Delitos de Acción

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Análisis jurídico científico, sobre la actuación de los jueces de garantías penales en los delitos de acción pública, según la Constitución

Análisis jurídico científico, sobre la actuación de los jueces de garantías penales en los delitos de acción pública, según la Constitución

De los resultados obtenidos podemos comprobar que con el planteamiento, aplicación y ejecución de procedimientos referentes a un análisis jurídico científico, sobre la actuación de los jueces de garantías penales en los delitos de acción pública, según la Constitución, se evitará la vulneración de los derechos y garantías prescritas en la Constitución de la República, Tratados Internacionales de Derecho Humanos, Convención Americana y el Pacto Internacional de derechos Civiles y Políticos, esto nos mostrarán una visión global y estructurada de esta investigación, lo que permitirá además observar su variabilidad y adaptación y, quizás lo más importante, logra un panorama muy amplio, dinámico y trascendental sobre la construcción jurídica y social en su aplicación específica en nuestro país,creando para los operadores de justicia una estrategia y herramienta jurídica acorde a esta propuesta, se logrará evacuar las causas con mayor celeridad que otras dependencias las realizan, por no tener los juzgados competentes ni operadores de justicia especializados en materia penal.
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El juzgamiento de ausencia del procesado en todos los delitos de acción pública

El juzgamiento de ausencia del procesado en todos los delitos de acción pública

Interrum pir un proceso hasta que el procesado sea aprehendido o com parezca voluntariam ente a juic io, atenta contra los derechos de los ofendidos y se está violando los principios constitucionales de celeridad procesal, juicio sin dilaciones y justicia oportuna. De ahí surge la im portancia de que se dé continuidad a los procesos, en este caso por delitos de acción pública, para que su com etim iento no quede en la im punidad, y paralelam ente una alternativa para que el procesado no que de en la indefensión, esto es la de ser represe ntado por el defensor público, garantía está consagrada en la Constitución de la República del Ecuador en el Art. 191, el cual establece que la d efensoría pública es un órgano autónom o de la Función Judicia l cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o c ondición económ ica, social o cultural, no pue den contratar los servic ios de defensa lega l para la protección de sus derechos, de ahí que, el juzgam ie nto en ausencia no im plica atentando contra los derechos del procesado, puesto que la s leyes contem plan m ecanism os, a través del cua l perfectam ente se puede ejercer el derecho a la defensa.
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La revictimización de la víctima en delitos de acción pública en el proceso penal

La revictimización de la víctima en delitos de acción pública en el proceso penal

Ahora bien, en cuanto concluir quienes pueden ser los mayormente afectados como re- victimarios, podría decirse que tanto las víctimas de estrato alto como las de estrato bajo, terminan siendo perdedores, es decir, que tras de ellos está una familia, una sociedad e incluso el sistema jurídico ha fallado, porque su interés primordial debe ser la de brindar justicia para las víctimas de la injusticia; con estas reflexiones vale preguntarnos: ¿Puede el orden jurídico aplicar una verdadera justicia?, ¿Debe el Estado costear los gastos judiciales seguidos por las víctimas de delitos de acción pública?, o ¿De hecho el Estado a través de los defensores públicos ya satisface con esta necesidad?, creo que el estado debe dar facilidades a través del sistema a que el sujeto pasivo del delito no sea re- victimado, permitiéndole constituirse en parte civil en cualquier momento del proceso, pero dado a la naturaleza del mismo que tiene carácter penal, y no civil, ya que aplican las normas procesales civiles y el código civil, y que este pueda participar en todas y cada una de las etapas del proceso penal como parte civil, en calidad de víctima.
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El juzgamiento en ausencia del procesado en los delitos de acción penal privada vulnera el debido proceso

El juzgamiento en ausencia del procesado en los delitos de acción penal privada vulnera el debido proceso

segundos. 4 Por lo tanto se desprende claramente que el legislador al implementar esta normativa en el Código de Procedimiento Penal y al suspender la etapa del juicio por ausencia del imputado, ha observado una visión de protección de derechos tanto a los principios de contradicción como al derecho a la defensa y a un debido proceso que posteriormente en la Constitución de la República del Ecuador del 2008 serían plasmados. Pero no así sobre los delitos de acción penal privada que si bien el mismo Código de Procedimiento Penal prescribe en su Art. 373.- Una vez que concluya el plazo para la presentación de prueba documental y anunciación de testigos, el juez de garantías penales señalará día y hora para la audiencia final, en la que el querellante y procesado podrán buscar un amigable componedor para que busque la conciliación que ponga fin al juicio. Inciso 6. Si el procesado fuera quien no asiste a la audiencia, se continuará con la misma en su ausencia, Texto normativo que sería contrario a la Norma Constitucional Articulo 76.7 literales .A.C.; instrumentos internacionales de derechos humanos Artículo 8.2.e de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, articulo 14.1 .3.d del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos, ONU) de los que el Ecuador es país miembro y que por mandato de los artículos 417 y 425 de la Constitución de la Republica7 forman parte del ordenamiento jurídico interno y deben ser aplicados pro homine.
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“Aplicabilidad de la criminalística en la averiguación de la comisión de delitos de acción pública dentro del proceso penal guatemalteco”

“Aplicabilidad de la criminalística en la averiguación de la comisión de delitos de acción pública dentro del proceso penal guatemalteco”

Se ha podido determinar la falta de un Manual único de Criminalística aplicable en todo el Ministerio Público, pues como se mencionó, existen varias instrucciones aplicables, y en el año 2010 se hizo el esfuerzo por crear un Manual que compilara las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes; pero, éste a pesar de establecer los estándares mínimos del procesamiento de la escena del crimen, no constituye una guía explicativa y completa, que permita efectuar de forma eficiente la investigación de los delitos. De esta manera, se ha encontrado que no existe un verdadero Manual de Criminalística que abarque todos los aspectos técnico-científicos del manejo que debe darse a los indicios; así como, los procedimientos a aplicar en cada área de la Criminalística. Por esta razón, se hace necesario dotar al Ministerio Público de un Manual único de Criminalística que contemple todos los aspectos relativos a dicha rama; y que facilite el control de la actuación de las personas encargadas de aplicar la Criminalística en la averiguación de los delitos de acción pública dentro del proceso penal guatemalteco.
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La sustanciación de procesos en los delitos de acción penal privada

La sustanciación de procesos en los delitos de acción penal privada

El presente trabajo de investigación se fundamenta en que en la actualidad el sistema procesal es un medio para la realización de la justicia y las garantías del debido proceso, obligando al juzgador a respetar los principios establecidos en la Constitución de la República del Ecuador del 2008, tal es así, que existen varios casos de delitos de acción privada tipificados en el Código Orgánico Integral Penal del Ecuador del año 2014, específicamente en el artículo 415 números 1, 2, 3, 4, esta investigación demostrará que en el caso analizado no se hace una adecuada sustanciación a pesar de existir una gran diferencia entre lo que es una querella y una denuncia determinadas en el mismo cuerpo legal.
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La fundamentación del recurso de casación en los delitos de acción privada y la garantía del derecho a la defensa

La fundamentación del recurso de casación en los delitos de acción privada y la garantía del derecho a la defensa

Dr. Merck Benavides Benalcázar, en calidad de Asesor de Tesis, designado por disposición de Cancillería de la Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES, previo a la obtención del título de Abogado de los Tribunales de la República del Ecuador, de Roberto Alexander Benavides Morillo, cuyo tema es: “LA FUNDAMENTACIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN EN LOS DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA Y LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA DEFENSA”, certifico que el mismo observa las orientaciones metodológicas de la investigación científica, cumpliendo con las disposiciones emitidos por la Universidad Regional Autónoma de los Andes “UNIANDES”, a través de la facultad de Jurisprudencia, en tal razón autorizo hacer uso de la presente para los fines legales consiguientes a su sustentación.
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La independencia de los jueces en el juzgamiento de los delitos de acción privada y sus consecuencias jurídicas

La independencia de los jueces en el juzgamiento de los delitos de acción privada y sus consecuencias jurídicas

Es importante destacar que sobre el presente trabajo de investigación, cuyo tema es “LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES EN EL JUZGAMIENTO DE DELITOS DE ACCIÓN PRIVADA Y SUS CONSECUENCIAS JURÍDICAS EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL”, no existe un trabajo anterior en forma específica con respecto al tema, lo que he podido encontrar son temas por separado como” La independencia de la Función Judicial”, analizado por el jurista Santiago Andrade en su obra “La Transformación de la Justicia”, o los “Juicios de Acción Privada por los delitos de Usurpación de inmuebles y aguas, “Los Juicios Penales de Acción Privada por los delitos de Injurias, Calumnias y Difamación” por el Dr. José García. Todos estos estudios se los han hecho de manera muy general como se desprende de los títulos de las obras anteriormente indicadas sin que se haya hecho un análisis jurídico sobre el tema de esta investigación.
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El cumplimiento del debido proceso en el control de la flagrancia establecida en los delitos de acción pública

El cumplimiento del debido proceso en el control de la flagrancia establecida en los delitos de acción pública

A este respecto el Dr. José García Falconí , en su obra: “La etapa de Juicio, la audiencia de debate, la prueba y la sentencia en el nuevo Código de Procedimiento penal establece como debemos entender al debido proceso señalando que el mismo comienza en forma natural con la acción del ente persecutor que solicita medidas intrusivas personales, como lo son entre otras la detención de una persona, debiendo cumplir con los requisitos legales mínimos que se exige para solicitarla al Juez de Garantías Penales; y continua manifestando “….la actuación del ente jurisdiccional, es a posteriori a la detención del o los sujetos que fueran sorprendidos bajo las hipótesis de la flagrancia en la comisión de un punible, tal situación debe ser velada en forma extraordinaria por el Juez de Garantía penales, quien en base a los preceptos constitucionales deberá establecer si se trata o no de un delito de carácter y naturaleza flagrante y a la vez valorar la aplicación o no de las medidas cautelares que el fiscal llegare a solicitar…” (García,F.J. 2008, pág. 19).
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La imputabilidad de adolescentes infractores mayores a 16 años en delitos de acción pública.

La imputabilidad de adolescentes infractores mayores a 16 años en delitos de acción pública.

El tratamiento en cuanto a la parte penal sigue siendo diferenciado del tratamiento que se da a los mayores de 18 años, puesto que en el mismo Código de la Niñez y Adolescencia contiene el Libro IV el cual trata de las sanciones que se los impone a los menores de 18 años, manteniendo el fin de „educar y corregir‟. Pero es una tendencia que está cambiando alrededor del mundo, no sólo en países Latinoamericanos, sino en países europeos y en Estados Unidos. Dicho cambio se ha dado, puesto que, los delitos cometidos por menores son cada vez más frecuentes y la única manera de tratar el problema es reduciendo la edad penal para ser plenamente imputable y establecer las sanciones correspondientes. Ya se ha dejado atrás “la típica imagen del adolescente desadaptado proveniente de una extracción social y económica deprimida, ya no es la única que ahora se presenta.” (Albán, 2010)
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La prescripción de la acción en los delitos de acción penal pública

La prescripción de la acción en los delitos de acción penal pública

Con los conceptos doctrinarios y jurisprudencia revisada, se muestra con claridad que la prescripción de la acción es un derecho que tiene el procesado, es decir, y en la mayor parte de los casos se debería a que el interesado deja pasar el tiempo sin considerar de esta manera que es negativo a sus intereses, en el caso de la sentencia analizada los miembros del Tribunal de Garantías Penales, debía comprender la perspectiva sustancial o material, no solo la formal, para así evitar atentar contra las garantías del Debido Proceso, ya que no se toma en consideración la eficacia y el respeto de los términos penales, toda vez que se interpuso una acción ya prescrita, siendo contraria la legalidad de la acción tomada y atentando contra el derecho del procesado de la veracidad de su inocencia sujetándolo únicamente a las consecuencias de la acción penal ya que no se juzgó de manera oportuna y diligente. Caso contrario hubiera evitado el ejercicio arbitrario.
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La re-victimización del ofendido en delitos de acción pública en el proceso penal

La re-victimización del ofendido en delitos de acción pública en el proceso penal

RECOMENDACI ONES.. PLANTEAMI ENT O DEL PROBLEMA.. Pr oceso Penal.. 2 Obj eti vos específi cos.. ANTECEDENTES I NVESTI GATI VOS.. FUNDAMENTACI ON TEORI CA. Requet ebi én.. Per o si [r]

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Estructura probatoria de los procedimientos rápidos en los delitos de acción pública

Estructura probatoria de los procedimientos rápidos en los delitos de acción pública

Puede expr esar se que el der echo a no aut oi ncri minar se ti ene como f unda ment o el der echo nat ur al que t oda per sona posee de pr et ender esconder sus delit os, pues no[r]

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La admisibilidad de la prueba en los delitos de acción privada

La admisibilidad de la prueba en los delitos de acción privada

mediante las pruebas que deben ser introducidas legalmente, con independencia del conocimiento que sobre tales hechos tenga el juez, por lo que los fallos judiciales deben sustentarse en pruebas previstas en la ley. Además deben ser sometidas a la contradicción de la contra parte, para que tenga la oportunidad procesal de conocerla y discutirla, aunque la prueba no le perjudique. Esta contradicción, según el tratadista, comprende necesariamente el derecho a tener oportunidad para contraprobar, o sea para procurar y ofrecer pruebas que desvirtúen las ofrecidas en su contra. La prueba, como se ha mencionado anteriormente, es el elemento principal y necesario para que el juzgador logre su convencimiento, en lo que tiene que ver a corroborar los hechos que son objeto del proceso penal. En el proceso penal, los sujetos procesales, cuando se trata de un delito de acción privada deben demostrar la existencia del ilícito o hecho antijurídico que alega la parte acusadora, por lo que es necesaria la existencia de la prueba para demostrar la verdad de lo que en el proceso penal se ha afirmado y poder, a través de su análisis y valoración, acreditar la existencia de un delito, demostrando, también, la responsabilidad de quien ha sido inculpado, y por lo tanto el juzgador deberá basar su valoración y su fallo en las pruebas legalmente aportadas.
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Proyecto de reforma al artículo 649.5 del Código Orgánico Integral Penal para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva del querellado

Proyecto de reforma al artículo 649.5 del Código Orgánico Integral Penal para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva del querellado

El Código Orgánico Integral Penal, es una norma jurídica positiva creada por seres humanos que han sido electos para legislar para el Estado ecuatoriano, por tal motivo está sujeto a contener errores, que deben ser detectados, analizados y de ser pertinente reformados para alcanzar su perfeccionamiento y aplicación idónea en la sociedad actual. La base fundamental para plantear este proyecto de reforma al Art.649.5 del CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, radica en el uso equívoco de los términos que contiene este artículo, al pretender violar el debido proceso y la tutela judicial efectiva en el momento en el que el querellado no acude a la audiencia de conciliación y juzgamiento. Por esta causa, en materia penal se tomara en cuenta la aplicación de la Constitución según su jerarquía por lo que la misma se contradice indicando que solo se juzgara en ausencia, pero solo en delitos de acción pública específicamente en el Art. 233 de la carta Magna por lo que se tiene en cuenta que la aplicación de todo castigo por infringir la ley, debe ser observando estrictamente la norma en su sentido literal, es decir la mera confusión de términos conlleva a una deficiente aplicación debilitando las garantías que hacen efectiva la justicia.
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La mediación y la conciliación como métodos alternativos de solución de conflictos en materia penal federal : una propuesta

La mediación y la conciliación como métodos alternativos de solución de conflictos en materia penal federal : una propuesta

De igual manera, podría ser viable la implementación de mecanismos alternativos de solución de conflictos como la mediación y la conciliación, en los delitos de acción pública, entendida[r]

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La imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en el perú

La imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual en el perú

Incluso desde el punto de vista de la dogmática jurídico-penal, una vez admitida como necesaria la existencia de un sistema penal que excluya la venganza privada y en el que se tipifiquen como delitos distintas acciones atendiendo a diversas consideraciones de Política criminal, si se considera que la posibilidad de prescripción no es una previsión obligatoria en todo sistema jurídico, sino una cualidad de cada delito que, en atención a tales principios pude ser establecida o excluida por el legislador soberano (democráticamente elegido) para cada tipo penal, sin perjuicio de que puedan establecer también previsiones en atención al posterior comportamiento del delincuente, la imprescriptibilidad legalmente prevista en el seno de ese ordenamiento jurídico, considerado
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Propuesta del procedimiento abreviado en el código orgánico integral penal (reforma al artículo 635)

Propuesta del procedimiento abreviado en el código orgánico integral penal (reforma al artículo 635)

Por otra parte, el procedimiento abreviado mantiene una estrecha relación con el principio de oportunidad, ya que establece ciertos aspectos de orden práctico y teórico, entre los que cuenta la necesidad de descongestionar el sistema, la conveniencia de seleccionar casos para aplicar medidas de corrección en lugar de penas privativas de libertad, la utilidad de evitar penas altas a quienes colaboran con la justicia en el descubrimiento de delitos de suma gravedad, la aplicación de la reparación de daños o de medidas sustitutivas de la privación de la libertad, siempre que las partes así lo convengan y el delito no revista mayores repercusiones en la víctima y en la colectividad.
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Efecto de la Inmigración Sobre la Delincuencia en Chile  un análisis de econometría espacial

Efecto de la Inmigración Sobre la Delincuencia en Chile un análisis de econometría espacial

En Europa, también destacan estudios para Italia (Bianchi et al., 2012) quienes no encuentran un claro efecto sobre el total de delitos, sin embargo si encuentran algunos en robos. Para Reino Unido se analizaron también oleadas de inmigración, con la separación entre inmigrantes refugiados y lo que se mueven entre países principalmente por condiciones económicas (Bell et al., 2013), los autores encuentran solo efectos en delitos contra la propiedad y en la primera oleada de inmigración (solicitantes de asilo o inmigrantes refugiados). Otros estudios han sido realizados principalmente para Estados Unidos, donde destacan Chalfin (2013), quien no encuentra efectos de los inmigrantes Mexicanos en los delitos de U.S.A., mientras que Spenkuch (2013) encuentra que existen efectos al analizar los aumentos de la población inmigrante sobre las tasas de delincuencia, y si las hay, principalmente son en delitos de motivación económica, ya que no se encuentran efectos en delitos del tipo pasional, tales como homicidios, lesiones o violaciones. Distintos estudios plantean que aumentar las condiciones laborales para los inmigrantes, así como legalizar a aquellos que se encuentran ilegales reducirían la tasa delitos en U.S.A. (Baker, 2015), aunque Light & Miller (2018) analizan para este mismo país la inmigración ilegal en los 50 Estados más Washington D.C. entre los años 1990 y 2014, a través de un panel de efectos fijos y concluyen que un aumento de inmigrantes no incrementaría los delitos violentos. Ousey & Kubrin (2018) mediante un meta-análisis entre los años 1994-2014, encuentran una relación negativa entre inmigración y delincuencia, sin embargo, muy débil.
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La viabilidad de la aplicación del sistema acusatorio en el proceso penal colombiano

La viabilidad de la aplicación del sistema acusatorio en el proceso penal colombiano

b. Instrucción formal: ésta tiene como finalidad la preparación de la vista pública, teniendo en cuenta todas las diligencias y medios de prueba que se obtuvieron en la etapa anterior para que de esta manera, el fiscal pueda fundar su acusación y la contraparte pueda preparar su defensa. Una vez el Juez de Instrucción reciba todas las actuaciones que le ha remitido el Juez de Paz, deberá dictar un auto dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de recibo. Ésta etapa estará dirigida y coordinada por el Juez de Instrucción y contará con la ayuda y participación de las partes, de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General de la República. Aquí, el juez, podrá solicitar al fiscal la realización de otras investigaciones si así lo considera pertinente, las cuales deberán ser presentadas dentro de un plazo que fija el mismo juez. Además, se faculta al imputado a ampliar su indagatoria o a llevarla a cabo si ésta no se ha realizado y para ellos el juez fijará día y hora en la que se efectuará con la presencia de los sujetos procesales, como lo establece el Código y no podrá superar los seis (6) meses a partir del auto de instrucción aunque éste término se podrá ampliar excepcionalmente de oficio a petición de alguna de las partes, por una sola vez, siempre que exista autorización de la Cámara de Segunda Instancia; la prórroga no podrá ser mayor a tres (3) meses para los delitos menos graves y de seis (6) meses para los delitos graves. A lo largo de la Instrucción formal, el imputado puede ser sujeto a la imposición de medidas cautelares. El Juez de Instrucción fijará fecha para la realización de una audiencia preliminar pero diez (10) días antes de que ésta se lleve a cabo, el fiscal y el querellante podrán proponer cualquiera de las medidas del artículo 313 del C.P.P. 83 . Al ser presentada la acusación ante el Juez de Instrucción éste deberá
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