DERECHO A LA SEGURIDAD

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Derecho, seguridad y globalización

Derecho, seguridad y globalización

Dicha resolución está orientada a la creación de disposiciones dirigidas a gol- pear las fuentes de financiación del terrorismo y el aprobar una normatividad que lo tipifique. Además, prohíbe a los Estados miembros apoyar a personas o entidades que estén implicadas en acciones terroristas. Se hace especial énfa- sis en el desarrollo de medidas de cooperación en materia de asistencia, ayuda judicial, administrativa y policial e intercambio de información, así como en la obligación de denegar el asilo a quienes financien o cometan actos terroristas (Andreu, 2003). Sin embargo, esta resolución tiene grandes vacíos. Uno de los principales es la ausencia de una definición clara sobre el concepto “terrorismo”, por lo cual muchas naciones tipifican actos lícitos o legítimos como actos terro- ristas, criminalizando con ello la protesta social o limitando el ejercicio normal de la oposición. De igual manera, bajo el amparo de esta medida Estados Unidos atacó a Afganistán, so pretexto de que ese país protegía a terroristas; acción que trajo consigo la adopción de la llamada «legítima defensa preventiva», con la cual cualquier país se puede arrogar el derecho de atacar a otro sobre el supuesto de estar en riesgo su seguridad.
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TítuloDerecho del trabajo y derecho de la Seguridad Social, ¿enemigos gemelos?: paralelismos entre el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social en Alemania

TítuloDerecho del trabajo y derecho de la Seguridad Social, ¿enemigos gemelos?: paralelismos entre el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social en Alemania

A pesar de todo, como he intentado explicar desde el comienzo, el Derecho del Trabajo y el Derecho de la Seguridad Social cumplen las funciones comunes de proteger a los trabajadores durante y después de la vida laboral, como una «forma de división del trabajo». Por eso, ambos ámbitos jurídicos tienen numerosos puntos de contacto e interferencias. Precisamente esto quiero explicarlo con los tres campos temáticos ejemplares siguientes, de la creación, el desarrollo y la finalización de la relación laboral.

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La mujer ante el derecho de la Seguridad Social

La mujer ante el derecho de la Seguridad Social

En virtud del principio de universalización de la Seguridad Social, proyectado sobre todo en materia sanitaria, quedan igualmente protegidos las pensionistas del Régimen General y las perceptoras de prestaciones periódicas de este Régimen (sin olvidar cómo quienes ven extinguida la relación y no pueden acceder a prestación alguna tampoco quedan totalmente despojados de cualquier derecho, en tanto se contemplan ciertos plazos específicos); los familiares a cargo de los titulares con derecho a tal asistencia por enfermedad común o accidente no laboral y las esposas de los titulares, siempre y cuando acrediten convivencia con aquéllos, no desarrollen tarea remunerada alguna, no perciban renta patrinomial o pensión superior al doble del s.m.i. y no ostenten derecho a la asistencia sanitaria por otra vía; las personas sin recursos económicos suficientes (es decir, con rentas iguales o inferiores, en cómputo anual, al salario mínimo interprofesional, o superiores si el cociente entre rentas anuales y número de menores o incapacitados a su cargo resultere inferior al doble del mismo); en fin, otros colectivos, como quienes han sido despedidos mientras pende la sentencia sobre despido, los emigrantes con convenio especial con la Seguridad Social o los familiares de los españoles muertos como consecuencia u ocasión de la guerra civil.
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La seguridad púbica como derecho humano

La seguridad púbica como derecho humano

Como se ha visto en pleno siglo XXI México ha vivido transformaciones con respecto al estudio del Derecho, su nuevo Sistema Acusatorio Adversaria! y el auge de los Derechos Humanos; de la misma forma ha presenciado el avance en la educación, con el nacimiento de nuevas carreras como en Seguridad Pública y en las Ciencias Penales , donde se hace un estudio tridimensional del individuo tomando en cuenta características biológicas, sicológicas y sociales con el objeto de tener estudios completos sobre el comportamiento y las conductas antisociales . Por consiguiente, las instituciones son de gran relevancia para mantener el orden y establecer parámetros en que las personas puedan vivir en cierta armonía. Entonces bien, el Estado crea instituciones con el objeto de mantener el orden y la protección de las personas como la Secretaría de Seguridad Pública, una Institución de Investigación, así como las direcciones de Inteligencia y un Sistema Penitenciario ya que se debe castigar el delito que comete, quien no se ajusta a esos rangos de normalidad establecidos por el Estado.
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La seguridad social en el derecho deportivo

La seguridad social en el derecho deportivo

deportivos que incumplan con el pago de obligaciones laborales, el pago de apor- tes a seguridad social o los pagos parafiscales por un periodo superior a 60 días pueden ser suspendidos de su reconocimiento deportivo por parte de Coldeportes, sin perjuicio de la responsabilidad laboral que tengan con cada deportista. Dicha normatividad también señala que la reincidencia en el incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social puede conllevar a pérdida del reco- nocimiento deportivo, sin lo cual el club no puede operar como profesional en la categoría deportiva que represente ni participar válidamente en torneos o activi- dades deportivas desarrolladas para tan fin.
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Derecho al suelo y la ciudad en América Latina  La realidad y los caminos posibles

Derecho al suelo y la ciudad en América Latina La realidad y los caminos posibles

El ILP fue fundado en 1992, con el objetivo de brindar seguridad jurídica indi- vidual, disminuyendo el índice de ilegalidad en la tenencia de la tierra, dirigido a todas aquellas familias que no superan los dos salarios mínimos mensuales de ingreso. A la fecha ha entregado documentos a alrededor de 143.000 familias salvadoreñas, manejando un presupuesto anual de aproximadamente U$S 227 millones. Los requisitos para participar en el programa son: ser identificados por el Gobierno Municipal ante el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano ( VMDU ), habitar en asentamientos marginales urbanos, que hayan perdido sus viviendas en los terremotos del año 2001, y que carezcan de título de propiedad de la tierra que habitan.
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LA JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA

LA JUSTICIABILIDAD DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN AMÉRICA LATINA

ningún elemento inherente al derecho a la alimentación justifica la no justiciabilidad de éste a nivel nacional o internacional por el contrario, existen argumentos de peso a favor de su exigibilidad plena por cualquier vía e incluso su justiciabilidad por vía judicial. El primero es el hecho indiscutible de que dicho derecho ya es justiciable en varios países, recogido en numerosas constituciones, leyes específicas de seguridad alimentaria y tratados internacionales vinculantes. En segundo lugar, en virtud de un principio fundamental del derecho internacional relativo a los derechos humanos, todas las personas tienen derecho a un “recurso efectivo” adecuado cuando se hayan violado sus derechos. En América Latina existe una larga tradición del recurso de amparo para hacer valer, precautoria e inmediatamente, la máxima protección a un individuo cuyos derechos hayan sido violados o su inocencia haya sido cuestionada. Ese recurso de amparo debería ejercerse con mucha mayor frecuencia para amparar a las personas que están en riesgo de muerte por desnutrición, y cuyo derecho fundamental a estar libre de hambre ha sido violado. Las obligaciones de respetar y proteger, así como la obligación de otorgar el derecho a la alimentación de forma no discriminatoria son las que menos problemas plantean. Las obligaciones de hacer efectivo el derecho y de facilitar su ejercicio para todos en todo momento son más complicadas desde el punto de vista operativo, político y financiero. Es necesario también un mayor desarrollo conceptual sobre las implicancias, obligaciones concretas y prioridades por parte de todos los actores.
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El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos reconocidos, concebidos integralmente, y está abierto a incorporar nuevos derechos. Entre los primeros incluye el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a sindicalizarse y a la seguridad social. Implica el derecho a construir y hacer ciudad, el derecho al lugar, a permanecer en él y a la movilidad; al agua y la alimentación, la vivienda, los servicios públicos y el uso democrático de los espacios públicos; a la salud, la educación y la cultura; al desarrollo y a un medio ambiente sano; a la protección del consumidor, la asistencia a personas con necesidades especiales y a la seguridad física. También a la información pública y la participación política, incluyendo el derecho a reunirse, manifestarse, organizarse y a deliberar directamente y a través de representantes. Incluye el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural.
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El derecho a la alimentación como derecho humano

El derecho a la alimentación como derecho humano

El derecho a la alimentación no significa dar alimentos gratis a todo el mundo. El derecho a la alimentación sig- nifica más bien que los gobiernos deben respetar, proteger y garantizar el derecho a la alimentación, como se explica en la Observación general Nº 12. La obligación de respetar el derecho a la alimentación significa que los gobiernos no deben violar dicho derecho (por ejemplo, con medidas de expulsión o de destrucción de cultivos). La obligación de proteger el derecho a la alimentación significa que los gobiernos deben proteger a sus ciudadanos contra las violaciones cometidas por otros agentes (por ejemplo, estableciendo normas sobre la seguridad alimentaria). La obligación de garantizar el derecho a la alimentación sig- nifica, en primer lugar, que los gobiernos deben facilitar el derecho creando condiciones propicias a la autosuficiencia en materia de alimentos (por ejemplo con las reformas agrarias o el estímulo del empleo) y, en segundo lugar, que los gobiernos deben ser quienes en última instancia proporcionen alimentos a las personas que no pueden pro- curárselos por sí mismas por razones de fuerza mayor (por ejemplo, mediante la creación de sistemas de seguridad
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Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

Ese monto es para la cooperativa una garantía de cumplimiento con sus compromisos de pago, ya que si un asociado enfrenta dificultades económicas para dar su cuota puntualmente –por pérdida de trabajo o enfermedad, por ejemplo–, la cooperativa cumple el pago total del crédito y, posteriormente, cuando el asociado supera su dificultad, se establece un acuerdo con la cooperativa sobre la forma en que reintegrará el monto que la cooperativa le ha cubierto, correspondiente al pago de sus cuotas y bajo las condiciones que cada cooperativa acuerda en su normativa. Con este mecanismo se da seguridad a la tenencia de la familia, sin que la cooperativa se vea afectada.
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Para desarrollar el problema de investigacion, y dar respuesta a él, hemos acudido al método cualitativo, apoyándonos en jurisprudencia de las altas cortes, memorias de congresos, foros, debates con ocasión a la presentación de la ley 1437 de 2011, artícu

Para desarrollar el problema de investigacion, y dar respuesta a él, hemos acudido al método cualitativo, apoyándonos en jurisprudencia de las altas cortes, memorias de congresos, foros, debates con ocasión a la presentación de la ley 1437 de 2011, artícu

Mucho se ha hablado sobre el mecanismo de extensión de jurisprudencia, para entrar a abordar de manera de manera más profunda el tema es necesario desglosar las ventajas trae este método el cual se constituye claramente como un reto para la administración, llamado como el mecanismo que ayudará a descongestionar los despachos judiciales por estar en cabeza de la administración el estudio del caso para aplicar el derecho, también se reconoce su relación con el principio de igualdad puesto que se aplicará o se reconocerá un derecho al administrado con solo demostrar una situación análoga, un mecanismo que generará seguridad jurídica por la aplicación de precedentes jurisprudenciales, garantía e independencia judicial puesto que el juez puede apartarse de la decisión siempre y cuando este fundamentada y celeridad y economía procesal toda vez que si se resuelve en sede administrativa el conflicto no será necesario llevar ante el juez el caso generando así agilidad para el reconocimiento del derecho.
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La fractura de la política criminológica en la Constitución y la realidad nacional

La fractura de la política criminológica en la Constitución y la realidad nacional

Evidentemente, los postulados de la Escuela Clásica no tienen vigencia en la actualidad, pues el orden penal está sobre saturado de normas que no son leyes sino decretos legislativos, que si bien tienen fuerza de ley, afrontan un problema de legitimidad por falta de representatividad de quienes las hacen, por no haber sido elegidos por el pueblo, con lo que se viola el principio de legalidad. Asimismo, el libre albedrío no puede ser tomado tan a la ligera, pues si bien no existe un determinismo para delinquir, también es cierto que la libertad es siempre relativa y está configurada por las circunstancias personales del agente. También lo concerniente a la finalidad de la pena, pues ésta no restituye el orden social externo que ha sido roto por el delito, por el contrario produce una falsa cohesión basada en una eterna promesa incumplida del sistema penal consistente en que no hace frente eficazmente a la criminalidad, por el contrario, lejos de disuadir o contra motivar, produce más desviación social como producto de la selectividad y discriminación con que actúa. Además, en lo referido al ius puniendi, el derecho de castigar, luego de un debido proceso, lo ejerce el Estado pero le pertenece al pueblo, como titular del poder. Finalmente, en lo tocante a que el Derecho Penal es garantía de libertad porque vela por la seguridad jurídica, debe relievarse que es, más bien, un instrumento de control social dirigido contra ciertos sectores de la población.
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Análisis de los discursos securitarios de la política criminal desde las políticas de seguridad en Bogotá

Análisis de los discursos securitarios de la política criminal desde las políticas de seguridad en Bogotá

Por último, el derecho penal del riesgo y de la seguridad se asocia con todos los cambios sociales, económicos, políticos y culturales que se han vivido en las últimas décadas, especialmente aquellas transformaciones que han incidido en la percepción social del delito y cómo debe darse la reacción frente a este. En tal sentido, la emergencia de inseguridades e incertidumbres ha generado, en la estructura interna del derecho penal y en el funcionamiento del sistema penal, transformaciones en sus fundamentos, ideología y estructuras, tales como la ex- pansión del derecho penal, los enfoques actuariales y la generación de formas específicas para la regulación de conflictos sociales. Asuntos como el resurgi- miento de la víctima, las críticas al correccionalismo, la incorporación del delito de adolescentes al sistema penal 75 y la ampliación del ámbito social relevante
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Breve historia de derechos humanos

Breve historia de derechos humanos

•(1) No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento, (2) No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada (reafirmación del derecho de habeas corpus, del latín, "que tengas el cuerpo”, derecho que determinaba un plazo limite para resolver si se arresta a un detenido), (3) A

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El camino posible  Producción social del Hábitat en América Latina

El camino posible Producción social del Hábitat en América Latina

La segunda limitante es la ausencia de asignación presupuestaria estructural para estas políticas, dentro de las cuentas periódicas del Estado. Ninguna política pú- blica será sostenible ni tendrá el alcance deseado si continúa sujeta a préstamos internacionales o donaciones de las agencias solidarias. Es urgente contar con un porcentaje del presupuesto nacional, que aunque fuera modesto, sea permanente. Reconocer la precariedad en la que habitan las mayorías implica a su vez el recono- cimiento de una necesidad de fondos financieros al mismo nivel y con igual inten- sidad que el problema. Mientras no se asigne este porcentaje, ninguna acción llevará a soluciones replicables, extrapolables y de una amplia cobertura territorial. La tercera limitante refiere a una irrecusable necesidad de suelo seguro y equi- pado donde sea verdaderamente posible un desarrollo habitacional. Las familias más empobrecidas han sido víctimas históricas de deliberados desplazamientos y marginaciones hacia sectores de las ciudades que no ofrecen ni el mínimo de condiciones para la conservación de la vida; sin embargo, es ahí donde están y es ahí donde son obligados a subsistir, resistiendo a costa de la seguridad de sus seres amados.
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La aplicación de la prisión preventiva en las unidades judiciales penales de la ciudad de Ambato y el principio constitucional de inocencia

La aplicación de la prisión preventiva en las unidades judiciales penales de la ciudad de Ambato y el principio constitucional de inocencia

La presunción de inocencia, es una presunción iuris tantum o legal, es decir no es absoluta, puesto que las pruebas de cargo que se presentan por parte de la Fiscalía o en su caso por el querellante, pueden dar con ella al traste, pero sólo queda desvirtuada definitivamente cuando se dicta sentencia condenatoria ejecutoriada. Esta presunción se aplica no solo en materia penal, sino también en el derecho administrativo sancionador. Hay que recalcar que el procesado, no está obligado a presentar prueba alguna que demuestre su inocencia, y por el contrario, el ordenamiento jurídico ecuatoriano, exige a las autoridades judiciales competentes la demostración de culpabilidad del procesado; recordando que para dictar sentencia condenatoria, según dispone el Art. 5.3 del Código Orgánico Integral Penal, hay que establecer la existencia de los elementos del delito y la conexión de los mismos con el procesado, esto es su responsabilidad, más alá de toda duda razonable. (Garcia Falconi, Derecho Ecuador.com, 2017)
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Politica de Seguridad

Politica de Seguridad

Las políticas de seguridad deberían poder ser implementadas a través de determinados procedimientos administrativos y la publicación de unas guías de uso aceptable del sistema por parte del personal, así como mediante la instalación, configuración y mantenimiento de determinados dispositivos y herramientas de hardware que implanten servicios de seguridad.

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Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

el presente texto busca sistematizar y plan- tear algunas bases para una discusión jurí- dica elaborada sobre el derecho a la ciudad, no es un texto acabado y concluyente, si- no un llamado a reflexionar jurídicamente sobre él. Éste se desarrolló siguiendo la metodología de investigación documen- tal, aquella que a partir de la revisión de las fuentes documentales elabora reflexiones descriptivas, analíticas y hermenéuticas en relación con el objeto específico de la inves- tigación. Para el presente estudio se revisa- ron, principalmente, las siguientes fuentes documentales: las discusiones actuales so- bre el derecho a la ciudad derivadas de la UNeSCo, del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos humanos (UN-hABITAT) y de la Unión europea; algunos instrumentos internacionales, y la Constitución Política Colombiana de 1991. Como eje central se utilizó la Carta Mun- dial por el Derecho a la Ciudad, un instru- mento en preparación que, si bien no tiene fuerza vinculante internacional, recoge los avances y discusiones del Foro Social Mun- dial y otros esfuerzos globales por impulsar el derecho a la ciudad en el ordenamiento jurídico internacional.
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Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (2017). “La Ciudad de México en disputa. El derecho a la ciudad en construcción”

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (2017). “La Ciudad de México en disputa. El derecho a la ciudad en construcción”

Esta construcción social de la ciudad a partir de la oposición a la urbanización neoliberal y a la acción colectiva de los actores sociales urbanos, como los propios movimientos sociales, tiene que complementarse con una perspectiva de la defensa de los derechos que necesitan los habitantes de una ciudad para tener acceso a una vida digna. Tomando en cuenta que las ciudades se transforman, entre otros factores, a partir de las contradicciones y conflictos derivados de las prácticas de dominación y resistencia que se desarrollan y disputan en su seno, lo cual genera cambios estructurales, políticos y culturales que dan paso a nuevas formas de concebir, apropiarse, habitar y construir dichos espacios de la vida humana, Jordi Borja (2013) plantea la necesidad de recuperar la noción del derecho a la ciudad como un derecho colectivo que apunta a la necesaria realización, respeto y garantía de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, de los pueblos originarios, entre otros, que convierten a los ciudadanos en sujetos constructores de su propia ciudad y a la ciudad en un espacio de protección de sus habitantes. El derecho a la ciudad, según Jordi Borja (2013) permite entender y tratar de superar una contradicción básica que se da entre “los intereses de acumulación de capital y las demandas de producción social” (2013: 11); por un lado están los inversionistas, desarrolladores y algunos sectores de los gobiernos que impulsan medidas de corte neoliberal, mercantilizado todo lo que sea rentable en las ciudades; por el otro lado, están los ciudadanos buscando defender sus derechos, satisfacer sus necesidades y hacer de las ciudades espacios para la vida digna, para ello acuden generalmente a la organización, la protesta y la movilización.
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Perspectivas en torno a la seguridad

Perspectivas en torno a la seguridad

no controlados, armas de destrucción masiva, vulnerabilidad energética y de los servicios e infraestructuras críticas, emergencias y catástrofes naturales), añadien- do dos nuevas amenazas, el espionaje y la inseguridad marítima, que anterior- mente aparecían difuminadas al referirse a otras amenazas. De similar manera, ambas estrategias plantean una visión integral de la seguridad, transversal y transfronteriza, dando pie a la participación de nuevos actores –públicos y privados– para el mantenimiento de la seguridad, la libertad, el bienestar y el funcionamiento de los servicios a los ciudadanos. Los dos documentos reco- nocen la insuficiencia de las estructuras y procedimientos de coordinación exis- tentes para afrontar la complejidad de la seguridad actual, adoptando la decisión de dependencia y responsabilidad de la Presidencia del Gobierno en esta tarea. En opinión de Calduch Cervera (2013), la actual Estrategia establece una clara y necesaria primacía de la defensa nacional respecto de la defensa colecti- va que en el documento anterior aparecía manifiestamente distorsionada, ya que daba a entender que garantizando la segunda se alcanzaba automática- mente la primera. De hecho, el análisis de las amenazas en la ESN 2013, se rea- liza más en clave interna, desde una perspectiva nacional.
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