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Sobre el derecho europeo de la responsabilidad civil

Sobre el derecho europeo de la responsabilidad civil

oggettiva e funzione deterrente. Note sparse”, Nuova giur. civ. comm. 2 (2008): 296: “Europa, como sabemos, no solo nos imparte un ‘derecho comunitario’ hecho de directivas que vinculan formalmente las legislaciones de los Estados miembros; se extiende también a un ‘derecho común’, formado por elaboraciones ‘normativas’ en sentido amplio, cuyo valor se basa no tanto en la soberanía formal de un rulemaker, cuanto en la autoridad cultural de expresiones cualificadas de la academia, de las profesiones, de la sociedad”; Vincenzo Roppo, “Sul diritto europeo dei contratti: per un approccio costruttivamente critico”. Eur. e dir. priv. (2004): 439 y s.s., y, en parte, 440-441: el “derecho común europeo” se presenta como “un conjunto de reglas, principios, categorías, que no se genera por la vía autorizada y burocrático; sino que nace ‘desde abajo’ —el nivel, si se quiere, de la sociedad civil— a causa de las elaboraciones intelectuales, mediación cultural, la circulación y modelos de reparto progresivo, autoritario y burocrático; más bien nace ‘de abajo’ —al nivel, si se quiere de la sociedad civil— por vía de elaboraciones intelectuales, de mediaciones culturales, de circulación y progresivo compartir de modelos, dentro de un proceso no institucionalizado”, a diferencia del “derecho europeo comunitario”, “que halla su fuente principal en las directivas, destinadas a ser transpuestas en los ordenamientos internos de los Estados miembros, un derecho que nace —por así decirlo ‘desde ‘lo alto’— a través del trabajo de los burócra- tas en Bruselas y mediaciones políticas que lo acompañan”.

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TítuloFundamentos del derecho europeo (derecho romano ciencia del derecho derecho europeo)

TítuloFundamentos del derecho europeo (derecho romano ciencia del derecho derecho europeo)

democracias, en la transformación de los países del antiguo bloque europeo situado bajo la órbita soviética, y logrado que un grupo importante de países haya cambiado su moneda nacional por el euro (que compor- tó una importante subida de precios; que la inflación subsiguiente fuera o no un daño colateral se sigue dis- cutiendo entre los economistas) hoy líder en emisiones internacionales empezando a sustituir al dólar. Pero siguen habiendo grandes asimetrías (en materia de imposición fiscal, inmigración, política única de defensa y otras más que podrían añadirse). El voto negativo a la Constitución europea de Francia y Dinamarca en el 2005 ha ralentizado los avances necesarios para lograr una Europa mas próspera, moderna, competitiva, innovadora, viva para sus ciudadanos, que alguna vez pueda llegar a igualarse con el gigante económico USA, aunque los gigantes asiáticos emergentes (China, India) van a ser pronto grandes competidores de la UE. También se deben estos problemas a la notable ausencia de líderes capaces de transmitir a los ciudada- nos ilusión por el proyecto europeo. Podría decirse incluso que muchos políticos votan por Europa para apa- rentar ser progesistas pero puertas adentro levantan todos los obstáculos posibles al mercado único, y mien- tras no se venzan aquellas asimetrías será difícil reavivar la llama del proyecto europeo y no es extraño que empiezen a abundar euroescépticos, en mi opinión con una visión muy cortoplacista que no tiene en cuenta las inmensas posibilidades de Europa unida; entiendo demasiado pesimista la visión de algún destacado polí- tico francés que ha llegado a decir que la UE es la suma de debilidades de los Estados miembros. Un ejem- plo de este euroescepticismo en orden especialmente a la unificación jurídica lo ofrece A. GUARINO, Capitale Amaurote, en A l’Éurope du troisiême millenaire. Mélanges Gandolfi, I (Milano 2004) 317 ss. que no cree que con la unificación europea vayan a desaparecer todas asimetrías existentes, aún sin compartir la tesis de algún relevante autor italiano (no dice el nombre) sostenedor de que con la unificación los mismos Estados se convertirán en superestructuras inútiles y por tanto condenados a desaparecer en ventaja de una Europa cada vez menos dividida, siempre menos federalista, siempre mas (y solamente) regionalizada. Por el contrario A. TRABUCCHI, É necessario andare avanti per questa strada dell’unificazione?, ibid. 515- 517 no solamente considera útil esta unificación en el campo jurídico, sino incluso necesaria, al menos en el campo de los contratos, lo que a mi modo de ver encierra una consideración demasiado restringida de los problemas del derecho europeo.

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Consentimiento informado e investigación científica en el derecho europeo

Consentimiento informado e investigación científica en el derecho europeo

Sin embargo, como concepto-matriz, la dignidad lleva consigo un carácter ambiguo, porque «“Dignity” is used both to convey the need for absolutely respecting an individual‟s autonomy and rights and to support the claim to controlling individuals and their behavior for the sake of values that someone plans to impose on other individuals» 18 . Por eso, por el artículo 1 de la Carta de los derechos fundamentales (véase también la Constitución alemana), la dignidad tiene que ser no sólo respetada, sino también debe ser protegida por los Estados y por organizaciones internacionales y supranacionales. Esto significa incluso poner limitaciones a la autonomía de la persona, si esta pueda afectar su dignidad, es decir su humanidad, como se afirma en la jurisprudencia Omega 19 y en otras decisiones en el ámbito del derecho europeo 20 .

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LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL DERECHO EUROPEO

LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA EN EL DERECHO EUROPEO

A partir de este momento (es decir, sin dejar transcurrir el plazo para la adopción de medidas), si el Estado miembro forma parte del Eurogrupo, el Consejo podría aplicar el artículo 5 del Reglamento 1173/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, sobre la ejecución efectiva de la supervisión presupuestaria en la zona del euro. En este precepto se prevé la posibilidad de acordar, como medida sancionadora contra el Estado incumplidor, un DEPÓSITO SIN INTERESES, equivalente al 0,2 % de su PIB del ejercicio anterior, que puede acordarse en los veinte días siguientes a la adopción de la Decisión constatando la necesidad de tomar medidas 11 . El depósito se constituirá ante la Comisión y si el Estado miembro hubiera sido obligado ya a constituir depósito con intereses en la fase preventiva, se producirá una simple transformación de la naturaleza de éste. Hay, por tanto, un “giro de tuerca” sobre la sanción de la fase de control preventivo, en el sentido de que el nuevo depósito ya no devengará intereses para el Estado.

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Reflexiones sobre el denominado Derecho Penal Europeo

Reflexiones sobre el denominado Derecho Penal Europeo

Y no quisiera dejar de mencionar una última cuestión a la que entiendo no se viene prestando toda la atención que merece: la importancia central que debería cobrar el derecho comparado en el proceso de construcción de un “derecho penal europeo” (o “europeizado”). Como recordaba hace unos años Kai Ambos, “dadas las diferencias entre los sistemas de Derecho penal dentro de la Unión Europea, los estudios comparativos deberían ser el primer paso para establecer un campo común e indicar dónde son necesarios y posibles los compromisos” y añadía, con razón, que “dichos estudios no son, en modo alguno, una tarea fácil” 44 . Naturalmente, no es éste el lugar para entrar en detalle sobre el alcance y la trascendencia del método comparado en el derecho penal. De sus dificultades, sirva sólo de muestra la necesidad de distinguir, siguiendo a ESER –uno de los más importantes cultivadores de este método-, entre comparación legislativa, teórico-científica y judicial, cada una con su problemas específicos 45 . Pues bien, resulta elocuente que, en opinión de este especialista, “para una verdadera igualación del Derecho penal a nivel europeo serían necesarias modificaciones muy amplias, cuyo verdadero alcance ni siquiera los expertos han ponderado en sus justos términos” 46 . Más aún, nos recuerda DONINI cómo la diversidad y variedad del sistema comunitario de fuentes conduce a un profundo cambio en el papel mismo de la comparación: de disciplina que conduce a una mera ampliación del conocimiento, se transforma en un “fundamento cognitivo necesario para la construcción de un derecho europeo común” constituyéndose incluso en “condición para la legitimación democrática del derecho comunitario” 47 .

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La integración jurídica y el “ius commune” americano como proyecto de utopía para la tradición jurídica occidental

La integración jurídica y el “ius commune” americano como proyecto de utopía para la tradición jurídica occidental

Así las cosas, el nuevo ordenamiento jurídico común europeo, que constituye un auténtico mos europaeus, parece estar conformando un sistema de derecho europeo abierto, producto de la doctrina y la jurisprudencia, cuyas principales características son, a mi entender: a) la primacía de lo jurídico, b) la superación de la teoría clásica de la división de poderes y su sustitución por la separación de funciones con base en la colaboración, la representatividad y el equilibrio institucional, c) la poliarquía política, el policentrismo jurídico y la pluralidad de fuentes, d) la coexistencia armónica con base en la infl uencia recíproca entre ordenamientos jurídicos regionales, nacionales y supranacionales, e) la mayor complejidad material y procesal en la aplicación del derecho por parte de los operadores jurídicos prácticos, f) el empleo de la legislación como una fuente del derecho más entre muchas otras, con el consecuente auge de la costumbre, pero sobre todo, de la doctrina y de la jurisprudencia, g) el recurso a una argumentación jurídica prudencial hermenéutico-interpretativa, con un fuerte matiz tópico, que viene atemperar los excesos de sistematicidad de la dogmática contemporánea, h) el desarrollo de métodos de interpretación jurídica más depurados y sofi sticados, i) el aprovechamiento multidisciplinario de la ciencia del derecho comparado, de la historia del derecho y del derecho romano, j) la creciente importancia de los principios jurídicos y k) la actualización-proyectiva de la tradición jurídica occidental, con sus diversos nutrientes germánicos, romanos, canónicos, medievales y modernos.

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El Derecho administrativo europeo  como sistema

El Derecho administrativo europeo como sistema

de decisiones –integración procedimental–. Con frecuencia las dos estrategias se de- sarrollan simultáneamente. En tercer lugar, en esas estructuras para la administración integrada europea, las relaciones de supraordenación entre gobierno y administra- ción adquieren una relevancia menor que la que han tenido en las administraciones de los Estados europeos, caracterizadas históricamente por los principios de unidad y jerarquía. La mayor autonomía de las estructuras de la administración integrada europea con respecto a las instituciones de la Unión y los Estados miembros plantea importantes dificultades desde el punto de vista de sus fundamentos constituciona- les. En cuarto lugar, la administración europea es particularmente inestable, por estar sujeta a un proceso de permanente transformación y por no haber quedado estabili- zada normativamente, siquiera en sus aspectos esenciales, en el Derecho originario. En quinto lugar, la regulación de la administración europea de las diversas políticas sectoriales se caracteriza por un marcado pluralismo sectorial. De un lado, son pocas las reglas de aplicación transversal u horizontal a la administración europea. De otro lado, ni la doctrina académica ni la jurisprudencial han contribuido a ordenar de manera significativa esa realidad tan diversa.

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El nuevo grupo de estudio en derecho cooperativo europeo y el proyecto «Los principios del derecho cooperativo europeo»

El nuevo grupo de estudio en derecho cooperativo europeo y el proyecto «Los principios del derecho cooperativo europeo»

7. Sin embargo, véase el estudio mencionado en la nota 5, llevado a cabo por juristas de 30 países euro- peos y dirigido por un comité científico compuesto de seis miembros, cada uno de un país europeo distinto (de los cuales, como se indicó, cuatro son autores del presente), así como H IEZ (dir.), Droit Comparé des Coopératives Européennes, Larcier, Bruselas, 2009, que recoge las colaboraciones de autores de nueve países distintos (de los cuales, cuatro lo son también del presente, concretamente, Gemma Fajardo, Hagen Henrÿ, David Hiez e Ian Snaith). Otra iniciativa en la cual trabajaron también como codirectores dos autores del presente es C RACOGNA , F ICI , H ENRŸ (dirs.), International Handbook of Cooperative Law, Springer, Heidelberg, cuya publicación está prevista para 2013.

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TítuloCanjes de valores internacionales y derecho comunitario europeo

TítuloCanjes de valores internacionales y derecho comunitario europeo

tricción a los dividendos de entrada en un Estado miembro pero procedentes de una entidad residente en un país tercero, en tanto que la medida nacional española que res- tringe la aplicación del régimen especial de canjes de valores (protegidos) puede afec- tar a situaciones distintas (outbound); así, por ejemplo, puede afectar a situaciones donde es una sociedad residente en otro Estado miembro la que adquiere (y canjea) las participaciones sociales de socios residentes en España y de socios residentes en un país tercero (EE.UU, China, Brasil, etc) e una sociedad (adquirida) residente o no en terri- torio español. En este tipo de casos, lo cierto es que la restricción generada por la norma española excluyendo la aplicación del régimen especial para los socios residentes en España que canjean sus participaciones por acciones de la sociedad (adquirente) resi- dente en otro Estado miembro no parece que pueda fundamentarse en la jurisprudencia Skatteverket v. A, en la medida en que las autoridades españolas pueden obtener la infor- mación necesaria para verificar el cumplimiento de los requisitos para aplicar este régi- men especial a través del mecanismo comunitario de intercambio de información arti- culado por la Directiva 77/799/CEE, así como solicitarle al contribuyente afectado todos los datos y pruebas necesarias para acreditar su derecho a aplicar la regla de dife- rimiento fiscal. No obstante, el establecimiento en estos casos de un requisito que con- dicionara la aplicación de tal régimen especial (canjes protegidos) en España a la exis- tencia y aplicación de un Convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información con el país de residencia de la sociedad adquirida (no comunitaria) o, en su defecto, con el de los socios que permiten a la entidad adquirente obtener la mayoria de los derechos de voto en otra podría tener un cierto sentido y fundamentación comunita- ria, por ejemplo, a los efectos de aplicar la cláusula anti-paraísos fiscales del art.87.5 TRLIS, siempre y cuando tal cláusula no se aplicara frente a Estados miembros de la CE (v.gr., Chipre).

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El principio de no discriminación en el derecho contractual ítalo-europeo.

El principio de no discriminación en el derecho contractual ítalo-europeo.

100 Según el tribunal de Justicia, “en un primer momento incumbe a la persona que se considera perjudicada por la inobservancia del principio de igualdad de trato acreditar hechos que permiten presumir la existencia de una discriminación directa o indirecta. Sólo cuando esa persona haya acreditado tales hechos corresponderá en un segundo momento a la parte demandada probar que no se ha vulnerado el principio de no discriminación” (tJue, 21 julio 2011, c. 104/10, Kelly c. National university of Ireland, Racc., 2011, i-06813, § 30; tJue, 19 abril 2012, c. 415/10, Meister c. Speech design carrier Systems gmbh, dir. prat. lav., 2012, p. 39, § 36). Los demandados pueden “refutar la existencia de la violación acreditando específicamente, mediante cualquier medio de prueba admisible en Derecho, que el trato (…) estaba justificado por factores objetivos y ajenos a toda discriminación” (tJue, Gran Sala, 17 julio 2008, c. 303/06, coleman c. Attridge law e Steve law, Racc., 2008, p. i-5603, § 55; tJue, 25 abril 2013, c. 81/12, Accept c. Consiliul Naţional pentru Combaterea discriminarii, cit., § 56; tJue, 19 abril 2012, c. 415/10, Meister c. Speech design carrier Systems gmbh, cit., § 36), “a partir de un conjunto de indicios concordantes” (tJue, 25 abril 2013, c. 81/12, Accept c. consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, cit., § 58).

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Manifestaciones del Derecho a la igualdad en el ámbito Iberoamericano y Europeo

Manifestaciones del Derecho a la igualdad en el ámbito Iberoamericano y Europeo

en el sentido de un derecho inherente al interno. En tal sentido, el TC, viene señalando en su reiterada y uniforme jurisprudencia que, en estricto, los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal. Al respecto, la Sala Primera del Tribunal Constitucional del Perú, mediante Sentencia N.º 04792-2009-PHC/TC, de 15 de diciembre de 2010, en su fundamento quinto ha señalado expresamente lo siguiente: “…los beneficios penitenciarios no son derechos fundamentales sino garantías previstas por el Derecho de Ejecución Penal cuyo fin es concretizar el principio constitucional de resocialización y reeducación del interno. Y es que, a diferencia de los derechos fundamentales, las garantías no engendran derechos subjetivos a favor de las personas, sino persiguen el aseguramiento de determinadas instituciones jurídicas, de ahí que puedan ser limitadas. Es en este contexto normativo y jurisprudencial que cuando el juzgador ordinario ampara una solicitud de un beneficio penitenciario en realidad está estimulando a la completa reinserción del penado a la sociedad…”.

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TítuloEl ordenamiento europeo, el derecho administrativo español y el derecho a una buena administración

TítuloEl ordenamiento europeo, el derecho administrativo español y el derecho a una buena administración

Treinta y cinco años después de aquella lectura, la versión positiva de la “malad- ministration”, es decir, la “buena administración”, está de actualidad en mundo jurídico europeo desde su introducción –como “derecho a una buena administración”- en el art. 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea adoptada en Niza en diciembre de 2000 por los Presidentes del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Reflexionar sobre este nuevo derecho de la ciudadanía europea y estudiar su conte- nido plural y su reciente recepción en el Ordenamiento jurídico español es el objetivo de este trabajo con el convencimiento de que puede colaborar a la construcción de un Derecho Administrativo basado en el servicio efectivo al ciudadano. Una dirección hacia la que ya apuntaba el Prof. SOTO KLOSS en su concepción finalista del Derecho Administrativo, según la cual, “por una parte, es el instrumental técnico que el Estado utiliza para promo- ver concretamente la utilidad social, el bien del todo, por medio de la satisfacción concre- ta de las necesidades públicas, por el otro, es el instrumental técnico operativo de las liber- tades y derechos fundamentales del ciudadano, de la persona –hombre/mujer- concreta, de carne y hueso, en su vida diaria de relación con la autoridad pública” 3 .

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La autoridad del Derecho y la naturaleza del soft law

La autoridad del Derecho y la naturaleza del soft law

SUMARIO: I. I NTRODUCCIÓN .– II. E L SOFT LAW : UNA APROXIMACIÓN EMPÍRICA . 2.1. Soft law versus hard law. 2.1.1. Una perspectiva analítica: la naturaleza híbrida del soft law y su ubicación en la división teórica entre reglas y principios. 2.1.2. Una perspectiva dogmática (I): competencia y procedimiento. 2.1.3. Una perspectiva dogmática (II): contenido material del soft law y vocación reguladora. 2.1.4. Recapitulación. 2.2. Las manifestaciones del soft law en el Derecho público español. 2.2.1. El soft law públi- co con efectos ad intra. 2.2.1.1. El soft law unilateral. 2.2.1.1.1. Circulares, Instrucciones y Órdenes de Servicio. 2.2.1.1.2. Cartas de Servicios. 2.2.1.1.3. Planes y Directrices. 2.2.1.2. El soft law paccionado. 2.2.2. El soft law público con efectos ad extra. 2.2.1. El soft law unilateral. 2.2.2.2. El soft law paccio- nado. 2.2.3. El soft law público-privado. 2.3. La incorporación del soft law en el ordenamiento jurídico. 2.3.1. La incorporación en hard law. 2.3.2. La incorporación por referencia. 2.3.2.1. La referencia desde actos generales o actos individuales. 2.3.2.2. La intensidad de la referencia: remisiones y delegaciones. 2.3.3. El aval del legislador mediante resoluciones no legislativas. 2.3.4. El carácter contractual del soft law paccionado.– III. D ANDO SENTIDO AL SOFT LAW : UNA RECONSTRUCCIÓN DOGMÁTICA . 3.1. El lugar del soft law: el principio de subsidiariedad y sus consecuencias en el sistema de fuentes. 3.1.1. Subsidiariedad y mandatos constitucionales: la coordinación y cooperación territorial. 3.1.2. Subsidiariedad y eficacia: la intervención mínima en el sector privado. 3.1.3. Subsidiariedad y democracia: técnicas de legitima- ción de la intervención de los poderes públicos. 3.2. La eficacia del soft law. 3.2.1. Primer escalón: la interpretación del hard law de conformidad con el soft law. 3.2.2. Segundo escalón: la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos como alternativa ante la imposibilidad de realizar una interpreta- ción conforme. 3.2.3. Tercer escalón: el principio de legalidad y la seguridad jurídica como límites de los efectos del soft law.– IV. C ONCLUSIONES : LA AUTORIDAD DEL D ERECHO Y LA NUEVA GOBERNANZA .

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TítuloUniversidad y sociedad: el derecho romano ante el espacio europeo de educación superior (EEES)

TítuloUniversidad y sociedad: el derecho romano ante el espacio europeo de educación superior (EEES)

Si como digo, una de las cualidades que se va a exigir del futuro jurista es la ver- satilidad para saber adaptarse a las cambiantes demandas del mercado. Si para ello tan importante como poseer un bagaje de conocimientos es entender el proceso a través del cual éstos se pueden conseguir e ir renovando a medida que los cambios lo exijan. Si lo relevante es suministrar al jurista en ciernes ese habitus en cuanto que técnica del razo- namiento jurídico superadora del mero legalismo, así como el dominio de la terminolo- gía apta para la correcta formulación de ese pensamiento. Si todo esto es así, entiendo que una materia como la nuestra es idónea como ninguna otra para proporcionar al estu- diante esas “capacidades” o “habilidades”. El cometido de la asignatura Derecho roma- no no es otro que el de transmitir las formas del razonamiento jurídico elaboradas por los juristas romanos – desde el punto de vista normativo, de elaboración intelectual y aplicativo –, y para ello nada mejor que servirse de la resolución de casos prácticos y la lectura y comentario de textos. Se trataría, pues, no tanto de exponer de forma apriorís- tica las instituciones, que es lo que se ha tendido a hacer de acuerdo con el tradicional programa pandectístico, cuanto de, sirviéndonos de los textos, estudiar el proceso a par- tir del cual dichas instituciones se gestaron. Esta es la docencia “por problemas o pro- blem based learning” – PBL - que Bolonia preconiza con el fin de proporcionar al alum- no un aprendizaje significativo y no meramente memorístico (evitar que se conviertan en estudiantes bulímicos, dicen algunos 39 ). Es cierto que para ello habría que renunciar

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La comisión de derecho de familia europeo y la armonización del régimen económico matrimonial: conclusiones de la 5ª conferencia "family law in europe: new developments, challenges and opportunities"

La comisión de derecho de familia europeo y la armonización del régimen económico matrimonial: conclusiones de la 5ª conferencia "family law in europe: new developments, challenges and opportunities"

En primer lugar, Marie-Claire Foblets analizó la situación de las familias trasnacionales en Europa desde el punto del vista del Código de Familia Marroquí de 2004. En este sentido, la ponente indicó que los matrimonios de marroquíes que viven en el extranjero se encuentran en una de las siguientes tres situaciones: poder elegir el derecho marroquí, optar por un derecho civil determinado para regular sus relaciones (presumiblemente el derecho de su residencia habitual) o desconocer cuál es el ordenamiento jurídico que les resulta aplicable. La aplicación del Código de Familia Marroquí de 2004 resulta controvertida para los jueces de los Estados Miembros al regular figuras desconocidas en sus ordenamientos jurídicos (repudio, poligamia…) y chocar de pleno con el orden público. Marie-Claire Foblets indicó que se está culminando un estudio de estas y otras cuestiones, con motivo de la celebración de del décimo aniversario de la Mudawana (2004-2013).

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Casos escogidos de Derecho antitrust europeo

Casos escogidos de Derecho antitrust europeo

con el artículo 11 del Reglamento n.º 17. A este respecto, ejerce un control pleno, atinente, en particular, a los límites que el derecho de defensa de las empresas impone a su obligación de responder a las solicitudes de informa- ción. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia debe comprobar si la Comisión apreció correctamente, a la luz de la Comunicación relativa a la no imposición de multas o a la reducción de su importe en los asuntos relacio- nados con acuerdos entre empresas, la utilidad de la cooperación para la determinación de la infracción. Dentro de los límites que marca dicha Comu- nicación, la Comisión goza de una facultad de apreciación para valorar si la información o los documentos, voluntariamente aportados por las empresas, facilitaron su labor y si procede conceder una reducción a una empresa al amparo de esta Comunicación. Esta valoración es objeto de un control juris- diccional limitado. No obstante, al ejercer su facultad de apreciación, la Comisión no puede hacer caso omiso del principio de igualdad de trato, que se viola cuando se tratan de manera diferente situaciones comparables o cuando situaciones diferentes se tratan de manera idéntica, a menos que este trato esté objetivamente justificado. Este principio se opone a que la Comi- sión trate de modo diferente la cooperación de las empresas afectadas por una misma decisión. En cambio, el mero hecho de que la Comisión haya concedido cierto porcentaje de reducción por un determinado comporta- miento en la práctica seguida en sus anteriores decisiones no implica que esté obligada a conceder la misma reducción proporcional al valorar un com- portamiento similar en un procedimiento administrativo posterior. En el supuesto de que una solicitud de información al amparo del artículo 11, apar- tados 1 y 2, del Reglamento n.º 17 tenga por objeto obtener información cuya divulgación puede exigir la Comisión mediante una decisión con arreglo al apartado 5 de dicho artículo, sólo puede

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El proceso monitorio europeo

El proceso monitorio europeo

El siguiente paso será informar al demandado acerca de las posibles opciones procesales frente al requerimiento europeo de pago, entre las que figuran el pago del importe indicado en el requerimiento europeo del pago al demandante o la oposición al mismo mediante la presentación de un escrito de oposición ante el órgano jurisdiccional del Estado miembro de origen en un plazo de 30 días desde la notificación. En cuanto al cómputo de este plazo, el Considerando 28 del Preámbulo del Reglamento señala que: “A efectos del cálculo de los plazos, debe aplicarse el Reglamento (CEE, EURATOM) núm. 1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos. Debe advertirse de ello al demandado e informársele de que se tendrán en cuenta los días feriados del Estado miembro en que esté situado el órgano jurisdiccional que expide el requerimiento europeo de pago”. En concreto, el plazo de 30 días comienza a correr a partir del día siguiente a la notificación del requerimiento europeo, en el que se incluyen los sábados, domingos y días feriados. Si el último día de un plazo fuera sábado, domingo o festivo, este concluirá al finalizar la última hora hábil del día siguiente.

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Resumen: El fallo de la Corte Internacional de Justicia del 27 de enero de 2014 relativo a la delimitación marítima entre Perú y Chile reconoció que una frontera marítima a lo largo del paralelo geográfico había sido convenida de manera tácita por las Partes hasta las 80 millas marinas. Desde esa distancia hasta las 200 millas marinas, la Corte estableció una frontera de novo, siguiendo el método de la equidistancia conforme a la solución subsidiaria al acuerdo de los Estados prevista por el derecho marítimo internacional, tal y como ha sido interpretada por la jurisprudencia de la Corte. El fallo reconoció, además, el punto en que llega al mar el paralelo que pasa por el hito n.° 1 como punto inicial de la frontera convenida. Cinco declaraciones individuales, cinco opiniones disidentes –una individual y otra común de cuatro jueces– y dos opiniones individuales fueron anexadas al fallo. La proliferación de posiciones individuales pone en evidencia dificultades irreconciliables en el razonamiento de la Corte, que parecen indicar la adopción de una solución de compromiso sin sustento jurídico sólido.

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