derecho a la alimentación

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El derecho a la alimentación como derecho humano

El derecho a la alimentación como derecho humano

De hecho, es imposible negar la relación entre alimento y nutrición, dado que en el mundo actual el ‘hambre oculta’, o sea, la deficiencia de micronutrientes, es tan im- portante como la malnutrición proteico calórica. Dada su estrecha relación con la definición de seguridad alimen- taria, el derecho a la alimentación debe abarcar no sólo la disponibilidad y el acceso como elementos clave de la definición, sino también la ‘utilización’ de los alimentos como tercer elemento clave. La ‘utilización’ significa el uso biológico apropiado de los alimentos, que requiere una dieta adecuada en energía y nutrientes, así como agua potable y servicios de saneamiento adecuados. Ello implica también el conocimiento de los principios básicos de la nutrición y los cuidados apropiados a los niños, así como las técnicas salubres de almacenamiento y elaboración de alimentos. Ello significa que las medidas paralelas adoptadas en el ámbito de la atención sanita- ria, el saneamiento y el agua potable son elementos que deben formar parte del derecho a la alimentación. Dado que estos elementos ya se incluían por lo general en la definición amplia de ‘seguridad alimentaria’, ello no debe percibirse como un problema por lo que respecta a la interpretación lata del derecho a la alimentación. 8
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Coloquio Derecho a la alimentación y nutrición adecuada

Coloquio Derecho a la alimentación y nutrición adecuada

El evento pretende profundizar aspectos específicos sobre cada una de la dimensiones del derecho a la alimentación y nutrición adecuada en los países de América Latina que en su mayoría poseen la condición de renta media y, a la vez, prevalecen las mayores brechas de desigualdad y se presentan nuevos problemas como la subnutrición.

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El derecho a una alimentación adecuada

El derecho a una alimentación adecuada

2. El Comité ha acumulado una información considerable acerca del derecho a la alimentación adecuada examinando los informes que han ido presentando los Estados Partes desde 1979. El Comité ha observado que aunque hay directrices sobre la presentación de información relativa al derecho a la alimentación adecuada, tan sólo unos pocos Estados Partes han proporcionado información precisa y suficiente para permitir al Comité determinar la situación actual en los países del caso con respecto a este derecho y para determinar qué obstáculos se presentan para su disfrute. Esta Observación general tiene como fin señalar las principales cuestiones que el Comité considera de importancia en relación con el derecho a la alimentación adecuada. Al preparar la presente Observación general se atiende a la solicitud formulada por los Estados Miembros durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de que se definieran mejor los derechos relacionados con la alimentación que se mencionan en el artículo 11 del Pacto, y a la invitación especial que se hizo al Comité de que prestara atención especial al Plan de Acción de la Cumbre y continuase vigilando la aplicación de las medidas concretas que se estipulaban en el artículo 11 del Pacto.
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Derecho a la alimentación, soberanía alimentaria y sustentabilidad

Derecho a la alimentación, soberanía alimentaria y sustentabilidad

de campesinos y pueblos indígenas” (p. 80). En otras palabras, el derecho a la alimentación provee un con- tenido transformador de orden imperativo para con- solidar, entre otros elementos, el derecho a la alimen- tación adecuada de las poblaciones campesinas y más desposeídas. Se suscita así la fractura de la articula- ción de las actividades comerciales agrícolas que se originan por los acuerdos tomados por la Organiza- ción Mundial del Comercio (OMC), que claramente limitan la injerencia de las estructuras de gobierno de los países para instituir sus propias políticas agríco- las, 12 ya que el principal objetivo de la OMC ha sido
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Derecho Humano a una Alimentación Adecuada y su relación con la Seguridad Alimentaria

Derecho Humano a una Alimentación Adecuada y su relación con la Seguridad Alimentaria

Sostiene Zeledón Zeledón que “El derecho a la seguridad alimentaria, ubicado en una etapa superior del derecho a la alimentación, también es un derecho humano. Es un derecho de solidaridad perteneciente a los derechos humanos de tercera generación. Consecuentemente la seguridad alimentaria no es, ni pretende ser, en sí misma, una rama jurídica autónoma o independiente. En su estructura es una especie de super- derecho pues abarca una gran cantidad de derechos menores, vinculado a su vez a muchísimos temas económicos, sociales, culturales, científicos y humanos. En el ámbito jurídico está llamado a marcar una impronta en todo el sistema jurídico porque redefine con nuevos planteamientos, aspiraciones y metas, a las disciplinas tradicionales 12 .” Nosotros, creemos, que además de los aspectos antes citados, la disponibilidad de alimentos implica un alimento en cantidad suficiente y de calidad apropiada para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos; la accesibilidad física y económica universal, incluso de los grupos vulnerables, a alimentos adecuados, libres de sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada; o los medios para procurárselos.
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Los estrechos vínculos entre el derecho a la alimentación y el derecho al agua

Los estrechos vínculos entre el derecho a la alimentación y el derecho al agua

En concreto, en relación al derecho a la alimentación, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se ha ocupado de requerirles a los Estados que adopten programas especiales para los grupos desfavorecidos como, a modo de ejemplo, los sin tierra, lactantes, bebés, ancianos, enfermos, discapa- citados físicos e indígenas, (19) los cuales siempre deben tener prioridad en las políticas públicas. (20) Y en torno al derecho al agua potable aunque ha aclarado que es un derecho aplicable a todos, también ha resaltado que los Estados Partes deben prestar especial atención a las personas y a los grupos de personas que tradicionalmente han tenido diicultades para ejercer este derecho, en particular, las mu- jeres, los niños, los grupos minoritarios, los pueblos indígenas, los refugiados, los solicitantes de asilo, los desplazados internos, los trabajadores migrantes, los presos y los detenidos. (21)
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La malnutrición un problema de salud global y el derecho a una alimentación adecuada

La malnutrición un problema de salud global y el derecho a una alimentación adecuada

A pesar de las ventajas mencionadas, el IGH tiene el inconveniente derivado de toda media aritmética. Su valor puede ser arrastrado hacia un extremo, dada su sensibilidad a valores atípicos. También, por su condición de centralidad, puede suavizar en demasía ciertas situaciones extremas. El último informe publicado sobre el IGH 4, calculado para 120 países, alerta de otra forma de hambre, difícil de localizar y combatir, la que llaman "oculta". Es decir, la malnutrición por deficiencia de macronutrientes y vitaminas esenciales en la alimentación y que afecta a 2.000 millones de personas en el mundo. Estas carencias pueden tener efectos irreversibles en la salud a largo plazo y afectar al desarrollo socioeconómico de esos países. Esta hambre oculta puede coexistir con consumos adecuados de energía, incluso excesos de grasas e hidratos de carbono. Esto provoca que sean posibles casos de sobrepeso con carencias esenciales. “Una dieta pobre, la enfermedad, una absorción deteriorada durante ciertas etapas de la vida, como el embarazo, la lactancia y la infancia, están entre las causas del hambre oculta, que invisiblemente puede afectar la salud y el desarrollo de una población”, explica el informe. El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de la ONU, en consonancia con la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, recogió como uno de sus objetivos el número 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.
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LA JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA

LA JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Según las cláusulas específicas contenidas en el pIDESC, los Estados tienen la obligación de aplicar progresivamente el derecho a una alimentación adecuada, dedicando cada vez mayores recursos y no siendo regresivos en cuanto a los niveles alcanzados. Es decir, no reducir los beneficiarios de los programas alimentarios, o no destinar cada año menos dinero a programas de lucha contra el hambre sin causa justificada. para este efecto, tienen que tomar medidas, tanto individualmente como mediante la cooperación internacional, utilizando todos sus recursos disponibles (priorizando la asignación del presupuesto) y mediante todos los medios posibles. El Comité DESC observa que la frase “hasta el máximo de los recursos de que disponga” contenida en el pIDESC tenía la intención, según los redactores del pacto, de referirse tanto a los recursos existentes dentro de un Estado como a los que pone a su disposición la comunidad internacional mediante la cooperación y la asistencia internacionales. De manera análoga, el Comité DESC subraya el hecho de que, aún en tiempos de limitaciones graves de recursos financieros, causadas sea por el proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad mediante la adopción de programas de relativo bajo costo (naciones unidas, 1990). Los Estados no deben discriminar el acceso a la alimentación o a los medios de su producción/obtención, y deben respetar, proteger y realizar, entendido esto último desde la dimensión de facilitar y hacer efectivo, el derecho a una alimentación adecuada para todos los ciudadanos.
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El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos reconocidos, concebidos integralmente, y está abierto a incorporar nuevos derechos. Entre los primeros incluye el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a sindicalizarse y a la seguridad social. Implica el derecho a construir y hacer ciudad, el derecho al lugar, a permanecer en él y a la movilidad; al agua y la alimentación, la vivienda, los servicios públicos y el uso democrático de los espacios públicos; a la salud, la educación y la cultura; al desarrollo y a un medio ambiente sano; a la protección del consumidor, la asistencia a personas con necesidades especiales y a la seguridad física. También a la información pública y la participación política, incluyendo el derecho a reunirse, manifestarse, organizarse y a deliberar directamente y a través de representantes. Incluye el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural.
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Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, también reconoce explícitamente este derecho en su Artículo 11: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento…” (ONU, 1976). El derecho a la vivienda también tiene reconocimiento internacional. En la Declaración de los Derechos Humanos, Artículo 25, se plantea lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espacial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” (ONU, 2012). El incumplimiento de los derechos constitucionales en cuanto a la propiedad y a una vivienda digna no se debe únicamente a la falta de acciones para garantizar el acceso, sino también a innumerables obstáculos que evitan que los sectores más pobres accedan a la propiedad de un lote o solución habitacional. Entre dichas dificultades se puede mencionar: la ausente (o insuficiente) y nada sistemática asignación presupuestaria estatal para 4. EL COOPERATIVISMO DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA AUTOGESTIONARIO.
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Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (2017). “La Ciudad de México en disputa. El derecho a la ciudad en construcción”

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (2017). “La Ciudad de México en disputa. El derecho a la ciudad en construcción”

reproducción de la vida humana. Esto requiere, por un lado, el respeto irrestricto de los derechos de los habitantes de la ciudad y la apertura de espacios de participación para la ciudadanía en la elaboración de las políticas públicas, mientras que, por otro lado, requiere que dichas políticas vayan en función de lograr mejores condiciones de vida de la población, reduciendo las grandes desigualdades sociales. En este sentido, la recuperación actual de la noción “el derecho a la ciudad” tiene el objetivo central de recuperar la ciudad para sus habitantes, lo que implica reconocerla en primera instancia como un bien público, como un bien colectivo. La ciudad es, en esta perspectiva, el espacio público por excelencia, el lugar del encuentro, el lugar de la polis. En una palabra, el espacio donde se desarrolla gran parte de la vida social humana. Por otro lado, también se trata de un espacio en disputa, ya que allí se lleva a cabo la producción y el consumo. En este contexto, se convierte en evidente que la ciudad puede intentar ser convertida en una mercancía, en un bien de consumo. Los intereses del capitalismo – sobre todo el financiero– quieren privilegiar el valor de cambio de las ciudades, por el contrario, los habitantes en general, y particularmente los sectores vulnerables, tratando de ganar protagonismo, desean reivindicar el valor de uso de la ciudad, luchando por la construcción de ciudades justas y democráticas.
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El camino posible  Producción social del Hábitat en América Latina

El camino posible Producción social del Hábitat en América Latina

La cercanía geográfica de Centroamérica con el gran gigante del Norte, impregnó la cultura local, a través de una convicción creada, de una visión completamente contraria a la que existió en sus primeros pobladores, prácticamente aniquilando aquellos principios de comunidad y colectividad que caracterizaron a los pueblos que construyeron los asentamientos humanos encontrados en la Conquista de América. La cultura indígena estuvo plena de una búsqueda constante de equi- dad, de acceso a recursos indispensables para el desarrollo humano, de garantizar sin excesos la alimentación, educación y realización propias de la persona. Sin duda existieron un sinnúmero de detalles que eran problemas y errores de go- bernanza: no se trata de idealizar una fase irrepetible de la raza americana, sino de destacar que no siempre hubo en el consciente de la sociedad las ideas fijas de una sacrosanta propiedad privada, de la acumulación del capital, de la superación por la vía individual, del crecimiento económico sin sentido a costa del universo mismo. Si se cree en energías invisibles, se diría que a pesar del ametrallamiento conti- nental de antivalores y de la constante lluvia de principios contrarios a los que le dieron origen, esta raza amerindia aún conserva en el subconsciente de ese pueblo, el recuerdo de una manera distinta de abordar el verdadero desarrollo, aún se puede encontrar la concepción de la sociedad como algo donde van todos embarcados y se pueden salvar todos juntos o hundir todos juntos.
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Derecho al suelo y la ciudad en América Latina  La realidad y los caminos posibles

Derecho al suelo y la ciudad en América Latina La realidad y los caminos posibles

Los españoles descubrieron las grandes oportunidades de lucro personal que ofrecía una tierra en extremo fértil y unos habitantes bajo su dominio, conside- rando ambos aspectos en términos de explotación. Esto se expresó en las formas nuevas de uso, colonización y tenencia de la tierra. Durante este período se nota la coexistencia de la propiedad comunal y la privada: la primera de los indígenas, la segunda de los españoles. Al sufrir la producción del bálsamo y el cacao una fuerte disminución, se comienza a cultivar el añil para exportar a Europa. La figura legal de la prescripción se utiliza entonces como modo de extinguir el derecho de los indígenas sobre la tierra y concederlo a los españoles, es decir, convertir lo comunal en privado, pasando de los conquistados a los conquista- dores. Al fin del dominio español, las principales formas de posesión de la tierra eran la propiedad privada, comunal, el colonato, el arrendamiento y la simple ocupación de hecho.
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Breve historia de derechos humanos

Breve historia de derechos humanos

entero del derecho internacional de los derechos humanos. Se reconocen al menos en principio por la mayoría de las naciones y forman el corazón de muchas constituciones nacionales. Sin embargo, la situación real en el mundo está muy lejos de los ideales enunciados en la

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Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

el presente texto busca sistematizar y plan- tear algunas bases para una discusión jurí- dica elaborada sobre el derecho a la ciudad, no es un texto acabado y concluyente, si- no un llamado a reflexionar jurídicamente sobre él. Éste se desarrolló siguiendo la metodología de investigación documen- tal, aquella que a partir de la revisión de las fuentes documentales elabora reflexiones descriptivas, analíticas y hermenéuticas en relación con el objeto específico de la inves- tigación. Para el presente estudio se revisa- ron, principalmente, las siguientes fuentes documentales: las discusiones actuales so- bre el derecho a la ciudad derivadas de la UNeSCo, del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos humanos (UN-hABITAT) y de la Unión europea; algunos instrumentos internacionales, y la Constitución Política Colombiana de 1991. Como eje central se utilizó la Carta Mun- dial por el Derecho a la Ciudad, un instru- mento en preparación que, si bien no tiene fuerza vinculante internacional, recoge los avances y discusiones del Foro Social Mun- dial y otros esfuerzos globales por impulsar el derecho a la ciudad en el ordenamiento jurídico internacional.
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