Derecho de participación

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El reforzamiento del derecho de participación de los trabajadores en las actividades preventivas de la empresa

El reforzamiento del derecho de participación de los trabajadores en las actividades preventivas de la empresa

El deber del Estado español de incorporar al ordenamiento interno las numero- sas directivas comunitarias en materia de salud laboral, mediante la armonización de la normativa interna con la legislación comunitaria europea, se resolvió mediante la aprobación de la Ley 31/1995, de 10 de noviembre, de Prevención de Riesgos Labo- rales, que satisface la transposición al Derecho interno de la Directiva 89/391/CEE, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. Esta directiva comprende la introducción en el ámbito de la prevención de riesgos laborales de un modelo espe- cífico de representación de los trabajadores en esta materia. En el presente estudio se analiza desde las competencias y facultades que corresponden a estos representantes, y cómo mediante la elaboración de una amplia variedad de medidas comunitarias se ha impulsado el derecho de participación de los trabajadores en la seguridad y salud a través de la intervención del legislador nacional y de la negociación colectiva.

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La construcción teórica del derecho de participación política

La construcción teórica del derecho de participación política

El sustrato sobre el que se basan las argumentaciones que conceptualizan a la participación política como un derecho intrínseco del ser humano, es la ponderación de la dignidad y autonomía de las personas, así como el reconocimiento mutuo de la existencia de ciudadanos libres e iguales. Siguiendo a Nino (1996, 416 y ss.), es posible afirmar que, en la justificación liberal de los “derechos individuales”, éstos son los derechos morales que los hombres tienen por el hecho de ser hombres. Siendo la propiedad de ser un individuo humano el motivo antecedente que sirve de condición suficiente de estos derechos, porque el hombre es un fin en sí mismo. Para el mencionado autor, detrás del reconocimiento de los derechos individuales subyace el principio de la dignidad de la persona humana, como uno de los principios fundamentales de la concepción liberal del hombre y de la sociedad. Este principio indica que las personas deben ser tratadas y juzgadas por sus acciones voluntarias, y no según su raza, sexo, religión, clase social, etc. De ello se infiere la prohibición de toda persecución y discriminación por los mismos motivos. Para Nino, este principio está en la base de la participación democrática en el gobierno: el respeto por la decisión autónoma de la persona y de su derecho a escoger su propio plan de vida.

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El voto facultativo como un derecho de participación en el Ecuador

El voto facultativo como un derecho de participación en el Ecuador

En la historia de Chile y Venezuela, ambos países atravesaron el mismo momento de baja confianza ciudadana y altos porcentajes de abstencionismo previa a la transición del voto obligatorio por el voto voluntario; por una parte, en Chile antes de las reformas el voto era obligatorio pero su inscripción era voluntaria, por ende la propuesta se encaminó a una inscripción automática en el padrón electoral, porque muchos ciudadanos no accedían a la inscripción y los inscritos no participaban, pese a este elevado índice de ausentismo la legislación chilena procuró contrarrestar esto con la participación voluntaria e impartir mayor promoción de la democracia, pero “en las primeras elecciones municipales con este nuevo sistema, el ausentismo marcó el 60 por ciento”. 147

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El derecho a la participación ciudadana en la planeación urbana como elemento fundante para el derecho a la ciudad

El derecho a la participación ciudadana en la planeación urbana como elemento fundante para el derecho a la ciudad

El presente documento tiene por objeto analizar el derecho a la participación ciudadana en la planeación urbana como elemento del derecho a la ciudad en la configuración normativa vigente del derecho urbano en Colombia. Para la consecución de esto, se abordaron una serie de aproximaciones conceptuales a lo que se ha entendido por derecho a la ciudad; posteriormente, se determinó el alcance de la participación ciudadana como fundamento del derecho a la ciudad; luego, se determinó el alcance del derecho de participación democrática consagrado en el ordenamiento jurídico y en la función pública del urbanismo colombiano; y por último, se determinó el alcance de las normas contenidas en el ordenamiento jurídico en lo relacionado a la participación en la planeación urbana y la relación de las mismas con el derecho a la ciudad. La metodología aplicada se enmarca en una investigación jurídica de tipo cualitativa documental, pues aborda el marco normativo vigente en lo que respecta a la participación en la planeación urbana. Todo ello, permitió identificar que, a pesar de la no consagración expresa del derecho a la ciudad en el ordenamiento, los canales de participación urbana abren la puerta a la aplicación de este como un derecho colectivo.

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portante concretar el ámbito de aplicación del artículo 23 CE. Según nuestro Tri- bunal Constitucional, el derecho de participación reconocido en el artículo 23 CE se circunscribe a lo que él mismo ha denominado “democracia política” (STC 119/1995, FJ 4), a la participación en el poder político como manifestación de la soberanía popular (SSTC 51/84, de 25 de abril, FJ 2; 119/1995, FJ 3), en su modalidad representativa o directa. No reconoce pues el artículo 23 CE un de- recho genérico de participación política, sino un derecho de participación políti- ca stricto sensu. En palabras del Tribunal Constitucional: “El art. 23.1 C.E. no ga- rantiza ‘un derecho a que los ciudadanos participen en todos los asuntos públi- cos, cualquiera que sea su índole y su condición”, sino sólo allí donde existe un llamamiento específico a intervenir en la toma de decisiones políticas encuadra- bles en dicho artículo. Para “determinar si estamos o no ante un derecho de par- ticipación política, encuadrable en el art. 23.1 C.E., habrá que atender, no sólo a la naturaleza y forma del llamamiento, sino también a su finalidad: sólo allí don- de la llamada a la participación comporte, finalmente, el ejercicio, directo o por medio de representantes, del poder político –esto es, sólo allí donde se llame al pueblo como titular de ese poder– estaremos en el marco del art. 23.1 C.E. y po- drá, por consiguiente, aducirse el derecho fundamental que aquí examinamos” (STC 119/95, FJ 5). Este es el caso de la participación ciudadana directa en el poder político, a través de mecanismos consagrados en la Constitución, en con- creto de la iniciativa legislativa popular (artículo 87.3 CE), del referéndum (artí- culos 92; 149.1.32; 151.1; 151.3; 152.2; 167.3; 168.3 CE), y de la participación directa a nivel local en municipios con régimen de Concejo Abierto (artículo 140 CE) (vid. SSTC 63/1987, FJ 5; 76/1994; 119/1995, FJ 3; 103/2008; 31/2010, de 28 de junio, FJ 69) 17 .

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Garantía de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en el multinacionalismo y el neoconstitucionalismo

Garantía de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en el multinacionalismo y el neoconstitucionalismo

La Sentencia T-349 de 1996 establece la siguiente inquietud: “¿Cuáles son con- cretamente los límites que la constitución impone al ejercicio de facultades juris- diccionales por las autoridades de las comunidades indígenas, específicamente en el caso del juzgamiento de la conducta de uno de los miembros contra otro, cuando ésta ha tenido lugar dentro del territorio de la comunidad respectiva?”. En respuesta a esta pregunta, la Corte Constitucional parte de la importancia de la autonomía jurisdiccional indígena representada por su cultura; así, para entrar a analizar una tensión existente entre diversidad y derechos fundamentales, se ponderan las características que integran la cultura indígena, como la lengua, los usos y costumbres, la religión, la mitología, y solo podrá cerrarse la maximización de su autonomía cuando esté en contra del núcleo intangible del derecho a la vida, la prohibición a la esclavitud y la prohibición a la tortura.

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La Participación es un Asunto de Niños

La Participación es un Asunto de Niños

Tesis de grado donde los autores generan una serie de preguntas, discusiones y consideraciones que tienen como objetivo ampliar la comprensión en relación con la participación, en especial desde la primera infancia. Para ello, problematizan las posturas teóricas más relevantes respecto de la participación infantil: Hart, Gaitán, Trilla y Novella y Lansdown, develando algunas de las propuestas para su ejercicio. Mencionan argumentos que son la plataforma sobre la cual se construyen sus postulados como el ideal democrático, el enfoque de derechos, la construcción de ciudadanía o los espacios generados por los adultos, entre otros. Así también evidencian que para promover la participación desde la primera infancia es necesario considerar posturas que promuevan otros debates, por lo cual proponen retomar las categorías analizadas por Bourdieu y Foucault respecto del “campo” y las “relaciones de poder”, así como la propuesta de Bustelo quien pondera la infancia como un nuevo comienzo y en tal sentido plantean la participación de los niños y niñas desde una perspectiva transformadora y emancipadora.

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La ciudadanía cosmopolita y "el derecho de gentes" de John Rawls

La ciudadanía cosmopolita y "el derecho de gentes" de John Rawls

2) El sistema jurídico debe estar dispuesto de tal modo que imponga obli- gaciones morales de buena fe, distintas de los derechos humanos, a todas las personas residentes en su territorio. La concepción de la persona no exige la aceptación de la idea liberal de que las personas son ciudadanos y tienen de- rechos fundamentales iguales como ciudadanos iguales. Se trata más bien de ver a las personas como responsables y cooperadores con sus distintos grupos; 3) Debe haber una creencia sincera y razonable, por parte de los jueces y administradores del sistema jurídico, en que el derecho está efectivamente orientado por una idea de justicia como bien común.

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ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA USFX 2010-2018

ESTUDIO EXPLORATORIO DE LA INTERACCIÓN SOCIAL Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN LA USFX 2010-2018

Las Facultades con mayor cantidad de estudiantes que optan por la Beca Interacción Extensión son la Facultad de Derecho (730) y la Facultad de Ciencias Agrarias (673). La Facultad de Medicina (301) y de Humanidades (296) sus estudiantes participan en una menor proporción. La Facultad de Economía (183) se encuentra en un quinto lugar en cuanto a la participación de estudiantes en dicha beca.

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Derecho a la participación desde la gestación

Derecho a la participación desde la gestación

Reconocer, valorar y respetar a los niños y las niñas como sujetos titulares de derechos, aún antes de nacer, es un compromiso de la Alcaldía de Medellin. Por esto, mediante el convenio de asociación número 4600029254 de 2010, La Secretaría de Educación, a través del Programa Buen Comienzo, y la Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano - Cinde, se articularon con el propósito de unir esfuerzos y recursos técnicos, financieros y administrativos para implementar el Laboratorio Pedagógico de Participación desde la Gestación; el cual tuvo como objetivo formar a los y las agentes educativos responsables del acompañamiento inteligente y afectuoso a los niños, niñas, madres gestantes y lactantes y familias, para el desarrollo de competencias en educación inicial, favoreciendo la práctica de conductas posibilitadoras del ejercicio de la participación en la primera infancia.

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El constitucionalismo ecológico un análisis comparado. Colombia - Ecuador

El constitucionalismo ecológico un análisis comparado. Colombia - Ecuador

En otras latitudes del continente americano, en el 2000, la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica argumentó; La responsabilidad por daño ambiental siempre es objetiva, independiente que exista o no norma expresa para ello, toda vez que es un principio general del derecho reconocido por su Constitución; Sólo basta con la existencia del daño para endilgársele al agente, quien debe indemnizar, por cuanto existe una presunción de culpabilidad, desde el mismo momento que empezó a asumir el riesgo de la actividad y por último los eximentes de responsabilidad son: la fuerza mayor, la culpa de la víctima y el hecho de un tercero.

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Participación y analogía en la fundamentación del derecho según Santo Tomás de Aquino

Participación y analogía en la fundamentación del derecho según Santo Tomás de Aquino

En otras palabras, el derecho entendido como ipsa res iusta es el objeto de la justicia (conforme la tesis propuesta en la cuestión 57), el objeto terminativo, o sea, como dice Felix Lamas: “el derecho no es tanto la acción misma (como movimiento) cuanto el término objetivo de dicha acción y que, como tal, se verifica en relación a otro” (14). En consecuencia, la justicia tiene un doble objeto: la conducta o acción realizadora del acto justo (que constituye el objeto inmediato de la virtud, que como tal tiene que consistir en una acción o una pasión) y el objeto exterior al que está dirigida y en el cual termina la acción, que puede materializarse en una cosa exterior o en el propio acto considerado en su esteriorización y resultado con prescindencia (aunque reconociendo la vinculación) de aquella, en tanto este objeto (terminativo) se identifica con lo suyo, o el derecho del otro (15) . Conforme a este doble objeto, Pieper y Hervada hablan del acto de justicia como acto segundo en tanto supone la preexistencia de un acto primero que es la constitución del derecho (16), apoyándose en el texto de Santo Tomás de la suma contra Gentiles II, 28: “Siendo el acto de justicia dar a cada uno lo que es suyo, al acto de la justicia precede otro acto por el cual alguien se apropia de algo, según consta por las cosa humanas, pues uno trabajando merece que se convierta en suyo lo que el retribuyente le da por acto de justicia. Por tanto, aquel acto por el cual, en un principio, alguien se apropia de algo, no puede ser acto de justicia” (17). O sea, la justicia presupone y sigue al derecho.

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Participación y cooperación público-privada en el derecho del turismo

Participación y cooperación público-privada en el derecho del turismo

(22) La Comisión Europea, considerando que se debe otorgar una amplia participación en el marco de un desarrollo turístico sostenible, elaboró la “Agenda 21–Sostenibilidad del sector turístico en Europa” en la que engloba la participación de todos los interesados –entre otros, la población local, las ONG`s y las asociaciones que representan diferentes sectores de la industria del turismo-. Por su parte, el Consejo Mundial de los Viajes y del Turismo y el Consejo de la Tierra, en su informe “Agenda 21 para la Industria del Viaje y del Turismo: Hacia un desarrollo medioambientalmente sostenible”, asumen como principio informador de un turismo sostenible la participación de los ciudadanos afectados por los procesos de desarrollo turístico y, en concreto, la participación en los procesos de decisión en materia de planifi cación. En la misma línea se debe citar la Carta del Turismo Sostenible: “la contribución activa del turismo al desarrollo sostenible presupone necesariamente la solidaridad, el respeto mutuo y la participación de todos los actores implicados en el proceso, tanto públicos como privados. Esta concertación ha de basarse en mecanismos efi caces de cooperación a todos los niveles: local, nacional, regional e internacional” (principio 4º de la Carta). La Carta consolida la idea participativa, desde un punto de vista cooperativo, en el principio 9º: “los gobiernos y autoridades competentes, con la participación de las ONG`s y las comunidades locales, deberán acometer acciones orientadas a la planifi cación integrada del turismo como contribución al desarrollo sostenible”.

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Calendario Anexo 5 2013

Calendario Anexo 5 2013

Valorar la importancia de los lazos familiares en la vida del hombre y su rol en la Educación. Estimular el acer- camiento de la familia a la escuela. Revalorar los sistemas de participación comunitaria. Lograr recuperar el concep- to del hombre libre y responsable que se

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EL DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: UN INSTRUMENTO ESENCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  DERECHO ESTATALY LOCAL

EL DERECHO DE ACCESO A LOS DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: UN INSTRUMENTO ESENCIAL PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DERECHO ESTATALY LOCAL

do derecho de acceso a la documentación administrativa se entienda derivación de un más amplio dere- cho a la participación, en la medida en que el mismo se estime expresión concreta del status activae civitatis. Siendo así que, según se deduce del art. 23. 1 de nuestra Norma Suprema, deben ser consi- derados ciudadanos quienes gocen de plenos derechos a participar en los asuntos públicos, especifi- cando a tal efecto el art. 13. 1 CE que, en principio y a salvo lo que pueda disponerse en régimen de reciprocidad para el ámbito local, solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el art. 23. 1. De lo que se infiere, derechamente, que en el ordenamiento jurídico español tendrán la consideración de ciudadanos aquellas personas físicas a quienes se refieren la totalidad de los dere- chos fundamentales reconocidos en la Constitución y muy particularmente los derechos políticos con- tenidos en su texto». P OMED S ÁNCHEZ : El derecho de acceso de..., pp. 153-154. La misma opinión,

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Infancia y derecho a la participación en el contexto educacional chileno

Infancia y derecho a la participación en el contexto educacional chileno

A pesar de lo anterior, Corvera (2011) señala que si bien la CDN produce un salto en el paradigma del abordaje de la infancia en el discurso (desde el paradigma de la situación irregular al niño/a como sujeto de derecho), esto no ocurre en el tejido social, puesto que existiría aún una sociedad adultocentrista que observa a la infancia como un grupo “sin voz”. En la misma línea, Salazar (2009) se refiere al uso peyorativo que se le da al concepto de infancia -por ejemplo, utilizando el término “infantil” para descalificar a alguien- y plantea diversas reflexiones sobre cómo la sociedad chilena entiende la infancia, siendo ésta una categoría que está por debajo de la categoría de adultez. Del mismo modo, Corvera (2011) indica la importancia de la participación como una forma que permite a los niños constituirse como sujetos de derecho, participación que, desde el punto de vista del autor, se daría más en el discurso que en la realidad tangible desde las instituciones y políticas públicas dirigidas al trabajo con infancia.

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La democracia como lenguaje en uso  La dicotomía democracia formaldemocracia sustantiva en el discurso de Parque Norte

La democracia como lenguaje en uso La dicotomía democracia formaldemocracia sustantiva en el discurso de Parque Norte

De ahí que la imagen de una necesaria “consolidación democrática” se cons- truyera simbólicamente estipulando un único sentido del orden asentado en dos niveles: el procedimental –sostenido en la reivindicación absoluta de la ley como garante de la libertad, la igualdad, la vida y la seguridad– y el ético –apoyado en la constitución de un piso común de creencias que implican el respeto y la aceptación de ese marco institucional-. Aquí está el problema. La “sublimación de la política” tiene lugar en la “imposibilidad” de disputar los contenidos de la ética liberal y de “poner a prueba” la legitimidad de los procedimientos. Tan pronto se reconoce a la política una productividad propia, ella es domesticada mediante procedimientos formales. Someterse a ellos es signo de lo razonable que todo ciudadano de una república democrática debe ser, simplemente porque esto es lo más democrático que se puede ser. Después de todo, “lo democrático se acota como lo que es: el te- rreno de la defensa de las libertades civiles y políticas y el sometimiento del orden político a la ley” (Portantiero, 1985:116). El llamado de Alfonsín a “defender las reglas constitutivas y normativas” servía simbólicamente para producir, en térmi- nos de Rancière, “un régimen de identidad de la comunidad consigo misma para hacer que se desvanezca la política bajo un concepto del derecho que la identifica con el espíritu de la comunidad” (1996:137). Se celebra una refundación de la democracia sobre los principios fundadores del liberalismo, el sometimiento de lo político en la persona del Estado, a la regla jurídica, encarnada en el contrato que pone en comunidad las libertades individuales y las energías sociales. Se trata pues de un sometimiento de lo político a lo estatal por rodeo de lo jurídico. Y se trata, por tanto, de la construcción de un orden específico asentado en la “identidad” entre democracia y Estado de Derecho.

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DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y A LA CONSULTA PREVIA EN LATINOAMÉRICA

DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y A LA CONSULTA PREVIA EN LATINOAMÉRICA

Si bien algunas de las Constituciones no se refieren expresamente a este mecanismo, este tiene bases legales en los artículos 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, según los cuales los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes elegidos libremente. Existen cláusulas de apertura que permiten incorporar el derecho internacional de derechos humanos en nuestras Constituciones. Desde una interpretación pro homine, la consulta ciudadana debe reconocerse como mecanismo válido y legal, pues implica el desarrollo del derecho a la participación política, y supone el fortalecimiento de la democracia. Por lo demás, en su mayoría, nuestras Constituciones señalan que un Estado democrático no puede restringir el ejercicio de los derechos, sino, por el contrario, ampliarlo, como ocurre con el desarrollo de nuevos mecanismos de participación y control ciudadano, en aplicación del principio de “progresividad de los derechos humanos”. Por ejemplo, la Constitución peruana señala en el artículo 43 que “La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana”, lo que implica una vocación por desarrollar instituciones que realicen en la práctica esa definición. Las instituciones de participación ciudadana apuntan al contenido esencial del carácter democrático y social de la República. El artículo 3 recuerda que “la enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno”.

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La participación social un derecho en salud

La participación social un derecho en salud

El EBAIS puede por sí mismo, o participando en las iniciativas que el Ministerio de Salud, como organismo rector que es, involucrar a todos los grupos, organizaciones, instituciones y personas de su área al realizar el ASÍS conjuntamente, e iniciar una acción que requiere del esfuerzo y la participación de todos. Con esto se entiende que la salud es un producto social. En los otros niveles de atención (segundo y tercero), la participación es más indirecta y se da a través del quehacer de grupos organizados con objetivos muy específicos, o del trabajo voluntario de algunas personas y la oportunidad de participar en la toma de decisiones es menor. Actualmente, la conformación de las Juntas Hospitalarias, abre nuevas oportunidades en estos niveles.

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Concepciones de participación de los estudiantes de Derecho en Colombia

Concepciones de participación de los estudiantes de Derecho en Colombia

activamente y se involucren en la toma de decisiones relevantes para el pueblo” (entrevista con estudiante). Sartori, por su parte, sostiene que “El pueblo comienza desde el demos de los griegos. Y del demos había, ya en el siglo V a.c. muchas interpretaciones. Por ejemplo para Aristóteles el demos expresaba a los pobres”. Para los estudiantes, es “el derecho que tiene la ciudadanía en la elección de sus gobernantes, como Estado democrático que es Colombia”. Esto evidencia una concepción de representación que define la democracia. Al respecto, otros plantearon lo siguiente: “consiste en tener acceso directo y real a las instituciones, incidir en sus decisiones, poder ejercer control en lo que se maneja y conoce se manejan”. Este texto se refiere a la democracia directa en la que cada uno de los asociados tiene una incidencia en la construcción de su sociedad; “Es la acción que tienen todas las personas para hacer efectivos y defender sus derechos, los que tienen por ser persona y ciudadano”; aquí, se hace una clara alusión a la democracia participativa; “o la integración de la población civil en la toma de decisiones políticas a través de la participación activa” (estudiantes entrevistados). Esta perspectiva implica el poder de participar y supervisar la administración y el gobierno, lo cual conforma un espacio que permite interactuar y controlar las políticas que nos atañen, lo cual significa que la participación se comprende como la oportunidad de los ciudadanos de incidir activamente en las cuestiones que les competen. Al respecto, Sartori encuentra que:

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