derecho a la tutela procesal efectiva y tutela de urgencia

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Ejecución De Sentencias Por El Tribunal Constitucional En El Proceso Constitucional De Amparo Como Parte Del Derecho A La Tutela Procesal Efectiva

Ejecución De Sentencias Por El Tribunal Constitucional En El Proceso Constitucional De Amparo Como Parte Del Derecho A La Tutela Procesal Efectiva

La pregunta que se debe de realizar consiste si efectivamente el proceso constitucional de amparo constituye un proceso especial de tutela de urgencia; teniendo como respuesta fáctica que los procesos constitucionales, de acuerdo a lo plasmado en la sección correspondiente al componente de investigación descarga procesal, no cumplen a la perfección con respecto a su importancia y naturaleza; es decir, el justiciable que solicita vía jurisdicción que se le restituya el derecho fundamental violado, no ve materializada su pretensión, pues en la sentencia que le da la razón y al momento de ser ésta ejecutada, el ejecutado puede seguir retrasando su cumplimiento empleando mecanismos jurídicos tendientes a ello como la interposición de aclaraciones, correcciones y subsanaciones ante el propio Tribunal Constitucional, quien previamente traslada su decisión a la Sala Superior y ésta al juez de primera instancia para que sea él quien ordene y ejecute lo resuelto por el sumo intérprete constitucional.
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El plenario probatorio en la tutela ejecutiva en la búsqueda de la ponderación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y del derecho de defensa del ejecutado

El plenario probatorio en la tutela ejecutiva en la búsqueda de la ponderación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y del derecho de defensa del ejecutado

Derecho Procesal basta observar las nuevas formas de tutelas jurisdiccionales. Así, de las convencionales como la Tutela de Cognición, la Tutela Cautelar o la Tutela Ejecutiva pasamos a valorar, actualmente, otras formas de tutela judicial, ya no tan nuevas, como la Tutela de Urgencia que se aprecia en los procesos constitucionales de habeas corpus o amparo (Tutela Diferenciada). Además, este cambio de paradigma del Derecho Procesal tiene su correlato en las necesidades económicas y sociales. De tal forma, basta recordar que de la ejecución judicial del derecho romano se pasó, en la edad media, a la ejecución rápida de los derechos incorporados a los títulos ejecutivos. Incluso ya en el siglo XX, Enrico Tullio Liebman 3 sostenía la posibilidad de una crisis del “juicio ejecutivo” para referirse a nuevos procesos judiciales sustentados en títulos distintos al ejecutivo como el proceso documental cambiario; o, quizás esta supuesta crisis se repite, actualmente, con los procesos monitorios. Es decir, la constante evolución de las sociedades involucra nuevas tendencias, lo que coadyuva a contar con nuevos diseños de los procesos judiciales acordes al Estado Constitucional.
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Vulneración a la tutela procesal efectiva en la investigación fiscal en los delitos comunes en la sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco   2014

Vulneración a la tutela procesal efectiva en la investigación fiscal en los delitos comunes en la sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 2014

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales: La parte litigante acreedora de una sentencia o resolución judicial a su favor tiene el derecho a solicitar y obtener su cumplimiento material efectivo, aún en caso de negativa u oposición del obligado, a fin de que quien peticiona la ejecución de una resolución firme y/o ejecutoriada sea repuesto o resarcido en su derecho conculcado y en su caso debidamente compensado, por los daños y perjuicios irrogados. Es que los fallos judiciales condenatorios suponen el reconocimiento de los derechos del beneficiario y de no existir medios procesales eficaces y el órgano jurisdiccional encargado de hacerlos cumplir, podrían convertirse en una mera declaración lírica de intención. Este derecho a la efectividad de la tutela judicial es obligación del Estado, así lo establece el art. 25.2, literal c) de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es que los fallos o sentencia judiciales no son meras declaraciones liricas o de intenciones, toda vez que deciden cuestiones litigiosas otorgando o denegando derechos de las personas, de modo que al resolver una disputa deber y potestad de la jurisdicción ejecutar lo juzgado en forma efectiva. En este sentido, Jesús González Pérez señala que:
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La aplicación de la tutela de derecho en el nuevo código procesal penal

La aplicación de la tutela de derecho en el nuevo código procesal penal

La Policía o el Ministerio Público pueden restringir derechos fundamentales de las personas, siempre que no se requiere previamente resolución judicial, ante supuestos de urgencia o peligro por la demora y con estrictos fines de averiguación. En estos casos el Fiscal deberá solicitar inmediatamente la confirmación del Juez de Investigación Preparatoria. Cabe mencionar que los derechos vulnerados ergo solicitar tutela de derechos tiene que ser distintos al Derecho a la Libertad Individual, siempre que esos derechos distintos tal derecho no tenga conexidad con la libertad. Es decir las medidas que limiten otros derechos fundamentales como el bloqueo de cuentas, impedimento de salidas, etc., salvo las excepciones previstas en la constitución, solo pueden dictarse por autoridad judicial, según el artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal. Lo contrario vulnera esos derechos por lo que solicitaran Tutela de Derechos.
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39Luiz Guillerme Marioni

39Luiz Guillerme Marioni

SILVA, Ovidio Baptista. Curso de Processo Civil, v. 3, 3ª ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2000; DA SILVA, Ovídio Baptista, A ação cautelar inominada no direito brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 1979; FUX, Luiz, Tutela de segurança e tutela da evidência, São Paulo: Saraiva, 1996; MITIDIERO, Daniel, Antecipação da Tutela, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2012. En Argentina, ver OTEIZA, Eduardo. Las tutelas cautelares y anticipadas – informe argentino. En: Derecho procesal con- temporáneo – ponencias de las XXII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. Tomo I. Santiago: Puntolex, 2010; DE LOS SANTOS, Mabel; CALMON, Petrônio, Informe general sobre tutelas urgentes y cautela judicial, en: Derecho procesal con- temporáneo – ponencias de las XXII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal. Tomo I. Santiago: Puntolex; Peyrano, Jorge Walter, “Reformulación de la teoría de las medidas cautelares: tutela de urgencia – medidas autosatisfactorias”, Revista de Direito Processual Civil 9; PEYRANO, Jorge Walter, “Régimen de las medidas auto- satisfactivas, nuevas propuestas”, Revista de Direito Processual Civil 7; MORELLO, Augusto, Anticipación de la Tutela, La Plata, Platense, 1996; BERIZONCE, Roberto, BERMEJO, Patricia y AMENDOLARA, Zulma, Tribunales y Proceso de Familia, La Plata, Platense, 2001, p. 50-59; ROJAS, Jorge, “Los límites de la tutela anticipada”, en Sentencia Anticipada, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 2001; CARBONE, Carlos Alberto, “Los procesos urgentes y la anticipación de la tutela”, Revista de Di- reito Processual Civil 21; VARGAS, Abraham Luis. “Teoría general de los procesos urgentes”, in Medidas Autosatisfactivas, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, 1999; En el derecho uruguayo: GREIF, Jaime, “Las medidas anticipativas”, en Temas de Derecho Procesal Civil, MONTEVIDÉU, Cauce Editorial, 2000; En el derecho pe- ruano, ver MONROY PALACIOS, Juan José. Bases para la formación de una teoría cautelar. Lima: Comunidad. 2002; PRIORI POSADA, Giovanni. La tutela cautelar, Lima: Ara, 2006.
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La terminación anticipada como mecanismo de solución de conflictos y acceso a la tutela procesal efectiva, en la etapa intermedia, Arequipa, 2017 2018

La terminación anticipada como mecanismo de solución de conflictos y acceso a la tutela procesal efectiva, en la etapa intermedia, Arequipa, 2017 2018

b) Como un concepto estructural y organizacional deducido a partir del artículo 116° de la C.P. y el título VIII, que define los órganos que administran justicia. Este punto de vista tiene en cuenta las instituciones que administran justicia, los procedimientos, los operadores que intervienen en la resolución de los conflictos, bajo el parámetro de trascender la igualdad y la justicia formal en igualdad y justicia material. El análisis del derecho fundamental de acceso a la justicia conlleva a reflexionar sobre la suficiencia y pertinencia de los organismos previstos por la ley y los recursos para poder administrar justicia en forma eficaz, las instancias en que se tramitan los distintos procesos, la provisión de los servicios jurídicos para los pobres mediante el establecimiento, por ejemplo, de servicios gratuitos de asesoría legal, de defensores de oficio, o la necesidad de crear figuras que fortalezcan la defensa de los derechos y de los distintos intereses de las partes en el proceso, tales como nuevos criterios para tutelar cautelarmente los derechos mediante el establecimiento de nuevas acciones, como ha sucedido en nuestro derecho con las acciones populares y de grupo, como mecanismos que extienden el acceso a la justicia a la protección de los intereses difusos y de los derechos colectivos o mediante la garantía de la efectividad del acceso a la justicia para la resolución de conflictos, bien a través de procesos o de procedimientos alternativos o de medidas que se adoptan para
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Transgresión a la tutela procesal efectiva en la investigación fiscal en los delitos en la primera Fiscalía Superior Penal de Huánuco 2016

Transgresión a la tutela procesal efectiva en la investigación fiscal en los delitos en la primera Fiscalía Superior Penal de Huánuco 2016

internacionales y en las leyes procesales de los distintos fueros; estas garantías constituye derechos de las personas (justiciables) en los tribunales, tal el caso del derecho de acceso a la justicia, que representa el derecho al proceso, la fase previa a la postulación de la pretensión en sede de los tribunales; el derecho en el proceso o a ser parte en el proceso que implica el ejercicio pleno del derecho a la defensa en juicio y atañen a las reglas del debido proceso justo y legal que confiere contenido sustancial al proceso en cuanto se relaciona con los mecanismos de la postulación de la pretensión, el contradictorio, y la producción de las verdades judiciales emergentes de las pruebas, para arribar a un fallo decisorio sobre la cuestión planteada en el juicio. De este modo las garantías mínimas del proceso están dados por las reglas procesales que se concretan en aquellas estatuidas por el Art. 17 de la Constitución, que establece los derechos procesales, Art. 8, Art. 24 y Art. 25 de la Convención Interamericana de derechos Humanos (Ley N° 1/92), y aquellas que específicamente se estatuyen en los códigos procesales de los diferentes fueros (civil, penal, laboral, etc.), que concretan las garantías mínimas del debido proceso.
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Prueba procesal, presupuesto de la tutela judicial efectiva

Prueba procesal, presupuesto de la tutela judicial efectiva

J 10 –publicada en el BOE de 15 de julio de 1981–, son aquellos que responden a un sistema de valores y de principios de alcance universal que subyacen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y a los diversos convenios internacionales ratificados por el Estado español. Noción que per- fectamente se puede aplicar al Derecho nicaragüense, especialmente a partir del contenido del artículo 46 Cn que reconoce la plena vigencia en el ordenamiento jurídico de los instrumentos internacionales de derechos humanos ahí consignados, dentro de los cuales destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y que, en el ámbito doctrinal, en similar sentido se entiende como: fundamento del orden político de una sociedad. Expresan los espacios de dignidad de la persona humana, considerados indispensables para la convivencia democrática .”: M. D. OLLER SALA, “El derecho a la utilización de los medios de prueba como factor de dinamización del derecho probatorio”, en, X. ABEL LUCH, J. PICÓ I JUNOY, M. RICHARD GONZÁLEZ, (dir.), La prueba judicial. Desafíos en las jurisdicciones civil, penal, laboral y contencioso administrativa, Madrid, 2011, pp. 293, 304. En el mismo sentido, J. PICÓ I JUNOY, El derecho a la prueba en el proceso civil, Barcelona, 1996, p. 20 (nota 19).
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La tutela efectiva en la justicia indígena

La tutela efectiva en la justicia indígena

La fórmula “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado”, como expresión de la potestad jurisdiccional, no es más que la aplicación del derecho, por jueces y tribunales, con el propósito de dirimir conflictos y hacer efectivo el derecho declarado o constituido. En consecuencia, el derecho a la acción tiene un carácter de permanencia –y por ende subjetivo y autónomo-, en cuanto no se “ejerce” hasta que su titular requiera proteger judicialmente un derecho que considera le ha sido vulnerado, lo cual, desde luego, no significa que se supedite a la existencia del derecho material. Por ello también puede decirse que hay una relación de acción- reacción entre la “pretensión” a la tutela jurídica como derecho abstracto y a la pretensión material que se deduce a través de la demanda en el proceso: no se trata solo del derecho de acudir ante los jueces y tribunales para obtener un pronunciamiento (o momento “estático- constitucional” del derecho a la tutela judicial) sino, de concretizar, dinamizar ese derecho mediante la pretensión procesal.
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Alimentos para el adulto mayor frente a los derechos de la tutela judicial efectiva y celeridad procesal

Alimentos para el adulto mayor frente a los derechos de la tutela judicial efectiva y celeridad procesal

de comprensión y tolerancia intergeneracional. El Adulto Mayor tiene derecho a facilidades y descuentos en tarifas para los transportes y las actividades de educación, cultura y recreación. Derecho a vivir en una sociedad sensibilizada con respecto a sus problemas, sus méritos y sus potencialidades. Tanto los diversos medios nacionales como a nivel internacional debe 29 proporcionarse un vasto esfuerzo para educar a todas las personas dentro de un espíritu de comprensión y tolerancia e inter- generacional. Derecho al acceso a programas de educación y capitación que le permitan seguir siendo productivo y ganar ingresos si él lo desea y su salud lo permite. El Adulto Mayor tiene derecho a escoger dentro del marco de los diversos ordenamiento jurídicos nacionales de las normas de jubilación y de pensión entre aquellas que le ofrezcan diversas opciones con respecto a la edad de retiro y conlleve la posibilidad de seguir total o parcialmente activo más allá de la edad mínima de retiro. Los Adultos Mayores tienen derecho a ser tomado en cuenta como fuente de experiencia y de conocimientos útiles para el conjunto de la sociedad, debe aprovecharse su potencialidad como instructor o asesor en aprendizaje y desarrollo de oficios, profesiones, artes y ciencias. El Adulto Mayor tiene derecho a la más plena protección de su seguridad física y su integridad moral contra todo tipo de violencia de ofensas, de discriminación y de extorsión. Cada Estado dispondrá las medidas necesarias de protección para que estos derechos se realicen efectivamente, basados en el principio de fácil acceso a los órganos administrativos y judiciales correspondientes, tiene derecho también a que se establezca un mecanismo protector a nivel internacional para la tutela, fiscalización y protección de sus derechos a escala mundial, la condición de Adulto Mayor será un factor a tener en cuenta en los procesos civiles o penales en que se vea involucrado, tiene derecho de disfrutar del trato solidario y deferente establecido en los artículos anteriores, aunque no se encuentre en su propio país. El Adulto Mayor tiene derecho a disfrutar del apoyo y del auxilio de su familia, y particularmente de sus descendientes directos. 30 El Estado es el responsable directo de garantizar el respecto a los derechos generales enunciados, los cuales engloban a todos los demás derechos particulares, tanto de la comunidad como de los adultos mayores en particular.
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TítuloCrisis constitucional y abuso del derecho a la tutela judicial efectiva

TítuloCrisis constitucional y abuso del derecho a la tutela judicial efectiva

sos y amplios reconoce el art. 24.1 de la CE. Ha sido el amplio espectro de posibilida- des de esta garantía procesal, cuyo contenido esencial ha sido definido por el propio TC, el que ha hecho que sea la norma constitucional más invocable en los recursos de ampa- ro (FIGUERUELO). Forma parte del contenido esencial de ese derecho el que las reso- luciones judiciales sean motivadas (Art. 120.3 de la CE), no bastando cualquier moti- vación sino que se exige que estén fundadas en derecho. Con ello se pretende evitar la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública de juzgar. Ahora bien, la última pala- bra sobre lo correcto de la motivación la tiene el TC que es el máximo intérprete de los preceptos constitucionales y por ello define su contenido esencial. Entre la amplísima jurisprudencia creada al respecto destaca la idea de que el derecho a la tutela judicial efectiva protege pretensiones que se hacen valer ante los órganos jurisdiccionales y que se encuentran amparadas en normas vigentes del ordenamiento jurídico. Cuando esto no se da nos hallamos ante absurdos jurídicos. Este caso no lo cubre el deber de moti- var las resoluciones por los jueces sobre la base del Art. 24.1 de la CE. El “petitum” de la demanda del recurso contencioso-administrativo denegado por el TS no encajaba en ninguna violación de normas protegidas por el derecho a la tutela judicial efectiva como tampoco lo hace inadmitir un recurso de amparo dirigido a un Tribunal futuro que resol- viera sobre la irregular actuación del TC a la hora de seleccionar a sus Letrados.
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Barrera legal precautelada en el Código Procesal Civil y el derecho fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del Obligado Alimentante

Barrera legal precautelada en el Código Procesal Civil y el derecho fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del Obligado Alimentante

entre principios constitucionales en conflicto. Aquí rige la ley de la ponderación, según la cual “cuanto mayor es el grado de la no satisfacción o de la afectación de un principio, tanto mayor tiene que ser la importancia de la satisfacción del otro. (STC N°0045-2004-AI, EXP. Nº 579-2008-PA/TC- LAMBAYEQUE, Caso César Augusto Becerra Leiva). En esta medida, somos de la opinión que los Jueces en el caso puntual deben resolver los procesos judiciales relacionados con la norma en análisis, atendiendo al mencionado test de ponderación y a los fines del proceso, conforme lo reseña el artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Fin concreto: “resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales”. Fin abstracto: “lograr la paz social en justicia”. Y por el cual además todo ciudadano tiene derecho a vivir en paz y en tranquilidad, y procurarse para él y su familia un mejor programa de vida en aras de lograr su bienestar, desarrollo y superación (Artículo 2º inciso 22 de la Carta Fundamental); asimismo, también se debe tomar en cuenta, la insoslayable observancia de la defensa de la persona humana y el respecto a su dignidad como anhelo supremo de la sociedad y del Estado, tal como pregona el artículo 1 de la Constitución Política del Perú.
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El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

Ricardo Vaca Andrade en su obra Manual de Derecho Procesal Penal, pág. 809, la prueba también es una “garantía” del inocente y señala “La prueba es una garantía para todos, porque interesa a la sociedad que se descubra la verdad; sin embargo, respecto del inocente es mucho más importante en cuanto le garantiza que el Juez Penal no le condenará a menos que existan pruebas legamente obtenidas, objetivas y suficientes que demuestren con evidencia su responsabilidad penal; la prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada; la determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona procesada. La persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no consten en la acusación. Entrando al análisis de la prueba aportada, se debe insistir que la apreciación de los elementos que son incorporados, los jueces tienen que valorar bajo el criterio de sana crítica que no es más que el sentido común. El derecho en su totalidad cumple con la finalidad de regular la convivencia humana, de mantener la cohesión dentro de una comunidad determinada, la única forma de convivir o coexistir es con reglas claras que permitan prever de algún modo cuál será la conducta de los otros y, en todo caso, que otorguen mecanismos racionales para dar una solución concreta a los roces o conflictos que pudieran suscitarse dentro de la convivencia; dentro de la comunidad existen ciertos intereses que son considerados fundamentales e indispensables para mantener la integridad del individuo, y la referida coexistencia. El ataque a dichos intereses socava los cimientos mismos de la sociedad, la protección de estos intereses debe hacerse con un recelo particular, las conductas que pudieran lesionarlos o ponerlos en peligro deben ser amenazadas y reprimidas con una pena, llegamos así a la conclusión que el derecho penal amenaza y castiga con pena, mediante la creación de tipos penales, la lesión o puesta en peligro de intereses esenciales para la convivencia social, estos intereses se denominan, en tanto son protegidos jurídicamente “bienes jurídicos”, los mismos que pueden definirse como aquellos presupuestos que la persona necesita para su auto relación en la vida social.
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La tutela judicial, y el debido proceso en los delitos de tránsito

La tutela judicial, y el debido proceso en los delitos de tránsito

que los órganos jurisdiccionales brinden garantías a las partes, a través de acciones pertinentes e ecuánimes, con la práctica y cumplimiento de lo que en estricto derecho les corresponde. Es aso que el Proceso Penal juicioso seguido contra una persona bajo el amparo de las garantías que establece la constitución y Leyes vigentes, dentro de un plazo preestablecido, con todas las formalidades y solemnidades señaladas por las normas procesales, reconociendo al imputado su condición humana y sus derechos inherentes, se constituye en el conjunto de disposiciones materiales de la aplicación de la justicia integradas en garantía fundamentales, sistematizadas para la adecuada prestación o impartición de justicia tutelada por la constitución y cuyo propósito es permitir a los justiciables la tutela jurisdiccional efectiva y el acceso a un Proceso Penal justo, equitativo, efectivo, imparcial y definitivo. El debido proceso está basado en las garantías que tienen por objeto la protección de los derechos humanos del imputado o acusado en el recorrido del proceso penal, de tal manera que al intervenir este como sujeto procesal está investido de todos los derechos que le reconoce la constitución.
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El principio de inexcusabilidad y el derecho de acción desde la perspectiva del estado constitucional = The principle of inexcusability and the rule of action from the constitutional point of view

El principio de inexcusabilidad y el derecho de acción desde la perspectiva del estado constitucional = The principle of inexcusability and the rule of action from the constitutional point of view

7. Que lo anterior, sin perjuicio de considerar que falta una complementación ex- presa de este principio, que consagre por un lado, una cláusula de inapartabilidad, que impida al legislador sustraer del conocimiento del judicial, todo asunto, y por otro, que se permita expresamente una apertura de aplicación de la inexcusabilidad a la creación tópica de procedimientos, que con pleno respeto a los principios del Estado Constitucional, per- mita escapar del concepto de jurisdicción basado en el confl icto y la sentencia, y centrado en la tutela efectiva de los derechos, permita al juez, optimizar en cada estado procesal, y extraprocesal (instancias prejudiciales), la protección concreta de los derechos, mediante la tutela de mérito, la anticipación de la tutela, etc.
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Vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del deudor alimentario, en la acción de reducción de alimentos por aplicación del artículo 565 a del código procesal civil

Vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del deudor alimentario, en la acción de reducción de alimentos por aplicación del artículo 565 a del código procesal civil

pues constituye ‘condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo’ (artículo I, Título Preliminar de la Ley N° 26842, General de Salud). Por ello, deviene en condición necesaria del propio ejercicio del derecho a la vida y, en particular, a la vida digna. De otra parte, siempre que el derecho a. la integridad resulte lesionado o amenazado, lo estará también el derecho a la salud, en alguna medida. Sin embargo, son también posibles supuestos en que se afecte de manera directa y grave el mínimo vital necesario para el desempeño físico y social en condiciones normales. La salud resulta un estado variable, susceptible de afectaciones múltiples que incide en mayor o menor medida en la vida del individuo, dependiendo de sus condiciones de adaptación. Teniendo como base esta apreciación gradual de la salud, la protección del derecho a la salud importa la tutela de un mínimo vital, fuera del cual el deterioro orgánico impide Una vida normal o un grave deterioro de esta 69 . Debe tenerse presente que la vida no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva de peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio que la simple y limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en condiciones dignas. Por esta razón, es indispensable la consideración de la vida en dignidad que, en este caso, se manifiesta como vida saludable” .
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El recurso de apelación, el derecho a la impugnación, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

El recurso de apelación, el derecho a la impugnación, la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

Lo mostrado a través del Art. 252 ibídem que prevé lo siguiente: "Es improcedente interponer en el mismo acto procesal, recursos horizontales y verticales sucesivos, excepto en el caso de aclaración o ampliación.", a primera vista esta disposición tiende a lograr un correcto orden para la interposición index aquo\ index ad quem, y las providencias que resuelven las mismas establecer claramente los momentos preclusivos, como su mismo nombre jurídico de la disposición antes indicada - improcedencia de recursos sucesivos o subsidiarios- por la primera palabra de lo que se ubica después de la otra es decir si la o el juzgador llegas expedir una providencia que afecte a la parte actora aquella interpone en una misma petición la revocatoria y apelación, llegando el caso la autoridad judicial se percata del error involuntario cometido concediendo la revocatoria, por ende, se torna inútil darle pasó al segundo recurso en razón de que el supuesto agravio o perjuicio ha sido subsanado sin necesidad de habilitar la segunda instancia.
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La nulidad procesal y la tutela jurisdiccional efectiva administrada en la Corte Superior de Justicia de Huánuco – Sala Superior Civil en el período 2014

La nulidad procesal y la tutela jurisdiccional efectiva administrada en la Corte Superior de Justicia de Huánuco – Sala Superior Civil en el período 2014

La investigación realizada tiene su génesis en una pregunta de carácter jurídica: ¿Cuál es el grado de relación entre nulidad procesal y la tutela jurisdiccional efectiva administrada en la Corte Superior de Justicia de Huánuco – Sala Superior Civil en el Periodo 2014? En el marco del principio de legalidad, el principio de trascendencia, el principio de convalidación y el principio de conservación.

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Análisis de Escritos de Derecho Mercantil de la Obra Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI

Análisis de Escritos de Derecho Mercantil de la Obra Realidades y Tendencias del Derecho en el Siglo XXI

Teniendo esto claro, es pertinente referirse a la primera sección o capítulo en el cual se trata el tema de la globalización en el derecho mercantil, dándole un enfoque económico, normativo y con relación al tráfico mercantil. Frente a la globalización normativa, el análisis se realizó teniendo como puntos de referencia la unificación, la armonización, el derecho comunitario en la Unión Europea, y los referentes normativos neutros del derecho comercial. Este primer capítulo se desarrolla con el fin de mostrar cómo este fenómeno de la globalización ha permeado el desarrollo jurídico mercantil, siendo influyente en las distintas legislaciones del mundo. En esta medida, se identifican los avances internacionales que se han obtenido con relación a la normatividad comercial, como también los países que han sido más flexibles en cuanto a la adopción de nuevas formas de regulación y de instrumentos jurídicos comunes.
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TítuloLa tutela cautelar en el proceso penal

TítuloLa tutela cautelar en el proceso penal

III.2.- La cautela personal en el Código Procesal Penal chileno El código destina el Título V del Libro I a regular las medidas de cautela personal, donde trata sucesivamente la citación, la detención, la prisión preventiva y otras medidas restrictivas de la libertad del imputado, medidas éstas últimas que abren un abanico relativamente amplio, y que le da al juez la opción de disponer formas de aseguramiento del imputado que no signifiquen una afectación tan intensa de su derecho de libertad como es la prisión preventiva, pero que tampoco importen perder totalmente el control sobre su persona, como sería si se le mantuviera en libertad absoluta. Son los casos que contem- pla el artículo 155 bajo el rótulo de “Enumeración y aplicación de otras medidas cautelares” 10 .
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