Derecho a la tutela judicial efectiva

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SÍNTESIS DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL – DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GARANTÍA DE INDEMNIDAD

SÍNTESIS DE DOCTRINA CONSTITUCIONAL – DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GARANTÍA DE INDEMNIDAD

El derecho a la tutela judicial efectiva, se amplía a los actos previos, pre procesales o reclamaciones extrajudiciales, que bajo su propia voluntad realiza el trabajador, antes de iniciar un proceso judicial. A este efecto, afirma la STC 6/2011 “como hemos reiterado en numerosas ocasiones, la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado igualmente cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. Por tal razón hemos dicho que el derecho consagrado en el art. 24.1 CE no sólo se satisface mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, lo cual significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza” 14 . Los actos preparatorios previos o necesarios pueden ser desde una reclamación administrativa. Los supuestos de conciliación también entran dentro de este grupo de actos extrajudiciales voluntarios.
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El derecho a la tutela judicial efectiva: una aproximación a su aplicación por los tribunales ecuatorianos

El derecho a la tutela judicial efectiva: una aproximación a su aplicación por los tribunales ecuatorianos

vación. La sentencia del Tribunal Constitucional español (STC) 61/2009, de 9 de marzo de 2009, fundamento jurídico (FJ) 4, in fine, expresa que la motivación es uno de los contenidos del derecho a la tutela judicial efec- tiva; se manifiesta como obligación de los jueces, así como un derecho de las partes. Finalmente, sirve de freno a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los poderes públicos, porque permite conocer los criterios jurídicos que han sustentado la decisión. Esta sentencia incorpora el criterio vertido en las sentencias (SSTC) 36/2006, de 13 de febrero, FJ 2; 196/2003, de 27 de octubre, FJ 6; 112/1996, de 24 de junio, FJ 2; 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6; 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 42/2004, de 23 de marzo, FJ 4; 36/2006, de 13 de febrero, FJ 2. Con precisión, la STC 029/2010, de 27 de abril, señala en su FJ 2 que la tutela judicial efecti- va, al ser un derecho prestacional de configuración legal, está supeditada “a la concurrencia de los presupuestos y requisitos que haya establecido el legislador para cada sector del ordenamiento procesal, por lo que el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface igualmente cuando los órganos judiciales pronuncian una decisión de inadmisión o meramente procesal, apreciando razonadamente la concurrencia de un óbice fundado en un pre- cepto expreso de la ley que, a su vez, sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental (SSTC 60/1982, de 11 de octubre, FJ 1; 321/1993, de 8 de noviembre, FJ 3; y 185/2009, de 7 de septiembre, FJ 3, entre otras muchas)”. (Las sentencias del TC español dictadas a partir del año 2000 pueden consultarse en la página [http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/Buscador.aspx]; para fechas anteriores, se puede acceder a través de [http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/jurisprudencia_constitucio nal.php]). En el mismo sentido, la ex Corte Suprema de Justicia (CSJ), en resolución (Res). No. 147 de 11 de julio de 2003, publicada en el Registro Oficial (R.O.) 663 de 16 de septiembre del mismo año, precisó que el derecho a acce- der a los órganos judiciales y a obtener de ellos tutela efectiva, no implica “que es un deber ineludible del juez dar la razón a la parte que formula su queja siempre y en toda circunstancia, aunque no acredite tenerla; preci- samente el proceso se organiza de manera tal que pueda el juzgador llegar a concluir, con razonable certeza, a cuál de las partes le asiste la razón”.
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El derecho a la tutela judicial efectiva y su aplicación al medio de control reparación directa en Colombia

El derecho a la tutela judicial efectiva y su aplicación al medio de control reparación directa en Colombia

“Es de observarse que el derecho fundamental de acceso a la justicia no se entiende agotado con el mero diseño normativo de las condiciones de operatividad. En consonancia con el principio de efectividad que lo identifica, su ámbito de protección constitucional obliga igualmente a que tales reglas sean interpretadas a la luz del ordenamiento superior, en el sentido que resulten más favorable al logro y realización del derecho sustancial y consultando en todo caso el verdadero espíritu y finalidad de la ley. Téngase en cuenta que, frente a la garantía de la tutela judicial efectiva, el deber primigenio del Estado -representado por los jueces y tribunales- es precisamente el de prestar el servicio de la jurisdicción, posibilitando el libre acceso de las partes al proceso y permitiendo su directa participación; objetivo al cual se accede cuando se atiende al contenido de las garantías superiores y se aplican con mayor amplitud y en sentido más razonable las formas y requisitos que regulan la actuación procesal.” (Rad. 250002326000200301537 – 01 (30034).)
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El delito de femicidio y su relación con el derecho a la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

El delito de femicidio y su relación con el derecho a la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

El derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial efectiva y la emisión de las medidas de protección para el cumplimiento para garantizar los derechos de las mujeres en los delitos femicidio, podemos darnos cuenta que al existir diversas leyes y procedimientos, no cumplen y garantizan los derechos establecidos en la Constitución y los Instrumentos Internacionales, que incluso esto se evidenció en la encuesta realizada a los abogados inscritos en el Foro de Abogados de la Ciudad de Ambato Provincia de Tungurahua, y con toda la información que pudo ser recolectada se puede comprobar mi idea a defender en cuanto a la elaboración de un ante proyecto de ley reformatoria al artículo 75 numeral 3 inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal publicado en el suplemento del Registro Oficial N. º 180 del 10 de febrero del 2014, y que entró en vigencia el 10 de Agosto del 2014, y que acorde a lo dicho es necesaria la incorporación de la no prescripción de la pena en los delitos de femicidio.
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El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

La definición conceptual conllevaría a definirla como el derecho de índole constitucional, pero de configuración legal, pues esta debe ejercerse por cauces razonables que el legislador debe establecer. Se considera que los elementos que conforman el derecho a la tutela judicial efectiva no presumen que las pretensiones sean siempre atendidas favorablemente, tampoco significa que las leyes no puedan exigir requisitos razonables para el acceso a la justicia o a los recursos, o a su vez que estos últimos tengan que ser en todos los casos, forzosamente admitidos a favor de quien los propone. Dicho de otro modo, la tutela judicial efectiva es la posibilidad que tiene un ciudadano de concurrir a la los órganos de justicia para obtener una resolución judicial debidamente motivada en derecho sobre el fondo del asunto planteado, dejando claro que esta puede ser a favor o en contra; pero, siempre justa, equitativa y sin dilaciones.
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Las medidas cautelares dictadas por la corte constitucional y el derecho a la tutela judicial efectiva

Las medidas cautelares dictadas por la corte constitucional y el derecho a la tutela judicial efectiva

Existe una profunda relación entre lo mencionado y el problema planteado al inicio de la investigación, como podemos ver, de conformidad con los criterios de la Corte constitucional, el uso que la misma da y que por medio de su carácter jurisprudencial o de fuente oviter dicta, para las sentencias de todos los jueces, puede afectar el derecho a la tutela judicial efectiva que como vimos implica la protección jurídica en la cual el proceso y su respectivo procedimiento que culminen una decisión, garanticen los derechos materiales del respectivo titular, concretándose un proceso capaz de dar efectividad a los derechos que precisan ser cumplidos. Zavala Egas (20013), puesto que en algunos casos estas directrices proponen profundos límites al ejercicio de esta institución y por tanto, generando la imposibilidad de acceso a esta garantía a quien en un momento lo requiriera.
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DOSSIER DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL – DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GARANTÍA DE INDEMNIDAD

DOSSIER DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL – DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA Y GARANTÍA DE INDEMNIDAD

El Tribunal estima que la sentencia dictada en suplicación ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva del recurrente al no haber apreciado la nulidad del despido del que aquél fue objeto, basándose en el art. 24.1 CE en cuanto a la garantía de indemnidad, afirmando que su cese constituyó una represalia empresarial por la previa reclamación del carácter laboral del contrato, teniendo en cuenta la proximidad entre la fecha de reconocimiento de aquélla y la del cese, así como la inexistencia de causa para la extinción.
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El silencio administrativo negativo y su incidencia en el derecho a la tutela judicial efectiva.

El silencio administrativo negativo y su incidencia en el derecho a la tutela judicial efectiva.

La Constitución Política de 1991 consagro el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva como pilar fundamental del Estado Social de Derecho a través del cual se materializarían los fines esenciales e inmediatos de nuestra carta, consistente en la posibilidad que tienen las personas de acudir en condiciones de igualdad ante los jueces de la república, en aras de defender sus derechos, intereses legítimos y el orden jurídico. Pero, para la materialización de este derecho es imperioso la existencia y aplicación de una serie de condiciones y efectos con las que se asegura la salvaguarda del mismo. De igual forma, la ley 1437 de 2011 consagra en su articulado la figura del silencio administrativo negativo, como una solución a la inactividad de la administración al no dar respuesta a las peticiones elevadas por las personas, contexto que podría poner en desventaja a los administrados e incluso vulnerar derechos fundamentales. La situación anteriormente descrita, esboza una disyuntiva entre la aplicación de un fenómeno jurídico y un derecho fundamental, por lo que se planteó la siguiente pregunta: ¿El silencio administrativo negativo lesiona el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos que acuden a la jurisdicción contenciosa administrativa? Para resolver este interrogante, la presente investigación se dividirá en cuatro capítulos, en el primero de ellos se analizara la institución del silencio administrativo negativo en la legislación colombiana, acto seguido, se examinara el derecho a la tutela judicial efectiva a partir de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, después, se explicaran las condiciones para la materialización del derecho en comento, para finalmente, establecer los efectos del silencio administrativo negativo en el derecho a la tutela judicial efectiva.
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Los procedimientos coactivos y el derecho a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica

Los procedimientos coactivos y el derecho a la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica

la preparación de su defensa, el derecho a la asistencia de un abogado cuando se lo requiera, la igualdad de partes ante la ley procesal, el derecho a la buena fe y la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso (Fajardo Ávila, 2015). En principio, el derecho a la defensa nace desde el momento mismo en que el sujeto conoce sobre la iniciación de un proceso jurisdiccional en contra suya permitiéndole contestar y preparar los argumentos y las pruebas necesarias “para demostrar su inocencia o sus pretensiones jurídicas”. (Fajardo Ávila, 2015) Su importancia, en el procedimiento coactivo reviste de particular importancia a causa de que, como excepción a la regla, se ha permitido que en esta clase de procesos, el derecho a la defensa y la contradicción puedan ser limitadas por los legisladores en ciertas fases específicas, sin que ello implique una disminución a su núcleo esencial, a su finalidad constitucional que en definitiva se traduce en la oportunidad de contestar, refutar y ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones. Por esta consideración, la Corte Constitucional de Colombia ha determinado que el derecho a la defensa implica que esta no posee un límite temporal, y puede ser ejercida desde el inicio de la actuación administrativa del procedimiento coactivo así;
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Proyecto de reforma al articulo 27 del Código de la Niñez y Adolescencia de protección y asistencia a las madres adolescentes para garantizar el Derecho a la Tutela Judicial

Proyecto de reforma al articulo 27 del Código de la Niñez y Adolescencia de protección y asistencia a las madres adolescentes para garantizar el Derecho a la Tutela Judicial

En el presente proyecto de reforma al artículo 27.10 del Código de la Niñez y Adolescencia para garantizar el derecho a la Tutela Judicial Efectiva de protección y asistencia a las madres adolescentes, es un tema muy importante y a la vez preocupante ya que si tomamos en cuenta existe un alto índice de madres adolescentes que han tenido que enfrentar la vida a tan temprana edad, una niña madre de otra niña, es ahí cuando nace el problema ya que estas adolescentes necesitan el apoyo necesario para salir adelante ya sea junto a sus hijos y ellas como personas sentirse realizadas esto incluye la educación ya que no siempre tienen el apoyo de sus familiares y si hablamos del tema de salud tampoco existe atención oportuna ignorando las personas responsables de garantizar este derecho, todas las personas gozan de derechos e incluso mucho más allá, también deberían formar parte del grupo de atención prioritaria por el estado de vulnerabilidad que se encuentran ya que a temprana edad tienen que enfrentar a la vida y esto le corresponde al Estado garantizar el derecho a la Tutela Judicial efectiva que es aquella que garantiza todo tipo de derechos incluyendo un debido proceso estos derechos serian adoptar una opción como son la Políticas Públicas esto es que se creen instituciones donde las madres adolescentes puedan estudiar y sus hijos cuenten con un lugar donde puedan quedarse todo el tiempo necesario hasta que su madre se prepare.
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Tutela judicial efectiva en procesos de alimentos que requieren conciliación como requisito de procedibilidad  Situación de Bucaramanga en el período 2012 – 2016

Tutela judicial efectiva en procesos de alimentos que requieren conciliación como requisito de procedibilidad Situación de Bucaramanga en el período 2012 – 2016

En virtud de las disposiciones consagradas en la Ley 640 de 2001, en Colombia es obligatorio solicitar una audiencia de conciliación antes de accionar ante la rama judicial en ciertos asuntos de familia, como lo es la reclamación del derecho de alimentos a cargo de un alimentante, al tenor del Artículo 411 del Código Civil Colombiano. Prima facie, tal exigencia puede constituirse en una traba para que los titulares del derecho hagan viable su derecho a la tutela judicial efectiva, creando inseguridades jurídicas, salvo que tengan prevista la solicitud de medidas cautelares. Así que, dentro de la investigación interinstitucional (Universidad de Santander y Universidad Cooperativa de Colombia, Seccional Bucaramanga), denominada “La conciliación prejudicial obligatoria en procesos de alimentos frente al derecho a la tutela judicial efectiva en Colombia”, cuya hipótesis operativa fue que el hecho de exigir este requisito para poder acceder a los procesos de la jurisdicción de familia, vulnera aquel derecho fundamental. Por consiguiente, en aras de apoyar tal proyecto, se determinó una pregunta de investigación, para conocer la realidad que se suscita en las entidades que intervienen, así: ¿Cuáles pueden ser las posibles situaciones de vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva en Bucaramanga, en el período 2012–2016, al exigirse a los demandantes del derecho a los alimentos que agoten la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad? Con dos objetivos específicos desarrollados en dos capítulos: En primer lugar, se realizó un estudio del ordenamiento jurídico y de las posturas doctrinales, para entender conceptos primordiales dentro del proyecto. En segundo lugar, se constataron las actuaciones y consideraciones de las entidades que cumplen funciones conciliadoras en asuntos de alimentos para niños, niñas y adolescentes en la ciudad de Bucaramanga, así como de los juzgados de familia del mismo circuito.
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La ejecución de sentencias en el Proceso Civil como Derecho a la tutela judicial efectiva

La ejecución de sentencias en el Proceso Civil como Derecho a la tutela judicial efectiva

“... situación cuya indudable originalidad ha sido dilucidada por el Tribunal a quo entendiendo aplicable la presencia normativa de una imposibilidad legal de cumplimiento encajada en el artículo 107 de la Ley Jurisdiccional, y, desde luego, con arreglo a un principio general y lógico, y también jurídico de inaceptación de lo absurdo, pues nada más contrario a ello puede imaginarse que derribar como ilegal un edificio para levantarlo como legal y exactamente igual seguidamente sin beneficio para nadie y en contra de las más elementales reglas de la economía, pues como ya decían las partidas (Partida VII. Tít. XXXIV, ley 21) la razón no puede entenderse en que tan solo venga daño a otro; y como quiera lo dicho sin razón o sin derecho a hacerlo viene después a ser hecho con razón y con derecho a hacerlo y no puede dejar de estar hecho, como presencia física material y objetiva. (Facta pro infectus haberi non possunt, Dig. L.X.T. XVII, ley 31), es acertada la solución de sustituir el derribo por la indemnización de daños y perjuicios apoyada en que en realidad y con arreglo al artículo 172 de la Ley de Suelo y en caso de que la licencia de obra hubiere sido otorgada erróneamente, la Corporación o autoridad podía, de acuerdo con lo que previene el párrafo b) del número 2 del artículo 171, legalizar las obras y autorizar los usos que se acomoden a ellas, pues ello y no otra cosa ha venido a ocurrir en el caso que se resuelve, supuesto que la nueva ordenanza y licencia ha venido a legalizar una presencia material de edificación que antes no era legal;...”
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TítuloCrisis constitucional y abuso del derecho a la tutela judicial efectiva

TítuloCrisis constitucional y abuso del derecho a la tutela judicial efectiva

Consideramos más acorde a Derecho la contestación a la demanda ante la Sala Primera del TS por parte del Abogado del Estado alegando una cuestión previa por el trámite de la declinatoria por inexistente de responsabilidad de los Magistrados deman- dados. Al ser ésta rechazada suplicó la desestimación de la demanda y la imposición de costas a la parte actora. Se aprecia también sensatez jurídica en el ponderado voto par- ticular del Magistrado de la Sala Primera del TS, Marín Castán, que arroja luz sobre este caso. En su opinión procedía absolver a los Sres. Magistrados del TC, imponer las cos- tas al recurrente y deducir testimonio de antecedentes para el Fiscal General del Estado a los efectos oportunos porque se trataba de un recurso manifiestamente infundado por pretender lo imposible. De la inadmisión de una demanda inviable no puede derivarse daño indemnizable. El ejemplo al que nos remite el voto particular es al de una acción reivindicatoria sobre las estrellas. No lo apreció así la Sala Primera del TS que enten- dió además que era el órgano jurisdiccional competente para dilucidar la responsabili- dad extracontractual de los Magistrados demandados y para determinar los parámetros mensurables del daño moral causado. El “quantum” indemnizatorio exigible a cada uno de los once Magistrados demandados se fijó en 500 euros. Todo ello acumulando des- propósitos, lo hace el TS trayendo a colación en su Sentencia jurisprudencia reciente del Tribunal de Luxemburgo y del Tribunal de Estrasburgo de muy difícil aplicación en este supuesto concreto.
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LA REFORMA A LA DEMANDA EN LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTIVO Y MONITORIO Y SU INCIDENCIA FRENTE AL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA

LA REFORMA A LA DEMANDA EN LOS PROCEDIMIENTOS EJECUTIVO Y MONITORIO Y SU INCIDENCIA FRENTE AL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA

La presente investigación tuvo como objetivo llevar a cabo un documento de análisis crítico - jurídico sobre la unificación de criterios y claridad en las normas respecto de la reforma a la demanda en los procedimientos ejecutivo y monitorio, que permita garantizar el derecho a la tutela Judicial efectiva y seguridad jurídica, para ello ha sido necesario desarrollar una fundamentación teórica dentro de la cual se han estudiado diversas temáticas relacionadas al objeto de estudio, logrando establecer bases teóricas en el desarrollo. Un capítulo de diseño metodológico y diagnóstico en el cual se ha utilizado la modalidad de investigación cuantitativa y cualitativa, tanto para el diagnóstico como para el desarrollo teórico, así como la utilización de encuestas y entrevistas aplicadas a profesionales expertos en el área del derecho, quienes han permitido establecer un diagnóstico de la situación real en el ejercicio del derecho diario. Como última parte un capítulo propositivo en el cual se establecieron os elementos para el desarrollo del documento de análisis jurídico que permitió brindar claridad a la aplicación de la institución jurídica de la reforma a la demanda en los procedimientos monitorio y ejecutivo, logrando determinar la viabilidad de la propuesta a través de la validación de la propuesta por vía de expertos, quienes han aprobado la solución a la problemática de manera afirmativa, finalizando con las conclusiones y recomendaciones.
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El recurso de apelación, el derecho a la impugnación, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

El recurso de apelación, el derecho a la impugnación, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

Como ha quedado ya sentado la impugnación es el derecho que tienen las personas con el fin de rechazar la decisión ya sea está judicial o administrativa este derecho garantizado tanto en la Constitución como los tratados Internacionales es una de las más importantes de los cuales gozamos las personas puesto que de la responsabilidad que pesa sobre los funcionarios públicos que administran justicia o los directores administrativos puede recaer en cometer errores al momento de dictar su resolución o fallo para lo cual tenemos como herramienta de Impugnación a la Apelación, la Constitución de la República en su Artículo 76 garantiza el debido proceso el cual es común a todos los procesos puesto que de esto se desprende que si una violación existe cabe la posibilidad de declarar la nulidad de lo actuado hasta el punto es que llega la importancia del debido proceso en sí que posterior afectará a lo que concierne a la Apelación la cual como hemos visto como rechazo o al no estar de acuerdo con una decisión nos debe abrir las puertas para instancias superiores que revisen lo actuado tanto en fondo como en forma, es decir se trata de verificar si se ha aplicado la ley adecuadamente, si ha sido tomada en cuenta todos los aspectos de ley, si se aplicó bien la norma, la competencia del abogado defensor en la causa, etc.
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Acceso a la administración de justicia y medios de control: nulidad y restablecimiento del derecho. Una revisión del papel del juez como garante de derechos fundamentales

Acceso a la administración de justicia y medios de control: nulidad y restablecimiento del derecho. Una revisión del papel del juez como garante de derechos fundamentales

El artículo 229 de la Constitución Política consagra expresamente el derecho de acceso a la administración de justicia, también llamado derecho a la tutela judicial efectiva, el cual se traduce en la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. Por su intermedio, se le otorga a los individuos una garantía real y efectiva, previa al proceso, que busca asegurar la realización material de éste, previniendo en todo caso que pueda existir algún grado de indefensión frente a la inminente necesidad de resolver las diferencias o controversias que surjan entre los particulares -como consecuencia de sus relaciones interpersonales-, o entre éstos y la propia organización estatal.
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El abandono de la demanda que prevé el código orgánico general de procesos y los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y de propiedad

El abandono de la demanda que prevé el código orgánico general de procesos y los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y de propiedad

objetiva o causa perdiendo la capacidad de amparar jurídicamente su derecho, lo cual considero anticonstitucional y desproporcionado, consecuencia de la inacción de las partes en el proceso, por lo que carece de eficacia jurídica, en virtud que por regla general la parte que activa un litigio en órgano jurisdiccional busca una solución a la controversia y el abandono es una forma excepcional de terminar un proceso que si bien busca que el proceso no quede suspenso en forma indefinida, no significa que debe dejar sin tutela un derecho, porque no es la naturaleza de esta figura jurídica, ya que para la existencia de un derecho, debe existir una garantía que lo ampare. El problema se ahonda más cuando el auto que dispone el abandono del pleito solo puede ser impugnado mediante los recursos horizontales y verticales, cuando existe error de cómputo de acuerdo al inciso final del Artículo 248 del COGEP y no cuando, por ejemplo, el juzgador declara ilegalmente el abandono habiéndose presentado oportunamente una petición que está pendiente de despacho como consta de autos el 17 de septiembre de 2019 en el caso que ejemplificamos; consecuentemente, no surtiría efecto declarar el abandono del proceso a pesar de haberse cumplido el plazo de seis meses que señala el inciso primero del Artículo 245 del COGEP, lo contrario sería dejar en indefensión al actor al impedirle solicitar la revocatoria o la apelación del auto interlocutorio de fecha 23 de septiembre de 2019 y en consecuencia una negación de una tutela efectiva a favor del afectado, provocando un grave abuso.
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Apostillas iusfilosóficas sobre el derecho a la jurisdicción

Apostillas iusfilosóficas sobre el derecho a la jurisdicción

El derecho a la jurisdicción, más allá del nombre que se utilice (como por ejem- plo: tutela judicial efectiva, acceso a la justicia, entre otros), ha tenido amplia aco- gida en los documentos internacionales sobre derechos humanos y en las últimas constituciones, por lo que abundan análisis doctrinarios, especialmente de interna- cionalistas, constitucionalistas y procesalistas, y también esclarecedora y avanzada jurisprudencia, no solo nacional, sino también, y principalmente, regional e inter- nacional. Pero nuestro propósito no es insistir en esos ricos caminos, sino transitar el de nuestra especialidad académica, o sea la filosofía jurídica, aprovechando el pedido expreso de dictar una conferencia al respecto. Por eso, con mucha modestia, intentaremos simplemente glosar algunas notas del derecho a la jurisdicción desde una perspectiva teórica o iusfilosófica, que sin duda la tiene, y la tiene en abundan- cia. De algún modo estas notas tienen una matriz esquemática y sintética, dejando abierta la posibilidad de un desarrollo mucho más amplio. Una última observación es confesar que por supuesto nos inspiramos en una cierta filosofía jurídica, que la hemos expuesto en varias obras y que aquí también aparece, aunque no dejaremos de confrontarla con otras propuestas en ese terreno.
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Las boletas de apremio personal en materia de alimentos frente a la tutela judicial efectiva

Las boletas de apremio personal en materia de alimentos frente a la tutela judicial efectiva

Es así que por todo lo antes ya señalado, se puede evidenciar que no se cumple tal como se estipula en la norma, y haciendo un análisis un poco más profundo existen normas que se podría considerar que afectan derechos, principios y garantías constitucionales, como se lo estipula en el Artículo 139 número 3 del Código Orgánico General de Procesos dice: Transcurra el término de 30 días desde la fecha en que se emitió la providencia y no se haya hecho efectiva, dejando a salvo que la o el juzgador emita nuevamente la orden. Lo cual se consideraría su afectación a la tutela judicial efectiva, consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, Articulo 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. La afectación se da directamente, como anteriormente se lo señalaba, que el apremio personal de daba por el no pago de dos o más pensiones alimenticias, de acuerdo al Artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, publicado en el suplemento del Registro Oficial N.° 506 del 22 de mayo de 2015 y que entró en vigencia el 23 de Mayo del 2016, hoy actualmente fue declarado la inconstitucionalidad sustitutiva, por la Sentencia N.° 012-17-SIN-CC, por lo que deberá ser reemplazado íntegramente, por el siguiente texto, hasta que la Asamblea Nacional regule el asunto de manera definitiva, es así que se establece que el apremio personal en materia de alimentos, será de forma parcial que va de la privación de libertad a partir de las 22 horas hasta las 6 horas del siguiente día o el apremio total que es de 30 días y en caso de reincidencia 60 días y hasta un máximo de 180 días, de acuerdo a la o el juzgador crea necesario que deba ordenarse el apremio de la o el obligado principal de la prestación de alimentos si este logra justificar o no el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, que se determinara en la audiencia solicitada por la parte actora la cual se realizara en el término de diez días.
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Tiempo, proceso y tutela judicial efectiva : la garantía de un sistema sin demoras

Tiempo, proceso y tutela judicial efectiva : la garantía de un sistema sin demoras

13 Vale la pena mencionar también los tratados internacionales ratificados por el Estado Argentino y de jerarquía constitucional. Entre ellos se puede mencionar el art. XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el inc. 1 del Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Quizás el más relevante de todos ellos es el Art. 8.1 Pacto se San José de Costa Rica que establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Como bien menciona Pascual Alferillo queda marcada la evidente intención de incorporar el tiempo en el concepto de defensa en juicio 24
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