hacer un pago indebido e ilegal tienen problemas para poder pagar los tributos, y al personal, es decir, tienen problemas de liquidez.
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3.- El delito de Cohecho pasivo específico - 01 Alonso-Estudio Cohecho-2da Parte

3.- El delito de Cohecho pasivo específico - 01 Alonso-Estudio Cohecho-2da Parte

Cuando un particular, usuario del sistema de justicia, busca por ejemplo a un auxiliar jurisdiccional, para que éste influya en la persona del juez o siendo un asistente de función fiscal para que lo haga en el Fiscal que conduce el Despacho, no será autor del Cohecho pasivo específico, sino autor del delito de Tráfico de influencias, empero sí podrá incurrir en el tipo penal del artículo 396º, siempre y cuando lo que pretenda el particular, es un decisión que se encuentra enmarcada en el ámbito de potestades del auxiliar jurisdiccional, v.gr., que posponga una diligencia, que omita notificar cierta diligencia a la otra parte, etc. Una diferencia importante, como apunta Olaizola Nogales, es que en principio, no sería relevante a efectos del delito de tráfico de influencias si la resolución es conforme o contraria a Derecho 51 ; pero sí, a efectos de valorar la conducta del funcionario que está conociendo el caso, pues, si se hace para omitir un acto propio de sus funciones, será constitutivo de un delito de Cohecho pasivo propio y, si recibe la dádiva para realizar un acto propio de sus funciones incurrirá en un delito de Cohecho pasivo impropio. De todos modos, será de recibo, que la búsqueda de influencias para que se decida en un caso concreto, por lo general se hará con el propósito de que se realice un acto en omisión de los deberes funcionales. De ahí, vale decir, que si se trata de una intercesión que ha de calar en un funcionario con potestades decisorias, ingresaríamos a un Concurso real con el injusto de prevaricación; situación que no cabría admitir cuando la influencia se dirige hacia un acto sin faltar a los deberes funcionales (Cohecho pasivo impropio).
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El principio de oportunidad en el delito de cohecho y la política legislativa anticorrupción

El principio de oportunidad en el delito de cohecho y la política legislativa anticorrupción

Nótese como expresamente en la citada exposición de motivos del proyecto de ley se plantea una política de “cero tolerancia a la corrupción”, lo cual y a la vez “un llamado preventivo general” en busca de que los potenciales delincuentes se abstengan de delinquir. Tal propósito parece contradicho, por lo menos en principio, con la consagración del principio de oportunidad para uno de los delitos quizás más emblemáticos de la corrupción en la administración pública, esto es, el cohecho. En efecto, la oferta anticipada de impunidad a quienes primero delaten otros intervinientes en el delito de cohecho genera muchas dudas acerca del efecto preventivo general de esta medida y en tampoco parece muy acorde con esa idea de cero tolerancia, sobre este tópico volveremos en la parte final de este trabajo.
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El delito de cohecho pasivo impropio y sus variaciones

El delito de cohecho pasivo impropio y sus variaciones

Desde el punto de vista del cohecho pasivo impropio, este principio 14 es vulnerado cada vez que la actuación de los órganos de la Administración Pública es influida por dinero u otro tipo de ventaja por parte de un particular (o que el mismo solicitase) que le alejan de dicho interés general. La consecuencia de esta idea es que el injusto del delito no consiste meramente en la realización de un acto en favor (y con compensación) hacia alguien sino en que dicho acto sea en ejercicio del cargo dotándolo de una aparente validez (STS 186/2012 de 14 de Marzo), y consecuentemente opuesto al interés general. Por ello, los comportamientos objetivos del tipo de “solicitar”, “recibir” y “aceptar” son manifestaciones indudables de este fenómeno, mostrándose la indebida injerencia en la imparcial actuación de los poderes públicos.
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El delito de cohecho y su tipifación

El delito de cohecho y su tipifación

Art. 367.- El juez de hecho o de derecho, arbitro o cualquier otro funcionario público, que por sí o por alguno de su familia o por interpuesta persona, admitiere a sabiendas, o se conviniere en admitir algún soborno, cohecho o regalo, para hacer alguna cosa contraria a lo que como tal funcionario Este obligado, o deje de hacer alguna que por razón de sus funciones deba ejecutar, siempre que proceda a una cosa u otra, por el soborno, cohecho o reglaos admitido u ofrecido, sufrirá la pena establecida en el artículo 365. 1.- Si aunque el funcionario público hubiere admitido o convenido en admitir el soborno, cohecho o regalo, no hubiere hecho la cosa contraria a su obligación, o dejado de hacer la que debiera ejecutar, será suspenso de su empleo, por cuatro a seis años, y pagara una multa que será el triple de lo que importare el soborno, cohecho o regalo. 2.- Si la acción cometida por el soborno, cohecho o regalo, fuere no solo contraria a su obligación, sino que constituya otro deleito, a que Este señalada alguna pena, esta se le impondrá también.
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La desproporcionaliudad de las penas en el delito de cohecho

La desproporcionaliudad de las penas en el delito de cohecho

Al analizarse la proporcionalidad de las penas, se prevé que existen casos en que las penas no son proporcionales a los tipos de delitos cometidos, es por ese motivo que los tipos penales deben ser compremndidos adecuadamente por el legislador. Es decir, para que esta compresión sea posible el legislador debe de comprender cómo se origina el delito, cuáles son los bienes juridicaos afectados, cuál es la motivación existente, de qué formas se puede cometer y cuál es la magnitud de la afectación o daño que puede ocasionar en dichos bienes juridicos (Cita & González, 2016). Al comprenderse estos presupuestos de comisíón del delito, el legislador penal podrá conocer las causas y efectos que forman parte de dichos delitos, con lo que tendrá un mejor criterio para establecer una pena justa de forma que sea porporcional al hecho cometido, y así, no agravar la situación jurídica de las personas sentenciadas de forma tal que la admisnitración de justicia sea racional y no imponga penas injustas que afecten al debido proceso que rige los principios procesales de carácter sancionatorio del derecho penal.
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La imprescriptiblidad en los delitos de corrupción

La imprescriptiblidad en los delitos de corrupción

El presente proyecto abordara el análisis de la corrupción, y el “beneficio” que obtienen los responsables mediante la prescripción penal. El Sistema Normativo permite evadir la justicia; la decadencia de valores y principios, al solicitar dinero u otros, para realizar u omitir actos administrativos, todo ello en beneficio propio a expensas del Estado. Como objetivos del presente proyecto, encontramos describir la prescripción; el delito de Cohecho Pasivo Propio e Impropio, y determinar los efectos jurídicos sociales de la prescripción e imprescriptibilidad, para ello se utilizara el Método Cualitativo, Dialéctico y Descriptivo. Por lo tanto, se concluye que la imprescriptibilidad reducirá de manera sustancial la comisión de los delitos contra la Administración pública, al reformar nuestra Constitución Política y erradicar la corrupción que tanto perjudica a nuestro país.
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El cohecho aparente, inciso segundo del artículo 406 del Código Penal: Análisis de caso, sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el año 2009, radicado 23924, M.P: Jorge Luis Quintero Milanés

El cohecho aparente, inciso segundo del artículo 406 del Código Penal: Análisis de caso, sentencia proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el año 2009, radicado 23924, M.P: Jorge Luis Quintero Milanés

Paralelamente, el señor Justo Pastor Rodríguez estaba siendo objeto de críticas por la supuesta realización de actuaciones irregulares en su cargo, hecho que resultó agravado debido a que el 9 de febrero de 2004 fue víctima del hurto de su maletín, en donde llevaba 18 millones de pesos colombianos, 3.500 dólares US y un reloj Rolex, esta situación generó un escándalo en la opinión pública, porque frente a este reloj se confirmaría posteriormente que había sido obsequiado por parte del señor Jesús Guerrero Hernández, mismo que había resultado beneficiado por la variación de la asignación del Fiscal de su caso a causa de la decisión tomada por Justo Pastor Rodríguez. A raíz de estos hechos, en el mes de marzo se abrió la investigación en contra del ex Director Nacional de Fiscalías, por los delitos de prevaricato por acción y cohecho propio. En el mes de diciembre, al resolver la situación jurídica del sindicado, se decidió la sustitución de estos dos tipos penales, y en su lugar se le imputó el delito de cohecho impropio consagrado en el inciso segundo del artículo 406 del Código Penal, lo cual resultaba viable porque dicho delito se encontraba en el mismo título y capítulo del estatuto penal e implicaba menor punibilidad.
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Necesidad de incrementar las penas de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, tipificados en el Código Penal Ecuatoriano

Necesidad de incrementar las penas de los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, tipificados en el Código Penal Ecuatoriano

El Art.285 del Código Penal tipifica el delito de cohecho: “ Todo funcionario público y toda persona encargada de un servicio público que aceptaren oferta o promesa, o recibieren dones o presentes, para ejecutar un acto de su empleo u oficio, aunque sea justo, pero no sujeto a retribución, serán reprimidos con prisión de seis meses a tres años y multa de ocho a dieciséis dólares de los Estados Unidos de Norte América, a más de la restitución del doble de lo que hubieren percibido.- Serán reprimidos con prisión de uno a cinco años y multa de seis a treinta y un dólares de los Estados Unidos de Norte América, a más de restituir el triple de lo percibido, si han aceptado ofertas o promesas, o recibido dones o presentes, bien sea por ejecutar en el ejercicio de su empleo oficio un acto manifiestamente injusto; bien por abstenerse de ejecutar un acto de su obligación”
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Delito de Corrupción Activa de Funcionarios o Cohecho Activo Genérico

Delito de Corrupción Activa de Funcionarios o Cohecho Activo Genérico

Al igual que en el delito de cohecho activo propio, Salinas Siccha sostiene que, de la lectura del contenido del tipo penal, se advierte que el legislador ha reproducido la descripción típica del cohecho pasivo impropio regulado en el artículo 394° del Código Penal, para tipificar la conducta del tercero interesado que corrompe o trata de corromper al funcionario o servidor público. Por lo tanto, estamos ante un delito de corrupción de carácter genérico, ya que el sujeto activo del delito es indeterminado al igual que los destinatarios de la acción sobornante. Por la redacción de la fórmula legislativa, podemos aseverar que se trata de un delito común. Cualquier persona puede ser autor de este hecho punible. No se exige alguna condición especial o cualidad personal en el agente (Salinas Siccha, s.f.), pero este delito, por ser de naturaleza unilateral y regulada con la denominación de cohecho activo en el C.P., habría la posibilidad de deficiencia técnica en cuanto a los verbos rectores de acción del sujeto agente.
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Sistemas penales comparados: Corrupción en el sector privado

Sistemas penales comparados: Corrupción en el sector privado

finición legal de funcionario del arto 24.2 del CP y, por otro, de un entendimiento adecuado de pre­ ceptos como el arto 422 del CP que extiende ad hoc para el delito de cohecho propio a "los jurados, ár­ bitros, peritos o cualesquiera personas que parti­ cipen en el ejercicio de la función pública". Si es­ te precepto y otros semejantes repartidos entre los delitos de funcionarios públicos, se entienden co­ mo una ampliación del concepto de funcionario a particulares (personas naturales o jurídicas) que desempeñan funciones públicas, sin vínculo fun­ cional o orgánico con la administración, el cohe­ cho propio podría ser de aplicación tanto a la ma­ yoría de los casos de privatización del derecho administrativo, como igualmente a sobornos de distintas profesiones privadas que cumplen fun­ ciones públicas. Como ejemplo paradigmático de este último caso podría citarse, la corrupción del auditor de cuentas o de la empresa auditora2. La situación del ordenamiento español en este punto deja en cualquier caso mucho que desear. Al de­ pender estas cuestiones de la voluntad hermenéu­ tica del juez, el principio de determinación penal queda seriamente afectado. La regulación positiva arroja además interrogantes tan importantes co­ mo si en estos casos el cohecho activo propio re­ sulta punible, esto es, si puede ser sancionado no sólo el auditor que solicita la ventaja indebida, si­ no también el particular que la ofrece. Igualmen­ te la reflexión relativa al número de actividades privadas en las que debe existir una regulación pe­ nal de la corrupción no acaba con aquellas que de alguna manera cumplen funciones públicas. Así, por ejemplo, en el marco de las inversiones bursá­ tiles, cabría pensar en la punibilidad del soborno de las "empresas de servicios de inversión".
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El juzgamiento en ausencia del acusado en los delitos de peculado, cohecho, conclusión y enriquecimiento ilícito y derecho a la legítima defensa

El juzgamiento en ausencia del acusado en los delitos de peculado, cohecho, conclusión y enriquecimiento ilícito y derecho a la legítima defensa

6 En ese contexto la garantía constitucional de legítima defensa prescribe de forma clara las garantías del debido proceso penal, las cuales desempeñan un rol fundamental que es el de la realización de la justicia, sin embargo en la justicia penal ecuatoriana pese a encontrarnos en un Estado Constitucional de Derechos y Justicia social, y en un sistema constitucionalista, no se aplica debidamente las garantías constitucionales establecidas expresamente en el artículo 76 numeral 7 de la Constitución de la República, al no contar con la presencia del acusado en la audiencia de juzgamiento en los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito, en donde principalmente se práctica la prueba para establecer la existencia del delito y la responsabilidad del acusado, violentando además principios como el de inmediación, dejándole abiertamente en la completa indefensión al acusado y de manera innegable genera ineficacia el fin de la justicia. En tal sentido y realizando un análisis del debido proceso y de las garantías del procesado se ha pronunciado Paul Carvajal Flor quien dice:
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1.- A modo de Introducción - 01 Alonso-Estudio Cohecho-1era.Parte

1.- A modo de Introducción - 01 Alonso-Estudio Cohecho-1era.Parte

Se puede partir de lo siguiente: en el delito de Cohecho, cuando el servidor público, se deja tentar por la oferta corruptora del particular o, el mismo promueve el trato ilícito, para infringir sus deberes funcionales, para omitir un acto en violación de sus obligaciones 28 , está afectando dos aspectos puntuales: la imparcialidad en el ejercicio de la actuación pública, pues ésta es quebrantada cuando el autor pone de manifiesto la preponderancia de sus apetitos “personales”, sobre los estrictamente “generales”, que ha de guiar dicha actuación y, a su vez, el principio de legalidad, pues éste deja de aplicar la norma aplicable al caso concreto o, la interpreta de forma antojadiza para favorecer indebidamente al particular 29 . Lo que en un sector de la doctrina han denominado como “privatización de la función pública”, pues el intraneus, se aprovecha de su condición de servidor de la administración, para obtener un provecho indebido. El delito de cohecho, apunta Feijóo Sánchez, es el medio más radical que tiene el ordenamiento jurídico para luchar contra la “privatización” de la función pública 30
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ASPECTOS GENERALES DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

ASPECTOS GENERALES DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

Posteriormente, esta postura evolucionó y pasó a considerarse el delito fiscal como un delito de desobediencia, pues atenta contra el deber de lealtad que el Estado exige al ciudadano. Esta tesis fue planteada por primera vez por GROIZARD, quien entendió que el ocultamiento de bienes o industria no constituía una falsedad, sino un delito de desobediencia. Teoría que fue apoyada por un sector minoritario de la doctrina alemana, y por BACILAPULO en la doctrina española; este autor mantiene que la protección penal en estos delitos se adelanta a un momento anterior al del perjuicio patrimonial, esto es, al de la gestión patrimonial, configurándose por ello dentro del ámbito fronterizo de los delitos de peligro, por no requerir un efectivo perjuicio patrimonial 2 .
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Los delitos de cohecho y de tráfico de influencias en las transacciones comerciales internacionales conforme al Código penal brasileño

Los delitos de cohecho y de tráfico de influencias en las transacciones comerciales internacionales conforme al Código penal brasileño

Son innumerables los factores que llevan al incremento de la co- rrupción en el escenario internacional. Como ya hemos mencionado anteriormente, entre ellos figura la globalización, consistente en el proceso histórico-económico a través del cual las políticas nacionales van perdiendo importancia en relación con las políticas externas, dictadas fuera de las fronteras de los Estados. Otro motivo es el hecho de que los países se ven obligados a vivir una situación de riesgo permanente, que les obliga a someterse a inseguridades y amenazas constantes. El factor económico es el factor determinante de este delito, pues no se puede negar que todas las manifestaciones de la co- rrupción se asientan, directa o indirectamente, en bases económicas. Pero eso no significa que en los países económicamente más desa- rrollados y, por lo tanto, que efectúan mayor número de transaccio- nes comerciales internacionales, se registren más casos de corrupción que en aquellos menos desarrollados. Todo lo contrario: se observa que, muchas veces, la práctica constante del comercio internacional hace que el Estado se preocupe cada vez más de la transparencia de su economía, para conseguir la confianza del mercado interno.
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El impeachment estadounidense y su influencia sobre la acusación constitucional chilena

El impeachment estadounidense y su influencia sobre la acusación constitucional chilena

Esta redacción mereció la siguiente crítica de la Cámara de Diputados: “en la primera parte del artículo 92, se enumeran crímenes que justifican la acusación; mas en la segunda parte, se habla de infracción de la Constitución, atropellamiento de las leyes, o haber dejado a estas sin ejecución, palabras de sentido mui general, que comprenden actos de mui diferente importancia, de mui diverso carácter. Infracción de la Constitución puede decirse que hai, en todo delito, porque el que asesina, el que hiere, el que roba, viola las garantías de las personas i de la propiedad, que la Constitución asegura. La Constitución no ha querido por cierto, que la Cámara de Diputados, acuse a un ministro por esa clase de delitos. También infrinje la Constitución, un Ministro que no presenta su memoria, en las primeras sesiones ordinarias del Congreso, o que decreta un pago, i no espresa la lei o parte del pre- supuesto, que autorice el gasto i no obstante el texto literal del artículo 92, sería ridículo acusar por esas faltas. Las palabras atropellamiento de las leyes, no tienen
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Libro de producción del reportaje : Una bala, Un precio. Sicariato en Bogotá

Libro de producción del reportaje : Una bala, Un precio. Sicariato en Bogotá

da y la reincorporación de miembros de las FARC y ELN, especialmente de las FARC; hacen que durante la administración de Uribe se hablen de unas cifras alarmantes, alarmantes respecto al número. Para la sociedad civil pues fabuloso que más gente abandone las armas y realmente establecer cuántos de estos hombres han llegado a Bogotá, hay cerca de 50 mil que en los últimos 10 años han sido reincorporados, no es fácil. Se dice, en las cuentas de la ciudad hay entre 5mil y 7mil personas reincorporadas y aquí es donde hay que hacer un análisis especial; son personas de bajas condiciones académicas, un nivel muy bajo, muy pobres, sin oficio y digamos que ahí es fácil, hay un gran cultivo para que organizaciones adquieran esos servicios de gatillero pues son personas que saben disparar, que saben manejar armas, que saben hacer algunas tareas de inteligencia, son personas que saben penetrar el entorno de la víctima y finalmente atacar. Esos fenómenos sumados a unas bandas organizadas, bandas organizadas dedicadas al crimen, así como hay bandas de fleteros, como hay bandas de apartamenteros, así como hay bandas que se están hurtando los vehículos, hay unas bandas organizadas, especialmente en el centro de la ciudad, que han venido como ramificando sus servicios y una parte de esa ramificación es prestar servicios de Sicariato. Y recordemos también, que en el tema de los delitos no hay una causa única, que uno diga, hay un delito porque hay esta causa única; porque la persona e pobre, porque la persona es de color, porque la persona es hombre…no, no, no existe! Son multi causales los delitos, hay un delito porque hay una persona con dificultades, hay un delito porque hay una persona motivada a cometer un delito, porque hay una persona motivada a recibir un pago, porque tiene unas necesidades, porque tiene un nivel educativo bajo…por lo que sea, pero es multi causal y en el Sicariato, tendríamos que decir entonces, que ya están las personas
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El pasado judicial y el trabajo en el sector público ante el derecho de igualdad

El pasado judicial y el trabajo en el sector público ante el derecho de igualdad

Prohibiciones especiales para el desempeño de un puesto, cargo, función o dignidad en el sector público.- Las personas contra quienes se hubiere dictado sentencia condenatoria ejecutoriada por delitos de: peculado, cohecho, concusión o enriquecimiento ilícito; y, en general, quienes hayan sido sentenciados por defraudaciones a las instituciones del Estado están prohibidos para el desempeño, bajo cualquier modalidad, de un puesto, cargo, función o dignidad pública. La misma incapacidad recaerá sobre quienes hayan sido condenados por los siguientes delitos: delitos aduaneros, tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, lavado de activos, acoso sexual, explotación sexual, trata de
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Apuntes sobre los principios de la ética pública en el Derecho argentino

Apuntes sobre los principios de la ética pública en el Derecho argentino

teramericana contra la Corrupción; b) la Convención sobre la Lucha contra el Cohecho de Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales; c) la Ley de Ética de la Función Pública, n.º 25188; d) el régimen de empleo público, aprobado por la Ley n.º 25164; e) el Decreto del Poder Ejecutivo 164/99, reglamentario de la Ley de Ética de la Fun- ción Pública; f) el Decreto del Poder Ejecutivo 229/00, que creó el «Programa Carta Compromiso con el Ciudadano»; g) el De- creto del Poder Ejecutivo 41/99, que aprueba el Código de Ética para la Función Pública, cuyas disposiciones rigen en la medida que no sean contradictorias con la Ley de Ética de la Función Pública y su reglamentación.
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