Derecho comercial -- Legislación -- Colombia

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El nacimiento del Derecho sobre la marca en la legislación nicaragüense

El nacimiento del Derecho sobre la marca en la legislación nicaragüense

una ventaja competitiva para su titular dado el potencial publicitario inherente a la marca, ello confiere a los terceros un interés de aprovecharse de ese valor comercial que estas marcas facilitan, ese aprovechamiento puede acarrear un perjuicio para la marca anterior, con independencia de que se emplee para productos distintos a aquellos para los cuales ha sido registrada, reduciendo su atractivo e influyendo de un modo negativo en la apreciación del público, por tanto, la prolifera- ción de marcas parásitas aunque no degraden la marca de origen, son tan numerosas que la privan de su carácter distintivo y de su capacidad de impacto. Vid. en este sentido, el apartado 107 de la Resolución del EUIPO de 25 de abril de 2001, Sala Tercera de Recurso, asunto R 283/1999-3, caso “Hollywood” señala que: “Las ventajas que el derecho exclusivo sobre la marca confiere a su titular pueden incluir el poder que tiene la marca para incitar a la compra de los productos para los cuales ha sido registrada. Este poder también podría verse dañado por el hecho de que otras personas, distintas del propietario, utilicen la marca o un signo similar para productos distintos a aquellos para los cuales ha sido registrada. Este daño podría consistir en el hecho de que la mar- ca, debido a la pérdida de su carácter exclusivo, ya no pueda provocar en el público una asocia- ción inmediata con los productos para los cuales ha sido registrada y utilizada. Este otro empleo, por lo tanto, puede perjudicar al titular de la marca”.
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Unificación del derecho privado. Unificación de la legislación civil y comercial en la Argentina. Unificación de principios del derecho privado patrimonial en el Mercosur

Unificación del derecho privado. Unificación de la legislación civil y comercial en la Argentina. Unificación de principios del derecho privado patrimonial en el Mercosur

En alguna medida, en Argentina existían ya numerosos antecedentes de legislación uni- ficada. Por lo pronto, el concurso de los no comerciantes fue sometido a igual procedi- miento que el aplicado a los comerciantes (artículo 310, ley 19.551; hoy artículo 2, ley 24.522), y fue sujeto también al juez mercantil (artículo 43 bis, decreto ley 1285/58, según ley 22.093). Se generalizó la utilización de los títulos valores. La ley 17.711 in- corporó al Código Civil una serie de principios propios del sistema mercantil: reafirmó la doctrina de la apariencia y de la buena fe subjetiva (artículo 1051), la fuerza jurígena de los usos (artículo 17), la interpretación conforme a la buena fe objetiva (artículo 1198, 1ª parte) que involucra los adecuados deberes secundarios de conducta, la mora automática (artículo 509), la cláusula resolutoria tácita (artículo 1204, tomado literal- mente del artículo 218 del Código de Comercio), la teoría de la imprevisión (artículo 1198, 2ª parte), que adecua a la cláusula de hardship, la cual es de estilo en la negocia- ción comercial internacional moderna. La ley 23.928 también admitió el anatocismo, tradicionalmente prohibido en el Código Civil (artículo 623), aunque aceptado en el Código de Comercio (artículos 569, 788, 795).
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Derecho Comercial o Derecho Mercantil PERU docx

Derecho Comercial o Derecho Mercantil PERU docx

Las normas que regulan las sociedades han pasado a formar parte del derecho societario. En el derecho societario la evolución de la legislación a partir del Código de Comercio de 1902 () ha sido la siguiente: primero se regulaban las sociedades mercantiles en el Código de Comercio, y las Sociedades Civiles en el Código Civil Peruano de 1936, luego las normas que regulan las sociedades mercantiles pasan a formar parte de la Ley de Sociedades Mercantiles y posteriormente se modifica dicha Ley, por lo cual se unifica dicha legislación en el TUO de la Ley General de Sociedades aprobado por D.S. 03-85-JUS y posteriormente es derogada por la ley General de Sociedades, contenida en la Ley 26887, la cual se encuentra vigente.
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Análisis del derecho deportivo desde la perspectiva del derecho comercial

Análisis del derecho deportivo desde la perspectiva del derecho comercial

46 Visto lo anterior, si bien la expedición de la Ley 1445 de 2011 puede ser considerada ”buena” en el marco de la evolución del derecho deportivo en Colombia, es una copia de la legislación española antes analizada y atendiendo la realidad que afronta el sistema español(en el cual 15 de los 20 equipos de la Liga se encuentran en restructuraciónsiendo un fútbol prácticamente quebrado), podríamos suponer que no es la mejor opción de cara al futuro del deporte nacional; es imprescindible que la normatividad alusiva al Deportivo Colombiano sea nuevamente ajustada en torno a figuras mas acordes a nuestra realidad y exista por tanto un desarrollo académico y una preparación mayor de nuestros dirigentes, que conocedores de las limitaciones, falencias pero también de las virtudes de nuestro medio, diseñen instituciones solidas.
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Legislación Minera en el Derecho Comparado

Legislación Minera en el Derecho Comparado

Sobre el derecho a la información, la Ley de Bases del Me- dio Ambiente señala que cualquier persona, natural o ju- rídica, podrá informarse del contenido del proyecto y del tenor de los documentos que acompañan un EIA o DIA. Aunque la norma señala que el Servicio de Evaluación Am- biental mantendrá en reserva los antecedentes técnicos, financieros y otros que a petición del interesado estimare necesario substraer del conocimiento público para asegu- rar la confidencialidad comercial e industrial o proteger las invenciones o procedimientos patentables del proyec- to o actividad que se busca ejecutar; se deberá publicar en el Diario Oficial y en un diario o periódico de la capital de la región o de circulación nacional, según sea el caso, un extracto del Estudio de Impacto Ambiental presentado. Dichas publicaciones se efectuarán dentro de los diez días siguientes a la respectiva presentación.
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La mitigación del cambio climático en Colombia: Derecho Internacional Ambiental y legislación nacional sobre energías renovables

La mitigación del cambio climático en Colombia: Derecho Internacional Ambiental y legislación nacional sobre energías renovables

Mediante la expedición de la Ley 164 de 1994 Colombia ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Colombia se encuentra en el grupo de países no incluidos en el Anexo 1 los cuales también han sido llamados por la ONU “países menos adelantados” (en adelante PMA), luego, teniendo en cuenta los recursos internacionales recibidos Colombia debe realizar planes para la reducción de emisiones. Así mismo, en el año 2000 Colombia aprobó el Protocolo de Kioto mediante la Ley 629 de 2000. En el año 2002 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Departamento Nacional de Planeación elaboraron los Lineamientos de Política de Cambio Climático, en los que se encuentran las estrategias que va a desarrollar Colombia con base a los compromisos adquiridos internacionalmente.
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EL CONTRATO DE SEGURO EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN COMERCIAL

EL CONTRATO DE SEGURO EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN COMERCIAL

Con razón, se considera a esta institución jurídica como un instrumento de explotación en masa pues en la medida que el riesgo sea compartido entre el mayor número posible de asegurados, el sistema es sostenible. En consecuencia, el seguro además de implicar el reconocimiento de la existencia del riesgo, se nutre de una base económica que se entrelaza con la estructura misma de la necesidad de aseguramiento. Amén de lo anterior, la actividad aseguraticia en Colombia, encuentra reconocimiento constitucional y por ello, a pesar de ser un contrato mercantil en el cual la autonomía de la voluntad ocupa un papel preponderante, no puede desconocerse la estrecha regulación estatal del mismo, en especial, en lo referente a la figura, atribuciones y límites del asegurador, tal como lo reconoce Venegas (2004, p.15).
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PROGRAMA DE DERECHO COMERCIAL Y TRIBUTARIO

PROGRAMA DE DERECHO COMERCIAL Y TRIBUTARIO

En este curso se analizan los principales aspectos concernientes a la legislación comercial y tributaria vigente y su aplicación práctica, desde la perspectiva de un contador. Ello permite que el estudiante logre distinguir diversos institutos jurídicos, su manejo práctico, así como las consecuencias de índole jurídicos. Se hace énfasis mayormente en los aspectos que atañen a las sociedades reguladas por nuestro Código de Comercio y leyes conexas a través de casos prácticos y de jurisprudencia reciente.

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El régimen de protección de datos personales en Colombia y la explotación comercial del derecho de imagen propia

El régimen de protección de datos personales en Colombia y la explotación comercial del derecho de imagen propia

Como se ve, en la actualidad los países se han ocupado de una u otra forma de la reglamentación del derecho de imagen, sea como manifestación de otros derechos conexos como la dignidad, la intimidad o el honor, como hacer también hacer una protección mercantilizada de los mismos que le permite a la persona hacer una valoración económica de la lesión de su derecho; cualquiera que sea el caso, existe una protección del derecho y es importante resaltar que esta protección es causa efecto de los avances tecnológico y la proliferación de medios de comunicación, ya que existe un riesgo mayor de vulnerar los reconocimientos constitucionales de las personas, por tanto los ordenamientos deben ponerse a tono con estas nuevas condiciones tecnológicas y generar legislación que proteja a los ciudadanos de eventos que puedan restringir el disfrute de sus derechos. En el siguiente aparte se ocupa este estudio de exponer la naturaleza jurídica del derecho de imagen.
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Legislación y salud colectiva : discursos que legitiman la legislación antitabaco en Colombia y su implementación

Legislación y salud colectiva : discursos que legitiman la legislación antitabaco en Colombia y su implementación

Muy cercanos a los ministerios, encontramos, haciendo oposición fuerte, a la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y a la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO). La primera es una organización sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo difundir y propiciar los principios políticos, económicos y sociales de un sano sistema de libre empresa. Es el gremio empresarial más importante de Colombia y está integrado por empresas pertenecientes al sector industrial, financiero, agroindustrial, de alimentos, y de servicios, entre otros (www.andi.com.co). La segunda es una entidad gremial sin ánimo de lucro, encargada de fomentar el desarrollo del comercio y de orientar, representar y proteger sus intereses, dentro de un criterio de bienestar y progreso del país. Su finalidad es promover el comercio privado de bienes y servicios y velar por que la actividad comercial siga desempeñando una función social, política y económica (www.fenalco.com.co). Estas dos entidades han hecho una alta oposición a las medidas de la legislación antitabaco esperando que se evite la disminución de la venta de productos de tabaco, para evitar que las empresas y los comerciantes se vean afectados económicamente por los efectos de las medidas que regulan la promoción y venta de productos de tabaco.
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Coleccion Derecho Comercial y Tributario

Coleccion Derecho Comercial y Tributario

La Ley Nº 125/91, comenzó a regir en el año 1991, por ende, al ser la Ley Nº 1295/98 posterior a aquella, resulta claro que por tratarse de una legislación especial, los conceptos determinados en la misma, prevalecen sobre las disposiciones de la Ley Nº 125/91. Como se puede apreciar en las definiciones dadas por la Ley Nº 1295/98, citadas en el punto anterior, el leasing, sea este financiero u operativo, desde el punto de vista tributario, se halla integrado por dos hechos generadores de naturalezas completamente distintas. Por un lado tenemos una cesión de uso de un bien (arrendamiento), y por otro lado, en el caso de que se haga uso de la opción de compra, tenemos la enajenación.
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Nueva versión de la Ley Marco para las Cooperativas de América Latina

Nueva versión de la Ley Marco para las Cooperativas de América Latina

El acto cooperativo como instituto fundamental de la legislación de la materia se halla expresamente reconocido (art. 7), tal como ya sucede en numerosas leyes de la región (Ley 20.337 de Argentina; Ley 5764 de Brasil; Ley 79 de Colombia; Decreto legislativo 65 de Honduras; Ley General de Cooperativas de México de 1994; Ley 17 de Panamá; Ley 50 de Puerto Rico; Ley 438 de Paraguay; Ley de Cooperativas Agropecuarias 15.645 de Uruguay; Ley General de Asociaciones Cooperativas de Venezuela de 2001, entre otras).15 Se entiende por tal el realizado entre las coope- rativas y sus asociados en cumplimiento del objeto social, diferenciándose neta- mente del acto de comercio o civil o de cualquier otra naturaleza. Este peculiar acto jurídico queda sometido al Derecho Cooperativo constituido por el conjunto de normas, jurisprudencia, doctrina y prácticas basadas en los principios que deter- minan y regulan la actuación de las cooperativas. Supletoriamente las cooperativas
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TítuloEl derecho al agua en la legislación española

TítuloEl derecho al agua en la legislación española

a garantizar el abastecimiento de agua potable a la población” (considerando 24). De ahí que uno de sus objetivos básicos sea “garantizar el suministro suficiente de agua superficial o subterránea en buen estado, tal como requiere un uso del agua sostenible, equilibrado y equitativo” (art. 1º) La Directiva encabeza su parte expositiva con una afirmación rotunda: “el agua no es un bien comercial como los demás, sino un patrimonio que hay que proteger, defender y tratar como tal”. La Directiva no configura expresamente un derecho al agua, pero considera este recurso como un “patrimonio” que hay que proteger para que pueda ser utilizado de forma sostenible para la satisfacción de las necesidades humanas. El suministro domiciliario de agua, así como la recogida de las residuales y su posterior depuración son “servicios” (de interés económico general) cuya prestación deben garantizar los Estados a través de las modalidades que prevea el derecho interno. Obviamente, disponibilidad de agua no significa gratuidad. Al contrario, la Directiva establece el principio de la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua (art. 9) 8 . Los programas de medidas son
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FUENTES FORMALES O SECUNDARIAS DEL DERECHO

FUENTES FORMALES O SECUNDARIAS DEL DERECHO

Son el producto de las fuentes primarias o reales. Son los procesos de creación de las normas jurídicas y que son formas obligadas y predeterminadas que ineludiblemente deben revestir los preceptos de conducta exterior, para imponerse socialmente, en virtud de la potencia coercitiva del Derecho, para todos los miembros de una sociedad.

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Vista de Derecho y legislación urbanística en Chile

Vista de Derecho y legislación urbanística en Chile

Dentro de los lí- mites existirán áreas consolidadas, especiales (o no urbanizables) y urbanizables (las que re- cibirían el crecimiento en extensión durante los [r]

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La Acción de amparo en la legislación nicaragüense en derecho

La Acción de amparo en la legislación nicaragüense en derecho

El recurso de amparo debe interponerse dentro de treinta días contados desde la notificación o conocimiento legal del acto, disposición o resolución. Según el arto.78 de la Ley de Amparo, todos los plazos son improrrogables. Sin embargo, se puede ampliar por razón de la distancia, es decir, un día por cada treinta kilómetros según lo dispuesto en el arto.26 de dicha ley, también se puede suspender por caso fortuito o fuerza mayor según se deduce del arto. 51 inciso 4 de la Ley de Amparo cuando se expresa que se suspenderá de acuerdo con el derecho común, y del arto.168 inciso 2º del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone que sólo fuerza mayor que impida utilizarlos podrán suspenderse los plazos durante su curso.
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La legislación en materia del derecho al agua en Guatemala

La legislación en materia del derecho al agua en Guatemala

En lo que respecta a la normativa internacional que garantiza el Derecho Humano al agua emanadas de entes internacionales, es importante señalar que en el año 2002 con la Observación General 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, se le asignó a este derecho rango de ley dura al considerarlo implícito en un tratado internacional vinculante, como el PIDESC, y darle con ella más impulso a este Derecho. Este derecho de acuerdo a la citada opinión, lleva implícita las siguientes características: a) suficiente; b) saluble y aceptable; c) acceso físico, d) acceso económico, e) no discriminación; f) acceso a información. (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2010, p. 246).
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Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial

Siete principios para un sistema objetivo de propiedad industrial

subject propiedad industrial, propiedad intelectual, derecho de la competencia, carga de la prueba comercial, activos. intangibles, fallo judicial en materia comercial, derecho comercial[r]

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El derecho al real desarrollo de la superficie en Colombia

El derecho al real desarrollo de la superficie en Colombia

No obstante, si bien se está en desacuerdo en que la ley determine un periodo limitado por la cesión de la superficie de un predio, a juicio personal no debería establecerse un plazo máximo por ley en la existencia del contrato, pero sí se le debe exigir a las partes el establecimiento consensual de este factor como elemento esencial de la existencia del contrato, para que, en virtud del postulado de la autonomía de la voluntad privada, sean los particulares entre ellos o junto con el Estado, los que fijen de manera autónoma el plazo de vigencia de la mencionada cesión. Todo esto en virtud, a que como la figura que se plantea es para ser desarrollada en el sector rural a través de proyectos agrarios, en algunos casos el establecimiento de ciertas plantaciones de tardío rendimiento requieren inversiones y actividades que en algunos casos se implementan para ser desarrolladas por periodos superiores a treinta (30) años, como es el caso del caucho natural. Estos cultivos gozan de una etapa productiva de aproximadamente treinta (30) años, luego de haber sido establecidos por siete (7) años, periodo requerido para su comienzo de producción. Razón por la cual, en este y otros eventos es necesario establecer un periodo adicional a los treinta (30) años para la vigencia de la cesión del derecho, lo cual brindaría mayor seguridad jurídica y financiera al establecimiento de grandes proyectos productivos de tardío rendimiento.
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Efectos de las Sentencias Condenatorias del  2004, 2005 y 2006 de los  06 Juzgados Penales del  Distrito del Cusco, en Cuanto a los Fines de la Pena: La Prevención General y Especial

Efectos de las Sentencias Condenatorias del 2004, 2005 y 2006 de los 06 Juzgados Penales del Distrito del Cusco, en Cuanto a los Fines de la Pena: La Prevención General y Especial

3. En el plano teórico este discurso parte del presupuesto de que la pena es un bien para quien la sufre, sea de carácter moral o psicofísico. En cualquier caso, oculta el carácter penoso de la pena y llega a negarle incluso su nombre, reemplazándolo por sanciones y medidas. Si la pena es un bien para el condenado, su medida será la necesaria para realizar la ideología re que se sostenga y no requerirá de otro límite. El delito sería sólo un síntoma de inferioridad que indicaría al estado la necesidad de aplicar el benéfico remedio social de. la pena. Si el delito es sólo un síntoma, la ideología re debe postular que, a partir de ese síntoma, el estado debe penetrar en toda la personalidad del infractor, porque la inferioridad lo afecta en su totalidad. Por ello, estas ideologías no pueden reconocer mayores límites en la intervención punitiva: el estado, conocedor de lo bueno, debe modificar el ser de la persona e imponerle su modelo de humano. Como la intervención punitiva es un bien, no sería necesario definir muy precisamente su presupuesto (el delito), bastando una indicación orientadora general. De igual modo, en el plano procesal no sería necesario un enfrentamiento de partes, dado que el tribunal asumiría una función tutelar de la persona para curar su inferioridad. La analogía legal y su correlato procesal -el inquisitorio-serían instituciones humanitarias que superarían los prejuicios limitadores de legalidad, acusatorio y defensa, que perderían sentido como obstáculos al bien de la pena, que cumpliría una función de defensa social al mejorarlas células imperfectas del cuerpo social, cuya salud como expresión de la de todas sus células es lo que en último análisis interesaría. Es claro que, con este discurso, el estado de derecho es reemplazado por un estado de policía paternalista, clínico o moral, según que el mejoramiento sea policial biológico materialista (positivismo criminológico) o ético idealista (correcionalista). En definitiva, se trata de una intervención del estado que, en caso de ser factible contra todos los datos sociales- consistiría en una imposición de valores en que nadie cree, privada de todo momento ético, desde que desconoce la autonomía propia de la persona.
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