Derecho de la vivienda

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México y el derecho a la vivienda

México y el derecho a la vivienda

Efectivamente, la vivienda se asume desde la segunda mitad del siglo pasado como un derecho humano; como una necesidad insoslayable de atención por parte de las políticas públicas estatales a fin de aproximarse al estado de bienestar al que toda sociedad aspira. Y es justamente esa condición, irónicamente, la que parece influir en que la resolución del problema habitacional y la proyectación de la vivienda escapen del ámbito de la arquitectura y atraiga a profesionales ajenos a la disciplina, sobre todo a especialistas financieros, cuya misión es hacerla llegar a las mayorías, sacrificando en el camino la esencia misma de la vivienda para convertirla en un producto sujeto a las leyes del mercado.
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LA MUJER Y EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

LA MUJER Y EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA

Sigue habiendo en demasiados lugares leyes y políticas flagrantemente discriminatorias que niegan a la mujer su derecho a una vivienda adecuada. Estas leyes deben derogarse y ajustarse a las normas internacionales de derechos humanos. Los Estados también deben revisar sus leyes y políticas para identificar casos en los que leyes aparentemente neutras desde un punto de vista del género, como las que emplean el concepto de “cabeza de familia”, pueden tener una repercusión discriminatoria en la mujer. Además de eliminar las disposiciones discriminatorias, ya sea en el derecho escrito o en el derecho consuetudinario, los Estados tienen que adoptar medidas específicas para garantizar a la mujer el pleno goce de su derecho a una vivienda adecuada. Esto debe incluir el reconocimiento explícito de este derecho y la obligación de no discriminación en este ámbito, disposiciones explícitas que establezcan la participación de la mujer en la elaboración, la aplicación y el control de las leyes, políticas y programas, el establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas a los que tengan acceso las mujeres, y actuaciones concretas respecto de los grupos más vulnerables y marginados, lo que incluye a las mujeres de tales grupos. Las leyes y políticas nacionales deberán hacer referencia también a las obligaciones internacionales y establecer mecanismos para aplicar las recomendaciones de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos. Además, es necesario realizar esfuerzos concretos para asegurar que las mujeres conozcan sus derechos y tengan los medios para exigirlos.
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El derecho a una vivienda digna ¿Derecho pragmático o simple afirmación de derecho?

El derecho a una vivienda digna ¿Derecho pragmático o simple afirmación de derecho?

claridad el derecho a la vivienda adecuada y digna, lo extiende al hábitat o condiciones físi- cas y factores biológicos del entorno en los que la vida humana sea posible para la persona y aun para la comunidad cultural a la que per- tenezca, que también ha sido motivo de desa- rrollo internacional mediante observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; se conserva la facultad de los Municipios para expropiar, reservar y con- trolar áreas para el desarrollo futuro y hacer efectivo el derecho a la vivienda, al hábitat y a la conservación del ambiente sano” (santama- ria, 2012) .
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La política pública ecuatoriana respecto del derecho al bienestar, relativo a la vivienda

La política pública ecuatoriana respecto del derecho al bienestar, relativo a la vivienda

El reconocimiento de los derechos a un hábitat seguro y a una vivienda adecuada, ingresó a formar parte del cuerpo de la nueva carta constitucional de Ecuador, refrendada el 28 de septiembre del 2008. La aprobación del reglamento denominado “derechos del buen vivir”, se instala como un avance institucional significativo en materia de vivienda y derecho a la ciudad. EI Derecho a una vivienda dignifica al ser humano, integrándose a la participación económica, social, cultural; establecida y reconocida en diferentes instrumentos internacionales de protección de Ios Derechos Humanos. EI Estado ecuatoriano ha ratificado declaraciones, convenciones y pactos de Derechos Humanos, que establecen Ias obligaciones del Estado, a mejorar las condiciones de vida de Ias personas, sin ninguna forma de discriminación, garantizando así el derecho a una adecuada vivienda. Por tal motivo, la presente investigación con diseño no experimental transversal con alcance descriptivo y explicativo, determina su estudio en el cumplimiento de este derecho en el territorio ecuatoriano, centrando su investigación en la parroquia urbana Bombolí, del Cantón Santo Domingo, lugar donde se verificó si en el periodo 2017- 2018, se han promovido y ejecutado políticas públicas eficaces para alcanzar el derecho al bienestar relativo a la vivienda, llegándose a determinar que al momento este derecho ha sido cubierto de forma insuficiente, por no decir inexistente para la población estudiada.
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El enfoque de género en el derecho a la vivienda

El enfoque de género en el derecho a la vivienda

A partir de estos principios de igualdad y de promoción de medidas positivas, la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género aborda también la cuestión de género y vivienda, menciona determinadas situaciones de las mujeres que la exponen a mayores riesgos y dificultades para acceder al ejercicio del derecho a la vivienda y llama la atención de los Estados Miembros sobre determinadas cuestiones. La Comisión defiende el derecho a la vivienda como un derecho fundamental para toda persona y condición para el ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como acceder a una existencia social, tener una vida privada y una vida familiar, poder cuidarse, descansar, encontrar empleo, disponer de una cuenta bancaria o incluso ejercer el derecho de voto. Recuerda que las mujeres de bajos ingresos suelen hacer frente a graves dificultades de vivienda y, por tanto, corren mayor riesgo de vivir en entornos inseguros e insalubres; y que esta situación tiene su origen en una discriminación sistémica para la mujer como la persistente discriminación en el mercado de trabajo, las diferencias salariales entre hombres y mujeres y, en consecuencia, las diferencias en materia de pensiones que influyen de manera significativa en el poder adquisitivo y estabilidad económica que conduce a que las mujeres se encuentren bajo el umbral de la pobreza en el último tramo de sus vidas. Considera que la crisis económica y financiera y las políticas de austeridad han agudizado el índice de desempleo femenino y agravado la ya precaria situación de empleo de determinadas mujeres. Al mismo tiempo, ha aumentado el número de personas que necesitan una vivienda más asequible, y esto ha impedido que se siguiese avanzando en la facilitación de opciones de vivienda a las mujeres desfavorecidas porque, además, los bajos ingresos y el desempleo dificultan el acceso de las mujeres a los préstamos bancarios y a las finanzas.
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“La legislación para el fomento de vivienda en el GADM Riobamba y su incidencia en el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna”

“La legislación para el fomento de vivienda en el GADM Riobamba y su incidencia en el derecho constitucional a acceder a una vivienda digna”

Nuestra legislación consagra el derecho que tienen las personas a disponer de un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, independientemente de su situación social y económica. La Constitución de la República del Ecuador, por su parte, establece que el Estado, en todos sus niveles de gobierno, garantizará el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual ha otorgado a los GAD Municipales, la función de implementar y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal. Inclusive les inviste de la potestad de emprender acciones para la expropiación de terrenos, con el objetivo de ejecutar planes de desarrollo social, propiciar programas de urbanización y de vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente y bienestar selectivo, previa justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la ley.
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Derecho a la Vivienda y Derecho a la Ciudad: Los campamentos tradicionales y los ‘otros campamentos’ de nuestras ciudades

Derecho a la Vivienda y Derecho a la Ciudad: Los campamentos tradicionales y los ‘otros campamentos’ de nuestras ciudades

Dentro de este proyecto también se investigó de for- ma cualitativa cómo son los modos de vida en estas tipologías de vivienda, a través de casos de estudios desarrollados en profundidad en campamentos, conventillos, cités, asentamientos en quebradas, edificios históricos en condiciones precarias, barrios precarios, villas de blocks y en edificios hiperdensi- ficados. Para el segundo semestre del 2018 se está trabajando en una segunda etapa de este proyecto, que consta de una encuesta que busca caracterizar socio-demográficamente a hogares localizados en vecindarios donde se vulnera el derecho a la vivienda adecuada. Los resultados de este proyecto en sus tres dimensiones; geográfica, cualitativa y cuantitativa serán un insumo significativo para conocer más so- bre estos lugares, avanzando hacia la respuesta de si efectivamente estas formas de habitar la ciudad
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La vivienda familiar como un derecho humano en México

La vivienda familiar como un derecho humano en México

de Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, se señaló que los Estados debían asegurarse de que las viviendas tengan acceso a la prestación de servicios como recolección de basura, transporte público, servicio de ambulancias o de bomberos. Ahora bien, el derecho a una vivienda adecuada es inherente a la dignidad del ser humano, y elemental para contar con el disfrute de otros derechos fundamentales, pues es necesaria para mantener y fomentar la salud física y mental, el desarrollo adecuado de la persona, la privacidad, así como la participación en actividades laborales, educativas, sociales y culturales. Por ello, una infraestructura básica de nada sirve si no tiene acceso a servicios básicos como son, enunciativa y no limitativamente, los de: iluminación pública, sistemas adecuados de alcantarillado y evacuación de basura, transporte público, emergencia, acceso a medios de comunicación, seguridad y vigilancia, salud, escuelas y centros de trabajo a una distancia razonable. De ahí que si el Estado condiciona el apoyo a la vivienda a que se resida en un lugar determinado, bajo la consideración de que lo hace con la finalidad de satisfacer el derecho fundamental a la vivienda digna y decorosa de los gobernados, la vivienda que otorgue debe cumplir no sólo con una infraestructura básica adecuada, sino también con acceso a los servicios públicos básicos, incluyendo el de seguridad pública ya que, en caso contrario, el Estado no estará cumpliendo con su obligación de proporcionar las condiciones para obtener una vivienda adecuada a sus gobernados” 7 .
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EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA: NOTAS PARA SU EXIGIBILIDAD

EL DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA: NOTAS PARA SU EXIGIBILIDAD

a) Seguridad jurídica de la tenencia. Una tenencia segura es la piedra de toque del derecho a una vivienda adecuada. La tenencia puede adoptar diversas formas, desde el alquiler, público o privado, la vivienda en cooperativa, el arriendo o los asentamientos informales. Pero lo que distingue a un derecho de una simple concesión revocable o de una mercancía es la posibilidad de gozar de su objeto con una cierta certidumbre, esto es, de una manera relativamente estable y con cierta inmunidad frente a alteraciones arbitrarias en su goce provenientes del Estado o del mercado. La seguridad jurídica es un elemento fundamental para todo ocupante: lo protege, entre otras cosas, contra hostigamientos, desalojos, expropiaciones y traslados arbitrarios. O contra aumentos súbitos o excesivos en los alquileres, introducidos por afán de ganancia, por especulación, o por razones que no reconozcan los derechos de los inquilinos. Y adquiere una especial gravitación para algunos colectivos, como las mujeres, que pueden verse forzadas a abandonar sus viviendas a causa de situaciones de violencia doméstica o que son discriminadas en el acceso a un título jurídico estable sobre sus casas o tierras, lo que puede facilitar su desalojo, por ejemplo, en situaciones de disolución matrimonial o de muerte de sus maridos.
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Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

Cooperativismo de vivienda autogestionario Una modalidad con enfoque de derecho humano para la calidad del hábitat

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, también reconoce explícitamente este derecho en su Artículo 11: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento…” (ONU, 1976). El derecho a la vivienda también tiene reconocimiento internacional. En la Declaración de los Derechos Humanos, Artículo 25, se plantea lo siguiente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en espacial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…” (ONU, 2012). El incumplimiento de los derechos constitucionales en cuanto a la propiedad y a una vivienda digna no se debe únicamente a la falta de acciones para garantizar el acceso, sino también a innumerables obstáculos que evitan que los sectores más pobres accedan a la propiedad de un lote o solución habitacional. Entre dichas dificultades se puede mencionar: la ausente (o insuficiente) y nada sistemática asignación presupuestaria estatal para 4. EL COOPERATIVISMO DE VIVIENDA POR AYUDA MUTUA AUTOGESTIONARIO.
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La paradoja del derecho a la vivienda en México: vivienda urbana nueva deshabitada, 1990-2010

La paradoja del derecho a la vivienda en México: vivienda urbana nueva deshabitada, 1990-2010

Se demuestra que lejos de ser una política de fomento a la vivienda que se rige bajo el derecho a la vivienda digna, es una política de financiamiento en apoyo al capital inmobiliario. Bajo el amparo de la liberalización de créditos y reestructuración de las instituciones financieras hipotecarias, y sostenida por los trabajadores como la única realmente población objetivo, por su estabilidad laboral y seguridad financiera, la política de financiamiento de la vivienda se convierte en un éxito para la clase empresarial de la construcción, dejando a las ciudades con infinidades de nuevos problemas (mala calidad del stock de viviendas, segregación socioespacial, generación de violencias) y que aquí se ocupa sólo de uno: viviendas deshabitadas.
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El derecho a una vivienda digna

El derecho a una vivienda digna

derecho a la vivienda 2004-2007, prorrogado en su vigencia por el Decreto 288/2007, de 24 de diciembre, establecía en su apartado a) un período de 90 años para las VPO que recibieran cualquier tipo de ayudas o se construyera en suelo público o bien de en suelos que por prescripción urbanística deben destinarse a vivienda protegida, o para viviendas con ayudas públicas a la promoción construidas sobre suelos sin prescripción urbanística de destino a vivienda protegida. y en los apartados b) y c) 30 años para las viviendas para viviendas protegidas promovidas sobre suelos sin prescripción urbanística de destino a vivienda protegida y sin ayudas públicas a la promoción y potestativamente a petición del promotor de la actuación, en la promoción de viviendas con protección oficial que tengan por objeto realojar a personas afectadas por actuaciones urbanísticas, todas de carácter e iniciativa públicos. El artículo 6 del RD 2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, correspondiente a la “Duración del régimen de protección de las viviendas y alojamientos protegidos y limitación del precio de las viviendas usadas”, establece:
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El derecho a una vivienda adecuada

El derecho a una vivienda adecuada

En consecuencia, un modelo de justiciabilidad de los derechos sociales (incluido el derecho a la vivienda ade- cuada) debiera ser compatible con el logro o maximiza- ción de dos valores fundamentales: 1) los compromisos normativos de un estado social y democrático de derecho (que incluyen la debida protección de los derechos socia- les) y; 2) con la necesaria deferencia al poder político al interior de una república democrática. Mark Tushnet ha captado esta cuestión de forma impecable al sugerir que la preocupación tradicional sobre la capacidad de los tribunales de justicia de hacer justiciables los dere- chos sociales suele asumir que la única forma de hacerlo es por medio de maneras intensas o fuertes de revisión judicial (strong adjudication). En un modelo de revisión judicial fuerte las interpretaciones judiciales de la Cons- titución resultan finales e irrevisables por parte de las mayorías legislativas ordinarias. Pero lo cierto es que tal presunción de intervención judicial fuerte desconoce la posibilidad de otras formas, más atenuadas o deferentes de intervención judicial (weak adjudication). En modelo de revisión judicial débil, en tanto, se busca promover un diálogo en tiempo real entre las cortes y el legislador, proveyendo mecanismos para que el pueblo responda a las decisiones que consideran razonablemente equi- vocadas y que pueden ser desplegados de manera más rápida que las reformas constitucionales o la designa- ción de jueces (Tushnet, 2008).
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Derecho a la vivienda  Ámbito nacional y Derecho comparado

Derecho a la vivienda Ámbito nacional y Derecho comparado

El derecho a la vivienda recogido en el artículo 47, no hace depender este acceso a la vivienda de las capacidades o recursos económicos de cada persona, es decir, no va dirigido especialmente a determinados grupos sociales que puedan encontrar mayores dificultades para encontrar una vivienda o para poder financiar su hipoteca o su arrendamiento. A pesar de ello, los organismos públicos se encargan de fomentar y facilitar este acceso a determinadas minorías que puedan tener mayores obstáculos (jóvenes, inmigrantes, mujeres maltratadas, etc.) o a otros colectivos que por razón de sus circunstancias personales tengan una mayor necesidad (tercera edad). A este último grupo social se refiere el artículo 50 CE cuando establece la obligación de los poderes públicos de garantizar «mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio».
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Vivienda derecho del trabajador

Vivienda derecho del trabajador

Es por eso que considero que el tema relativo a la vivienda como un derecho para el trabajador y la sociedad que la requieren es de gran importancia y no es posible que lo dejemos pasar sin detenernos a analizarlo aunque de una manera muy somera para poder encontrar una solución a este problema tanto para nuestro Estado como para el País, ya que los trabajadores que obtienen ingresos bajos y en general la población que no cuenta con un satisfactor de primera necesidad como lo es una vivienda problema que repercute de algún modo en sus trabajos ya que no son lo productivos que pudieran ser si tuvieran satisfechas sus necesidades de vivienda para el y su familia, lo cual trae como una consecuencia de alguna forma que no lleguen a insertarse como unos buenos integrantes de nuestra sociedad.
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¿Patrimonialización del Derecho de uso de la Vivienda familiar?

¿Patrimonialización del Derecho de uso de la Vivienda familiar?

La más reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo se pronuncia claramente por el carácter alimenticio de la atribución del derecho de uso de la vivienda, en cuanto una forma de satisfacer una de las necesidades del hijo menor. Lo cual no excluye que si la misma se encuentra satisfecha por otros medios, no habrá lugar a pronunciarse sobre la adjudicación del derecho de uso al menos en consideración a los hijos (STS. 29 marzo 2011, nº. res. 191/2011). No obstante, la consideración del derecho de uso de la vivienda como una forma de pago del deber de alimentos, sigue siendo una cuestión controvertida al menos en Derecho estatal, principalmente porque de ser así, el titular del derecho de uso sería en todo caso el hijo, que en caso de ser mayor de edad pero económicamente dependiente, podría exigir para así la atribución del derecho de uso incluso contrariamente a los acuerdos de sus padres, y además en un procedimiento matrimonial del que no es parte.[41] E igualmente, aun reconociendo la titularidad del derecho al alimentista menor de edad, cualquier cambio de residencia que pudiese ser acordado por ambos padres con oposición del menor ocasionaría un conflicto de intereses que forzaría el nombramiento de un defensor judicial (art. 163 CC) y el correspondiente pronunciamiento judicial, respecto a una cuestión tan trascendental como el establecimiento de la residencia.[42] No obstante, hay que tener en cuenta que cualquier acuerdo entre los padres que modifique o extinga el pacto de convivencia (caso de que se hubiese adjudicado individualmente la convivencia y el derecho de uso), deberá ser aprobado por el Juez, después de ser oído el Ministerio Fiscal[43]
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Derecho al suelo y la ciudad en América Latina  La realidad y los caminos posibles

Derecho al suelo y la ciudad en América Latina La realidad y los caminos posibles

El proyecto de LEVIS presentada por la CONAPO , propone: a) declarar de in- terés público el acceso al suelo para la producción de vivienda de interés social; b) crear mecanismos que faciliten a las familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos formas de acceso al suelo, como condición previa y necesaria, pero no suficiente, para tener acceso a la vivienda; c) disminuir el tiempo para la prescrip- ción adquisitiva; d) crear una Cartera Inmobiliaria que garantice la disponibilidad de suelo con las características de habitabilidad estipuladas en la ley, para la construc- ción de viviendas de interés social; e) dicha cartera estará integrada por el conjunto de inmuebles adquiridos por el Estado para tal fin y será administrada por el ente gubernamental rector, a través de su dependencia ejecutora de los programas y pro- yectos del sector; f) los inmuebles podrán ser adquiridos al Estado o a privados, si- guiendo un marco de regulaciones y mecanismos, diferenciados de acuerdo al tipo de propietario, con base en las leyes vigentes y lo que estipula ésta; g) los inmuebles tendrán como destino único la construcción de viviendas de interés social. La aprobación del Decreto de Transferencia de suelo a las cooperativas de vi- vienda en el CHSS , así como la aprobación de la LEVIS , marcarían un punto de inflexión relevante en la historia salvadoreña. Ambas son medidas de transfor- mación profunda en la historia del despojo y la exclusión territorial al pueblo salvadoreño. Admitir, acompañar y apoyar este tipo de iniciativas ciudadanas es urgente y se trata de hacer cumplir un derecho humano fundamental: contar con suelo para edificar la vivienda, para construir el presente y el futuro familiar y comunitario, para poder pensar en un desarrollo real y equitativo.
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La controversial relación entre la inembargabilidad automática de la vivienda única y los derechos humanos

La controversial relación entre la inembargabilidad automática de la vivienda única y los derechos humanos

Esto es así porque al atribuir la Constitución al Congreso la facultad de dictar el Código Civil, ha querido poner en sus manos lo referente a la organización de la familia, a los derechos reales, a las sucesiones, a las obligaciones y a los contratos, es decir, a todo lo que constituye el derecho común de los particulares considerados en el aspecto de sus relaciones privadas (Fallos: 156:20, 36, 37)...Como lo ha declarado el Tribunal, las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación y no les está permitido dictar los códigos después de haberlos sancionado el Congreso, precepto que no deja lugar a duda en cuanto a que todas las leyes que estatuyen sobre las relaciones privadas de los habitantes de la república, sean personas físicas o jurídicas, al ser del dominio de la legislación civil y comercial, están comprendidas entre las facultades de dictar los códigos fundamentales que la Constitución atribuye exclusivamente al Congreso (Fallos: 150:320, 326).
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Proyectos y programas en desarrollo 2009/2010

Proyectos y programas en desarrollo 2009/2010

Objetivos: Entendiendo el derecho a la ciudad y la vivienda como el derecho a una vida social integrada sin exclusiones, se propone el funcio- namiento de un Consultorio del Hábitat, confor- mado por un equipo de docentes y alumnos del Taller Vertical de Arquitectura Nº1 Bares-Bares- Casas y graduados de la FAU-UNLP, como ámbi- to de transferencia, participación e intercambio desde el asesoramiento técnico a las demandas sobre los problemas emergentes de la población del Barrio Savoia de City Bell. En lo específico además, coordinará las acciones de un Taller Participativo a fin de asesorar en la instancia de Anteproyecto para el Centro Deportivo.
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La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía

La vivienda popular, de la marginación a la ciudadanía

la larga tradición de los movimientos asociativos populares y la influencia de los “niveladores”. Creo pertinente tener en cuenta estas dos líneas históricas de derechos. Las revoluciones del siglo XVIII fueron nacionales (el derecho de los pueblos) y reconocieron los derechos individuales. La declaración de derechos humanos de la Revolución francesa (1789) proclamó “la libertad, la igualdad y la fraternidad”. Pero la Constitución (1791) concretó estos derechos en “libertad, seguridad, propiedad y resistencia a la opresión”. La Revolución estadounidense (1775-83) fue una insurrección promovida por los propietarios que se sentían expoliados por el gobierno británico por medio de impuestos (“No impuestos sin representación”). La Constitución (1787) fue muy criticada ya en su momento por Thomas Paine, por su carácter extremadamente individualista. La posterior declaración de derechos (Bill of Rights, 1789), a pesar de los intentos de promover los derechos humanos por parte de Jefferson (“El derecho a la búsqueda de la felicidad”), mantuvo el individualismo. Como es bien sabido, la promoción de los derechos y de las políticas sociales en Estados Unidos ha sido muy larga, más rezagada que en Europa (hasta el welfarestate del período rooseveltiano) 4 . Los derechos sociales colectivos emergen inicialmente en Inglaterra, que expresa en la Carta Magna y principalmente en su complemento, la Carta del Bosque (1217), que en los siglos siguientes se desarrolla mediante la Ley de pobres(1601) la presión de los levellers y las ampliaciones progresivas de la citada ley. Se reconocen colectivos sociales que requieren una atención específica: desocupados o sin ingresos, afectados por las crisis o catástrofes, ancianos y niños desvalidos, los que ahora llamaríamos “sin techo”, etc. Se establece que los “barones” (los propietarios) deben atender a los pobres y,si no lo hacen, los jueces los deben sancionar. Obviamente, estas normas fueron aplicadas vagamente: se consideraban más bien obligaciones morales que jurídicas; pero en muchos casos se aplicaban y han tenido una influencia que ha perdurado hasta hoy. En el Reino Unido, la cultura política reconoce aún hoy la existencia de clases sociales (lo cual no significa que se pretenda cuestionar la jerarquía social). La regresión social que se produjo con la Revolución Industrial (recuerden la obra clásica de Engels La condición de las clases trabajadoras en Inglaterra) provocó una recuperación de las tradiciones asociativas ( unions), los valores de los levellers y las exigencias de políticas sociales específicas. Su vigencia, o mejor dicho su prestigio, se demuestra en la gran exposición que ha producido la British Library con ocasión del aniversario ochocientos de la Carta Magna (1215-2015) 5 .
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