Derecho a la vivienda-España

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El derecho a una vivienda, una cuestión de derechos humanos : una aproximación a la situación de España en el contexto europeo

El derecho a una vivienda, una cuestión de derechos humanos : una aproximación a la situación de España en el contexto europeo

Los grupos de población con mayores problemas en materia de vivienda detectados en la misión a España eran las mujeres, jóvenes, ancianos, personas con discapacidad, comunidades romaníes (gita- nos), migrantes y las personas sin hogar. Además se señalaban, entre otros, los siguientes aspectos: a) la necesaria reflexión sobre las polí- ticas económicas y sociales con un necesario enfoque de la vivienda y suelo basado en los derechos humanos; b) el reconocimiento de la vivienda como un simple bien de consumo “que se compra y se ven- de”, a pesar de que en las disposiciones de la Constitución Española se reconoce la vivienda como un derecho básico; c) la idoneidad de adoptar políticas nacionales de vivienda con un carácter integral y coordinado, basado en los derechos humanos y en la protección de los más vulnerables, incorporando políticas sociales en todos los pla- nes sobre urbanismo y vivienda; d) la primacía otorgada al modelo de vivienda en propiedad y las consecuencias negativas para la rea- lización del derecho a una vivienda adecuada; e) la urgencia de au- mentar la oferta de viviendas de alquiler mediante la construcción de viviendas de alquiler más accesibles y la consolidación de un parque de viviendas de arrendamiento gestionado don fondos públicos para atender a la demanda de la población de bajos ingresos y garantizar a los inquilinos la seguridad de los contratos de arrendamiento (A/ HRC/7/16/Add.2, 2008:26-30).

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La atribución del uso de la vivienda familiar en casos de divorcio en España: la superación del Derecho positivo por la práctica jurisprudencial

La atribución del uso de la vivienda familiar en casos de divorcio en España: la superación del Derecho positivo por la práctica jurisprudencial

Las leyes 13/2005, de 1 de julio, y 15/2005, de 8 de julio, que, sin duda, han operado una de las más profundas reformas en la regulación del matrimonio tienen, sin duda, un hilo conductor, consistente en la “personalización” del matrimonio. Las referidas leyes, en efecto, hacen jugar al principio constitucional de libre desarrollo de la personalidad una importancia hasta ahora desconocida. Acentúan, así, la función del matrimonio como un medio de desarrollo de la personalidad de los cónyuges, en detrimento de su carácter de institución social, cuya estabilidad se ha considerado, desde siempre, un valor social, lo que ha estado en estrecha relación con la conexión de la institución matrimonial con la procreación y educación de los hijos; y de ahí la exigencia del requisito de la heterosexualidad de los contrayentes. Las propias Exposiciones de Motivos de las leyes ponen de manifiesto esta idea. Así, la de la Ley 13/2005, con el fin de justificar la supresión del requisito de la heterosexualidad, permitiendo, así, los matrimonios entre personas del mismo sexo, se refiere a la exigencia del “establecimiento de un marco de realización personal que permita que aquéllos que libremente adoptan una opción sexual y afectiva por personas de su mismo sexo puedan desarrollar su personalidad”. La Ley 15/2005, en orden a explicar el nuevo sistema de divorcio afirma que “se estima que el respeto al libre desarrollo de la personalidad, garantizado por el artículo 10.1 de la Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculada con su cónyuge. Así, el ejercicio de su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad expresada en su solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de separación”.

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De la burbuja inmobiliaria a la lucha por el derecho a la vivienda digna en Madrid, España

De la burbuja inmobiliaria a la lucha por el derecho a la vivienda digna en Madrid, España

Por eso decimos que nuestro problema no es una cosa que nos afecte sólo a las personas a quienes Bankia ató a una hipoteca impagable -con este nivel de paro y este nivel de salarios-. Muchas más entidades han hecho lo mismo con personas como nosotros. Algunas de estas personas, afectadas por los 527 desahucios diarios que se producen en todo el país y por los más de un millón y medio de expedientes de ejecución hipotecaria, están aquí también, haciendo sus turnos para que marche bien esta permanencia pacífica a las puertas de la sede central de Bankia. Y más gente que no tiene hipoteca pero no entiende por qué hay que hipotecarse para tener una vivienda, o por qué el dinero de la sanidad o la educación se está yendo a pagar la deuda a los bancos. Con el 5% de la cantidad que el Estado va a destinar para reflotar Bankia se evitaría el embargo de 10.000 hogares, y esto es sólo un ejemplo de lo que se puede hacer si la política la dejan de dictar los mercados financieros. Esta situación de expolio a la riqueza que hemos producido entre todos no se debe sólo a que los bancos quieran hacer negocio. Los políticos permiten que esto siga pasando, pese a que existan formas de solucionar la situación en beneficio de la mayoría de la población y no de la banca. Por ejemplo, si una entidad bancaria es rescatada   con   dinero   público,   sus   “activos   tóxicos”   -todos esos pisos que no podemos pagar y ellos no pueden vender- deben pasar a formar parte de un parque público de viviendas en régimen de alquiler. Ya casi tenemos las 500.000 firmas necesarias para llevar esta propuesta al Congreso, junto con la dación en pago y la paralización de los desahucios. Si los políticos no actúan no será porque no se les han presentado propuestas apoyadas por cientos de miles de personas.

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Análisis de la política de vivienda en España

Análisis de la política de vivienda en España

Desde que existe la vida humana como tal, las personas tenemos la necesidad de protegernos de determinados agentes externos en un lugar en el que converger otras necesidades como la de alimento, bienestar o salud. Es por ello que en la declaración de derechos humanos, el derecho a una vivienda digna es considerado uno más. Todos tenemos derecho a un hogar, un lugar en el cual cubrir nuestras necesidades básicas. A lo largo de la historia esta necesidad de vivir se ha convertido en un negocio para muchos, llegando a dejar a otros tantos sin la posibilidad de acceder a una vivienda si no es mediante determinadas ayudas.

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El derecho a una vivienda digna

El derecho a una vivienda digna

señala como uno de los grandes males de España, en su Discurso séptimo, dice: “muchos se quejan que no pueden asentar el pié sin incurrir en alguna denunciación contra alguna de las leyes de España” y de su perniciosidad, de la incapacidad para ser conocidas y del dispendio económico y temporal que supone nada más que el simple acceso a ellas, pero sobre todo que no se usan y “no se guardan en desprecio de la autoridad de los legisladores (..)”. Propone Moncada que tantas leyes se reduzcan a pocas y que estas sean breves y claras, adaptándolas a las circunstancias de los tiempos, pero sobre todo que se guarden sin excepción, lo que se refleja en la literatura de la época. Restauración Política de España. 1619. Ed. Juan de Zúñiga. Madrid.1756. Reedición del Instituto de Estudios Fiscales. Madrid.1974.

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El enfoque de género en el derecho a la vivienda

El enfoque de género en el derecho a la vivienda

exigibles tanto en el plano nacional como en el internacional. Cada uno de ellos tiene un alcance y un contenido perfectamente delimitable de carácter esencial, que permite señalar el tenor de las obligaciones que tiene un Estado para su satisfacción. Un contenido esencial que coincide con el contenido exigible jurídicamente. Aunque, no siempre con el contenido exigible judicialmente debido a las limitaciones de las leyes procesales. El carácter progresivo de las obligaciones de los Estados respecto de los DESC no es contradictorio con su exigibilidad, como prueba precisamente que, en tiempos de crisis como el actual, los Estados no tengan derecho a deshacer los logros alcanzados en materia social, sino que por el contrario, tengan el deber de seguir progresando o al menos de mantener lo alcanzado, salvo que les sea materialmente imposible. La carga de la prueba de esa imposibilidad recae en el Estado que realiza o permite regresiones deliberadas en la satisfacción de los derechos sociales, en ningún caso justifica recortes sobre los contenidos esenciales de estos derechos. La reciente entrada en vigor en España del Protocolo, añade certidumbre a la exigibilidad de estos derechos y abre una histórica vía para exigir responsabilidades a través de los tribunales de las vulneraciones de los DESC, equiparando los derechos de las víctimas de derechos humanos y creando un espacio más para poder exigir responsabilidades a un Estado por incumplimiento de obligaciones voluntariamente adquiridas al firmar y ratificar el PIDESC. El protocolo ha sido firmado por España el 24 de septiembre de 2009, ratificado el 23 de septiembre de 2010 y publicado en el BOE el 25 de febrero de 2013; y ha entrado en vigor el 5 de mayo de 2013.

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LA MUJER Y EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

LA MUJER Y EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

que afecten al derecho a una vivienda adecuada requiere dinero, tiempo y un conocimiento del sistema del que tal vez carezcan las mujeres. El recurso a procedimientos administrativos o judiciales contra infracciones de la legislación puede ser en sí mismo un problema para la mayoría de las mujeres. El coste y las trabas burocráticas disuaden a muchas mujeres de presentar reclamaciones relacionadas con la vivienda, la tierra y la propiedad. Debido a las limitaciones que les imponen sus diversos quehaceres diarios, es frecuente que las mujeres no puedan ir a los tribunales. Los gastos de viaje en que deben incurrir las mujeres de las zonas rurales, junto al coste de la representación letrada, impiden que esas mujeres recurran a la vía legal, habida cuenta de la escasez de programas de asistencia jurídica. En las jurisdicciones que ofrecen algún tipo de asistencia jurídica, esta se limita con frecuencia a los asuntos penales. Una viuda de Kenya dijo que para ir a los tribunales tenía que pagar y que ese dinero lo necesitaba para las matrículas escolares. Cuando las mujeres plantean cuestiones relacionadas con el control y la propiedad de la vivienda, la tierra y los bienes, a menudo lo hacen enfrentándose a las familias, los clanes y las comunidades. Como resultado de ello pueden verse ante graves situaciones de hostigamiento, violencia o exclusión cuando tratan de afirmar sus derechos. El miedo a la violencia y a la exclusión social, junto a la existencia de amenazas, hostigamiento y violencia reales por parte de la familia y de la comunidad en general pueden, por tanto, hacer que las mujeres no presenten reclamaciones por la vía legal.

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El  problema de la vivienda en España: Entrevistas,

El problema de la vivienda en España: Entrevistas,

Después de unos años de bonanza y de crecimiento, y coincidiendo con el inicio de la crisis económica en España, el sector inmobiliario y de la construcción atraviesa una fase de crisis que afecta a un bien de primera necesidad como es la vivienda. El estallido de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, con los niveles aparejados de endeudamiento alcanzados, han sido factores que se han sumado a otros elementos que han pesado negati- vamente en nuestra economía.

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Movimientos sociales y vivienda en España

Movimientos sociales y vivienda en España

Con planteamientos muy similares a los del SE Magdalenas, se okupó en 2007 en el barrio de Malasaña de Madrid, el Espacio Polivalente Autoges- tionado (EPA) Patio Maravillas, que se convirtió en un elemento central de los movimientos sociales madrileños, gracias su identidad abierta y su ar- quitectura. La filosofía del Patio Maravillas fue la de rehuir el estereotipo okupa y presentarse como un espacio de participación social y cultural abierto a todos los movimientos sociales, colectivos e individuos. Su estra- tegia, ante su proceso de desalojo, fue reunir el máximo de apoyos sociales y dialogar con el Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de expropiación del local. El 11 de junio de 2015, el Gobierno en funciones de la capital española (todavía en manos del PP) lo desalojó. Una vez situados los espa- cios de las primeras confluencias o transiciones entre movimiento por la okupación y movimiento por la vivienda en España, volvemos a la historia de los orígenes de este último. Después de tres manifestaciones multitudi- narias en 2006, una cierta respuesta por parte de las instituciones (Ley de Vivienda en Cataluña y ayudas al alquiler a nivel nacional) empequeñecie- ron las convocatorias de 2007 y 2008. Pero el movimiento ganó en exten- sión, descentralización y auto-organización.

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Análisis del problema de la vivienda en España,

Análisis del problema de la vivienda en España,

precios, puede crecer, contribuyendo a desequili- brar aún más el mercado. Esto es precisamente lo que ha ocurrido durante los años de formación de la denominada burbuja inmobiliaria. Por otro lado, este fenómeno puede provocar, y de hecho ha pro- vocado en los últimos años, una desincentivación de las inversiones realmente productivas, afectando ne- gativamente al conjunto de la economía y al empleo. Este análisis nos llevaría a incluir un nuevo pro- blema social relacionado con la vivienda: el proble- ma que afecta a todas aquellas personas que se han visto perjudicadas por un modelo de crecimiento económico. En este modelo, la especulación en los mercados inmobiliarios ha privado al sistema eco- nómico de inversiones productivas capaces de gene- rar empleos más estables y de calidad basados en el incremento de la productividad.

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El  problema de la financiación de la vivienda en España

El problema de la financiación de la vivienda en España

gratorios); la disminución del tamaño medio del hogar (explicado por el aumento del número de ho- gares monoparentales y unipersonales), que tiene como consecuencia que el número de hogares crez- ca proporcionalmente por encima del crecimiento de la población; un cambio en la composición por edades de la población, con un mayor peso de los individuos con más nivel de renta y con mayor ape- tencia por disfrutar de viviendas adicionales, princi- palmente vacacionales; la preferencia de los españo- les por la vivienda en propiedad (que permanece en este y en anteriores ciclos); así como una importante inversión de no residentes en segundas viviendas debido al tirón de España como destino turístico. — Factores económicos y de inversión: por un lado, la salud del mercado de trabajo, gracias a un cre- cimiento sostenido de la economía. Por otro lado, las expectativas sobre revalorización de la vivienda. Cuanto mayor es la demanda de viviendas por mo- tivos de inversión, mayor es el componente espe- culativo y también la posibilidad de que se generen «burbujas».

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Derecho al suelo y la ciudad en América Latina  La realidad y los caminos posibles

Derecho al suelo y la ciudad en América Latina La realidad y los caminos posibles

El proyecto de LEVIS presentada por la CONAPO , propone: a) declarar de in- terés público el acceso al suelo para la producción de vivienda de interés social; b) crear mecanismos que faciliten a las familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos formas de acceso al suelo, como condición previa y necesaria, pero no suficiente, para tener acceso a la vivienda; c) disminuir el tiempo para la prescrip- ción adquisitiva; d) crear una Cartera Inmobiliaria que garantice la disponibilidad de suelo con las características de habitabilidad estipuladas en la ley, para la construc- ción de viviendas de interés social; e) dicha cartera estará integrada por el conjunto de inmuebles adquiridos por el Estado para tal fin y será administrada por el ente gubernamental rector, a través de su dependencia ejecutora de los programas y pro- yectos del sector; f) los inmuebles podrán ser adquiridos al Estado o a privados, si- guiendo un marco de regulaciones y mecanismos, diferenciados de acuerdo al tipo de propietario, con base en las leyes vigentes y lo que estipula ésta; g) los inmuebles tendrán como destino único la construcción de viviendas de interés social. La aprobación del Decreto de Transferencia de suelo a las cooperativas de vi- vienda en el CHSS , así como la aprobación de la LEVIS , marcarían un punto de inflexión relevante en la historia salvadoreña. Ambas son medidas de transfor- mación profunda en la historia del despojo y la exclusión territorial al pueblo salvadoreño. Admitir, acompañar y apoyar este tipo de iniciativas ciudadanas es urgente y se trata de hacer cumplir un derecho humano fundamental: contar con suelo para edificar la vivienda, para construir el presente y el futuro familiar y comunitario, para poder pensar en un desarrollo real y equitativo.

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Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (2017). “La Ciudad de México en disputa. El derecho a la ciudad en construcción”

Ramírez Zaragoza, Miguel Ángel (2017). “La Ciudad de México en disputa. El derecho a la ciudad en construcción”

La nueva generación de movimientos sociales y luchas urbanas en el siglo XXI hacen hincapié en la oposición a los megaproyectos de urbanización y en la defensa de la amplia gama de derechos humanos existentes, incluyendo los de cuarta generación como el derecho a la ciudad. Tienen como demanda central la legítima participación democrática de los ciudadanos en las decisiones sobre la ciudad y tratan de hacer del derecho a la ciudad la base de un nuevo proyecto político, económico y social de ciudad, que permita la superación del actual orden capitalista hegemonizado por el modelo neoliberal. Estos nuevos movimientos recuperan parte de la experiencia y las demandas de las luchas urbano populares de las décadas pasadas, cobijadas bajo un manto más amplio que representa el derecho a la ciudad como demanda que incluye: la reivindicación de derechos sociales como la vivienda, el trabajo, la educación y la tierra; derechos civiles como la libre manifestación de las ideas y el derecho a la información; derechos políticos como el derecho a la consulta, a la participación, a la organización política y al voto; derechos colectivos como el derecho a un medio ambiente sano y seguro, derecho al agua, a la energía, derechos de los pueblos indígenas. Al ver el conjunto de derechos necesarios para la vida digna desde una perspectiva integral e interdependiente el derecho a la ciudad representa una perspectiva amplia y compleja para observar los problemas urbanos y las posibilidades de su superación desde la óptica y los intereses de los movimientos sociales.

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Análisis de la evolución del mercado de la vivienda en España

Análisis de la evolución del mercado de la vivienda en España

Cómo puede observase en el Gráfico 3.2 se observa la existencia de un gran cambio estructural, siendo el año 2008 el gran punto de inflexión en la economía mundial y por ende de la economía de nuestro país. Gracias a la entrada de España en la unión europea y sobre todo la creación y aceptación de una única moneda como el Euro, benefició el crecimiento económico de nuestro país, favoreciendo a una mayor exportación de productos con lo que conlleva mayor producción. Una tendencia positiva a la venta de los productos, la creación de mayor número de puestos de trabajo, permitió una riqueza general de la población de nuestro país. Fue esta fructífera situación económica la que produjo en los hogares españoles la posibilidad de la adquisición de una vivienda en propiedad.

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La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía

La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía

Las políticas públicas de vivienda destinadas a sectores populares, suponiendo que el objetivo real sea realmente proporcionar vivienda a esta población (o sacarse un problema próximo de encima), presentan aspectos perversos en la mayoría de casos 20 . Se ubican las operaciones donde hay suelos disponibles y de bajo precio, con frecuencia en tierra de nadie, lejos de los centros ciudadanos, desligados de las tramas urbanas. A los pobladores se les impone la segregación, en un entorno lacónico, en un hábitat que atomiza. La administración pública cede la gestión y la construcción casi siempre a constructoras privadas, sin un pliego de condiciones pactado con los habitantes y con la debida inspección administrativa y vecinal. Los estándares no se cumplen o son inadaptados para los residentes; los materiales son deficientes y las viviendas, insuficientes. La gestión burocrática no ofrece ninguna participación efectiva a los futuros residentes; se fabrican productos llaves en mano inadecuados a muchas familias, sin preocupación por la funcionalidad ni por la estética. Hay déficit de mantenimiento de las viviendas y de los entornos, agravado por la deficiencia de los servicios públicos. Las poblaciones no se sienten reconocidas: una masa anónima a la que se trata poco y de forma individualizada. El diseño del conjunto no tiene en cuenta casi nunca la convivencia, la buena imagen del conjunto, los elementos icónicos significantes. Se menosprecia todo lo que es especificidad, estética, visibilidad, razones para sentirse a la vez ciudadano igual a los otros y vivir en un lugar especial, sentirse orgulloso del lugar. Esto es un derecho.

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Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

Correa Montoya, Lucas (2010). “¿Qué significa tener derecho a la ciudad? La ciudad como lugar y posibilidad de los derechos humanos”

comunitaria. Dicha orientación se presen- ta hoy día como una necesidad más apre- miante, dadas las enormes proporciones de población que se espera viva en las ciudades en el futuro más cercano. De acuerdo con el preámbulo de la Carta mundial por el derecho a la ciudad (Foro Social Mundial, 2005), el nuevo milenio comenzó con casi la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, y de acuerdo con las perspec- tivas para el 2050, la proporción habrá au- mentado al 65%. Por otra parte, “en 2007 el 78% de la población latinoamericana habitaba en las ciudades, se estima que pa- ra el 2025 dicho porcentaje aumentará al 83% y para el 2050 será del 88%” (eFe – Naciones Unidas, 2008, p. 14A). Las cifras indican una tendencia a que en el futuro continuarán las migraciones del campo a la ciudad y que la proporción de la vida urba- na aumentará indefectiblemente.

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Observatorio de la accesibilidad universal en la vivienda en España 2013.

Observatorio de la accesibilidad universal en la vivienda en España 2013.

“A una pareja que convive le sobrevino una discapacidad a ella, una per­ sona muy activa, y no puede salir de casa. La pareja nos dice que la con­ vivencia se complica muchísimo por esa sensación de cárcel que tiene esa persona. Y que en el momento que consigue instalar un ascensor, la libertad de movimientos que le da mejora sustancialmente la relación familiar. Hay que entender que nadie quiere estar prisionero en su propia vivienda. Ade­ más, se establecen situaciones de dependencia innecesarias entre madres e hijos, o al revés, cuando no son necesarias esas relaciones. Nosotros lo percibimos, porque tratamos directamente con los usuarios, pero es que te coarta absolutamente todo. Y en el momento que te coarta la vida, pues te estará coartando también tus relaciones personales.

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El derecho a una vivienda digna ¿Derecho pragmático o simple afirmación de derecho?

El derecho a una vivienda digna ¿Derecho pragmático o simple afirmación de derecho?

claridad el derecho a la vivienda adecuada y digna, lo extiende al hábitat o condiciones físi- cas y factores biológicos del entorno en los que la vida humana sea posible para la persona y aun para la comunidad cultural a la que per- tenezca, que también ha sido motivo de desa- rrollo internacional mediante observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; se conserva la facultad de los Municipios para expropiar, reservar y con- trolar áreas para el desarrollo futuro y hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente sano” (santama- ria, 2012) .

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El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El proceso de construcción por el Derecho a la Ciudad: avances y desafíos

El Derecho a la Ciudad es interdependiente de todos los derechos reconocidos, concebidos integralmente, y está abierto a incorporar nuevos derechos. Entre los primeros incluye el derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias, a sindicalizarse y a la seguridad social. Implica el derecho a construir y hacer ciudad, el derecho al lugar, a permanecer en él y a la movilidad; al agua y la alimentación, la vivienda, los servicios públicos y el uso democrático de los espacios públicos; a la salud, la educación y la cultura; al desarrollo y a un medio ambiente sano; a la protección del consumidor, la asistencia a personas con necesidades especiales y a la seguridad física. También a la información pública y la participación política, incluyendo el derecho a reunirse, manifestarse, organizarse y a deliberar directamente y a través de representantes. Incluye el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural.

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INMIGRACIÓN Y VIVIENDA ESPAÑA

INMIGRACIÓN Y VIVIENDA ESPAÑA

que en otras cuestiones, la renta familiar suele ser el factor más asociado a las condiciones de vi- vienda y de trabajo, y al grado de asentamiento –jurídico y familiar– del colectivo estudiado. Otras variables también explican parcialmente la satisfacción o el malestar de vivir en el barrio, si bien asociadas a los factores que acabamos de describir. Así, las mujeres presentan 4 puntos más de satisfacción por vivir en su barrio, que se explican teniendo en cuenta que su estructura familiar está más cohesionada y sus estándares de vivienda son algo mejores que los de los hombres. Por grupos de edad, quienes tienen más de 40 años se encuentran más satisfechos que los jóvenes, lo que es consecuencia de que en general llevan en España más tiempo y sus condiciones sociales y laborales son algo mejores. En cuanto a las regiones de origen, la sensa- ción de bienestar por vivir en el barrio es mucho mayor entre los europeos del este (51%) que entre los africanos (17%), quedando los latinoamericanos en una posición intermedia (37%). Estos resultados son en buena parte explicables, como ya hemos visto en el apartado anterior, si tenemos en cuenta las diferencias de nivel de renta, de estudios y de cualificación profesional entre los tres colectivos (además de los prejuicios de la opinión pública española hacia el grupo africano). Asimismo, la menor proporción de inmigrantes de Cataluña que se siente en su ba- rrio «como en casa» se puede explicar por el mayor peso en esa comunidad del colectivo africa- no; por otra parte, la mayor proporción de inmigrantes de Madrid que están totalmente en contra de esa afirmación tiene que ver con las condiciones de vivienda más precarias existentes en esa comunidad.

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