Derecho a la salud

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Del derecho a la salud en Colombia. ¿Un derecho seriamente fundamental?

Del derecho a la salud en Colombia. ¿Un derecho seriamente fundamental?

Pese a estar a cuatro años de la vigencia de la Ley 100 de 1993 y a casi dos de la entrada en vigencia del SGSSS, la Sala sostuvo que los derechos económicos, sociales y culturales, pese a su vinculación con la dignidad humana, la vida, la igualdad y la libertad, no son de aplicación inmediata, pues necesariamente requieren de la activa intervención del legislador con miras a la definición de las políticas públicas y de su adecuada instr umentación organizativa y presupuestal. La sentencia T-535 de 1999 determinó que en aras de garantizar real y eficazmente los presupuestos consagrados en el artículo 46 de la Constitución Política debe considerarse el derecho a la salud como un derecho fundamental autónomo. M. P. Carlos Gaviria Díaz. p. 4.De su parte, la sentencia T-261 de 2007 fue enfática, así mismo, en la determinación del derecho a la salud del adulto mayor como un derecho fundamental autónomo. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, p. 12 y ss. En el mismo sentido véanse, entre otras, las sentencias T-527 de 2006, M. P. Rodrigo Escobar Gil, pp.7 y ss; 638 de 2007, M. P. Jaime Araujo o Rentería, p.7; T-1097 de 2007 y 015 de 2008, M. P. Mauricio González Cuervo, p. 4 en ambas sentencias; 1 -073 de 2008, M. E Manuel José Cepeda Espinosa, p. 3, y la T-866 de 2008, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. pp. 9 y ss.
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El derecho a la información de los consumidores como garantía de su derecho a la salud

El derecho a la información de los consumidores como garantía de su derecho a la salud

El surgimiento del derecho de consumo en las relaciones comerciales nace como una respuesta a la necesidad de proteger la vulnerabilidad de los consumidores como parte interviniente en la relación comercial. Lo anterior teniendo en cuenta que existen una serie de disparidades notorias en dichas relaciones pueden poner en riesgo a la economía de mercado; y los derechos de los consumidores. En este ámbito, es conveniente tratar un tema que ha sido altamente controversial en Colombia respecto del derecho que tienen los consumidores de conocer toda la información posible sobre los productos que se encuentran en el mercado y pueden resultar nocivos para la salud. En el marco de dicha controversia se han presentado varias decisiones judiciales que vale la pena analizar a profundidad, para determinar el alcance del derecho a la información de los consumidores y su relación inescindible con el derecho a la salud de los mismos. En este sentido, se ha planteado como pregunta a resolver dentro del presente artículo de reflexión la siguiente: ¿Cuál es el alcance del derecho a la información en materia de los productos comestibles en el ordenamiento jurídico colombiano?
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El Derecho a la Salud y su Exigibilidad

El Derecho a la Salud y su Exigibilidad

Los contenidos del módulo están organizados de la siguiente forma: en el primer capitulo se presentan los conceptos de derechos humanos, los sistemas internacionales para su garantía, su contexto histórico y su relación con el Estado. El segundo, busca aportar a la comprensión y el desarrollo el derecho a la salud desde el punto de vista conceptual y legal. El tercero hace referencia a la exigibilidad de los derechos y en particular muestra cómo los colombianos y las colombianas han exigido el derecho a la salud por medio de la tutela, evidenciando que la política ha sido insuficiente para la garantía del derecho a la salud. Por último, el cuarto, presenta una serie de ejercicios, preguntas y sentencias de la Corte Constitucional para proporcionar herramientas a poner en práctica de forma individual y colectiva para exigir la garantía del derecho a la salud.
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Salud Mental y Derecho

Salud Mental y Derecho

ser autorizada judicialmente y en este caso particular la menor M. no ha sido declarada incapaz. Considera conculcado el derecho a la salud reproductiva, de conformidad a las previsiones que en relación al matrimonio, la familia, la paternidad y las relaciones personales contenidas en el Art. 23 de la CDPD, en especial el derecho de las personas con discapacidad, incluidos los niños y niñas de mantener su fertilidad en igualdad de condiciones que los demás.-Por ultimo exige que previamente a resolver sobre la ligadura de trompas tanto su defendida como sus padres deben ser informados de la alternativa de colocarle un DIU como método de contraconcepción, señalando de M. no presenta un enfermedad mental grave y que tampoco se ha probado la urgencia en realizar una ligadura tubaria, tal requisito da cumplimiento a las exigencias del consentimiento informado. De las deliberaciones rescato para el presente análisis el voto de la Dra. Zanichelli: Desde un principio advierte que el recurso debe prosperar y para denegarse la autorización solicitada, principalmente porque tal medida fue solicitada por la progenitora de una joven menor de edad que no ha sido declarada judicialmente incapaz. La ley 26.130 en reemplazo de la ley 17.132 no considera como requisito para acceder a la ligadura de trompas la “indicación terapéutica precisa”, ya que incluye esta práctica dentro del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y requiere el consentimiento libre e informado del paciente, salvo en incapaces declarados judicialmente en donde se exige la autorización judicial. Considera que la nueva ley ha representado un gran avance en el reconocimiento legislativo expreso de los derechos sexuales y reproductivos, derivados de los derechos constitucionales a la salud, la igualdad y a la autodeterminación personal. El fallo hace referencia a la Ley 26.529 sobre Derechos de los pacientes, y sobre la interpretación restrictiva en cuanto al consentimiento informado, que debe ser proporcionado a todas las personas en igualdad de condiciones, y bajo el principio de reserva que consagra el art. 19 CN.
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EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SALUD

EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA SALUD

Se puede apreciar como la VALORACION Y TRATAMIENTO INTEGRAL NO SE CUMPLE a cabalidad, por cuanto el medicamento llamado ACETATO de ABIRATERONA recetado para el tratamiento de cáncer de próstata no le está siendo entregado ni suministrado desde abril del 2016, debido que en el ISSFA no autoriza su cobertura, por no estar según ellos considerado en el cuadro general básico de medicamentos del Ministerio de Salud Pública (MSP), y no quieren reconocer el pago o la cobertura de este medicamento, indicando los señores del ISSFA que si se lo han recetado debe ser cubierto por el mismo paciente, argumento este que le está violando su derecho a la SALUD, puesto que el Estado está obligado a prestar especial atención a las personas que tienen enfermedades catastróficas, esto, en los términos de los Arts. 35, 32 y 50 de la Constitución, por tener atención prioritaria por el hecho de tener esta enfermedad catastrófica.
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El derecho a la protección de la salud

El derecho a la protección de la salud

En el ISSSTE, el derecho a la pensión es para per- sonas en edad de retiro dentro del mismo universo de quienes tienen derecho a los servicios médicos, aunque quienes requieren estos últimos son castiga- dos con la cobertura y calidad de su servicio. El grupo, en términos generales, es el mismo: los derechoha- bientes del ISSSTE, pero el derecho a la pensión, al es- tar bien definido en pesos y centavos y ser para todos aquellos que cumplen ciertas características en años trabajados y edad, suele ser defendido por quienes lo gozan con mucha mayor vehemencia que el derecho a la salud, el cual se va degradando poco a poco y es de interés inmediato sólo para un pequeño grupo disperso y heterogéneo que, cuando lo necesita de verdad, está enfermo y, por tanto, debilitado.* Si bien el incentivo para la reforma del sistema de pensiones del ISSSTE tiende a ser mayor que en el IMSS (pues, en el extre- mo, los propios pensionados se quedan sin acceso a los servicios de salud del instituto, ante la bien funda- da expectativa de que el fisco siga pagando los recur- sos que se necesitan para fondear las pensiones), se ha sostenido una situación injusta en ambos casos para quienes requieren los servicios de salud y para los cau- santes en general, e impagable a la larga.
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El derecho a la proteccin de la salud

El derecho a la proteccin de la salud

En el ISSSTE, el derecho a la pensión es para per- sonas en edad de retiro dentro del mismo universo de quienes tienen derecho a los servicios médicos, aunque quienes requieren estos últimos son castiga- dos con la cobertura y calidad de su servicio. El grupo, en términos generales, es el mismo: los derechoha- bientes del ISSSTE, pero el derecho a la pensión, al es- tar bien definido en pesos y centavos y ser para todos aquellos que cumplen ciertas características en años trabajados y edad, suele ser defendido por quienes lo gozan con mucha mayor vehemencia que el derecho a la salud, el cual se va degradando poco a poco y es de interés inmediato sólo para un pequeño grupo disperso y heterogéneo que, cuando lo necesita de verdad, está enfermo y, por tanto, debilitado.* Si bien el incentivo para la reforma del sistema de pensiones del ISSSTE tiende a ser mayor que en el IMSS (pues, en el extre- mo, los propios pensionados se quedan sin acceso a los servicios de salud del instituto, ante la bien funda- da expectativa de que el fisco siga pagando los recur- sos que se necesitan para fondear las pensiones), se ha sostenido una situación injusta en ambos casos para quienes requieren los servicios de salud y para los cau- santes en general, e impagable a la larga.
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El derecho a la salud

El derecho a la salud

Los negocios pueden afectar al derecho a la salud de varias maneras. Las compañías que comercializan productos farmacéuticos o equipo médico pueden contribuir positivamente al disfrute del derecho a la salud, pero también pueden dificultar el acceso a la atención sanitaria o hacerla menos asequible, por ejemplo manteniendo altos los precios de los medicamentos empleados en el tratamiento del VIH/SIDA. Las industrias extractiva y manufacturera también pueden atentar indirectamente contra el derecho a la salud por el hecho de contaminar el agua, el aire y el suelo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que los Estados deben ofrecer protección contra la contaminación por las empresas privadas y evaluar su impacto en el medio ambiente 37 . Se considera que incumbe a las empresas comerciales alguna responsabilidad con respecto a los derechos humanos, si bien no es clara su naturaleza y alcance exactos. No obstante, los Estados son en último término responsables de cualquier violación de los derechos humanos 38 .
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DERECHO A LA SALUD

DERECHO A LA SALUD

● 300 mil personas Trasplantadas, con Hemofilia, Cáncer, Parkinson, Esclerosis, y otras personas con condiciones crónicas graves, fueron privadas de medicamentos desde 2016. Unas 74.000 personas con condiciones crónicas graves recibían medicamentos de alto costo en 58 farmacias de la seguridad social y unas 300.000 en total podían conseguir y comprar otras medicinas en farmacias privadas. A raíz de severos recortes de importaciones, en 2016 se suspendieron las compras de medicamentos de alto costo, sin otra alternativa, y se agotaron las medicinas en las farmacias, privando a las personas de sus tratamientos . Hasta 2018, 3.000 personas trasplantadas dejaron de recibir inmunosupresores y, como consecuencia, 96 personas sufrieron rechazo de sus órganos y 12 fallecieron ; a 5.000 personas con hemofilia se negaron factores de coagulación para prevenir el sangrado y la artropatía hemofílica y, por esta razón, fallecieron 43 personas y 270 se encuentran en riesgo de morir; 33.000 personas con Parkinson perdieron sus medicamentos, causándoles terri- bles sufrimientos que van desde la pérdida de equilibrio hasta una rigidez total que puede provocar la muerte; también 8.000 mujeres con Cáncer de Mama, 13.000 con Linfoma, 2.700 con Esclerosis múltiple, 200 con Hipertensión Pulmonar, entre otras, han sufrido daños a su salud y corren peligro de perder la vida .
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El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos reconocidos, concebidos integralmente, y está abierto a incorporar nuevos derechos. Entre los primeros incluye el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a sindicalizarse y a la seguridad social. Implica el derecho a construir y hacer ciudad, el derecho al lugar, a permanecer en él y a la movilidad; al agua y la alimentación, la vivienda, los servicios públicos y el uso democrático de los espacios públicos; a la salud, la educación y la cultura; al desarrollo y a un medio ambiente sano; a la protección del consumidor, la asistencia a personas con necesidades especiales y a la seguridad física. También a la información pública y la participación política, incluyendo el derecho a reunirse, manifestarse, organizarse y a deliberar directamente y a través de representantes. Incluye el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural.
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TDR campaña de difusión

TDR campaña de difusión

Por todo lo que antecede, se considera oportuno implementar Campañas de Promoción y Difusión sobre el Programa Ampliado de Inmunización, a fin de lograr que madres y padres, tutores y/o tutoras asuman su responsabilidad y demanden el derecho que tienen sus hijos e hijas de recibir las vacunas, y así lograr el aumento de las coberturas de vacunación, mediante la sensibilización del/la personal actuante de los servicios de salud (funcionarios/as de todos los establecimientos de salud dependientes del Ministerio de Salud, del IPS, de las Sanidades Militares y Policiales, de los Sanatorios y Clínicas dependientes de: Gobernaciones, Municipalidades, Cooperativas, de los Sanatorios y Consultorios privados de todo el país) y de esta manera vencer la indiferencia de la población acerca de las vacunaciones a través de la difusión de mensajes en los medios masivos de comunicación (radio y televisión) disponibles y al alcance de la población objetivo.
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LA JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA

LA JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA

Tras estudiar el caso, la Corte resolvió que paraguay violó los derechos a la propiedad y a la protección judicial, así como el derecho a la vida, ya que privó a la comunidad de acceder a sus medios de subsistencia tradicionales. Merece la pena destacar que en ningún caso se usa el derecho a la alimentación como argumento principal, ya que este derecho está excluido de los casos justiciables recogidos en el protocolo de San Salvador. Sin embargo, se protege este derecho por su relación directa con el derecho a una vida digna, y por el umbral mínimo alimentario que se asocia al derecho a la vida. Además, entendió que el Estado no adoptó las medidas positivas necesarias para asegurarles durante el período que permanecieron sin territorio, las condiciones de vida compatibles con su dignidad. Durante su estadía al costado de una ruta frente a las tierras que reclaman, la comunidad careció de acceso adecuado a alimentos, servicios de salud y educación. Dieciséis personas (menores de 6 y mayores de 58 años) fallecieron a causa de las condiciones de vida. La Corte consideró que el Estado tiene el deber de adoptar medidas positivas orientadas a la satisfacción de una vida digna, en especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo cuya atención se vuelve prioritaria. La Corte ordenó al Estado demarcar el territorio tradicional, entregárselos de manera gratuita y proveerles los bienes y servicios básicos para su subsistencia hasta tanto les restituyan sus territorios. La Corte Interamericana ha reafirmado su interpretación amplia del derecho a la vida tomando en consideración las normas sobre salud, educación y alimentación previstas en el protocolo de San Salvador. En su interpretación también tomó en cuenta Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, órgano de supervisión del pIDESC. d.- Caso Defensor del Pueblo contra Estado Nacional y Provincia del Chaco por Indígenas Toba, Argentina
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El derecho a la alimentación como derecho humano

El derecho a la alimentación como derecho humano

La formulación de la estrategia debe dar pleno cumplimiento a los principios de responsabilidad, transparencia, participación popular, descentralización, capacidad legislativa, independencia de la magistratura. Se ocupará de todos los aspectos del sistema alimentario, en particular la producción, elaboración, distribución, comercialización y consumo de alimentos sanos y contem- plará medidas paralelas de salud, educación, empleo y seguridad social. Deberá considerar medidas adecuadas para garantizar que las actividades del sector privado y de la sociedad civil se apeguen al derecho a la alimen- tación; diseñar mecanismos institucionales adecuados para establecer un proceso representativo en su formu- lación y contemplar los niveles nacional, regional, local y doméstico en la gestión y en el uso más sostenible de los recursos alimentarios naturales. 4 Se sugiere la po-
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Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, también reconoce explícitamente este derecho en su Artículo 11: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento…” (ONU, 1976). El derecho a la vivienda también tiene reconocimiento internacional. En la Declaración de los Derechos Humanos, Artículo 25, se plantea lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espacial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” (ONU, 2012). El incumplimiento de los derechos constitucionales en cuanto a la propiedad y a una vivienda digna no se debe únicamente a la falta de acciones para garantizar el acceso, sino también a innumerables obstáculos que evitan que los sectores más pobres accedan a la propiedad de un lote o solución habitacional. Entre dichas dificultades se puede mencionar: la ausente (o insuficiente) y nada sistemática asignación presupuestaria estatal para 4. EL COOPERATIVISMO DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA AUTOGESTIONARIO.
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Breve historia de derechos humanos

Breve historia de derechos humanos

entero del derecho internacional de los derechos humanos. Se reconocen al menos en principio por la mayoría de las naciones y forman el corazón de muchas constituciones nacionales. Sin embargo, la situación real en el mundo está muy lejos de los ideales enunciados en la

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Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

el presente texto busca sistematizar y plan- tear algunas bases para una discusión jurí- dica elaborada sobre el derecho a la ciudad, no es un texto acabado y concluyente, si- no un llamado a reflexionar jurídicamente sobre él. Éste se desarrolló siguiendo la metodología de investigación documen- tal, aquella que a partir de la revisión de las fuentes documentales elabora reflexiones descriptivas, analíticas y hermenéuticas en relación con el objeto específico de la inves- tigación. Para el presente estudio se revisa- ron, principalmente, las siguientes fuentes documentales: las discusiones actuales so- bre el derecho a la ciudad derivadas de la UNeSCo, del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos humanos (UN-hABITAT) y de la Unión europea; algunos instrumentos internacionales, y la Constitución Política Colombiana de 1991. Como eje central se utilizó la Carta Mun- dial por el Derecho a la Ciudad, un instru- mento en preparación que, si bien no tiene fuerza vinculante internacional, recoge los avances y discusiones del Foro Social Mun- dial y otros esfuerzos globales por impulsar el derecho a la ciudad en el ordenamiento jurídico internacional.
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Derecho al suelo y la ciudad en América Latina  La realidad y los caminos posibles

Derecho al suelo y la ciudad en América Latina La realidad y los caminos posibles

Los españoles descubrieron las grandes oportunidades de lucro personal que ofrecía una tierra en extremo fértil y unos habitantes bajo su dominio, conside- rando ambos aspectos en términos de explotación. Esto se expresó en las formas nuevas de uso, colonización y tenencia de la tierra. Durante este período se nota la coexistencia de la propiedad comunal y la privada: la primera de los indígenas, la segunda de los españoles. Al sufrir la producción del bálsamo y el cacao una fuerte disminución, se comienza a cultivar el añil para exportar a Europa. La figura legal de la prescripción se utiliza entonces como modo de extinguir el derecho de los indígenas sobre la tierra y concederlo a los españoles, es decir, convertir lo comunal en privado, pasando de los conquistados a los conquista- dores. Al fin del dominio español, las principales formas de posesión de la tierra eran la propiedad privada, comunal, el colonato, el arrendamiento y la simple ocupación de hecho.
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Incentivos en atención primaria: de la contención del gasto a la salud de la población

Incentivos en atención primaria: de la contención del gasto a la salud de la población

paciente y de la población. Por ejemplo, si sólo se mide el desempeño en la atención a las personas diabéticas por el nivel de hemoglobina glicosilada se lograrán buenas marcas en tal indicador, pero la cuestión no es tan sencilla, pues el objetivo final es con- seguir menos amputaciones, cegueras, comas hipoglucémicos, infartos de miocar- dio e insuficiencias renales, atenderlas ade- cuadamente en sus otros problemas de salud, y lograr una distribución del tiempo de atención y de los recursos empleados en diabéticos que maximice beneficios y dis- minuya riesgos, en ellos y en el conjunto de los pacientes atendidos y de la población “cubierta”. Este ejemplo demuestra que, aunque sea posible y necesario, no es tarea fácil incentivar y motivar a los médicos de atención primaria. Los problemas de medi- ción del rendimiento de los médicos son tales que cabe preguntarse por las alternati- vas a los incentivos (cambios en el marco institucional, modificaciones de la organi- zación, carrera profesional, mejoras en la selección del personal, cambios en la forma de trabajo, etcétera) 3,7 .
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Estudio de caso

Estudio de caso

La Republica del Paraguay, situada en el centro de America del Sur, tiene como prioridad dentro de su política nacional de desarrollo el mejoramiento de las condiciones de salud de las mujeres. En la actualidad dicho mejoramiento se ha desarrollado exitosamente en las zonas urbanas del país, sin embargo, no se ha logrado un mejoramiento suficiente en las zonas rurales y localidades muy dispersas, tal como ocurre en el Departamento X. En los últimos 5 años, la reducción de la tasa de mortalidad de las mujeres embarazadas y parturientas del Departamento X se encuentra por debajo del promedio nacional. (Cuadro 1)
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La resistencia a los antibióticos, un problema de salud pública

La resistencia a los antibióticos, un problema de salud pública

4. La actuación local, regional y na- cional tiene posibilidades de éxito, co- mo demuestran múltiples ejemplos. Es posible «devolver» a las bacterias la sensibilidad perdida si se siguen pautas y políticas inteligentes, lo que permite entrar en un círculo virtuoso que convierte al estreptococo de nue- vo en sensible a la eritromicina, como demuestra el ejemplo finlandés. 5. El objetivo, en España, debería ser disminuir a la mitad el consumo de antibióticos y reintroducir la penici- lina como antibiótico de primera lí- nea. Puede lograrse con una política global, de salud pública, que abar- que todas las áreas de utilización de antibióticos. En algunos casos se trata de hacer cumplir la ley, como en el uso en la ganadería y en la agricultura, o en la libre dispensa- ción en las farmacias. En otros casos habría que informar/formar a los profesionales sanitarios y a la po- blación para que se extinguiera el reflejo condicionado de «fiebre/en- fermedad infecciosa/prescripción de antibióticos»; los mensajes deben ser sencillos y claros, con pautas fá- ciles de mecanizar e introducir en la agitada práctica clínica. Los hospi- tales, tanto en los pacientes ingresa- dos como en los atendidos en urgen- cias, deben integrarse en el objetivo general de la buena prescripción de antibióticos, junto a los médicos de cabecera y los farmacéuticos de atención primaria. También habría que introducir la «unidosis» en aten- ción primaria (dispensar el número exacto de píldoras/cápsulas/sobres/ comprimidos prescritos) 1 y utilizar
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