Delito de Cohecho Pasivo propio

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La inadecuada regulación del delito de Cohecho Pasivo propio,no contribuye al logro de los fines de la pena

La inadecuada regulación del delito de Cohecho Pasivo propio,no contribuye al logro de los fines de la pena

La investigación reflexiona sobre el bien jurídico tutelado y las penas conminadas para el delito de cohecho pasivo propio. Se consideró que la actual tipificación, no recoge los principios de culpabilidad y proporcionalidad; asimismo, la justicia restaurativa. Para este efecto, se ha recogido la opinión de expertos, respecto al bien jurídico tutelado y a la aplicación de las penas conminadas para el delito de cohecho pasivo propio y compulsar su homogeneidad o dispersión, utilizándose como instrumentos de investigación la ficha de registro de datos y el cuestionario. Con relación al análisis documental, la información recogida se ha volcado a un cuadro elaborado ex profesamente para tal efecto, que nos ha permitido resumir en forma ordenado la información recabada. Las principales conclusiones a las que se arribó, son: no existe uniformidad sobre el bien jurídico tutelado, la apreciación de los expertos sobre las penas conminadas, se orienta a desestimar que sea básicamente privativa de libertad, sino, de otro tipo, como inhabilitación absoluta, penas pecuniarias elevadas, principalmente. Existe un alto porcentaje de encuestados que, opinan que las penas conminadas para el delito, no observa el principio de proporcionalidad y afectan la dignidad de las personas. Finalmente, un aproximado del 50% de encuestados consideran que, sería más apropiado, dadas las características personales del agente del delito, se imponga la justicia restaurativa.
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La imprescriptiblidad en los delitos de corrupción

La imprescriptiblidad en los delitos de corrupción

El presente proyecto abordara el análisis de la corrupción, y el “beneficio” que obtienen los responsables mediante la prescripción penal. El Sistema Normativo permite evadir la justicia; la decadencia de valores y principios, al solicitar dinero u otros, para realizar u omitir actos administrativos, todo ello en beneficio propio a expensas del Estado. Como objetivos del presente proyecto, encontramos describir la prescripción; el delito de Cohecho Pasivo Propio e Impropio, y determinar los efectos jurídicos sociales de la prescripción e imprescriptibilidad, para ello se utilizara el Método Cualitativo, Dialéctico y Descriptivo. Por lo tanto, se concluye que la imprescriptibilidad reducirá de manera sustancial la comisión de los delitos contra la Administración pública, al reformar nuestra Constitución Política y erradicar la corrupción que tanto perjudica a nuestro país.
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3.- El delito de Cohecho pasivo específico - 01 Alonso-Estudio Cohecho-2da Parte

3.- El delito de Cohecho pasivo específico - 01 Alonso-Estudio Cohecho-2da Parte

Cuando un particular, usuario del sistema de justicia, busca por ejemplo a un auxiliar jurisdiccional, para que éste influya en la persona del juez o siendo un asistente de función fiscal para que lo haga en el Fiscal que conduce el Despacho, no será autor del Cohecho pasivo específico, sino autor del delito de Tráfico de influencias, empero sí podrá incurrir en el tipo penal del artículo 396º, siempre y cuando lo que pretenda el particular, es un decisión que se encuentra enmarcada en el ámbito de potestades del auxiliar jurisdiccional, v.gr., que posponga una diligencia, que omita notificar cierta diligencia a la otra parte, etc. Una diferencia importante, como apunta Olaizola Nogales, es que en principio, no sería relevante a efectos del delito de tráfico de influencias si la resolución es conforme o contraria a Derecho 51 ; pero sí, a efectos de valorar la conducta del funcionario que está conociendo el caso, pues, si se hace para omitir un acto propio de sus funciones, será constitutivo de un delito de Cohecho pasivo propio y, si recibe la dádiva para realizar un acto propio de sus funciones incurrirá en un delito de Cohecho pasivo impropio. De todos modos, será de recibo, que la búsqueda de influencias para que se decida en un caso concreto, por lo general se hará con el propósito de que se realice un acto en omisión de los deberes funcionales. De ahí, vale decir, que si se trata de una intercesión que ha de calar en un funcionario con potestades decisorias, ingresaríamos a un Concurso real con el injusto de prevaricación; situación que no cabría admitir cuando la influencia se dirige hacia un acto sin faltar a los deberes funcionales (Cohecho pasivo impropio).
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Cohecho pasivo propio

Cohecho pasivo propio

Sétimo.- Que respecto a la infracción normativa del inciso f) del artículo 75 de la Ley 27337, dispositivo que señala: “Suspensión de la Patria Potestad (...) f) Por negarse a prestarles alimentos. De acuerdo a la norma glosada, se recoge como supuesto fáctico para la suspensión del ejercicio de la patria potestad la negativa del padre o de la madre a prestar alimentos a sus hijos. La negación del cumplimiento de la obligación alimentaria por parte de uno de los padres implica la vulneración de uno de los deberes fundamentales del ejercicio de la patria potestad, conforme lo regulado por el inciso 6º de la Constitución y el artículo 74 del Código del Niño y Adolescentes. En efecto, desatender a un hijo en sus necesidades alimentarias, conforme al concepto que desarrolla el artículo 92 del ordenamiento legal antes mencionado, evidencia además de desapego efectivo, violación al derecho a la vida y desarrollo integral de un hijo, lo que no resulta congruente con relaciones de parentesco derivadas del vínculo paterno filial, de allí que en el ámbito penal se tipifique y sancione como delito la omisión al cumplimiento de la obligación alimentaria. Para sancionar a uno de los padres con la suspensión de la patria potestad, debe preexistir un requerimiento al cumplimiento de la obligación alimentaria; esto es, que necesariamente se debe haber instaurado un proceso de alimentos contra aquél, en el que se haya fijado una pensión que se omite o es renuente a cumplir, pues de lo contrario, es de suponer que se cumple con dicha obligación.
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Vulneración del principio de última ratio, en las sentencias, en delitos de cohecho pasivo impropio de mínima cuantía Corte Superior de Justicia de Huancavelica 2016

Vulneración del principio de última ratio, en las sentencias, en delitos de cohecho pasivo impropio de mínima cuantía Corte Superior de Justicia de Huancavelica 2016

(VILLAVICENCIO TERREROS, 2001) Señala: “No es relevante para definir lo pasivo del cohecho el papel que cumple o cumplirá el extrañáis (en sentido estricto y amplio), asunto que es de interés para configurar conceptual y jurídicamente el cohecho activo. El cohecho pasivo es de naturaleza genérica o específica según que el sujeto activo del delito no esté taxativamente precisado, pudiendo tratarse de cualquier funcionario o servidor (artículo 393-394 del Código Penal), o, en cambio, se haya nominado con nombre propio al sujeto público (artículo 395 del Código Penal), tal es el caso del cohecho pasivo específico. Como se aprecia, en el art. 395 del Código penal peruano se está ante un delito de cohecho pasivo específico, ya que se ha indicado al Magistrado, árbitro del Tribunal Administrativo, etc., como sujetos activos exclusivos. A su vez la corrupción o cohecho pasivo puede ser: a) cohecho pasivo propio, según que lo recibido pasivamente o lo solicitado con compromiso volitivo del funcionario o servidor sea para incumplir sus obligaciones, ya en sus variantes activas u omisivas; y b) cohecho pasivo impropio, cuando en cambio los actos ejecutados por el funcionario o servidor cumplen con la ley, reglamento u obligaciones, pero bajo presión o influencia de los mecanismos corruptores.
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Delito de Corrupción Activa de Funcionarios o Cohecho Activo Genérico

Delito de Corrupción Activa de Funcionarios o Cohecho Activo Genérico

Al igual que en el delito de cohecho activo propio, Salinas Siccha sostiene que, de la lectura del contenido del tipo penal, se advierte que el legislador ha reproducido la descripción típica del cohecho pasivo impropio regulado en el artículo 394° del Código Penal, para tipificar la conducta del tercero interesado que corrompe o trata de corromper al funcionario o servidor público. Por lo tanto, estamos ante un delito de corrupción de carácter genérico, ya que el sujeto activo del delito es indeterminado al igual que los destinatarios de la acción sobornante. Por la redacción de la fórmula legislativa, podemos aseverar que se trata de un delito común. Cualquier persona puede ser autor de este hecho punible. No se exige alguna condición especial o cualidad personal en el agente (Salinas Siccha, s.f.), pero este delito, por ser de naturaleza unilateral y regulada con la denominación de cohecho activo en el C.P., habría la posibilidad de deficiencia técnica en cuanto a los verbos rectores de acción del sujeto agente.
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Cohecho  Uno de los máximos exponentes de la corrupción

Cohecho Uno de los máximos exponentes de la corrupción

OCTAVA. En la definición del autor en los delitos de cohecho pasivo, el funcionario o autoridad pública es, desde el punto de vista penal, mucho más amplia que una mera descripción administrativa. Puede ser autor cualquier persona que participe en las funciones públicas, siempre que haya sido designado procedentemente, sea cual sea su puesto, desde un Policía Nacional adscrito al Ministerio del Interior hasta un farmacéutico contratado por una Entidad Empresarial de Derecho Público. No obstante, como he dicho, la autoría en los artículos 419 a 423 no queda restringida a la autoridad o funcionario público, pudiendo cometer dicho delito como autor en alguna de sus otras modalidades del articulo 28 CP (cooperación necesaria y complicidad) una persona sin la cualidad de funcionario o autoridad, ya que dicha cualificación se exigirá solo para la autoría en sentido propio.
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El cohecho pasivo en la Policía Nacional del Perú, de la Región Policial Lima y el perjuicio cometido contra la administración pública

El cohecho pasivo en la Policía Nacional del Perú, de la Región Policial Lima y el perjuicio cometido contra la administración pública

ejemplo, en los fraudes ministeriales y en las malversaciones. No parece que esta confianza sea el bien jurídico específicamente protegido en el delito de cohecho. Además, si lo fuera, no podría apreciarse un delito de cohecho, por no resultar afectado el bien jurídico, cuando la conducta descrita en el tipo sea realizada por un funcionario que no goce de la confianza de la ciudadanía por ser, en opinión de ésta, una persona corrupta, lo cual no resultaría aceptable. En tercer lugar, porque algo parecido puede decirse respecto de la pretensión de esta posición, de considerar como bien jurídico protegido en el cohecho del particular, la dignidad del Estado y el prestigio social de los entes públicos. La existencia del Estado y de los entes públicos tiene su razón de ser en la protección del bien común, sin que se puedan justificar por sí solos. Además, la dignidad parece ser algo inherente a toda persona humana y no algo propio del Estado. Por otra parte, aun cuando un ente público no goce de prestigio
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El delito de cohecho pasivo impropio y sus variaciones

El delito de cohecho pasivo impropio y sus variaciones

Después de la reforma de 2010 ya no se hace mención al “acto no prohibido legalmente” sin embargo cabe atenderse a una breve conceptualización sobre su distinción con “acto propio de su cargo” que entonces también se tenía. En atención a la STS 186/2012 de 14 de Marzo podemos decir que se consideraban como actos no prohibidos legalmente aquellos actos lícitos que no eran propios de la esfera de competencias perteneciente al funcionario, pero que sin embargo estaban relacionados con su trabajo o bien eran de competencia genérica (también llamados actos reglados) 41 ; mientras que como acto propio de su cargo se entendían todos aquellos comprendidos dentro de las competencias y sus funciones. La diferenciación de estos conceptos ha sido objeto de mucha discusión por parte de la doctrina y es que, en opinión compartida con la STS mencionada, el legislador en ese momento utilizó dos expresiones para referirse a una misma clase de actos puesto que en ambos casos se hace alusión a un acto aparentemente lícito cometido por el sujeto pasivo haciendo uso de sus competencias, aunque estás no fueran directamente atribuibles a él pero si guarden relación o conexión con las actividades públicas que desempeña. Con la nueva reforma la distinción ya no se hace necesaria, habiéndose simplificado notoriamente el concepto y abarcando ambas modalidades en uno (“acto propio de su cargo”).
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ASPECTOS GENERALES DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

ASPECTOS GENERALES DEL DELITO DE DEFRAUDACIÓN A LA HACIENDA PÚBLICA

En cambio, MARTINEZ BUJÁN es contrario a la exigencia de dicho elemento subjetivo del injusto como un plus añadido al dolo, y ello se debe a que no se puede inferir ni del tenor literal del precepto, ni de su configuración normativo-estructural. Es de destacar, que parte de la jurisprudencia se incardina en esta segunda postura, pues la SAP Navarra 152/2008 de 22 de octubre (EDJ 2008/372526) en su fundamento jurídico segundo dice lo siguiente: “Para la percepción del elemento subjetivo del tipo del injusto del delito fiscal no es preciso un particular ánimo defraudatorio distinto del dolo o equiparable con carácter exclusivo a un dolo intencional, sino que, como viene afirmando la mejor doctrina y jurisprudencia (STS de 10 de noviembre de 1993 EDJ: 1993/10121) basta con la presencia de un dolo de defraudar, del que en absoluto es excluible la modalidad de dolo eventual, bastando entonces con un conocimiento de la alta probabilidad de que las acciones o emisiones realizadas conllevaría a una actividad defraudatoria y la asunción por parte del sujeto de esa probabilidad, no es por tanto, en suma, una especial intención de defraudar lo que ha de probarse, sino que
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Análisis fáctico-objetivo al elemento engaño dentro de la estafa en Ecuador

Análisis fáctico-objetivo al elemento engaño dentro de la estafa en Ecuador

En nuestra normativa, tanto en el Código Penal (actualmente derogado) y en el Código Orgánico Integral Penal, podemos encontrar grandes diferencias del delito estudiado con los otros delitos que perjudican el patrimonio, las mismas que son: en el caso del robo existe violencia de por medio, para apropiarse de la cosa ajena, por ejemplo el hecho de que A haya amenazado con una arma de fuego a B obligándola entregar su automóvil; en el hurto, el dueño del bien pierde la propiedad sin que se percate del hecho, por ejemplo cuando A sustrae su teléfono celular aprovechando que B está distraído; en el abigeato la característica especial es la sustracción de un animal de su lugar de conservación de una forma violenta o similar al hurto; en el abuso de confianza por la predisposición de A de entregar a B su patrimonio y esperar de regreso la cosa íntegra o un símil sin que esto suceda; pero la estafa se diferencia de todas las anteriores por no utilizar la violencia, pero apropiándose del bien ajeno con maniobras inteligentes, astucia, de la distracción, ingenuidad o estado de indefensión de la víctima dueña o posesionaria de la cosa, manejando el engaño como un instrumento para hacerse entregar el patrimonio.
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Ámbito de aplicabilidad de la circunstancia mixta de parentesco según la naturaleza del delito y delitos de tráfico de drogas

Ámbito de aplicabilidad de la circunstancia mixta de parentesco según la naturaleza del delito y delitos de tráfico de drogas

39. Aunque las opiniones siguientes deben entenderse conforme a los presupuestos dognláticos de los que parten sus autores, conside­ ran que la circunstancia mixta responde a razones que se hallarían en torno al injusto: CÓRDOBA RODA (en «El parentesco como circuns­ tancia mixta», cit., pp. 1 75-1 76; también en CÓR DOBA RooA/ROORIGuEZ MouRULLO: Comentarios al CMigo Penal, Tomo 1, cit., p. 787-788), MIR PuIG (en Derecho penal. Parle general, 5.l! ed., cit., L 26/531, BuSTOS RAMíREZ, J.: Manual de Derecho penal espoño/. Parle general, 1 .r� ed., Barcelona 1 984, p. 431 ; PuENTE SEGURA (en Circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes, cit., p. 5831 Y MAQUEDA ABREU (en «El error sobre las circunstancias. Consideraciones en tomo al arto 6 bis al del Código Penal», en CPC, núm. 2 1 , 1 983, p. 71 2, nota 58), en­ tre otros autores. Por su parte, entienden que el efecto de la circunstoncia obedece a razones de culpabilidad, por ejemplo, BAJO FERNÁN­ DEZ (en El Parentesco, cit., pp. 39 Y 42 a 441, AlONSO Jww.o (en El sistema de circunstancias del delito, cit., p. 7461 Y CONOE-PuMPlDO Fe­ RREIRO (en CMigo penal, cit., pp. 886-887). Frente a los fundamentos anteriores, que son los más comunes, véase, con referencia, en ge­ neral, al sistema de las circunstancias, COSO DEL Ro SAL/ V IVE S ANTÓN: Derecho penal. Parle general, 5.l! ed., cit., p. 880, Y GoNzAI.EZ CUSSAC, J.L.: Teorfa general de las circunstancias modificotivas de la responsabilidad criminal, Valencia 1 988, p. 1 77. Por lo que se refiere a la ju­ risprudencia, han basado la razón del efecto de la circunstancia mixta en el «desvalor», por ejemplo, las 55.15. de 5 nov. 1 982 (edo. 4.2), 2 nov. 1 984 (edo. l .', 1 5 sept. 1 986 (fto. dcho. 1 .2), 27 dic. 1 991 (fto. dcho. 5.', 6 jul. 1 992 (fto. dcho. 2.', 1 5 abr. 1 997 (fto. dcho. 6.', 6 mayo 1 997 (fto. dcho. 4.21, aunque no es seguro que con dicho expresi6n aluda el 15. s610 al injusto del hecho -y no, de alguna manera, también, al reproche personal- (véase, al en particular, la S.IS. de 1 5 sept. 1 986). Hablando expresamente de la cul­
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La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la informalidad financiera

La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la informalidad financiera

El segundo criterio postulado por el referido autor consiste en “ [q]ue el ente colectivo tenga materialmente potencialidad para afectar al bien jurídico protegido por la norma” . El criterio antes acotado permitiría afirmar que aquellas entidades informales con poca participación en el mercado pero con suficiente capacidad para lesionar el sistema financiero, sí deberían responder penalmente por la comisión del delito de instituciones financieras ilegales. Aspecto que, incluso, podría cumplirse en aquellos entes colectivos que carecen de todo tipo de constitución pero que cuentan con alguna clase de reconocimiento jurídico por el Derecho; ayudando así a colmar el vacío de punibilidad que existe en este ámbito de la informalidad financiera.
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Violencia familiar: la violación sexual dentro del matrimonio

Violencia familiar: la violación sexual dentro del matrimonio

Desde el punto de vista doctrinal hay un acuerdo mayoritario en lo referente a que es posible la configuración del delito de violación sexual entre cónyuges, aunque algunos especialistas son renuentes a aceptar esta posición. El principal fundamento que se esgrime en este caso es que la institución del matrimonio, trae consigo entre otros deberes, el referido al deber de cohabitación (o de hacer vida en común), por el cual los cónyuges, (se dice), tienen la obligación de tener ayuntamiento carnal, no pudiendo configurarse en consecuencia, el delito de violación sexual. Sin embargo, debemos manifestar que la institución del matrimonio, si bien trae consigo un deber de cohabitación, éste no puede otorgar facultades omnipotentes a cualquiera de los cónyuges (comúnmente el marido) para obligar al otro (mediando violencia o amenaza) a la práctica del acto sexual, incluso, la doctrina moderna no considera que el deber de cohabitación de los cónyuges, se extiende a cumplir con el débito sexual, por lo que el consorte que se niega a cohabitar con su pareja, no puede ser compelido por ninguna autoridad a hacerlo, porque sería denigrante y atentatorio contra los derechos humanos más elementales, tal como señala Peralta Andía (2005) 2 menos podría ser obligado por el otro consorte, siendo
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Análisis del impacto en las razones financieras generado por el delito de cohecho en los procesos de selección de obras publicas por la adjudicación directa de las municipalidades en las empresas constructoras de la provincia de Huánuco, ejercicio 2014

Análisis del impacto en las razones financieras generado por el delito de cohecho en los procesos de selección de obras publicas por la adjudicación directa de las municipalidades en las empresas constructoras de la provincia de Huánuco, ejercicio 2014

1. Dentro de una investigación como esta, que toma en consideración temas tan delicados como el delito de cohecho que se dan entre la empresa privada y la entidad pública de momento, se recomienda a los empresarios del sector construcción a que tomen conciencia sobre la viabilidad de sus empresas con el uso de este sistema para adjudicarse obras, ya que no solo están disminuyendo su liquidez que a largo puede tener consecuencias nefastas para su empresa, sino que están aportando a un sistema corrupto que lo único que busca es el bienestar económico de las personas enquistadas dentro de los cargos públicos. Se ha evidenciado que muchas de estas empresas por hacer un pago indebido e ilegal tienen problemas para poder pagar los tributos, y al personal, es decir, tienen problemas de liquidez.
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La acusación popular

La acusación popular

En lo que respecta a las prohibiciones subjetivas al derecho de ejercitar la acción popular, son las siguientes: En primer lugar, no podrán ejercitar la acción popular las personas condenadas por cualquier delito contra la Administración de Justicia; los Fiscales, los Jueces y los Magistrados de cualquier Jurisdicción o Tribunal con potestad jurisdiccional; las personas que no estuvieren obligadas a declarar como testigos contra el encausado por vínculo familiar o análogo; los partidos políticos, los sindicatos y cualquier otra persona jurídica tanto pública o privada. Resulta chocante esta última afirmación del precepto, ya que se había venido entendiendo tanto por la doctrina como por la jurisprudencia que las personas jurídico privadas sí que podían ejercer el derecho a la acción popular al que se refiere el artículo 125 de la Constitución debido a la estrecha relación de este precepto con el 24 del texto constitucional en su sentido de entenderlo como un derecho de acceso al proceso que se extendía a «todas las personas».
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Las estafas producto de los negocios ilícitos vulneran el principio de mínima intervención penal

Las estafas producto de los negocios ilícitos vulneran el principio de mínima intervención penal

Las prerrogativas del derecho penal que buscan garantizar a los sujetos en sus derechos vulnerados no encuentran afirmación en la realidad cómo puede el derecho penal proteger un patrimonio de un sujeto que ha optado por una prestación ilícita ya que el mismo sujeto decide que el derecho penal deje de proteger sus intenciones,- pues el competente respecto al riesgo es la misma víctima es en cierta medida, “garante de su propio patrimonio” explicación de una disminución patrimonial no la buscaremos en extraños cuando el mismo sujetos es el que deba responder de su acto de disposición. La ilicitud modifica en estos casos las esferas de competencia: al participar en el negocio ilícito, la víctima se erige en competente respecto a una eventual pérdida del patrimonio invertido
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Aspectos actuales del derecho penal económico en Colombia

Aspectos actuales del derecho penal económico en Colombia

Para finalizar este epígrafe, es importante anotar que, si se acepta a la conducta omisiva del agente retenedor o recaudador como infracción tributaria, el bien jurídico a tutelar ya no es el orden económico social como lo estamos proponiendo, sino el “deber de contribuir” (en sentido amplio), consagrado en el numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política, como manifestación del principio de solidaridad (Muñoz, 2010). Así explican los profesores Zornoza Pérez y Muñoz Martínez (2010): “El objeto jurídico de protección del sistema sancionador tributario es el inte- rés en la realización del deber de contribuir a los gastos públicos” (p. 810). Respecto de las diferencias de delito, contravención penal y contra- vención o infracción administrativa, y de los principios rectores aplicables para el juzgamiento de las infracciones administrativas (criterio adminis- trativista, penalista y constitucionalista), por la extensión de estos temas me impide abordarlos en este trabajo, por tal razón, recomiendo revisar el Capítulo IV de la obra Delitos económicos en la actividad financiera, octa- va edición (2018), del maestro Hernando A. Hernández Quintero.
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El propietario no poseedor como sujeto pasivo en el delito de usurpación clandestina, sancionado en el inciso 4 del artículo 202 del código penal peruano

El propietario no poseedor como sujeto pasivo en el delito de usurpación clandestina, sancionado en el inciso 4 del artículo 202 del código penal peruano

§26 De modo que, partiendo de lo su estructura normativa, la cual está informada directamente por su ratio legis, debe precisarse que si bien se protege el derecho de propiedad, este a su vez está conformado por un complexus o totalidad de relaciones y atributos que otorgan poder jurídico pleno sobre el bien, entre ellos, se hallan el derecho de: uso, disfrute, disposición y reivindicación. Pero, entonces, ¿Cuál de estos atributos se pone en peligro con los supuestos sancionados en la usurpación por clandestinidad? Creo conveniente, antes de dilucidar ello, precisar que en la usurpación por clandestinidad se sancionan tres conductas específicas. La primera, el ingreso ilegítimo a un inmueble mediante actos ocultos, la cual exige la presencia física del quien ejerza la posesión al momento de ocurrencia de los hechos [aquí se exige previamente el ejercicio de la posesión]; o en ausencia del poseedor, la cual será aplicable en los supuestos que opere la conservación de la posesión [aun cuando el poseedor esté ausente esto sucede por razones de orden práctico 152 , exigiendo previamente el ejercicio efectivo de la posesión]; la tercera, ingreso ilegítimo a un inmueble con precaución para asegurar el desconocimiento de quien tenga derecho a oponerse, la cual exige simplemente que el sujeto pasivo ejerza la titularidad del inmueble o, de ser el caso, detente un derecho real que le otorgue el derecho al uso y disfrute del bien inmueble, es decir, el derecho a la posesión. Aún cuando a la fecha la
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Daños, cuasidelito y contravenciones en la aplicación de la normativa tributaria del pago del impuesto al valor agregado IVA, por las ventas a crédito

Daños, cuasidelito y contravenciones en la aplicación de la normativa tributaria del pago del impuesto al valor agregado IVA, por las ventas a crédito

TÍTULO DE CRÉDITO.- De acuerdo al Art. 150 del Código Tributario, el título de crédito debe cumplir con ciertos requisitos de forma, cuya omisión dará lugar a la nulidad, principalmente si se refieren a la autoridad que emite el título, al nombre del contribuyente o razón social y su dirección en el caso de ser conocida, en tal forma que se identifique debidamente al sujeto pasivo o responsable; el concepto, y el valor dela obligación con expresión de antecedentes, fecha desde la cual ocasiona intereses, la firma autógrafa o facsímil del funcionario emisor. El título de crédito tributario se lo hará efectivo, en caso de falta de pago y de que este está de plazo vencido, por medio dela coactiva o procedimiento de ejecución.
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