Delitos electorales

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Asociación delictuosa sobre delitos electorales en específico los relacionados con la fiscalización de campañas a partidos políticos

Asociación delictuosa sobre delitos electorales en específico los relacionados con la fiscalización de campañas a partidos políticos

Desde el punto de vista muy particular, el suscrito manifiesta que el organismo de la Procuraduría General de la Republica tiene muy limitado su acción de trabajo, puesto que el referido solo se aboca a los artículos antes citados, los cuales no son suficiente para poder integrar una averiguación previa así mismo dicha averiguación desde este momento debería ser con todos los numerales citado este cuerpo de trabajo, tomando en cuenta los mencionado en el Código fiscal federal de procedimientos electorales. Es claro decir que debe existir un vínculo desde instituto electoral así como el organismo del fepade, para un mejor desempeño de este último para poder tener una integración de los delitos electorales.

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Breve análisis de los delitos electorales

Breve análisis de los delitos electorales

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes cuya suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento de tope de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenara los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuentan y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

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Análisis garantista de los sujetos penales reconocidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales

Análisis garantista de los sujetos penales reconocidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales

IX. Documentos públicos electorales: La credencial para votar, los listados nominales, las boletas electorales, la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales Electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal, los formatos aprobados por el Instituto Nacional Electoral o los Organismos Públicos Locales Electorales que tengan como propósito acreditar un acto electoral conforme a la legislación aplicable y, en general todas las actas y documentos expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del Instituto Nacional Electoral o de los Organismos Públicos Locales Electorales;

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José Luis Guzmán Dalbora define este concepto: “Reciben el nombre de «principales» las penas que tienen una existencia autónoma, es decir, que no subordinan su imposición judicial a la existencia de otras señaladas para el delito” (2009, p. 118). Nuestro ordenamiento jurídico contempla cuatro tipos de penas principales: la prisión, el extrañamiento, la multa y la inhabilitación (inc. 1, art. 50 CP). Tal como se señaló, la pena principal con la que se castigan todos los delitos electorales es la prisión. En la sección 2a se verá que la inhabilitación para ejercer cargos públicos del artículo 283 CE es una pena accesoria.

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EL EJERCICIO DE LAS INSTITUCIONES ELECTORALES EN LA MANIPULACIÓN DEL VOTO EN MEXICO

EL EJERCICIO DE LAS INSTITUCIONES ELECTORALES EN LA MANIPULACIÓN DEL VOTO EN MEXICO

conjunto, que impiden el libre ejercicio del voto y modifican el resultado de la voluntad ciudadana, produciendo una alteración clara en el principio de representación. El objeto fundamental de los delitos electorales es tutelar la libertad del voto, la honestidad del proceso electoral y la sinceridad del sufragio universal (González de la Vega, 1994, p. 231). Por sus particularidades de tiempo, lugar y forma, los delitos electorales involu- cran condiciones peculiares. En ellos, el tipo penal reviste características muy diversas a los delitos tradicionales; el móvil de la acción no es un perjuicio patrimonial, ni lesiona bienes jurídicos (como el robo o fraude), y tampoco es un delito que atente a la integridad de la persona (como el homicidio o lesiones); por el contrario, a quien se vulnera es el Estado y a la voluntad del individuo. La manipulación del voto rompe con el principio democrático de la representación y la garantía del sufragio libre y legítimo. Este tipo de conductas tiene como intención obtener ventajas para generar condiciones que les permitan conseguir un mayor número de votos o disminuir el de sus adversarios. Por tal motivo, la comisión de un delito electoral quebranta la volun- tad general y afectan al ejercicio legítimo del poder público, puesto que parten de un móvil político que transgrede las normas que pretenden garantizar la transparencia, la legitimidad, la libertad y la limpieza del proceso electoral.

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La  Fiscalía General Electoral de Panamá como organismo electoral reconocido y la  jurisdicción penal electoral panameña

La Fiscalía General Electoral de Panamá como organismo electoral reconocido y la jurisdicción penal electoral panameña

Como vemos, este ente, que aglomera gran parte de los organismos electorales de los diferentes Estados, procura, en sus objetivos, promover sistemas electorales seguros, eficientes que garanticen la emisión del voto en forma libre, universal y secreta; esto es pues, lo que se deriva de la labor principal de la Fiscalía General Electoral, con su carácter de institución investigadora, perseguidora de los delitos electorales, a fin de que el voto sea libre, puro y transparente; es decir la libertad, eficacia y pureza del sufragio, tal como se contempla en el Código Electoral Panameño.

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Algunas precisiones sobre las encuestas electorales

Algunas precisiones sobre las encuestas electorales

Dado el resultado de la primera vuelta, en la que Santos superó a Mockus por un margen de 25 puntos, una encuesta capaz de predecir ese resultado hubiera requerido una muestra de 30.000 casos como mínimo, ya que ese es el tamaño muestral que permite obtener los resultados con un margen de error inferior a la diferencia realmente producida entre ambos candidatos. No obstante, se publicaron encuestas con pretensiones predictivas sobre la base de muestras que fluctuaban entre los 600 y los 1.500 casos y con márgenes de error muestral que se situaban entre el 2.6% y el 4,1%, muy superiores a la diferencia arrojada por la elección. Ninguna de esas encuestas tenía la más remota posibilidad de predecir el resultado y las que se aproximaron a él, se debió a factores del azar y no a las bondades de la muestra. Quizás este factor explica porqué las predicciones electorales.

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Votación y Sistemas Electorales

Votación y Sistemas Electorales

Lamento decir que hay una literatura inmensa sobre este tema; la "American Academy of Science" se involucró efectiva- mente en este debate en un momento dado. Se trata básica- mente de un error de redondeo, lo que es necesario resolver de una u otra forma. Me parece que se puede evitar el problema de una manera muy simple, ya que hoy en día tenemos los compu- tadores. Yo sugeriría que se le asigne a cada partido exactamente el número de votos que obtiene en el país y con el computador se atribuyan las ponderaciones electorales en función de las exigencias de cada cámara o legislatura. Esto no se podía hacer en el siglo XIX, porque tomaba mucho tiempo contar los votos, pero bajo las circunstancias actuales el legislador podría opri- mir un botón y el computador, en vez de darle un voto, como habría sido lo tradicional, le da 28,312.

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Procesos electorales, neocolonialismo y

Procesos electorales, neocolonialismo y

política de las comunidades la imposición es más directa, la mecánica es más sencilla se manipulan los procesos y resultados electorales y se declara ganador al candidato más proclive al gobierno o, en su defecto, al más idóneo y proclive a la manipulación y

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Críticas a las encuestas electorales

Críticas a las encuestas electorales

En síntesis, entre los profesionales de los sondeos electorales este tipo de análisis de las reales funciones que cumplen estas técnicas de manipulación de la opinión no es posible aceptarlo porque es tanto como matar a la gallina de los huevos de oro de la que viven. Pero cualquiera que tenga alguna experiencia sobre como se montan las campañas electorales puede reconocer fácilmente muchas de estas funciones. Por algo será que en bastantes países hay serias restricciones a las encuestas en los períodos electorales. Y por eso también todos los grandes partidos suelen hacer investigaciones sobre las preferencias electorales, y también sobre la vida privada de sus posibles competidores. El hecho de saber cómo piensa, hablan, visten y cuál es su vida privada tendrá a futuro un gran valor para cambiar o modificar las intenciones de voto de sus partidarios o posibles simpatizantes. El caso de un candidato presidencial que muestra síntomas de enfermedades, que no es claro en sus mensajes, que viste descuidadamente, que ataca a los líderes y mitos ciudadanos, lo convertirá en un potencial perdedor en la contienda electoral futura. Ni decir, cuando se trata de opacar a la Oposición, presentándolos como anti movimientos, colocando en ellos los que representa valores contrarios a lo que se supone que es la ciudadanía de bien. Todo lo anterior podría confirmar las recomendaciones no muy éticas que se suelen hacer para estimular el voto contra el rival. Y, en eso, somos expertos.

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Precisiones sobre los sondeos electorales

Precisiones sobre los sondeos electorales

En Medellín, más de la mitad de los hogares de estrato bajo posee teléfono lo que lleva a una subrepresentación de este sector de la población en la muestra. No cabe duda que la cobertura telefónica móvil ha tenido un crecimiento vertiginoso en los últimos años y que, de mantenerse esta tendencia, en un futuro próximo, las posibilidades de tener muestras representativas de todos los sectores se incrementarán notablemente. Por ahora, esta concentración de la cobertura telefónica en hogares de nivel medio hacia arriba sigue siendo una fuerte limitación para conocer las preferencias electorales mediante encuestas telefónicas.

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Los delitos de minería ilegal y delitos contra los recursos naturales

Los delitos de minería ilegal y delitos contra los recursos naturales

La presente investigación tomó como actuales deficiencias jurídicas normativas en el Derecho Penal Ambiental Peruano, particularmente por la desproporcionalidad concerniente a la tipificación de minería ilegal en contraste a la tipificación de los delitos contra los recursos naturales. Debido a que más allá de presentar una irregularidad en la tipificación, presenta una también una contradicción de la norma, máxime en la aplicación del Principio de Oportunidad que la Ley lo permite, a pesar del daño pluriofensivo que causa al medio ambiente. Se tiene que la tipificación, respecto a los delitos ambientales, se encuentran tipificados en el Código Penal, en su Título XIII como Delitos Ambientales, Primer Capítulo como “Delitos de Contaminación” y Segundo Capítulo como “Delitos contra los Recursos Naturales”, y desde ese entonces se reconoce al Ambiente como un bien jurídico protegido; en el año 2005 se promulga la Ley General del Medio Ambiente - Ley N° 28611, en la cual se ganó batalla conceptual y legislativa, deja aun la gran lección que para la gestión e implementación de una norma, es fundamental la concertación de los actores; asimismo tenemos la Ley N° 26839 Ley sobre la conservación y aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica; luego se tiene la creación de la importancia de la creación de Fiscalías especializadas en materia Ambiental 8 , juzgados especializados y que decidan sobre estos procesos.

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La importancia de los organismos electorales

La importancia de los organismos electorales

¿Por qué esta exigencia de especialización de los magistrados electorales? Porque actualmente, el Derecho electoral, que fue inicialmente un capítulo del Derecho constitucional, ha pasado a reclamar su reconocimiento como rama autónoma del Derecho Público. Nos encontramos, hoy en día, ante un nuevo y complejo conjunto normativo que evoluciona y se vigoriza hasta adquirir personería propia dentro del Derecho Público lo que requiere tribunales especializados en la interpretación y aplicación de esa rama autónoma del derecho. Como lo señala con acierto el jurista colombiano, Prof. Augusto Hernández Becerra, (El Derecho Electoral y su autonomía. Memoria del II Curso anual Interamericano de Elecciones IIDH/CAPEL. Págs.41 y siguientes), cuyos comentarios procuraré resumir en este capítulo, no se trata de una especialidad “nueva” del Derecho.- Por el contrario, siempre que la historia nos da noticia sobre la práctica de elecciones entre griegos y romanos, debe presumirse la existencia de las correlativas reglas jurídicas.- Con el ascenso de la burguesía a la conducción del Estado “el derecho electoral se convierte en piedra angular del nuevo edificio político, ocupando el lugar que antes estuviera reservado al derecho divino”. ”Surge una nueva concepción jurídica de cuño burgués expresada en las tesis políticas de los filósofos ingleses y de los pensadores franceses del siglo de las luces que permite, en última instancia, desmontar el absolutismo monárquico y sustituirlo por instituciones democrático-representativas.

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Costos de la violencia en el Distrito Metropolitano de Quito (Tema central)

Costos de la violencia en el Distrito Metropolitano de Quito (Tema central)

Todos estos factores y elementos se manifiestan al interior del DMQ y se evidencian directamente en la percepción de las personas hacia los delitos y la vio- lencia que les rodea y, también, a través de datos esta- dísticos reales en función de encuestas, testimonios y denuncias. Precisamente, son esas cifras las que se relacionan con conductas violentas, las cuales trascien- den afectando los derechos de las personas y, perjudi- cando la seguridad ciudadana al romper con las nor- mas de convivencia social pacífica impuesta y acepta- da por la mayoría de personas.

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Delitos informáticos

Delitos informáticos

El Tribunal Supremo considera “un hecho evidente” la realidad de dichos daños en el sistema informático de la empresa de la que fue despedido, pues “la Sala (enjuiciadora) tuvo a su disposición elemento, evidentemente incriminatorio, derivado de las dificultades para restaurar el sistema y las complicadas operaciones que tuvieron que realizar para recuperar la información”, y que tales daños fueron obra del recurrente, al igual que los otros delitos de coacciones y societario, a que también fue condenado, en atención a la variada prueba de que se dispuso.

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La conducta delictuosa generada por el uso de las tecnologías de la información

La conducta delictuosa generada por el uso de las tecnologías de la información

El autor detalla el objeto material de los delitos cometidos por el uso indebido de las tecnologías de la información; otro aspecto importante, es que cuando se comete algún delito de esta índole, lo que se protege es la información contenida, por ejemplo en instituciones bancadas y bases de datos, redes de computadoras o simples computadoras personales55. Analizando de manera más detallada sabemos, que toda conducta implica una acción u omisión; por otra parte, señalamos que también se debe admitir el dolo y la tentativa, así como a la culpa y el error. Puesto que si entendemos que la culpa es la voluntad de la acción con un fin especifico, que es distinto al resultado que se esperaba, entonces cabe la posibilidad que un sujeto activo pueda llegar a cometer un delito informático o electrónico, aún cuando este no hubiese sido su acción primera, por otra parte, también puede existir el error en estos tipos de delitos, específicamente en los sujetos pasivos, porque si un menor de edad por error entra a una página de pornografía infantil, tal vez éste por su minoría de edad caiga en ese error que pueda incidir la acción que realiza en algún elemento del tipo penal de delitos informáticos o electrónicos, encontrándonos de nuevo con las problemáticas que se han venido señalando en el presenta trabajo.

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				Fuero penal militar: una comparación internacional

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En Italia, “en tiempo de paz, los tribunales militares conocen los delitos militares cometidos por los miembros de las fuerzas militares. En cambio, no existe código de procedimiento penal militar, pues el código de procedimiento penal (de derecho común) es el que se aplica. En tiempos de guerra, los tribunales militares ordinarios son remplazados por tribunales militares de guerra con extensas competencias. Los magistrados militares tienen las mismas garantías de independencia que los magistrados ordinarios”. En Perú la jurisdicción militar abarca también un amplio espectro de delitos que incluye los delitos militares, los delitos militarizados, y delitos comunes en los que estén involucrados militares o policías como víctimas o como victimarios. El Código Penal Militar concibe de manera muy amplia el “delito de función”, lo que ha permitido que incluso violaciones a los derechos humanos se incluyan en su jurisdicción bajo las figuras de “abuso de autoridad”, “uso innecesario de violencia” o “privación ilegal de la libertad”.

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La relación representativa: el elector del municipio de Monterrey y el gobernador de Nuevo León, período 2011

La relación representativa: el elector del municipio de Monterrey y el gobernador de Nuevo León, período 2011

Las campañas electorales para la contienda por la Gubernatura en 2009 dieron inicio a partir del 03 de abril y concluyeron el 01 de julio del mismo año. La contienda fue integrada por cinco aspirantes, los cuales representaban a un Partido político específico o en su caso, a una coalición constituida por más de un partido. El PAN postuló como candidato a Fernando Elizondo Barragán; el PRD a Martha Ofelia Zamarripa Rivas; el PSD a Ernesto Villarreal Landeros; Nueva Alianza a Guillermo Beltrán Pérez; y la coalición “Juntos por Nuevo León” integrada por el PRI, Partido Demócrata, PVEM y Partido Cruzada Ciudadana, quienes eligieron como candidato en común a Rodrigo Medina de la Cruz.

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Honduras : nuevo gobierno liberal con la misma agenda política

Honduras : nuevo gobierno liberal con la misma agenda política

finalmente, las conclusiones apuntan tres factores entre preocupantes y estables peculiares de la democracia hondureña. en primer lugar, la circulación de los mismos apellidos en la elite política, tanto en las elecciones legislativas como en las presidenciales. el cambio electoral que supuso, por una parte, separar las papeletas electorales para los niveles electos (presidencial, legislativa y municipal) y, por otra, ofrecer al votante la posibilidad de no votar por la planilla completa del partido, han tenido el efecto de consolidación de la fragmentación interna de los partidos, en lugar de conducir a una mayor unidad interna partidaria. en segundo lugar, el hecho inédito de que se haya formado un gobierno paritario en términos de género, que balancea por tanto no sólo la presencia de las corrientes del plh en el gabinete sino también la presencia de mujeres. por último, se enfatiza la consolidación de la presencia legislativa de los tres partidos pequeños, cuyo potencial coalicional para el bloqueo o negociación es sin embargo limitado.

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Reflexiones sobre algunos contenidos de la justicia penal electoral costarricense

Reflexiones sobre algunos contenidos de la justicia penal electoral costarricense

Contrario a esa certeza en las dos vías (sustantiva y procesal) se opta por fragmentar el sistema y en razón (¡o sin razón!) de una etiqueta específica de norma “adjetiva” se valida la existencia de hipótesis que siendo escasamente probables dan paso a escenarios contrarios a otros consensos del derecho penal democrático como la seguridad jurídica o la interpretación favorable al imputado. Para ilustrar piénsese en una situación de rezago en la persecución de cierto tipo de delitos cuya penalidad superior sean los cinco años de prisión; preocupados por ello, los diputados modifican el tipo penal para que el extremo mayor de la pena se ubique en los nueve años y así el plazo de prescripción se ve extendido para los casos en trámite.

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