Derecho extranjero

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La doctrina constitucional sobre la falta de alegación y prueba del derecho extranjero en el proceso

La doctrina constitucional sobre la falta de alegación y prueba del derecho extranjero en el proceso

extranjero no tiene porque haber sido alegado por las partes para que el Tribunal lo aplique. En el fundamento de derecho primero afirma "[p]ara que el derecho extranjero pueda ser aplicado en el proceso, su vigencia y contenido han de quedar probados ( sentencias de 11 de mayo de 1.989, 7 de septiembre de 1.990, 23 de marzo de 1.994, 25 de enero de 1.999 , entre otras muchas). Se trata de una consecuencia de que al Tribunal y a las partes no se les pueda exigir conocerlo, a diferencia de lo que sucede con el Derecho español, conforme a la regla iura novit curia (...). En efecto, los hechos están regidos por la regla de aportación de parte (quod non est in actis non est in mundo), mientras que, en nuestro ordenamiento, el Tribunal está facultado para valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios para la aplicación del derecho extranjero (artículo 12.6.2 del Código Civil, redacción anterior a la Ley 1/2.000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil , que era la vigente al interponerse la demanda, y artículo 281.2 de esta última Ley), lo que significa tanto como que debe aplicarlo si es que lo conoce y, al fin, que de hecho la aportación de parte sólo sea necesaria para suplir aquella información. Por otro lado, la norma jurídica extranjera viene designada por la de conflicto del foro, que pertenece al ordenamiento que el Tribunal debe aplicar de oficio ( artículo 12.6 del Código Civil ). Como consecuencia, el derecho extranjero no tiene que ser alegado en el proceso por las partes para que el Juez deba tener en cuenta la designación que de él efectúa la norma de conflicto, por mas que ello sea para darle el tratamiento procesal que corresponda. Lo que han de alegar las partes son hechos que, por la concurrencia de elementos extranjeros, se subsuman bajo la previsión de la norma de conflicto. Basta con tal alegación para que, como efecto de dicha norma, se considere que el litigio debe resolverse según el derecho extranjero en la misma designado."
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Aplicación del Derecho extranjero por los tribunales españoles

Aplicación del Derecho extranjero por los tribunales españoles

El objetivo del presente trabajo titulado “La aplicación del Derecho extranjero por los tribunales españoles” es el análisis de la prueba y aplicación del Derecho extranjero en los casos litigiosos que presentan uno o más elementos de extranjería. El modelo seguido en España es el modelo de aplicación del Derecho extranjero a instancia de parte. De esta manera, recae sobre la parte que invoca el Derecho extranjero la necesidad de probar su vigencia y contenido. Algunas cuestiones que se van a tratar en este trabajo hacen referencia a los cuerpos legales que regulan la aplicación y prueba del Derecho extranjero en España, la imposibilidad de prueba del Derecho extranjero y las diferentes soluciones para los casos concretos, etcétera. Todas estas cuestiones tienen un gran apoyo jurisprudencial. A lo largo de este trabajo se van a hacer menciones a varias sentencias que constituyen un gran apoyo para los jueces y tribunales que tienen que aplicar el Derecho extranjero en España.
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Aplicación del derecho extranjero en el Código Civil y Comercial, con especial referencia a los elementos culturales

Aplicación del derecho extranjero en el Código Civil y Comercial, con especial referencia a los elementos culturales

connota una particular forma en que la sentencia probable debe realizar- se, de este modo: “La misma dificultad para comprender a los elementos extranjeros que fundamenta las ‘reglas de conflictos’ está presente cuan- do se intenta producir auténtico Derecho Extranjero. Cuando las ‘reglas de conflictos’ remiten a un derecho extranjero hay que entender que disponen la imitación del equivalente axiológico de la sentencia que con el máximo grado de probabilidad se dictaría en el lugar referido (teoría del uso jurídi- co) […] La individualización del derecho extranjero conforme a la teoría del uso jurídico significa un marco de internacionalidad y de justicia referida a los particulares; en cambio, resolverla con criterios supletorios fori supone un retroceso a la preinternacionalidad y a la justicia legal y solucionar con criterios formales del Derecho Extranjero es relativamente afín a la cuasiin- ternacionalidad y también a la justicia legal. Sólo la teoría del uso jurídico desarrolla el espíritu de las ‘reglas de conflictos’” 30 . El Derecho Extranjero a
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Cuestiones prácticas acerca del régimen de alegación y prueba del derecho extranjero en España

Cuestiones prácticas acerca del régimen de alegación y prueba del derecho extranjero en España

entidad del derecho vigente, sino también su alcance y autorizada interpretación, de modo que en el caso que ello no se produzca, deberá aplicarse el derecho español”. En el mismo sentido, y de forma mayoritaria en la jurisprudencia de los Tribunales españoles, se pronuncia las SSAP Alicante de 22 de noviembre de 2002 y 12 de mayo de 2005, a cuyo tenor "ha de recordarse el criterio jurisprudencial contenido, entre otras, en las sentencias del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1999, 5 de junio de 2000 y 17 de julio de 2001, según el cual los órganos jurisdiccionales españoles deberán aplicar el Derecho nacional cuando no sea posible fundamentar el fallo con seguridad absoluta en el Derecho extranjero que fuere de aplicación”.
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Aplicación del derecho extranjero en el Código Civil y Comercial, con especial referencia a los elementos culturalesApplication of foreign law in Civil and Commercial Code, with special reference to cultural elements

Aplicación del derecho extranjero en el Código Civil y Comercial, con especial referencia a los elementos culturalesApplication of foreign law in Civil and Commercial Code, with special reference to cultural elements

Y desarrollado desde la teoría tridimensional en la óptica del autor, dice: “Desde el ángulo visual de la teoría trialista del mundo jurídico, pode- mos expresar los pensamientos referidos también de la siguiente manera: el mundo jurídico propio es tridimensional y comprende el orden de repartos, el ordenamiento normativo y la justicia. El mundo jurídico extranjero nos parece, al contrario, sólo unidimensional: no tenemos en consideración sino su orden de repartos, en el cual se halla la sociologización de su ordenamien- to normativo; en cambio, eliminamos el aspecto de justicia. Sin embargo, no se debe olvidar que introducimos luego la justicia mediante el concepto de orden público como último control de Derecho Extranjero intolerable. Pero antes de movilizar el orden público averiguamos la probable solución del caso en la comunidad extranjera sometiéndonos a ella tamquam cadáver (con obediencia cadavérica)” 28 .
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Aplicación del derecho extranjero por los tribunales españoles

Aplicación del derecho extranjero por los tribunales españoles

20 La STS de 4 de junio de 2006, relativa a la reclamación de cuantías entre una empresa alemana y una empresa española, cuyo contrato suscrito por ambas partes se regía por el Derecho alemán. El Tribunal Supremo, en el Fundamento de Derecho Segundo de dicha sentencia habla de la cuestión de: la prueba del Derecho extranjero y menciona que en el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se establece que es la parte que invoca el Derecho extranjero la que debe acreditar el contenido y vigencia de este a través de los medios de prueba admitidos. En este supuesto, la prueba del Derecho extranjero ha sido llevada a cabo a través del testimonio de varios jurisconsultos, lo que lleva a considerar al Tribunal Supremo que el Derecho alemán aplicable al caso se ha probado de forma más que suficiente y que se amolda a los medios de prueba contemplados por la ley; en la Sentencia de 29 de julio de 1995 del Juzgado de Primera Instancia de Bilbao, relativa al divorcio de dos cónyuges de nacionalidad extranjera, se desestimó la demanda ante la falta de acreditación del Derecho extranjero por la parte interesada, al considerar que la carga de la prueba recaía sobre estas; La STS de 17 de diciembre de 1991, relativa a la declaración de nulidad de un testamento otorgado por extranjero en territorio español, declara que la carga de la prueba del Derecho extranjero recae sobre las partes interesadas en impugnar el testamento.
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COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL Y EL PROBLEMA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO EXTRANJERO EN MATERIA DE ASISTENCIA PENAL DEL ECUADOR

COOPERACIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL Y EL PROBLEMA DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO EXTRANJERO EN MATERIA DE ASISTENCIA PENAL DEL ECUADOR

De la necesidad de la movilidad de sujetos del derecho internacional (personas), y del modus operandi de la criminalidad surgen problemas en las acciones operativas de las autoridades jurisdiccionales facultadas de la persecución y sanción penal. Esas dificultades adquieren especial pertinencia procesal para la obtención y aseguramiento de pruebas, aplicación de medidas cautelares, perentorias, coercitivas tanto personales como reales en jurisdicción donde el operador no tiene competencia. Por esto aspectos relevantes del Derecho Penal Internacional son la Asistencia punitiva mutua entre Estados en los objetos de la gestión de negocios tanto pre procesales o preparatorios como procesales. Como respuesta a la necesidad práctica en comento, se han celebrado negociaciones y puesto en vigencia sistemas de tratados locales, regionales y mundiales, abiertos con varios nomis iuris, para fundamentar actos coordinados gubernamentales en la aplicación de justicia, la ley y el orden penal nacional e internacional.
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Aplicación del derecho público extranjero

Aplicación del derecho público extranjero

Por último, también podrá ameritar la aplicación del Derecho extranjero el contrato laboral internacional cuya prestación deba ser ejecutada en diversos países. Supongamos en este último caso que un asalariado trabaja tres meses en España, tres meses en Italia y luego, cuando se encuentra en nuestro país, es despedido sin causa. ¿Podría por ejemplo descartarse de plano la aplicación de una medida caute- lar internacional que, basada en el Derecho extranjero, solicite la reincorporación en forma preventiva del trabajador? Consideramos que no. En estos casos, pensamos que no existe razón alguna que justifique apartarse del derecho foráneo que reco- nozca mayores beneficios para el trabajador y no se oponga a nuestro orden público internacional. En este sentido, una norma basada en un derecho que reconozca para el trabajador una estabilidad mayor que nuestro ordenamiento deberá ser, en prin- cipio, acogida por los Tribunales argentinos.
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El derecho a pedir alimentos de las personas residentes en el extranjero: aplicación en el sistema judicial colombiano

El derecho a pedir alimentos de las personas residentes en el extranjero: aplicación en el sistema judicial colombiano

Cuando se trate de autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, conforme al artículo 116 de la Constitución Política, se aplicará lo dispuesto en el presente decreto”. (Decreto 1382, 2000)Ahora bien, cuando se da la vulneración del derecho de los alimentos se hace necesario acudir a esta acción, para que se tomen las medidas pertinentes por parte de la justicia, de manera que se restituya el derecho. Esta acción se podrá interponer cuando el mínimo vital se encuentre en riesgo; por ello la obligación alimentaria está afincada en la Carta Política, de esta forma el Estado garantiza la protección a la familia con todas las cargas que esta debe asumir: la alimentante de los niños, adultos mayores o de quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad y cobijados por las circunstancias manifiestas, como lo expresamos con antelación (necesidad del alimentado, capacidad económica de quien va a proporcionar los alimentos y un título que acredite la relación). Es la solidaridad que se extiende desde los brazos del Estado para garantizar los derechos a una sociedad. (Decreto 1382, 2000)
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HFF: Más allá del tema de los recursos materiales o económicos, que siempre son una limitante, yo creo que no hay falta de vocación por la investigación fuera de esta ciudad. Cuando yo era director tenía preparada siempre una lista de unas veinte personas que con- sideraba de interés para incorporarlas a nuestra planta académica, pero nunca hubo el número suficiente de plazas para hacerlo. Yo entiendo, y ello es motivo de orgullo, que quienes quieren dedicarse a la investigación jurídica piensen en primera instancia en ingresar en este Instituto, pero lo cierto es que no hay ni habrá oportunida- des para todos ellos. Por fortuna, ya hay otras oportunidades intere- santes tanto dentro como fuera de Ciudad de México, y algunas de ellas han sido aprovechadas por estos investigadores de la lista a la que me refiero. Veo, sin embargo, que hay un número creciente de jóvenes que comienzan, en México y en el extranjero, sus estudios de doctorado en derecho (y ciencias sociales afines), que es el requi- sito mínimo que ahora hay que cubrir para iniciar una carrera en la investigación académica en el campo jurídico, es decir, la demos- tración de que se puede realizar investigación rigurosa y original. (En mi época no se había establecido todavía ese requisito y gracias a eso pude comenzar mi carrera de investigador sin haber obtenido todavía el doctorado). Me pregunto si habrá suficientes oportuni- dades para ellas y ellos, una vez que concluyan el gran esfuerzo, que toma varios años, de realizar estudios serios de doctorado y de obtener el grado respectivo. Posiblemente no habrá tantas oportu- nidades, y menos aún en el actual clima de austeridad y de recorte de recursos a la ciencia y la tecnología.
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TítuloInforme sobre cuestiones marítimas, transfronterizas y otros problemas jurídicos

TítuloInforme sobre cuestiones marítimas, transfronterizas y otros problemas jurídicos

El capítulo XIII del título XIII del Código Penal, lleva por rúbrica “de los delitos societarios”, y concretamente en el artículo 290 contempla que “Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior”. Asimismo, cometen un delito penado por este Código “Los que, prevaliéndose de su situación mayoritaria en la Junta de accionistas o el órgano de administración de cualquier sociedad constituida o en formación, impusieren acuerdos abusivos, con ánimo de lucro propio o ajeno, en perjuicio de los demás socios, y sin que reporten beneficios a la misma, serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa del tanto al triplo del beneficio obtenido.” (artículo 291 CP), y “los que impusieren o se aprovecharen para sí o para un tercero, en perjuicio de la sociedad o de alguno de sus socios, de un acuerdo lesivo adoptado por una mayoría ficticia, obtenida por abuso de firma en blanco, por atribución indebida del derecho de voto a quienes legalmente carezcan del mismo, por negación ilícita del ejercicio de este derecho a quienes lo tengan reconocido por la Ley, o por cualquier otro medio o procedimiento semejante, y sin perjuicio de castigar el hecho como corresponde si constituyese otro delito” (artículo 292 CP). En todo su articulo, este capitulo responsabiliza penalmente a los administradores de hecho o de derecho o a los socios de cualquier sociedad constituida o en formación, siempre que actúen en beneficio propio y en perjuicio de la sociedad.
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Las personas jurídicas

Las personas jurídicas

Una norma difícilmente explicable es el párrafo final del proyecto artículo 150, que dice que “ Las personas jurídicas privadas que se constituyen en el extranjero se rigen por lo dispuesto en la ley general de sociedades” . Es verdad que la ley de sociedades contempla el caso de sociedades extranjeras, pero parece mucho más razonable generalizar justamente el criterio de ella, y decir que las personas jurídicas extranjeras se rigen por la ley de su lugar de constitución, y supletoriamente por las normas argentinas aplicables al tipo que guarde con ellas mayor analogía. Que podrá ser la regulación de las sociedades, pero también la de las cooperativas, las mutuales o las propias asocia - ciones civiles según el caso.
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Informe sobre la Ley de Extranjería. Novedades Importantes

Informe sobre la Ley de Extranjería. Novedades Importantes

Cuando el infractor es extranjero y comete alguna de las conductas previstas como muy graves o de las graves tales como ingresar a España careciendo de documentación o por los lugares que no sean los legales o no se haya presentado periódicamente o participe en actividades ilegales, en vez de imponer la multa pecuniaria se conmutará ésta por la expulsión del territorio español, siguiendo en todo caso, el procedimiento administrativo sancionador.

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Inmunidad jurisdiccional de los estados y el derecho de acceso a un recurso efectivo en procesos de reposición laboral contra un estado extranjero en el Perú

Inmunidad jurisdiccional de los estados y el derecho de acceso a un recurso efectivo en procesos de reposición laboral contra un estado extranjero en el Perú

Es importante mencionar que, si bien la excepción por violación de ius cogens fue desestimada por la CIJ en el contencioso de Alemania contra Italia (2012), ello no supone la cristalización de la norma la inmunidad ni un impedimento a su desarrollo progresivo. La CIJ, conforme al artículo 38 de su Estatuto, solamente puede decidir conforme al derecho internacional, es decir la lex lata. Esta es la razón por la cual la CIJ no acudió a bases que no estuvieran bien implantadas en el derecho internacional, o al menos normas que tengan una amplia práctica generalizada. Mirabbassi (2014, pág. 224) señala que la decisión de la CIJ fue tomada en base del estado actual del derecho internacional porque su función es la resolución de conflictos sobre la base de un análisis positivista del derecho internacional público, y no de promotor de una política judicial progresiva. Así lo afirmo el juez Koroma en su voto concurrente, al señalar que la sentencia emitida en el contencioso de Alemania contra Italia no impide la evolución continua de la ley sobre la inmunidad del Estado, ya que la Corte Internacional de Justicia solo aplicó la ley tal como existe en la actualidad (Separate Opinion of Judge Koroma in Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece intervening), 2012, pág. 64).
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El Ejercicio del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, a partir de 2014

El Ejercicio del Voto de los Mexicanos en el Extranjero, a partir de 2014

Descritas y comparadas las bases constitucionales, convencionales, legales y contextuales, es necesario describir y explicar el procedimiento para ejercer el derecho al voto desde el extranjero: En primer término, deberá tener la condición de mexicano, contar con 18 años cumplidos y tener un modo honesto de vivir, la edad se comprueba con su acta de nacimiento, el modo honesto de vivir se demuestra salvo prueba en contrario; en segundo término, solicitar a la Dirección Ejecutiva del Registro Nacional de Electores, su inscripción en el padrón electoral y en el listado nominal de los ciudadanos residentes en el extranjero; en tercer lugar, manifestar, bajo su más estricta responsabilidad y bajo protesta de decir verdad, el domicilio en el extranjero al que se le harán llegar la o las boletas electorales o, en su caso, el medio electrónico que se determine, en el que podrá recibir información en relación al proceso electoral; en cuarto lugar,
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A PROPóSITO DEL NEOCONSTITUCIONALISMO

A PROPóSITO DEL NEOCONSTITUCIONALISMO

moral no tiene otro fin –no tiene otro sentido– que el de distinguir entre el Derecho “como es” y el Derecho “como debería ser”, entre la des- cripción del Derecho y su valoración moral: para decirla con Jeremy Bentham, entre expo- sitory jurisprudence y censorial jurisprudence. Se trata, por lo tanto, no de una tesis en torno al contenido del Derecho, sino de una tesis re- lativa a la ciencia jurídica. El positivismo jurí- dico metodológico no niega (¿cómo podría?) que el Derecho y/o la práctica jurídica estén llenos de valoraciones morales (de los legis- ladores y de los intérpretes). Se limita a reco- mendar, a quien quiera hacer ciencia jurídica, que lo constate. Si, en consecuencia, las au- toridades normativas emplean conceptos im- pregnados de moral en la formulación de los textos normativos, la tarea de la ciencia jurídi- ca sería, simplemente, dar cuenta de ello. Y si los jueces, al interpretar los textos normativos y, específicamente, los textos constituciona- les, emplean –como fatalmente ocurre– valo- raciones morales, le toca a la ciencia jurídica, sencillamente, describirlas en cuanto tales. iii. ponderaciÓn y suBsunciÓn Es idea difusa que la aplicación de reglas y la aplicación de principios sean cosas diversas por lo siguiente: que las reglas se aplican me- diante subsunción, mientras que los principios no admiten subsunción y requieren, por el con- trario, ponderación.
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Necesidad de incrementar normas al sistema de rehabilitación social determinado en la constitución de la república del Ecuador para establecer la repatriación obligatoria de las personas extranjeras sentenciadas

Necesidad de incrementar normas al sistema de rehabilitación social determinado en la constitución de la república del Ecuador para establecer la repatriación obligatoria de las personas extranjeras sentenciadas

En los diferentes Convenios que ha suscrito el Ecuador sobre extraterritorialidad de Sentencias y Laudos Arbítrales sólo han aplicado a materias civiles, comerciales y laborales exigiendo que se cumplan los requisitos formales del derecho del país en que se haya dictado y se presenten debidamente legalizadas en el Estado en que se pretende hacer que se cumplan; siendo necesario que: haya existido competencia; que el demandado haya sido notificado; que se haya asegurado su defensa; que la sentencia tenga carácter de ejecutoriada y no contraríe el orden público del país en el cual se ejecutará, excluyendo el ámbito penal al establecer que ningún estado contratante aplicará en su territorio las leyes penales de los demás, ni ejecutará las sentencias en cuanto a las sanciones de ese orden que impongan.
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Algunos criterios del  Tribunal Constitucional sobre el estatuto jurídico de las personas extranjeras en Chile

Algunos criterios del Tribunal Constitucional sobre el estatuto jurídico de las personas extranjeras en Chile

CUADRAGESIMONOVENO: Que, analizado en su integridad este caso, fluye nítidamente una doctrina que altera el entendimiento que ha existido acerca de la potestad discrecional del Ministerio del Interior para otorgar y rechazar visados, según lo dispone el artículo 13, inciso primero, del Decreto Ley N° 1.094. Lo anterior lleva a que, en estricto rigor, hoy día exista la necesidad de establecer reglas tasadas para dis- poner el rechazo de un visado en el país. Estas reglas se configuran por el nuevo estándar que se deriva de las disposiciones de derecho inter- nacional de los derechos humanos, de normas legales que desarrollan derechos constitucionales y del propio texto constitucional, según se explicará».
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El extranjero ante el derecho sancionador como víctima y victimario

El extranjero ante el derecho sancionador como víctima y victimario

Resumen En esta contribución de hace un análisis exhaustivo de todas las infracciones y sanciones en el derecho de extranjería. Se analiza la autoría y la participación en estas infracciones, el tipo de infracciones leves, graves y muy graves, Así como se analizan las sanciones, tales como la multa, el decomiso, clausura de establecimiento y la expulsión y su prohibición de entrada. Nos centramos en el análisis del principio de proporcionalidad y en las interpretaciones del Tribunal Supremo para dilucidar entre la sanción de expulsión y la multa en aplicación de este principio, llegando a la conclusión de que la sanción principal era la multa, salvo que concurran circunstancias desfavorables en el extranjero. También analizamos con detalle los procedimientos sancionadores, ordinario y preferente, medidas cautelares y fases del mismo. Por último actualizamos la información sobre otras medidas de alejamiento del territorio nacional, como la denegación de entrada y la devolución y la asistencia letrada en estos casos.
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Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas

Convención Interamericana sobre el Derecho de Autor en Obras Literarias, Científicas y Artísticas

El término de duración de la protección del derecho de autor se determinará de acuerdo con lo dispuesto por la ley, del Estado Contratante en el cual se haya obtenido originalmente la protección, pero no excederá, el plazo fijado por la ley del Estado Contratante en el cual se reclama la protección. Cuando la legislación de cualquier Estado Contratante otorgue dos plazos sucesivos de protección, el término de duración de la protección, en lo que respecta a ese Estado, incluirá, para los fines de la presente Convención, ambos plazos.

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