Derecho a la vivienda -- Colombia

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Límites a la expropiación de vivienda de personas en estado de vulnerabilidad y de especial protección a la luz del principio de confianza legítima y el derecho fundamental a la vivienda digna en Colombia

Límites a la expropiación de vivienda de personas en estado de vulnerabilidad y de especial protección a la luz del principio de confianza legítima y el derecho fundamental a la vivienda digna en Colombia

La figura de “Derecho de carácter prestacional” tiene como naturaleza la exigencia de un esfuerzo presupuestal y logístico del Estado que debe realizarse con la conveniente planeación y uso de recursos mediante el procedimiento determinado por la Constitución Política. La Corte Constitucional ha precisado que por regla general, los derechos de prestación son derechos programáticos, para Karl Loewenstein, estos representan un estímulo y guía de la acción pública para el estado, y para el pueblo la esperanza de que algún día serán acatados. (Loewenstein, 1976) Pese a dicha afirmación, la Corte Constitucional reconoce que gradualmente, los derechos de prestación con contenido programático se les van dando condiciones de eficacia que hace posible que emane un derecho subjetivo. Por eso, a nivel teórico, el estado inicial de un derecho de prestación es su condición programática la cual luego tiende a convertirse en un derecho subjetivo. (Corte Constitucional de Colombia, 1995, Acción de tutela, T-207.). Teniendo en cuenta lo anterior, las connotaciones de las cuales podría llegar a ser titular el derecho a la vivienda digna dependen de lo que se determine en casos concretos en aras de definir cuál es su contenido y exigibilidad.

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El derecho fundamental a la vivienda digna en Colombia: atributos y características

El derecho fundamental a la vivienda digna en Colombia: atributos y características

El presente escrito pretende demostrar como en la actualidad se evidencian problemas en el cumplimiento del deber constitucional a cargo del Estado para garantizar el acceso a la vivienda digna en Colombia. En ese sentido, se revisa como este precepto es un derecho que está intrínsecamente relacionado con la satisfacción de otros que tiene rango de fundamentales como lo son: la dignidad, la igualdad, la intimidad, la protección de la familia, salvaguardia de los menores y demás. Es por esto, que se hace necesario que el Estado cuente con mecanismos normativos y administrativos que propendan por el reconocimiento, amparo y goce de dichos derechos en condición de igualdad, especialmente, a los grupos con mayor vulnerabilidad dentro de la sociedad.

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Evolución jurisprudencial del derecho a la vivienda digna en personas en situación de desplazamiento forzado en Colombia

Evolución jurisprudencial del derecho a la vivienda digna en personas en situación de desplazamiento forzado en Colombia

En este sentido, los objetivos específicos son los siguientes: (i) identificar el cambio que representó la creación de la Corte Constitucional con la expedición de la Constitución Política de 1991, en lo referente a la tutelabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a la población en situación de desplazamiento forzado en Colombia; y (ii) examinar las sentencias más relevantes de la Corte Constitucional donde se desarrolle el carácter fundamental del derecho a la vivienda digna en personas desplazadas en Colombia.

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Vivienda para Población desplazada en Colombia. Recomendaciones para la Política Pública y exigibilidad del Derecho

Vivienda para Población desplazada en Colombia. Recomendaciones para la Política Pública y exigibilidad del Derecho

La restitución del derecho a la vivienda de la población desplazada es por defi nición el objetivo central de la búsqueda de alternativas en este campo. Sin embargo, la multiplicidad de opciones y alternativas ofrecidas por el Estado ante la inexistencia de defi niciones exactas sobre cuáles deben ser las características de las viviendas a las cuales la PD tiene derecho más allá de lo establecido para VIS y VIP, evidencia la necesidad de establecer algunos elementos que deben ser tenidos en cuenta para la construcción de políticas y de soluciones que transformen las condiciones de la PD y contribuyan a resolver la deuda acumulada en nacientes y ya consolidadas ciudades del país. Como parte de lo que signifi ca una restitución digna se debe entender que el acceso a la vivienda no es una acción puntual donde todo fi naliza con el otorgamiento de un crédito o la entrega de una casa o solución habitacional, el acceso hace referencia a un conjunto de componentes que integran la vida de las personas en cualquier tipo de solución y que se desarrollan continuamente durante procesos. En este sentido, el Estado debe garantizar mecanismos

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EL DERECHO A LA VIVIENDA DE INRTERES SOCIAL EN COLOMBIA, SU DESARROLLO ALCANCE Y VIGENCIA, UNA PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

EL DERECHO A LA VIVIENDA DE INRTERES SOCIAL EN COLOMBIA, SU DESARROLLO ALCANCE Y VIGENCIA, UNA PERSPECTIVA DESDE EL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL

Como se vio en este contexto se dio origen a la precitada Ley 546 (1999), originó el sistema de financiación UVR el Decreto 856 (1999). Pero esto no mejoró la situación del sector y para el año 2000 se estaba observando una crisis que no se había visto desde los años 30. Sin embargo en la primera etapa de este Gobierno, la política de vivienda se orientó por criterios estrictamente sociales de acuerdo al plan de desarrollo “Cambio para Construir la Paz”, según el cual el objetivo principal de aquella era el de superar las condiciones de calidad de vida de los más pobres, redistribuyendo recursos a través de los subsidios apoyando inversiones que favorecieran al sector, como factor fundamental de la superación de la paz nacional. Esta política dio preferencia a soluciones de vivienda de costo mínimo, con un esquema progresivo de subsidio se revivió así el sistema de ahorro programado, especialmente en zonas urbanas donde existía mayor demanda. (De Narváez, Op.cit., pagina. 72)

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El derecho a una vivienda digna ¿Derecho pragmático o simple afirmación de derecho?

El derecho a una vivienda digna ¿Derecho pragmático o simple afirmación de derecho?

social es la esencia misma de la democracia. Simboliza jurídicamente y encarna en sí la idea de autogobierno colectivo a base de igualdad y de libertad… La democracia es el derecho social organizado, la soberanía del derecho social es la democracia. Todo grupo social es democrático. Es, por tanto, el estado fundado no ya sobre el derecho de subordinación, sino sobre el de inte- gración. Mientras Estado de dominio y sociedad están en contraste, Estado democrático y socie- dad progresan a la par y se integran recíproca- mente con el fin de realizar una sociedad ver- daderamente democrática.” (bobbio N. , 1991).

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LA MUJER Y EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

LA MUJER Y EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

La Observación general Nº 4 (1991) reconoce que el derecho a una vivienda adecuada va más allá de tener un techo sobre la cabeza. El Comité lo relaciona sobre todo con el principio fundamental de la dignidad inherente al ser humano en que se basa el Pacto, y define el derecho a una vivienda adecuada como el derecho a vivir en algún lugar con seguridad, paz y dignidad. Los siete aspectos que definen la “adecuación”—es decir, la seguridad jurídica de la tenencia; la disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura; la ubicación; la habitabilidad; la asequibilidad, la accesibilidad; y la adecuación cultural— ponen de manifiesto los requisitos para que una vivienda se ajuste a lo dispuesto en el Pacto. No obstante, como se señala en esta publicación, muchos de estos aspectos revisten una importancia mayor para las mujeres o afectan a estas de manera particular. Por ejemplo, las mujeres se verán especialmente afectadas si no hay servicios de suministro de agua en su hogar o en las proximidades y la seguridad jurídica de la tenencia puede representar un problema para ellas si sus nombres no figuran en los contratos de arrendamiento o en otros documentos de propiedad. Así, para garantizar a las mujeres la seguridad jurídica de la tenencia, tal vez se requieran medidas relacionadas con las políticas y de carácter jurídico en lo que se refiere a la violencia doméstica y al derecho de sucesión, con el fin de evitar que sean desalojadas de sus casas al enviudar.

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El enfoque de género en el derecho a la vivienda

El enfoque de género en el derecho a la vivienda

El análisis de estas consideraciones nos conduce a observar, del mismo modo que sobre las reflexiones expuestas por el Comité PIDESC, que la teoría feminista ha sido recogida e introducida en el sistema de valores de la política europea. Sin embargo, mientras el Parlamento en su Resolución obvia cualquier referencia crítica a las razones que explican la situación de especial dificultad en la que se encuentran ciertos grupos de mujeres, y no cuestiona su situación de discriminación respecto a la población masculina. La llamada de atención se limita a enumerar las condiciones que el Parlamento considera de mayor gravedad en relación con las difíciles condiciones de vida de las mujeres, aunque estas condiciones de vida, con toda seguridad, empeorarán a consecuencia de los principios que están en el origen de la política europea en vigor y de la situación que la Resolución menciona, tales como las medidas de austeridad, supremacía de las leyes del mercado, etc. El Parlamento no objeta estos principios que son, en parte, causa de las calamidades que él mismo señala. El enfoque de género que aplica la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género a la materia tratada en la Resolución, muestra la diferencias en la condición de mujeres y hombres lo cual le permite realizar recomendaciones y advertencias a los Estados Miembros para tomar en consideración estos obstáculos específicos en la elaboración de las políticas eficaces para el acceso igualitario de las mujeres a una vivienda adecuada.

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La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía

La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía

la larga tradición de los movimientos asociativos populares y la influencia de los “niveladores”. Creo pertinente tener en cuenta estas dos líneas históricas de derechos. Las revoluciones del siglo XVIII fueron nacionales (el derecho de los pueblos) y reconocieron los derechos individuales. La declaración de derechos humanos de la Revolución francesa (1789) proclamó “la libertad, la igualdad y la fraternidad”. Pero la Constitución (1791) concretó estos derechos en “libertad, seguridad, propiedad y resistencia a la opresión”. La Revolución estadounidense (1775-83) fue una insurrección promovida por los propietarios que se sentían expoliados por el gobierno británico por medio de impuestos (“No impuestos sin representación”). La Constitución (1787) fue muy criticada ya en su momento por Thomas Paine, por su carácter extremadamente individualista. La posterior declaración de derechos (Bill of Rights, 1789), a pesar de los intentos de promover los derechos humanos por parte de Jefferson (“El derecho a la búsqueda de la felicidad”), mantuvo el individualismo. Como es bien sabido, la promoción de los derechos y de las políticas sociales en Estados Unidos ha sido muy larga, más rezagada que en Europa (hasta el welfarestate del período rooseveltiano) 4 . Los derechos sociales colectivos emergen inicialmente en Inglaterra, que expresa en la Carta Magna y principalmente en su complemento, la Carta del Bosque (1217), que en los siglos siguientes se desarrolla mediante la Ley de pobres(1601) la presión de los levellers y las ampliaciones progresivas de la citada ley. Se reconocen colectivos sociales que requieren una atención específica: desocupados o sin ingresos, afectados por las crisis o catástrofes, ancianos y niños desvalidos, los que ahora llamaríamos “sin techo”, etc. Se establece que los “barones” (los propietarios) deben atender a los pobres y,si no lo hacen, los jueces los deben sancionar. Obviamente, estas normas fueron aplicadas vagamente: se consideraban más bien obligaciones morales que jurídicas; pero en muchos casos se aplicaban y han tenido una influencia que ha perdurado hasta hoy. En el Reino Unido, la cultura política reconoce aún hoy la existencia de clases sociales (lo cual no significa que se pretenda cuestionar la jerarquía social). La regresión social que se produjo con la Revolución Industrial (recuerden la obra clásica de Engels La condición de las clases trabajadoras en Inglaterra) provocó una recuperación de las tradiciones asociativas ( unions), los valores de los levellers y las exigencias de políticas sociales específicas. Su vigencia, o mejor dicho su prestigio, se demuestra en la gran exposición que ha producido la British Library con ocasión del aniversario ochocientos de la Carta Magna (1215-2015) 5 .

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Derecho a la vivienda  Ámbito nacional y Derecho comparado

Derecho a la vivienda Ámbito nacional y Derecho comparado

Además este auto hace una reflexión en torno a una afirmación que realiza la propia entidad financiera al decir que el valor real del inmueble había bajado como consecuencia de la crisis económica, refiriendo que la causa principal de esta crisis se debe a «la mala gestión del sistema financiero del que resultan protagonistas las entidades bancarias». Esta medida se recoge en el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, como una cláusula que de manera voluntaria pueden incluir los bancos en sus contratos de préstamos hipotecarios. Atendiendo a esta cuestión, debemos simplemente hacer referencia a la Sentencia de 7 de diciembre de 2016, del Juzgado Mercantil Nº10 de Barcelona, ya explicada anteriormente, por la que el Juez del caso, establecía como obligatoria la dación en pago en los préstamos de adquisición de vivienda, condenando a la entidad bancaria en cuestión por falta de transparencia y mala fe en sus contratos hipotecarios.

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Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

el presente texto busca sistematizar y plan- tear algunas bases para una discusión jurí- dica elaborada sobre el derecho a la ciudad, no es un texto acabado y concluyente, si- no un llamado a reflexionar jurídicamente sobre él. Éste se desarrolló siguiendo la metodología de investigación documen- tal, aquella que a partir de la revisión de las fuentes documentales elabora reflexiones descriptivas, analíticas y hermenéuticas en relación con el objeto específico de la inves- tigación. Para el presente estudio se revisa- ron, principalmente, las siguientes fuentes documentales: las discusiones actuales so- bre el derecho a la ciudad derivadas de la UNeSCo, del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos humanos (UN-hABITAT) y de la Unión europea; algunos instrumentos internacionales, y la Constitución Política Colombiana de 1991. Como eje central se utilizó la Carta Mun- dial por el Derecho a la Ciudad, un instru- mento en preparación que, si bien no tiene fuerza vinculante internacional, recoge los avances y discusiones del Foro Social Mun- dial y otros esfuerzos globales por impulsar el derecho a la ciudad en el ordenamiento jurídico internacional.

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Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (2017). “La Ciudad de México en disputa. El derecho a la ciudad en construcción”

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (2017). “La Ciudad de México en disputa. El derecho a la ciudad en construcción”

La nueva generación de movimientos sociales y luchas urbanas en el siglo XXI hacen hincapié en la oposición a los megaproyectos de urbanización y en la defensa de la amplia gama de derechos humanos existentes, incluyendo los de cuarta generación como el derecho a la ciudad. Tienen como demanda central la legítima participación democrática de los ciudadanos en las decisiones sobre la ciudad y tratan de hacer del derecho a la ciudad la base de un nuevo proyecto político, económico y social de ciudad, que permita la superación del actual orden capitalista hegemonizado por el modelo neoliberal. Estos nuevos movimientos recuperan parte de la experiencia y las demandas de las luchas urbano populares de las décadas pasadas, cobijadas bajo un manto más amplio que representa el derecho a la ciudad como demanda que incluye: la reivindicación de derechos sociales como la vivienda, el trabajo, la educación y la tierra; derechos civiles como la libre manifestación de las ideas y el derecho a la información; derechos políticos como el derecho a la consulta, a la participación, a la organización política y al voto; derechos colectivos como el derecho a un medio ambiente sano y seguro, derecho al agua, a la energía, derechos de los pueblos indígenas. Al ver el conjunto de derechos necesarios para la vida digna desde una perspectiva integral e interdependiente el derecho a la ciudad representa una perspectiva amplia y compleja para observar los problemas urbanos y las posibilidades de su superación desde la óptica y los intereses de los movimientos sociales.

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Una mirada a la Colombia contemporánea a partir de la constitución de 1991

Una mirada a la Colombia contemporánea a partir de la constitución de 1991

Si bien desde el gobierno de Belisario Betancur se comenzaron a dar pasos para la autonomía política y de manejo de recursos a las regiones, fue la Constitución del 91 la que consolidó la descentralización administrativa que acabó con el esquema centralista y que estableció la Carta de 1886. Este nuevo esquema ha tenido problemas, sobre todo por los hechos corruptos en materia de contratación pública, incluso, que hoy se encuentra más en boga por los últimos escándalos. El ex alcalde de Bogotá, Jaime Castro ha dicho en diversos escenarios que lo que ha predominado son los malos manejos, la corrupción, la politiquería y el clientelismo que se han presentado por la ―falta de seguimiento de los partidos políticos y el Gobierno‖. Otros, sin embargo, advierten que el problema es que en Colombia no ha ‗madurado‘ la descentralización y muchos gobiernos departamentales o municipales se mantienen en un esquema centralista, lo que no ha permitido el desarrollo de esta figura. Por esto, temas como las transferencias de recursos, el recaudo de tributos y, en casos, las regalías no son bien manejados por algunas administraciones.

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Vivienda contingente en Colombia

Vivienda contingente en Colombia

Colombia es uno de los principales países más afectados por desastres naturales según el sistema de nacional de riesgos registrados de los últimos años. Como consecuencia de estas catástrofes se genera la pérdida de vivienda, cultura, entre otros. Una respuesta inmediata que generan los principales organismos de apoyo como lo son la Cruz Roja, Defensa Civil, Gestión de Riesgos; mediante albergues temporales que no dan una solución a largo plazo, esto hace que la población busque los medios para mejorar su estado de vivienda, pero en ocasiones no se da la mejor respuesta a estos casos dejándolos desamparados, incrementando el índice de población desplazada según el documento elaborado por el Centro de Control de Desplazamientos Internos (IDMC, por su sigla en inglés) señala que “unos 300.000 colombianos se agregaron a finales del año pasado a las lista de los desplazados por la violencia que sufre el país desde hace medio siglo”. 1

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Ventajas del sistema vigueta y bovedilla en la construcción de vivienda de interés social

Ventajas del sistema vigueta y bovedilla en la construcción de vivienda de interés social

Actualmente existen variados sistemas constructivos dentro de los cuales se destacan los prefabricados ya que al ser un producto industrializado, es más económico y versátil. en Colombia la construcción de vivienda de interés social está enfocada en ser una solución de vivienda accesible para las personas más necesitadas, este tipo de viviendas está cada vez más utilizando sistemas prefabricados para su construcción, sin embargo en Colombia aún falta la utilización de más soluciones prefabricadas tal como sucede en otros países como México, Chile Argentina, etc., donde se utiliza un sistema de entrepiso llamado vigueta y bovedilla el cual consiste en viguetas pretensadas apoyadas en parales o puntales y un elemento aligerante llamado bovedilla, que se coloca entre viguetas con una capa de compresión para su terminación.

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Monografía del cantón Calvas de la provincia de Loja

Monografía del cantón Calvas de la provincia de Loja

El 65 fue Secretario Relator y allí se mantuvo siete años. El 66 la Universidad de Guayaquil editó su novela "La ingratitud de la sangre" iniciándose en el negocio de venta de libros con buen éxito en Manabí. La segunda edición es del 91 Merino se revela como un autor con deseos de contar historias en sentido llano pero no discursivo, sus personajes son tomados del pueblo, hablan y actúan, sus vidas se entrecruzan hasta formar una trama de incertidumbre más bien naturalista. El 69 sacó en un mimeógrafo adquirido con su amigo Luís Valarezo, unos simples apuntes de estudiante que tituló "Práctica Forense" para ayuda de sus compañeros de curso y fue tal el éxito que decidió continuarlos y así fueron apareciendo nuevas ediciones corregidas y aumentadas el 73, 74 y 78, esta última en siete tomos impresos. El 70 contrajo matrimonio en Guayaquil con Olga Luna Matamoros, hogar estable y feliz con cuatro hijos. El 72 salió su "Derecho Mercantil" originado en las clases del Profesor Lauro Damerval Ayora y enriquecido con opiniones de diversos autores. La obra ha conocido dos nuevas ediciones el 74 y el 84. El 74 dio inicio a un tercer trabajo jurídico con "Jurisprudencia Civil Inédita", aparecida en sólo 800 ejemplares que se agotaron rápidamente por contener una recopilación organizada de numerosas sentencias no publicadas en la Gaceta Judicial. La obra salió merced a un préstamo del Banco Nacional de Fomento. El 76 apareció el segundo tomo y el 83 complementó dicho material con el "Compendio de Resoluciones de la Excma. Corte Suprema de Justicia" en 8 tomos.

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Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

las que se han conformado a nivel nacional, las cuales se han integrado a la FESCOVAM, legalmente constituida el 3 de julio de 2010. En el caso de Guatemala (Navarijo, 2010), fue hasta 1977 que la Federación Nacional de Cooperativas de Vivienda (FENECOVI) fue creada, con el respaldo del Decreto 82-78 (Ley General de Cooperativas), aprobado en 1978, y la Ley de Bancos de Ahorro y Crédito para Vivienda Popular, aprobada en 1948 por el Congreso de esa República; no obstante, estas estructuras cooperativas no presentan mecanismos que faciliten la asequibilidad de la vivienda para los más pobres. Es así como a partir del año 2005 surge la modalidad de las cooperativas autogestionarias de propiedad colectiva, con

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Propuesta de Ley Especial de Vivienda de Interés Social

Propuesta de Ley Especial de Vivienda de Interés Social

El FESCREVI recibirá el 30% restante de los fondos destinados por el Estado para el cumplimiento de esta Ley y será administrado por el FSV y por FONAVIPO. El Ministerio de Vivienda destinará los fondos de acuerdo al Plan Anual que el FSV y FONAVIPO

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El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El derecho a la ciudad, dentro de esta visión compleja, no se limita a reivindicar parcialmente los derechos humanos destinados a mejorar las condiciones en que la habitamos, sino que implica derechos para incidir también en su producción, desarrollo, gestión y disfrute, y para participar en la determinación de las políticas públicas que permitan respetarlos, protegerlos y hacerlos efectivos. Al respecto es interesante el proceso de formulación de la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, mismo que recoge y sistematiza lo más relevante de los debates que en torno a la Carta Mundial se diera en Barcelona en 2005, las aportaciones de múltiples actores involucrados en las consultas realizadas durante 18 meses y nuevos conceptos, fruto de la reflexión colectiva.(ver en este libro Carta de la Ciudad de México: el derecho a construir la ciudad que soñamos).

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Breve historia de derechos humanos

Breve historia de derechos humanos

•(1) No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento, (2) No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada (reafirmación del derecho de habeas corpus, del latín, "que tengas el cuerpo”, derecho que determinaba un plazo limite para resolver si se arresta a un detenido), (3) A

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