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Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, también reconoce explícitamente este derecho en su Artículo 11: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento…” (ONU, 1976). El derecho a la vivienda también tiene reconocimiento internacional. En la Declaración de los Derechos Humanos, Artículo 25, se plantea lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espacial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” (ONU, 2012). El incumplimiento de los derechos constitucionales en cuanto a la propiedad y a una vivienda digna no se debe únicamente a la falta de acciones para garantizar el acceso, sino también a innumerables obstáculos que evitan que los sectores más pobres accedan a la propiedad de un lote o solución habitacional. Entre dichas dificultades se puede mencionar: la ausente (o insuficiente) y nada sistemática asignación presupuestaria estatal para 4. EL COOPERATIVISMO DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA AUTOGESTIONARIO.
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Derecho a la vivienda  Ámbito nacional y Derecho comparado

Derecho a la vivienda Ámbito nacional y Derecho comparado

Conviene analizar, parte por parte, la definición dada por los autores del precepto constitucional. En primer lugar, vemos que se trata de un derecho subjetivo, otorgado a “todos los españoles”, dirigido al conjunto de ciudadanos. Esta característica no se da como norma general en todos los artículos del Capítulo II de la Constitución, sino que está reservada simplemente a algunos principios rectores, como es el caso del derecho a la vivienda. Hay que puntualizar que este término no es del todo correcto, ya que los organismos públicos no deben centrarse sólo en permitir el acceso a los ciudadanos de nacionalidad española, sino que debe hacerlo por igual para los individuos de otras nacionalidades, especialmente porque suelen ser estas personas las que encuentran mayores dificultades y las que tienen una mayor necesidad de obtener una vivienda. En segundo lugar, nos habla del “derecho a disfrutar”, que ha de ser entendido como la posibilidad que debe otorgarse a cada persona de poder acceder al disfrute de una vivienda. Para ello, los organismos públicos a través de las correspondientes políticas y leyes que consideren oportunas, deben promover el acceso a la vivienda, mediante los correspondientes programas de planificación, fomentando la construcción de viviendas, haciendo lo posible para financiar dicho acceso a las personas con mayores dificultades, etc. En definitiva, atender a las necesidades de la población y hacer que ese disfrute se plasme en un derecho real y efectivo, cumpliendo así la obligación dirigida a los poderes públicos en el artículo 53 de la propia Constitución.
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El derecho a una vivienda digna

El derecho a una vivienda digna

derecho a la vivienda 2004-2007, prorrogado en su vigencia por el Decreto 288/2007, de 24 de diciembre, establecía en su apartado a) un período de 90 años para las VPO que recibieran cualquier tipo de ayudas o se construyera en suelo público o bien de en suelos que por prescripción urbanística deben destinarse a vivienda protegida, o para viviendas con ayudas públicas a la promoción construidas sobre suelos sin prescripción urbanística de destino a vivienda protegida. y en los apartados b) y c) 30 años para las viviendas para viviendas protegidas promovidas sobre suelos sin prescripción urbanística de destino a vivienda protegida y sin ayudas públicas a la promoción y potestativamente a petición del promotor de la actuación, en la promoción de viviendas con protección oficial que tengan por objeto realojar a personas afectadas por actuaciones urbanísticas, todas de carácter e iniciativa públicos. El artículo 6 del RD 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, correspondiente a la “Duración del régimen de protección de las viviendas y alojamientos protegidos y limitación del precio de las viviendas usadas”, establece:
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Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (2017). “La Ciudad de México en disputa. El derecho a la ciudad en construcción”

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (2017). “La Ciudad de México en disputa. El derecho a la ciudad en construcción”

La nueva generación de movimientos sociales y luchas urbanas en el siglo XXI hacen hincapié en la oposición a los megaproyectos de urbanización y en la defensa de la amplia gama de derechos humanos existentes, incluyendo los de cuarta generación como el derecho a la ciudad. Tienen como demanda central la legítima participación democrática de los ciudadanos en las decisiones sobre la ciudad y tratan de hacer del derecho a la ciudad la base de un nuevo proyecto político, económico y social de ciudad, que permita la superación del actual orden capitalista hegemonizado por el modelo neoliberal. Estos nuevos movimientos recuperan parte de la experiencia y las demandas de las luchas urbano populares de las décadas pasadas, cobijadas bajo un manto más amplio que representa el derecho a la ciudad como demanda que incluye: la reivindicación de derechos sociales como la vivienda, el trabajo, la educación y la tierra; derechos civiles como la libre manifestación de las ideas y el derecho a la información; derechos políticos como el derecho a la consulta, a la participación, a la organización política y al voto; derechos colectivos como el derecho a un medio ambiente sano y seguro, derecho al agua, a la energía, derechos de los pueblos indígenas. Al ver el conjunto de derechos necesarios para la vida digna desde una perspectiva integral e interdependiente el derecho a la ciudad representa una perspectiva amplia y compleja para observar los problemas urbanos y las posibilidades de su superación desde la óptica y los intereses de los movimientos sociales.
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La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía

La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía

la larga tradición de los movimientos asociativos populares y la influencia de los “niveladores”. Creo pertinente tener en cuenta estas dos líneas históricas de derechos. Las revoluciones del siglo XVIII fueron nacionales (el derecho de los pueblos) y reconocieron los derechos individuales. La declaración de derechos humanos de la Revolución francesa (1789) proclamó “la libertad, la igualdad y la fraternidad”. Pero la Constitución (1791) concretó estos derechos en “libertad, seguridad, propiedad y resistencia a la opresión”. La Revolución estadounidense (1775-83) fue una insurrección promovida por los propietarios que se sentían expoliados por el gobierno británico por medio de impuestos (“No impuestos sin representación”). La Constitución (1787) fue muy criticada ya en su momento por Thomas Paine, por su carácter extremadamente individualista. La posterior declaración de derechos (Bill of Rights, 1789), a pesar de los intentos de promover los derechos humanos por parte de Jefferson (“El derecho a la búsqueda de la felicidad”), mantuvo el individualismo. Como es bien sabido, la promoción de los derechos y de las políticas sociales en Estados Unidos ha sido muy larga, más rezagada que en Europa (hasta el welfarestate del período rooseveltiano) 4 . Los derechos sociales colectivos emergen inicialmente en Inglaterra, que expresa en la Carta Magna y principalmente en su complemento, la Carta del Bosque (1217), que en los siglos siguientes se desarrolla mediante la Ley de pobres(1601) la presión de los levellers y las ampliaciones progresivas de la citada ley. Se reconocen colectivos sociales que requieren una atención específica: desocupados o sin ingresos, afectados por las crisis o catástrofes, ancianos y niños desvalidos, los que ahora llamaríamos “sin techo”, etc. Se establece que los “barones” (los propietarios) deben atender a los pobres y,si no lo hacen, los jueces los deben sancionar. Obviamente, estas normas fueron aplicadas vagamente: se consideraban más bien obligaciones morales que jurídicas; pero en muchos casos se aplicaban y han tenido una influencia que ha perdurado hasta hoy. En el Reino Unido, la cultura política reconoce aún hoy la existencia de clases sociales (lo cual no significa que se pretenda cuestionar la jerarquía social). La regresión social que se produjo con la Revolución Industrial (recuerden la obra clásica de Engels La condición de las clases trabajadoras en Inglaterra) provocó una recuperación de las tradiciones asociativas ( unions), los valores de los levellers y las exigencias de políticas sociales específicas. Su vigencia, o mejor dicho su prestigio, se demuestra en la gran exposición que ha producido la British Library con ocasión del aniversario ochocientos de la Carta Magna (1215-2015) 5 .
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El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos reconocidos, concebidos integralmente, y está abierto a incorporar nuevos derechos. Entre los primeros incluye el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a sindicalizarse y a la seguridad social. Implica el derecho a construir y hacer ciudad, el derecho al lugar, a permanecer en él y a la movilidad; al agua y la alimentación, la vivienda, los servicios públicos y el uso democrático de los espacios públicos; a la salud, la educación y la cultura; al desarrollo y a un medio ambiente sano; a la protección del consumidor, la asistencia a personas con necesidades especiales y a la seguridad física. También a la información pública y la participación política, incluyendo el derecho a reunirse, manifestarse, organizarse y a deliberar directamente y a través de representantes. Incluye el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural.
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Derecho al suelo y la ciudad en América Latina  La realidad y los caminos posibles

Derecho al suelo y la ciudad en América Latina La realidad y los caminos posibles

El ILP fue fundado en 1992, con el objetivo de brindar seguridad jurídica indi- vidual, disminuyendo el índice de ilegalidad en la tenencia de la tierra, dirigido a todas aquellas familias que no superan los dos salarios mínimos mensuales de ingreso. A la fecha ha entregado documentos a alrededor de 143.000 familias salvadoreñas, manejando un presupuesto anual de aproximadamente U$S 227 millones. Los requisitos para participar en el programa son: ser identificados por el Gobierno Municipal ante el Vice Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano ( VMDU ), habitar en asentamientos marginales urbanos, que hayan perdido sus viviendas en los terremotos del año 2001, y que carezcan de título de propiedad de la tierra que habitan.
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El camino posible  Producción social del Hábitat en América Latina

El camino posible Producción social del Hábitat en América Latina

El movimiento de cooperativas de vivienda por ayuda mutua es un cabo que agarró fuego y ¡nada detiene un polvorín prendido! El contagio, entusiasmo y multiplicación del impacto surgen espontáneamente; no es necesario buscar o convencer a las familias empobrecidas, son estas las que incesantemente pre- guntan, ¿qué debo hacer para convertirme en cooperativista? Las primeras so- luciones generadas y reales han sido el mejor incentivo, la prueba irrefutable de una verdadera respuesta a las críticas condiciones de vida de las mayorías centro- americanas. Esta evidencia no admite cuestionamiento: a través de los modelos llevados a cabo, se demuestra que una forma diferente de convivencia es posible y que se puede construir aquí y ahora.
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Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

Finalmente, Fernandes (2006b, p. 46) define el “derecho a la ciudad” como la posibilidad de los habitantes urbanos de disfrutar completamente de la vida urbana, con todos sus servicios y ventajas, y tomar parte activa y directa en el manejo de los asuntos de la ciudad. el autor estructura su visión del derecho a la ciudad desde dos facetas: la del goce efectivo de derechos y la de la participación activa. Tener acceso a la vida urbana se traduce, entonces, en los derechos de los cuales se goza en los contextos urbanos y en poder ser parte de los procesos de discusión y acción en los asuntos de la ciudad. Adicionalmente, el autor introduce acertadamente el elemen- to de participación en el derecho, no sólo como una obligación de incluir y tomar en cuenta a las comunidades en los procesos de discusión, gestión e implementación de los asuntos de ciudad, sino como corres- ponsabilidad de los ciudadanos, colectivi- dades y organizaciones sociales de tomar parte activa, de presionar e incidir; a partir de la idea que la ciudad no es un bien dado
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Propuesta de Ley Especial de Vivienda de Interés Social

Propuesta de Ley Especial de Vivienda de Interés Social

4. Que las principales víctimas de la falta de vivienda digna son las familias pobres de bajos ingresos. Al no existir programas con criterios o requisitos accesibles para familias de bajos ingresos no les queda más alternativa que construir con los escasos recursos que se poseen y en zonas o lugares muy vulnerables.

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Breve historia de derechos humanos

Breve historia de derechos humanos

•(1) No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento, (2) No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada (reafirmación del derecho de habeas corpus, del latín, "que tengas el cuerpo”, derecho que determinaba un plazo limite para resolver si se arresta a un detenido), (3) A

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