Delito de colusión e impunidad

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Estructura y legitimación del delito de colusión e impunidad en el distrito judicial de Huánuco

Estructura y legitimación del delito de colusión e impunidad en el distrito judicial de Huánuco

El objetivo de la presente investigación es determinar cuáles son los factores que determinan la legitimidad de acuerdo a los principios políticos criminales del Estado Peruano del delito de Colusión previsto en el artículo 384º del Código Penal peruano vigente, y cuál es su implicancia con respecto a la impunidad en el distrito Judicial de Huánuco, para dicho fin nos basaremos en información objetiva del Ministerio Público específicamente Fiscalía Corporativa Anticorrupción del Distrito Fiscal de Huánuco, que muestra que teniendo en cuenta la compleja configuración del delito de colusión, al ser esta una norma penal en blanco, que conlleva a auxiliarse de normas jurídicos extrapenales; genera que no se pueda imponer sanciones penales a infractores de la norma penal por colusión incurridos en la Contratación y Adquisición Pública, en este marco proponemos la restructuración del delito mencionado de conformidad a la estructura anterior a sus modificatorias, y es más, elevar el citado delito a un injusto de infracción de deber.

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La imputación y prueba en el delito de colusión con respecto a la impunidad en las entidades públicas del Perú

La imputación y prueba en el delito de colusión con respecto a la impunidad en las entidades públicas del Perú

Cuantiosos han sido los esfuerzos por parte de las entidades que administran justicia, así como de la población, con la finalidad de vencer este flagelo social; sin embargo, pese al logro de importantes avances en este ámbito, la impunidad de los delitos de corrupción -sobre todo de aquellos ligados al poder- parece haber ganado la batalla a los operadores de la justicia. A esta situación contribuyen una serie de factores como la posición económica y social de sus autores, sus conocimientos del sistema de justicia y la consecuente facilidad para evadirla, la posición de poder que ocupan los funcionarios públicos y el despliegue de sus influencias para impedir la investigación de los delitos, entre otras condicionantes. En este contexto, la impunidad en las Entidades Públicas ha cobrado especial relevancia. Es frecuente ver que los procesos penales se ven truncados por imperio de la deficiencia probatoria –hablando específicamente- en el delito de colusión, y generan en la sociedad una sensación de impunidad generalizada de los actos de corrupción.

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Inhabilitación definitiva para los condenados por el delito de colusión agravada

Inhabilitación definitiva para los condenados por el delito de colusión agravada

La finalidad de la investigación es la inhabilitación definitiva, para aquellos que han sido condenados por el delito de Colusión Agravada, sin que exista algún condicionamiento que impida su ejecución. Puesto que al Perú le ha costado alrededor de 15 mil millones de soles al año por causa de la corrupción, es un monto bastante considerable e indignante, por cuanto, le roba al país, le quita la oportunidad de progreso y cuya indignación aumenta, cuando viene acompañado de la impunidad que fortalece la corrupción. Tal premisa, coincide con lo acotado por la Defensoría del Pueblo que expresa que el “costo de la corrupción” en el Perú representa el 10% del presupuesto público cada año, causando grave perjuicio a los recursos del estado cuyo destino son salud, infraestructura, gastos administrativos, seguridad, educación todo ello, en beneficio de la ciudadanía.

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El delito de malversación de fondos y su justificación para descriminalizar sin generar impunidad

El delito de malversación de fondos y su justificación para descriminalizar sin generar impunidad

La tipificación del delito de malversación de fondos contradice incluso el principio de informalismo anteriormente mencionado, puesto que para efectos de este delito poco importa si es que se ha conseguido la finalidad o se ha cumplido con administrar eficientemente y eficazmente el servicio público brindado, sino si esta actividad se ha llevado a cabo cumpliendo con los parámetros fijados para ello en materia de utilización del presupuesto, lo cual constituye un craso error, puesto que la utilización correcta del presupuesto no puede estar supeditada a formas sino a necesidades; asunto distinto ocurre cuando dicho presupuesto ha sido utilizado para beneficio propio del funcionario o servidor o cuando dicha utilización de los recursos para un actuación diferente de la que estaban destinados se hace con la intensión de defraudar al Estado, entonces se trataría de un modalidad de los delitos de peculado o de colusión, entre otros, donde lo relevante no es la llamada malversación, sino la defraudación misma a la administración pública, a sus fines.

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Criterios doctrinarios para calificar la participación del extraneus en el delito de colusión en 2003 – 2014

Criterios doctrinarios para calificar la participación del extraneus en el delito de colusión en 2003 – 2014

como partícipes, es decir, en aquellos casos en los que se deja a los extraneus con dominio del hecho lesionar o poner en peligro el bien jurídico; ello debido a que en esta clase de supuestos, de acuerdo con la teoría de la ruptura de la unidad de imputación, los intraneus no tendrían el dominio del hecho y, por lo tanto, solo responderán como partícipes, con lo cual se permitiría que en el caso de los delitos contra la Administración Pública, los funcionarios y servidores públicos puedan lesionar al bien jurídico por omisión, pues estarían favorecidos con la impunidad de su accionar o en el peor de los casos para sus intereses, con la imposición de una menor pena que implicaría su conducta al ser sancionados a títulos de partícipes.

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Delito de corrupcion de funcionarios públicos en la municipalidad provincial de Trujillo y la impunidad por desinterés de los operadores de justicia años 2007 - 2014

Delito de corrupcion de funcionarios públicos en la municipalidad provincial de Trujillo y la impunidad por desinterés de los operadores de justicia años 2007 - 2014

como objetivo demostrar la impunidad frente a las diferentes denuncias presentadas por ciudadanos en contra de los funcionarios públicos que incurrieron en los delitos de Cohecho Pasivo Impropio, Colusión, Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de Cargo, Peculado por Uso, por funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de Trujillo las cuales no prosperaron y permitieron que los funcionarios se beneficien indebidamente y se conviertan en los nuevos millonarios de Trujillo.

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El informe de control como requisito de procedibilidad para la configuración del delito de colusión en el marco de la ley de contrataciones con el estado

El informe de control como requisito de procedibilidad para la configuración del delito de colusión en el marco de la ley de contrataciones con el estado

constituye en requisito previo o de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, por el contrario, dicho informe se constituye en un importante elemento de convicción sobre la comisión de un delito contra la Administración Pública. La incorporación legislativa en comentario será beneficiosa para la investigación preparatoria y el juzgamiento en el marco del nuevo procesal penal, toda vez que desde la práctica penal, para poder llegar a conocer y determinar un presunto delito contra la Administración Pública, sea peculado, concusión, enriquecimiento ilícito, malversación de fondos u otros a gran escala, resulta importante la participación de la Contraloría General de la República, que cuenta con auditores especializados en contabilidad, tributación, economía y finanzas, que desde el aspecto técnico pueden opinar sobre un presunto desvío o mala utilización de fondos públicos; por ello, si durante el desarrollo de sus funciones contraloras, se detectan este tipo de conductas ilícitas, estas deben ser acreditadas objetivamente, por lo menos a nivel de suficiencia probatoria como elemento de convicción – objetivo y razonable– que puedan servir para formular una denuncia penal por delito contra la administración pública, sustentado principalmente en el informe técnico oficial especializado emitido por la Contraloría” 141

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La calidad de investigación del Ministerio Público y la impunidad en el delito de minería ilegal en el distrito Fiscal de Huancavelica,2016

La calidad de investigación del Ministerio Público y la impunidad en el delito de minería ilegal en el distrito Fiscal de Huancavelica,2016

En esa asunción, la necesidad de proteger los derechos fundamentales constituye un límite a la actividad de búsqueda de la verdad de parte de la administración de justicia y en especial del órgano persecutor del delito (Ministerio Público y su colaborador la Policía Nacional). Por tanto, nuestro sistema de prohibición de prueba se encuentra dirigido a proteger derechos fundamentales, por lo que, en principio, existe el derecho del procesado que le permite excluir la prueba que vulnere estos derechos y que impide al juzgador valorarla, puesto que la reconstrucción de la verdad ya no es concebida como un valor absoluto dentro del proceso penal, sino que frente a ella, se erigen determinados barreras que el Estado no puede franquear, nos referimos a los derechos fundamentales y a las garantías procesales. Estos frenos se convierten en el límite a la actuación del Estado dentro del Proceso Penal. Cualquier actuación fuera de los límites impuestos se convierten en ilegales, y cualquier medio de prueba que se recabe en el proceso, violando dichos limites se convierte en prueba ilegitima o prueba prohibida.

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Naturaleza jurídica del delito de colusión y Su incidencia en la región de puno 2014-2015.

Naturaleza jurídica del delito de colusión y Su incidencia en la región de puno 2014-2015.

La fórmula española de fraudes en contrataciones públicas (artículo 436° del Código Penal de 1995), a diferencia del modelo peruano que es un delito de puesta en peligro, enfatiza el núcleo del núcleo de un injusto en una fase necesariamente la defraudación de los intereses del ente público, siendo suficientemente la concertación para defraudar; igualmente, en esta línea de diferencias, amplía las posibilidades de comisión típica al agregar acotación que no posee nuestro modelo la frase o usase cualquier otro artificio para defraudar, complementación que habré la tipicidad objetiva del tipo. Estado y consentir dicha defraudación; ambas, modalidades del delito cometidos por el empleado público que interviene en las operaciones por razón de su cargo. Valga la pena remarcar que a diferencia del diseño nacional, el esquema de redacción chilena ubica coherentemente este delito en una sección denominada Fraudes y exacciones ilegales.

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“El delito de colusión en el proceso penal” análisis desde el expediente N° 00214 2014

“El delito de colusión en el proceso penal” análisis desde el expediente N° 00214 2014

Del mismo modo el Acuerdo Plenario N° 02-2011/CJ-116, de 06 de diciembre del 2011, fundamento 9 establece: El punto de partida dogmático está dado por la categoría de estos delitos: de infracción de deber. Actualmente, en la doctrina y la jurisprudencia se ha definido que existen tipos legales que requieren un dominio del autor para su construcción, como por ejemplo los delitos de robo agravado, homicidio calificado, estafa, tráfico ilícito de drogas, entre otros -denominados delitos de dominio-. Sin embargo, también existen tipos legales que excluyen el dominio para su configuración y se forman a partir de la infracción de un deber especial que le corresponde a la órbita del autor -característica intrínseca de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos-. El autor del delito –de infracción de deber- no puede ser cualquier persona, sino sólo aquel funcionario o servidor público que ocupa un status especial y mantiene una vinculación exclusiva con el injusto sobre la plataforma del deber que ostenta. La infracción del mismo lo convierte en autor, con independencia del dominio de la situación fáctica que no tiene ninguna trascendencia jurídica, pues el fundamento está construido por la posición que domina en relación al deber estatal que le corresponde: conducirse correctamente con lealtad y probidad en el ejercicio de la Administración Pública y con los bienes que se encuentran bajo su ámbito. En este espacio, por ejemplo, deberá disponer correctamente del patrimonio estatal que administra (Salas Penales Permanente y Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, 2011) (5).

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La impunidad de la violencia psicológica según las modificaciones al delito de lesiones en la violencia familiar

La impunidad de la violencia psicológica según las modificaciones al delito de lesiones en la violencia familiar

En esta propuesta legislativa se proponía la tipificación del delito de violencia familiar en Código Penal, en vista que las denuncias por violencia familiar en los servicios MIMDES y la Policía Nacional no correspondían al “Delito de Lesiones”, puesto que, el tratamiento legal que se daba en estos casos era como si se tratara de cualquier falta entre extraños y en el mejor de los casos llegaban al despacho de los jueces de familia que por tratarse de faltas pueden dictar medidas de protección a la víctima, dando un llamada de atención o firmando un acta de compromiso de no violencia, entre otros, sanciones que hasta la actualidad no tienen ningún efecto en los agresores y que los inhiba de reincidir en tales actos hostiles, por el contrario luego de estos sucesos la violencia se torna más grave pero más encubierta y ante la desesperanza en las Instituciones que imparten justicia las mujeres optan por callar y continuar soportando este trato indigno a su naturaleza humana, que ya han sido considerados en cumbres mundiales como un “grave atentado a los derechos humanos” y en otros casos como el “crimen mas silenciado del mundo”, y que tiene consecuencias para las víctimas semejantes a los casos de la tortura. Que, en nuestro sistema jurídico la violencia familiar no constituye una figura típica específica, interviene el Juez especializado en lo penal para los casos de que las agresiones corresponden al “delito de lesiones”, o el Juez de Paz Letrado cuando no alcanzan el criterio para ser considerado como lesiones, llamándolas “Faltas contra la Persona”. En ambos casos no se considera la cotidianeidad y la permanencia del agresor en el hogar y la transgresión a las funciones de la familia y el derecho de toda persona a la libertad y a la seguridad personales, aun en la relación de familia, Derecho Constitucional

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“La impunidad del delito  de aborto en las adolescentes en la ciudad de Huancavelica durante el 2013”

“La impunidad del delito de aborto en las adolescentes en la ciudad de Huancavelica durante el 2013”

184 VALENCIA VILLA, Hernando. La Impunidad de las violaciones a los Derechos Humanos. Madrid, Editorial Espasa Calpe, S.A.2003. S.E. Página 224. Señala: Para establecer el alcance del concepto de la impunidad hay que definir en primer lugar lo que se entiende por “criminalidad”, la cual es definida como el “conjunto de infracciones que se cometen en un tiempo y lugar dados” (Rico, 1998: 32), esto nos plantea una dificultad inicial: la brecha que existe entre los delitos que se comenten efectivamente y los que llegan a conocimiento de las autoridades. Al conjunto de delitos que se cometen efectivamente en un lugar y en un tiempo, sin considerar si se presentó una denuncia, si se investigó o sancionó, se conoce como criminalidad real. Los delitos que son denunciados a las autoridades o que llegan a su conocimiento, pero que no son juzgados por las autoridades, se conocen como criminalidad aparente. A la diferencia entre la criminalidad aparente y la legal o judicial se le conoce como criminalidad impune (Rico, 1998: 32). Las razones para la no denuncia son variadas, los estudios dan cuenta de que no se denuncia por razones que van desde acceso y costos al sistema de justicia, valoración del costo beneficio, temor a represalias, etc. (CYMACIT, 2008). De manera general, la impunidad es la falta de castigo o respuesta por una infracción, los elementos de la misma se concretarían en relación a los delitos cuando las víctimas o sus familiares no tienen acceso a la justicia; por tanto, no pueden conocer la verdad de lo sucedido, no tienen acceso a la reparación de los daños y a estar protegidos contra la repetición de estos hechos.

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El consentimiento de la víctima mayor de edad en el delito de trata de personas no es sustento de impunidad

El consentimiento de la víctima mayor de edad en el delito de trata de personas no es sustento de impunidad

Queda claro que existe actualmente una controversia en la tipificación de este delito en el sentido de si se debe considerar como supuesto de exoneración de responsabilidad el consentimiento de la víctima o no, así mismo, es indudable que la consideración de que el consentimiento de la víctima es irrelevante o no, es fundamental para descartar un delito de trata de personas, por ello nosotros creemos que se debería asumir que el consentimiento de la víctima es irrelevante para descartar un caso de trata de persona, sea esta mayor o menor de edad, ya que dicho consentimiento está causado por circunstancias ajenas a la voluntad auténtica de la víctima. Es un consentimiento viciado y por tanto jurídicamente ineficaz, implica un menoscabo de la noción de libertad sexual asociada a la de la dignidad. En la trata además el elemento del engaño que proviene principalmente de ofertas laborales hechas a la mujer pobre es grave y tiene la fuerza suficiente para lograr que esta se someta posteriormente a los actos de explotación sexual. Usualmente se pasa de la promesa de un trabajo atractivo, a la relación afectiva, al engaño amoroso, a la promesa matrimonial y luego se configura cualquier otro medio engañoso para culminar con la explotación sexual. La entrada en la prostitución y en la trata de las mujeres generalmente se configura en contextos en que la venta del cuerpo se presenta ante esta como la única salida posible para la resolución de una situación personal o familiar conflictiva: madre soltera, abandono de la pareja, desestructuración matrimonial o de la familia de origen, crisis laboral del marido, hábitos de

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La influencia del androcentrismo en la impunidad del delito de trata de personas con fines de explotación sexual

La influencia del androcentrismo en la impunidad del delito de trata de personas con fines de explotación sexual

84 Todos estos factores que conservan la invisibilización y el carácter inexistente de la Trata, también fomentan la impunidad tanto desde la perspectiva de juris como de la de facto . Así, en aras de “aterrizar” el razonamiento, podemos ejemplificar la invisibilización de este delito en la práctica. En el estudio La Trata ante el Espejo que estaba enfocado a analizar la Trata en la frontera norte del Ecuador, el 98% de los funcionarios públicos entrevistados de Quito, Carchi, Imbabura, Sucumbíos y Esmeraldas afirmó: “Aquí no h ay trata” (Proyecto de Fomento de Seguridad Integral en Frontera Norte, 2012). Esta respuesta refleja dos aspectos de importante relevancia. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el concepto de Trata de Personas es muy poco conocido a nivel social, y ello no exime a los servidores públicos de ignorarlo. En el transcurso de la observación participante del investigador en la Unidad contra la Trata de Personas del Ministerio del Interior, la gran mayoría de funcionarios públicos de diferentes instituciones seguían utilizando el término “trata de blancas”, aclarado en la primera parte del actual trabajo. Además, el conocimiento al respecto era generalmente equívoco o aproximado, confundido con otros delitos. Afirmar entonces que “aquí no hay trata” revela justamente el desconocimiento en la materia. Esto nos lleva al segundo punto de análisis, que revela, como vimos en el segundo capítulo en la sección dedicada a las estadísticas, que en el Ecuador, así como en las provincias mencionadas, sí hay Trata. Pero, en tanto que hombres y mujeres servidoresy servidoras públicos, justamente al servicio de la ciudadanía ¿por qué negar la Trata de Personas? Precisamente, desde la óptica de la sociología de las ausencias, porque esta realidad social no representa la importancia inscrita en la homogeneidad de la dominación masculina. O, para expresarlo de otra manera, porque no es conveniente desde un punto de vista social, político o cultural que exista una problemática incómoda que denuncie no solamente ilícitos sino también comportamientos sociales, actitudes amparadas en la doble moral, peligro social e individual, o corrupción.

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Los presupuestos procesales de la prisión preventiva en el delito de violación y la falta de seguridad jurídica genera impunidad

Los presupuestos procesales de la prisión preventiva en el delito de violación y la falta de seguridad jurídica genera impunidad

Por otra parte, la existencia o la adopción por parte del juzgador de imponer prisión preventiva en contra del procesado para asegurar su comparecencia a juicio y cumplimiento de una pena impuesta, siempre y cuando se cumplan con los presupuestos señalados en el Art. 534 del Código Orgánico Integral Penal, no es atentatoria contra la presunción de inocencia de éste, lo que se corrobora con lo dispuesto por el Art. 76 numeral 2 que señala: "2. Se presumirá la inocencia de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada."; y, con lo ordenado por el Art.77 numeral 1 que dispone: " 1. La privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente, en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin formula de juicio por más de veinticuatro horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley."

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La aplicación del procedimiento abreviado y la suspensión condicional de la pena en el mismo proceso, acarrea la impunidad del delito

La aplicación del procedimiento abreviado y la suspensión condicional de la pena en el mismo proceso, acarrea la impunidad del delito

A este respecto, Ricardo Vaca en su obra antes citada (587), en una parte señala: "... limitación con la cual no estamos de acuerdo porque si estamos copiando el sistema penal norteamericano debemos hacerlo íntegramente, sin este tipo de limitaciones. Es así que en la justicia de ese país, y sobre la base del Guilty Plea (admitir la responsabilidad del hecho delictivo que se imputa a la persona), es posible aplicar este procedimiento a todo tipo de delitos sin relación a la pena que se podría aplicar al culpable. Reiteramos que no estamos de acuerdo con esta limitación en razón de que los procesados por otros delitos que tienen penas mayores, como los relacionados con el narcotráfico, si han sido sorprendidos in fraganti y hay pruebas de cargo incontrovertibles, también podrían admitir libre y voluntariamente su responsabilidad penal por el delito que se les atribuye y pedir que se les juzgue con este procedimiento especial, más aún cuando ofrecen entregar datos fundamentales a la Policía y a la Fiscalía como parte de la negociación del acuerdo y de la pena. Por tanto, la limitación que analizamos no tiene razón lógica. Precisamente, un

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Suspensión del proceso a prueba en ecuador: impunidad fomentada en delito de robo por adolescentes

Suspensión del proceso a prueba en ecuador: impunidad fomentada en delito de robo por adolescentes

Bajo esta condición se puede apreciar de acuerdo a la información remitida por el Consejo de la judicatura de Santo Domingo, que desde la vigencia del Código Orgánico Integral Penal existe un total de 183 casos judicializados, manteniendo un número similar de cometimiento de este delito en los últimos años, sin que exista una reducción del cometimiento lo cual implica que las políticas públicas y jurídicas aplicadas no están permitiendo reducir estas cifras, las cuales en poco tiempo pasaran a formar parte de la cifra total de cometimiento del delito de las personas adultas si no existe una corrección a tiempo.

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La Obtención de la Prueba en el Delito de Colusión Simple en el Perú

La Obtención de la Prueba en el Delito de Colusión Simple en el Perú

A consecuencia del análisis de las resoluciones anteriores y de la doctrina, en donde se plantea por ejemplo que para la acreditación de este ilícito penal, se requiere el levantamiento del secreto de las comunicaciones, con la finalidad de verificar las llamadas, mensajes de texto, ubicación entre funcionario o servidor público y el interesado (particular), además de considerar las fechas, antes, durante y posterior a la fecha a las etapas de las contratación pública; se resuelve que el delito de Colusión Simple, al ser un tipo penal, considerado por la jurisprudencia nacional, como un delito de peligro concreto, ante la vulneración de la imparcialidad del Funcionario Público, se puede arribar a su acreditación a través de la vulneración del acto u actos funcionales por parte del sujeto activo, motivo por el cual se advierte, que el procedimiento para la obtención de la prueba en el delito de colusión simple, se enmarcar en tres pasos generales, donde se pueden recabar los indicios referentes al incumplimiento de los actos funcionales como método o modo de tramitar o ejecutar la investigación, tomando como punto de partida que el delito de colusión simple es un delito de peligro concreto, cuya bien jurídico constituye el correcto y estricto cumplimiento de los deberes del funcionario o servidor público (imparcialidad), donde las irregularidades en el procedimiento de contratación, pueden converger en la acreditación de la prueba indiciaria.

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Criterios dogmáticos para determinar el título de imputación del Extraneus como cómplice en el delito de colusión en el Distrito Judicial de Junin, 2013   2017

Criterios dogmáticos para determinar el título de imputación del Extraneus como cómplice en el delito de colusión en el Distrito Judicial de Junin, 2013 2017

Para una parte de la doctrina (poco dominante actualmente) creen que autor es cualquier interviniente en el delito, es decir, que no importa el grado de participación que ha tenido el sujeto o los sujetos, sino que basta con que lo hayan causado el hecho para que sean considerados como autores. Esta visión unificada o de la unidad de la autoría, como se le conoce, rechaza cualquier distingo de los intervinientes en el hecho delictivo. Para ellos, autor sería “el campana” (persona que se encarga de avisar cuando alguien, que puede obstaculizar la comisión del delito, generalmente el de hurto o robo, se acerca), quien es considerado como el autor del delito de robo, según sea el caso. O sea, que hace imposible cualquier tipo de diferenciación entre los que actúan dentro de la comisión de un delito. Por lo tanto, no se podría anhelar una graduación de la pena para aquellos que ayudaron a la comisión de un delito y no lo ejecutaron de forma directa, material (Roxin, 2014).

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La aplicación del principio de oportunidad, frente a la impunidad del delito

La aplicación del principio de oportunidad, frente a la impunidad del delito

2. Mediante la aplicación del Principio de Oportunidad, las partes procesales no tienen la necesidad de agotar todas las etapas procesales ordinarias, pues este permite que la causa sea archiva siempre y cuando cumpla con los requisitos previstos en la norma tales como que la pena privativa de libertad prevista para el delito no sea superior a cinco años y que no sean delitos que violenten los derechos humanos, delitos contra la integridad sexual , delincuencia organizada, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, trata de personas, tráfico de migrantes, delitos de odio, de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y delitos que afecten la estructura del Estado constitucional de derechos y justicia; o cuando el investigado o procesado en el cometimiento del delito haya sufrido una gran afectación que le imposibilite continuar su vida normal.

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