Derecho de la tutela procesal efectiva

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Ejecución De Sentencias Por El Tribunal Constitucional En El Proceso Constitucional De Amparo Como Parte Del Derecho A La Tutela Procesal Efectiva

Ejecución De Sentencias Por El Tribunal Constitucional En El Proceso Constitucional De Amparo Como Parte Del Derecho A La Tutela Procesal Efectiva

La ejecución de sentencias en los procesos en general y de manera especial en lo que concierne a los llamados procesos de la libertad, es uno de los temas jurídicos más controvertidos, y teniendo en cuenta que en el proceso constitucional, y dentro de éste al del amparo que es motivo de nuestra investigación, debido a la finalidad que éste cumple; es decir, el de restitución de derechos violados, es necesario que la decisión emanada en última ratio por el Tribunal Constitucional sea efectivamente cumplida; es decir, ejecutada; pero en la realidad todo ello no se cumple en la mayoría de casos, salvo honradas excepciones. Por ello, se debe de realizar una modificación con respecto al iter procesal con lo que respecta a la ejecución de las sentencias constitucionales de amparo, para ello debe ser el propio Tribunal Constitucional que ejecute su propio fallo y no el juez que conoció la demanda, para que de esta forma no se vea dilatado y/o postergado el cumplimiento real de lo decidido por el sumo intérprete de la Constitución y así plasmada efectivamente la pretensión constitucional.
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La terminación anticipada como mecanismo de solución de conflictos y acceso a la tutela procesal efectiva, en la etapa intermedia, Arequipa, 2017 2018

La terminación anticipada como mecanismo de solución de conflictos y acceso a la tutela procesal efectiva, en la etapa intermedia, Arequipa, 2017 2018

La presente investigación, que hemos denominado: “LA TERMINACION ANTICIPADA COMO MECANISMO DE SOLUCION DE CONFLICTOS Y ACCESO A LA TUTELA PROCESAL EFECTIVA, EN LA ETAPA INTERMEDIA, AREQUIPA”, es producto de la experiencia e investigación que indirecta y directamente hemos tenido oportunidad de conocer y realizar, partiendo de la praxis adoptada por los magistrados del Ministerio Público, y el Poder Judicial en la aplicación del proceso especial de la Terminación Anticipada, con el propósito de conocer su problemática de aplicación y operatividad en la Etapa Intermedia del Proceso penal peruano, pues nuestro ideal es que la Terminación Anticipada sea aplicable también en la Etapa Intermedia conforme al principio de economía procesal, el principio de celeridad procesal, y el principio de elasticidad procesal, de este modo, se evita llegar innecesariamente a la tercera etapa del proceso penal, el Juzgamiento, donde es posible que el acusado se acoja a una Conclusión Anticipada, a través de una sentencia de conformidad previo acuerdo del Ministerio Público y el acusado, sobre la pena y la reparación civil; supuesto éste de conclusión del proceso penal, que muy bien puede tener lugar en una etapa anterior, es decir, en la etapa intermedia del proceso penal; sin embargo, este impedimento legal pone en evidencia la injusta postergación del derecho de acceso a la justicia como una manifestación del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del acusado y/o la víctima, a consecuencia de la interpretación restrictiva de derechos realizada por los operadores de justicia respecto a la norma de derecho procesal penal aplicable.
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Transgresión a la tutela procesal efectiva en la investigación fiscal en los delitos en la primera Fiscalía Superior Penal de Huánuco 2016

Transgresión a la tutela procesal efectiva en la investigación fiscal en los delitos en la primera Fiscalía Superior Penal de Huánuco 2016

El derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales para hacer valer los derechos, intereses colectivos y garantías, otorga legitimación activa a cualquier persona sea física o jurídica, individual o colectiva, para presentarse antes los jueces o tribunales a exigir el reconocimiento y/o el restablecimiento de sus derechos negados o conculcados, y aún aquellos derechos amenazados de lesión (caso de las garantías constitucionales del amparo y el habeas corpus), aun cuando esos derechos no sean de carácter personal y directo, sino que se traten de derechos colectivos, difusos que surgen del hecho de que peticionante no sea el único titular del derecho de incidencia colectiva que invoca en su pretensión pero que busca un resultado equivalente para todos los integrantes del grupo o clase e incluso para aquellos que no hayan sido parte de la acción de clase o popular, pero pueden quedar alcanzados por los efectos de la sentencia, v.g.: grupos de vecinos, gremios, habitantes de un área determinada, etnia, asociación de padres, de inquilinos, usuarios, consumidores, comodatarios, etc..
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Vulneración a la tutela procesal efectiva en la investigación fiscal en los delitos comunes en la sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco   2014

Vulneración a la tutela procesal efectiva en la investigación fiscal en los delitos comunes en la sala penal liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco 2014

El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales: La parte litigante acreedora de una sentencia o resolución judicial a su favor tiene el derecho a solicitar y obtener su cumplimiento material efectivo, aún en caso de negativa u oposición del obligado, a fin de que quien peticiona la ejecución de una resolución firme y/o ejecutoriada sea repuesto o resarcido en su derecho conculcado y en su caso debidamente compensado, por los daños y perjuicios irrogados. Es que los fallos judiciales condenatorios suponen el reconocimiento de los derechos del beneficiario y de no existir medios procesales eficaces y el órgano jurisdiccional encargado de hacerlos cumplir, podrían convertirse en una mera declaración lírica de intención. Este derecho a la efectividad de la tutela judicial es obligación del Estado, así lo establece el art. 25.2, literal c) de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es que los fallos o sentencia judiciales no son meras declaraciones liricas o de intenciones, toda vez que deciden cuestiones litigiosas otorgando o denegando derechos de las personas, de modo que al resolver una disputa deber y potestad de la jurisdicción ejecutar lo juzgado en forma efectiva. En este sentido, Jesús González Pérez señala que:
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La tutela judicial, y el debido proceso en los delitos de tránsito

La tutela judicial, y el debido proceso en los delitos de tránsito

que los órganos jurisdiccionales brinden garantías a las partes, a través de acciones pertinentes e ecuánimes, con la práctica y cumplimiento de lo que en estricto derecho les corresponde. Es aso que el Proceso Penal juicioso seguido contra una persona bajo el amparo de las garantías que establece la constitución y Leyes vigentes, dentro de un plazo preestablecido, con todas las formalidades y solemnidades señaladas por las normas procesales, reconociendo al imputado su condición humana y sus derechos inherentes, se constituye en el conjunto de disposiciones materiales de la aplicación de la justicia integradas en garantía fundamentales, sistematizadas para la adecuada prestación o impartición de justicia tutelada por la constitución y cuyo propósito es permitir a los justiciables la tutela jurisdiccional efectiva y el acceso a un Proceso Penal justo, equitativo, efectivo, imparcial y definitivo. El debido proceso está basado en las garantías que tienen por objeto la protección de los derechos humanos del imputado o acusado en el recorrido del proceso penal, de tal manera que al intervenir este como sujeto procesal está investido de todos los derechos que le reconoce la constitución.
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Análisis del proceso monitorio como tutela efectiva y su eficacia dentro del sistema procesal Ecuatoriano

Análisis del proceso monitorio como tutela efectiva y su eficacia dentro del sistema procesal Ecuatoriano

El proceso monitorio es una creación del derecho intermedio italiano que surge como una respuesta al interminable solemnis ordo iudicarius y se caracteriza porque se inspira en la necesidad de proceder de manera rápida y con ahorro de tiempo y de esfuerzos procesales a la ejecución. Su origen se encuentra, según Salvioli, en el transcurso del siglo XII cuando aparecieron los primeros praeceptum de solvendo sine causa cognitione, llamados tambiéniudìculus monitorius, que se caracterizaban porque el juez resolvía el thema decidendum a sola afirmación del acreedor o a la presentación de un documento, y sin oír al deudor, es decir que resolvía inaudita altera pars. Como consecuencia, si el deudor pagaba, todo concluía, pero si contrariamente se oponía al mandato de pago, el preceptum se resolvía en simple citación y la causa se convertía en una relación procesal ordinaria. (CORDERO, 2005)
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Alimentos para el adulto mayor frente a los derechos de la tutela judicial efectiva y celeridad procesal

Alimentos para el adulto mayor frente a los derechos de la tutela judicial efectiva y celeridad procesal

la Ley del Anciano y su Reglamento, expedida en el año 1991 y ha tenido varias reformas, con el objetivo de garantizar el derecho a un nivel de vida que asegure la salud corporal y psicológica, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, la atención geriátrica y gerontológica integral y los servicios sociales necesarios para una existencia útil y decorosa. Los beneficiarios directos de esta ley son las personas nacionales y extranjeras que han cumplido 65 años de edad y tienen atención prioritaria, así como los ancianos abandonados y desprotegidos. De lo expuesto hasta ahora pareciera que la obligación de prestar alimentos tiene su fundamento en un deber moral o de conciencia entre familiares, pero en realidad es una obligación legal, porque es el legislador quien determina entre qué miembros de la familia es exigible esta prestación y, además, porque ella solo existe dentro de los límites en que la ley ha creído deber admitirla.
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AAS7666

AAS7666

La tutela judicial efectiva se trata de la instancia inicial del ejercicio del derecho en el que la protección debe ser fuerte para garantizar la posibilidad de acceder a los órganos jurisdiccionales; la obtención de una sentencia motivada que declare el derecho de cada una de las partes; la posibilidad de las partes de poder interponer los recursos que la ley provea y la posibilidad de obtener el cumplimiento efectivo de la sentencia. Sin embargo a pesar de que todo ciudadano debe contar con una tutela judicial efectiva que le permita el derecho a acceder a los órganos de administración de justicia, el derecho a obtener una sentencia motivada, congruente y no errónea, el derecho a recurrir de la sentencia adversa y el derecho a ejecuta la sentencia, se ha visto como en mucha ocasiones el ciudadano es perjudicado por el retardo procesal, lo cual contraría lo establecido en las normas venezolanas, desvirtuando los principios de igualdad y celeridad procesal y con ello, eluden la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva. Este trabajo tuvo como finalidad analizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso en Venezuela; la metodología fue documental con nivel descriptivo, analizándose la información mediante el método de síntesis y análisis de contenido. Se concluyó que tanto la tutela judicial efectiva como el debido proceso son derechos fundamentales, inherentes a la dignidad humana y que representan el valor supremo que justifica la existencia del Estado y sus objetivos, constituyendo el fundamento esencial de todos los derechos que con calidad de fundamentales habilita el ordenamiento, sin el cual el Estado adolecería de legitimidad y los derechos carecerían de un adecuado soporte direccional.
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Barrera legal precautelada en el Código Procesal Civil y el derecho fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del Obligado Alimentante

Barrera legal precautelada en el Código Procesal Civil y el derecho fundamental a la Tutela Jurisdiccional Efectiva del Obligado Alimentante

también penalmente a fin de evitar graves afectaciones irreparables a los derechos fundamentales de los usuarios de la justicia, erradicando con ello toda clase de actos de corrupción y arbitrariedades; por ejemplo, consideramos que se debe modificar el artículo 418 del Código Penal que reseña “El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos, o se apoya en leyes supuestas o derogadas, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de tres ni mayor de cinco años”; pues tal configuración represiva solamente es objeto de sanción a título de dolo, más no a título de culpa, tal como así lo ha establecido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema del Perú, en diversas jurisprudencias, entre ellas, Tipo penal: Apelación 02-2014, Lambayeque, al sostener “ (…); no se comete a título de culpa, lo que significa que no basta el descuido ni la negligencia para que sea materia de imputación, sino que el tipo legal exige como condición sine qua non el dolo, entendiéndose este como el conocimiento y voluntad de la realización de todos los elementos del tipo objetivo”. Pues, al parecer dicha norma punitiva exculpa a los jueces que cometan tales conductas irregulares de manera culposa, convalidando de ésta forma su inadecuada conducta procesal, dejando la ingrata sensación social que se trata de un caso de exceso de abuso de poder y de abuso de derecho, proscrita en nuestra forma de Estado de Derecho Constitucional y Democrático, regulado además taxativamente en la parte final del artículo 103 de la Constitución Política del Perú.
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El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

El procedimiento directo y el derecho a la tutela judicial efectiva

Ricardo Vaca Andrade en su obra Manual de Derecho Procesal Penal, pág. 809, la prueba también es una “garantía” del inocente y señala “La prueba es una garantía para todos, porque interesa a la sociedad que se descubra la verdad; sin embargo, respecto del inocente es mucho más importante en cuanto le garantiza que el Juez Penal no le condenará a menos que existan pruebas legamente obtenidas, objetivas y suficientes que demuestren con evidencia su responsabilidad penal; la prueba tiene por finalidad llevar a la o al juzgador al convencimiento de los hechos y circunstancias materia de la infracción y la responsabilidad de la persona procesada; la determinación de la existencia de la infracción y la culpabilidad de la persona procesada. La persona procesada no podrá ser declarada culpable por hechos que no consten en la acusación. Entrando al análisis de la prueba aportada, se debe insistir que la apreciación de los elementos que son incorporados, los jueces tienen que valorar bajo el criterio de sana crítica que no es más que el sentido común. El derecho en su totalidad cumple con la finalidad de regular la convivencia humana, de mantener la cohesión dentro de una comunidad determinada, la única forma de convivir o coexistir es con reglas claras que permitan prever de algún modo cuál será la conducta de los otros y, en todo caso, que otorguen mecanismos racionales para dar una solución concreta a los roces o conflictos que pudieran suscitarse dentro de la convivencia; dentro de la comunidad existen ciertos intereses que son considerados fundamentales e indispensables para mantener la integridad del individuo, y la referida coexistencia. El ataque a dichos intereses socava los cimientos mismos de la sociedad, la protección de estos intereses debe hacerse con un recelo particular, las conductas que pudieran lesionarlos o ponerlos en peligro deben ser amenazadas y reprimidas con una pena, llegamos así a la conclusión que el derecho penal amenaza y castiga con pena, mediante la creación de tipos penales, la lesión o puesta en peligro de intereses esenciales para la convivencia social, estos intereses se denominan, en tanto son protegidos jurídicamente “bienes jurídicos”, los mismos que pueden definirse como aquellos presupuestos que la persona necesita para su auto relación en la vida social.
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El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las víctimas de violencia familiar en el perú

El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva de las víctimas de violencia familiar en el perú

prueban la agresión física o la afectación emocional se archiven los procesos apelando a la inconcurrencia de las partes; también se aprecia que los jueces no adoptan un criterio uniforme al momento de fijar la reparación civil, resultando muchas de ellas irrisorias y desproporcionales al daño ocasionado; y finalmente, lo más preocupante resulta que una vez dictada la sentencia, la parte agraviada acuda al poco tiempo al juzgado manifestando que el demandado no ha cumplido con acudir a las sesiones de terapia psicológica, no le ha cancelado la reparación civil o en el peor de los casos que sigue ejerciendo actos de violencia en su contra, con lo que se demuestra que las sentencias se convierten en “letra muerta”, no surtiendo eficacia. Aunado a estos inconvenientes se tiene, la escasa capacitación y sensibilización de los operadores de justicia, la excesiva carga procesal, inexistencia de los recursos físicos, como casas-hogares que refugien temporalmente a las víctimas de violencia familiar, viéndose estas obligadas a regresar a vivir bajo el mismo techo de su agresor, etc.
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El reto de un proceso del trabajo informal, rápido y efectivo

El reto de un proceso del trabajo informal, rápido y efectivo

Uno de los principios del derecho procesal, en general, es el de celeridad o rápido adelantamiento, que se ha denominado plazo razonable a partir de instrumentos internacionales de derechos humanos (Organización de los estados americanos OEA, 1969, Art. 8) y recientes códigos procesales (Ley 1564, 2012, Art 2 y 121). Y es que al Estado y a la sociedad le interesa que los procesos tengan corta duración por varias razones: desde el punto de vista del Estado, es un indicador de buena prestación del servicio de justicia, y en el fondo, garantía del derecho de acceso a la justicia y, por consiguiente, de paz social; para los justiciables, es un elemento fundamental del principio de tutela jurisdiccional efectiva, pues como se ha dicho siempre, justicia tardía, no es justicia, o en palabras de C OUTURE , “… en el procedimiento el tiempo es algo más que oro: es justicia” (Couture , 1945), y en el mismo sentido en el proceso del trabajo, el maestro uruguayo expresó: “Mientras el empleador puede, normalmente, esperar, el trabajador no puede esperar” (Genoud, 1968, pág. 35).
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Vista de EL PRESUPUESTO PROCESAL DE LA CONCILIACIÓN EN COLOMBIA, EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA: Un análisis desde el principio de tutela judicial efectiva.
							| Nuevo Derecho

Vista de EL PRESUPUESTO PROCESAL DE LA CONCILIACIÓN EN COLOMBIA, EN EL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA: Un análisis desde el principio de tutela judicial efectiva. | Nuevo Derecho

Estas modificaciones han pretendido, entre otras cosas, perfeccionar el método de tal forma que permita alcanzar los fines propuestos en sus inicios como descongestionar la administración de justicia: “por medio de la cual se crean mecanismos para desconges- tionar los Despachos Judiciales” (Congreso de la República, 1991, Ley 23). A pesar de esto y como resultado de la confrontacion de esta institución con otras de igual o mayor relevancia jurídica como la tutela juridicial efectiva, se hace necesario evaluar la manera en que se materializa este método alterno de resolución de conflicto como presupuesto procesal en materia de lo contencioso administrativo, específicamente en el medio de control de reparación directa.
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El plenario probatorio en la tutela ejecutiva en la búsqueda de la ponderación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y del derecho de defensa del ejecutado

El plenario probatorio en la tutela ejecutiva en la búsqueda de la ponderación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del ejecutante y del derecho de defensa del ejecutado

Nuestra tesis, respecto a los efectos de la suspensión, plantea la medida alternativa de la suspensión a la ejecución como una medida adecuada para no restringir el derecho de defensa del ejecutado y ponderar el derecho del ejecutante. Es decir, dado un proceso de ejecución con reglas claras (objetivo, finalidad, medios ejecutivos u otros) que faciliten la eficacia y suficiencia de la ejecución, la ejecución debe ser tal desde su inicio. De tal forma, en caso de formularse oposición según el titulo ejecutivo que originó la Tutela Ejecutiva (titulo judicial o extrajudicial), la posibilidad de suspender la ejecución cobre real dimensión de aplicación. Imaginemos un proceso de ejecución con medios ejecutivos adecuados como el embargo ejecutivo donde el juez desde el inicio tenga la potestad de afectar y rematar el bien, sin dilación alguna. El juez continuará la ejecución hasta el remate del bien, salvo que la suspenda por ofrecimiento de contracautela del ejecutado que garantice esa eficacia hasta la resolución de la controversia. Todo ello, resume la importancia de contar con un diseño procesal adecuado a las finalidades intrínsecas del proceso de ejecución.
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TítuloCrisis constitucional y abuso del derecho a la tutela judicial efectiva

TítuloCrisis constitucional y abuso del derecho a la tutela judicial efectiva

sos y amplios reconoce el art. 24.1 de la CE. Ha sido el amplio espectro de posibilida- des de esta garantía procesal, cuyo contenido esencial ha sido definido por el propio TC, el que ha hecho que sea la norma constitucional más invocable en los recursos de ampa- ro (FIGUERUELO). Forma parte del contenido esencial de ese derecho el que las reso- luciones judiciales sean motivadas (Art. 120.3 de la CE), no bastando cualquier moti- vación sino que se exige que estén fundadas en derecho. Con ello se pretende evitar la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública de juzgar. Ahora bien, la última pala- bra sobre lo correcto de la motivación la tiene el TC que es el máximo intérprete de los preceptos constitucionales y por ello define su contenido esencial. Entre la amplísima jurisprudencia creada al respecto destaca la idea de que el derecho a la tutela judicial efectiva protege pretensiones que se hacen valer ante los órganos jurisdiccionales y que se encuentran amparadas en normas vigentes del ordenamiento jurídico. Cuando esto no se da nos hallamos ante absurdos jurídicos. Este caso no lo cubre el deber de moti- var las resoluciones por los jueces sobre la base del Art. 24.1 de la CE. El “petitum” de la demanda del recurso contencioso-administrativo denegado por el TS no encajaba en ninguna violación de normas protegidas por el derecho a la tutela judicial efectiva como tampoco lo hace inadmitir un recurso de amparo dirigido a un Tribunal futuro que resol- viera sobre la irregular actuación del TC a la hora de seleccionar a sus Letrados.
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La tutela procesal de los derechos inherentes al ser humano como técnica procesal efectiva en el ordenamiento adjetivo peruano 2018

La tutela procesal de los derechos inherentes al ser humano como técnica procesal efectiva en el ordenamiento adjetivo peruano 2018

Compartimos lo afirmado por Monroy Palacios. Por mucho tiempo en la teoría general del proceso, se ha estudiado el proceso en un solo sentido, como si todas las pretensiones fueran iguales y necesitarían el mismo tratamiento, es mas cuando se discute el daño a la persona mediante procesos indemnizatorios se le ha dado el proceso mas largo como el proceso de conocimiento, mas bien existen procesos que buscan efectividad como son los procesos de ejecución de garantías, dando preferencia a derechos patrimoniales, esa diferencia de tratamiento dejando a los procesos amplios y dilatorios para los derechos de las personas, derechos de familia entre otros y el proceso breve y efectivo para derechos patrimoniales es lo que se llama doctrina clásica de la tutela en el proceso, que ha sido cuestionada desde mucho tiempo, existiendo nuevas concepciones del proceso donde se toma en cuenta a la persona y sus derechos inherentes como ser humano. En ese sentido Monroy Palacios afirma que la tutela diferenciada “contemporánea surge como un remedio específico para enfrentar el auge y desarrollo de los nuevos derechos —regularmente impersonales, extrapatrimoniales e infungibles—, que empiezan a marcar el nuevo rumbo del Derecho”(2004:47). La clasifica en tutela diferenciada preventiva y tutela diferenciada de urgencia. Al respecto si bien concordamos con lo afirmado, es necesario precisar que los derechos de las personas en si siempre existieron, el auge mas bien se da en la exigencia de que la tutela les brinde un adecuado tratamiento procesal (técnica procesal), no diferenciado, porque la tutela es la misma, sino que se le de la preferencia por el objeto material que se reclama como se le da a los derechos patrimoniales.
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La declaratoria de la admisibilidad de la acción de protección frente al derecho a la tutela efectiva

La declaratoria de la admisibilidad de la acción de protección frente al derecho a la tutela efectiva

Para poder tener una idea más clara sobre el término garantía, que desde el punto de vista jurídico está siempre vinculado con la idea de protección. Aunque lamentablemente la actual Constitución de la República del Ecuador radica en que se utiliza el término garantía como sinónimo del derecho, que se garantiza haciendo que en el plano constitucional y procesal las garantías del debido proceso comprenden las condiciones para asegurar la adecuada defensa, de aquellas personas cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración pero no se hace una división entre el derecho atribuible a las personas y la obligación de garantizarlo, con lo cual el titular del derecho tendría una garantía ficticia, puesto que las garantías constitucionales sobre derechos fundamentales no pueden ser establecidas por la misma norma que los confiere, solo puede ser establecida por otra norma (secundaria) que instituya mecanismos aptos para prevenir la violación de la primera, es decir, que prevea remedios para el caso de que la primera haya sido violada.
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Prueba procesal, presupuesto de la tutela judicial efectiva

Prueba procesal, presupuesto de la tutela judicial efectiva

J 10 –publicada en el BOE de 15 de julio de 1981–, son aquellos que responden a un sistema de valores y de principios de alcance universal que subyacen a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y a los diversos convenios internacionales ratificados por el Estado español. Noción que per- fectamente se puede aplicar al Derecho nicaragüense, especialmente a partir del contenido del artículo 46 Cn que reconoce la plena vigencia en el ordenamiento jurídico de los instrumentos internacionales de derechos humanos ahí consignados, dentro de los cuales destaca la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y que, en el ámbito doctrinal, en similar sentido se entiende como: fundamento del orden político de una sociedad. Expresan los espacios de dignidad de la persona humana, considerados indispensables para la convivencia democrática .”: M. D. OLLER SALA, “El derecho a la utilización de los medios de prueba como factor de dinamización del derecho probatorio”, en, X. ABEL LUCH, J. PICÓ I JUNOY, M. RICHARD GONZÁLEZ, (dir.), La prueba judicial. Desafíos en las jurisdicciones civil, penal, laboral y contencioso administrativa, Madrid, 2011, pp. 293, 304. En el mismo sentido, J. PICÓ I JUNOY, El derecho a la prueba en el proceso civil, Barcelona, 1996, p. 20 (nota 19).
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Vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del deudor alimentario, en la acción de reducción de alimentos por aplicación del artículo 565 a del código procesal civil

Vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva del deudor alimentario, en la acción de reducción de alimentos por aplicación del artículo 565 a del código procesal civil

pues constituye ‘condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo’ (artículo I, Título Preliminar de la Ley N° 26842, General de Salud). Por ello, deviene en condición necesaria del propio ejercicio del derecho a la vida y, en particular, a la vida digna. De otra parte, siempre que el derecho a. la integridad resulte lesionado o amenazado, lo estará también el derecho a la salud, en alguna medida. Sin embargo, son también posibles supuestos en que se afecte de manera directa y grave el mínimo vital necesario para el desempeño físico y social en condiciones normales. La salud resulta un estado variable, susceptible de afectaciones múltiples que incide en mayor o menor medida en la vida del individuo, dependiendo de sus condiciones de adaptación. Teniendo como base esta apreciación gradual de la salud, la protección del derecho a la salud importa la tutela de un mínimo vital, fuera del cual el deterioro orgánico impide Una vida normal o un grave deterioro de esta 69 . Debe tenerse presente que la vida no es un concepto circunscrito a la idea restrictiva de peligro de muerte, sino que se consolida como un concepto más amplio que la simple y limitada posibilidad de existir o no, extendiéndose al objetivo de garantizar también una existencia en condiciones dignas. Por esta razón, es indispensable la consideración de la vida en dignidad que, en este caso, se manifiesta como vida saludable” .
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Vista de La acción procesal, entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia
							| Nuevo Derecho

Vista de La acción procesal, entre el derecho a la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia | Nuevo Derecho

Al respecto, acceder a la justicia, implica la posibilidad de convertir una circunstancia que puede o no ser percibida inicialmente como un problema, en un cuestionamiento de naturaleza jurídica. Esta posibilidad requiere la construcción creciente de un proceso en el cual cada etapa supone la anterior. En primer lugar, es preciso reconocer la existencia de un problema y luego identificar ese problema como uno de naturaleza jurídica. En tercer lugar, es necesario identificar la persona (pública o privada) responsable de haber causado el pro- blema o que hubiera incumplido su obligación de resolverlo. Luego, es necesario convertir el problema en una demanda o reclamo ya sea judicial o administrativo y sostener el proceso iniciado ante los tribunales de justicia o ante la administración de justicia, con todo lo que ello implica: seguir, instar, monitorear el proceso contando con la asistencia jurídica necesaria, en su caso. Finalmente, una vez lograda la decisión judicial o administrativa, corresponderá hacer efectiva esa decisión de modo de gozar efectivamente del derecho violado o reparar su perturbación. (Birgin & Gherardi, 2012, pág. xiv).
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