Derecho internacional

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Responsabilidad internacional de los Estados: ¿desarrollo del derecho internacional?

Responsabilidad internacional de los Estados: ¿desarrollo del derecho internacional?

Ante la inclusión de este artículo, gran parte de la doctrina y buen número de Estados se manifestaron en un rotundo y casi unánime rechazo del mismo, bajo el argumento de que el derecho internacional consuetudinario aunque reconoce la responsabilidad penal de los individuos, nunca ha reconocido la responsabilidad penal de los Estados, sería estrictamente una creación del desarrollo progresivo de Derecho Internacional. Realmente era muy difícil pensar en un tipo de responsabilidad penal del Estado, idea asociada con la característica de centralización que se goza al interior del Estado. Esta decidida polarización en las opiniones condujo al relator especial Crawford a dejar de lado, en el articulado del 2001, el concepto de crímenes fundado en que su mantenimiento podría destruir al proyecto en su conjunto. No obstante, el relator considera trascendental la idea según la cual la violación de ciertas obligaciones erga omnes y no debidas a un Estado individualmente considerado debe acarrear consecuencias especiales. Pero aclara que esto no quiere decir que “en un proyecto sobre responsabilidad internacional pueda establecerse un régimen de criminalización plena de determinadas conductas: ello sólo es posible en un sistema que ofrezca una estructura organizativa con plenas garantías procesales y un sistema obligatorio de solución de controversias” (Pérez Giralda, 2002: 12).
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El Derecho Internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional humanitario

El Derecho Internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional humanitario

Igualmente, lo cierto es que, para el caso de que estalle un conflicto armado, la mayoría de los textos constitucionales, prevén el establecimiento de situaciones de marcado talante excepcional en las que, habitualmente, los derechos fundamentales, y de forma especial, aquellos que se refieren al orden político, son restringidos en mayor o menor medida. Por su parte, en este seminario se esta rindiendo cumplida cuenta por parte del resto de mis compañeros ponentes de que se ha configurado ya un importante corpus de legislación aplicable para el caso de conflictos en materia humanitaria, y que de facto el derecho internacional humanitario, cada vez cobra una mayor relevancia como demuestra el mero hecho de que esta sea la tercera ocasión en la que se oferta este curso, siempre con el mismo éxito en cuanto a público e interés demostrado por la comunidad universitaria.
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En definitiva, las consideraciones sobre las que se basa el fallo se acercan más a la búsqueda de una solución sobre la base de la equidad que a la búsqueda de la existencia de un acuerdo entre las Partes. La Corte puede y debe, conforme al derecho internacional consuetudinario, recurrir a la equidad para delimitar los espacios marítimos en la ZEE y la plataforma continental, pero sólo cuando las Partes no han convenido previamente una frontera. El problema fundamental, aquí, es la voluntad implícita de la Corte de invertir el orden jerárquico de las normas y de recurrir, de manera global, a la equidad para inspirar la decisión cuando la equidad no es sino una solución subsidiaria para la delimitación marítima en derecho internacional.
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salomone_derechointernacionalhumanitario_2004

salomone_derechointernacionalhumanitario_2004

La estructura del libro resulta, por tanto, aunque estándar en su presenta- ción, particular en su enfoque. De un lado, se enfatizan aspectos teóricos fundamentales y de interpretación de las normas humanitarias así como su compleja relación con las normas de derechos humanos; y, de otro, se apuesta por una definición clara de los ámbitos de aplicación de las normas que regulan los conflictos armados internacionales y de carácter no internacio- nal, de su relación con el Derecho interno del o de los estados involucrados así como de los aspectos sancionadores o punitivos de este Derecho. Final- mente, el cuarto capítulo intenta aproximarse, planteando diferentes interrogantes, a las nuevas formas de conflictividad y sus posibles espacios en la estructura tradicional del Derecho Internacional Humanitario. Desde el punto de vista de las fuentes, este libro ha intentado, sin perder el estilo propio de un texto de divulgación, señalar algunas referencias biblio- gráficas esenciales que puedan seguir acompañando a los que se interesen en sus temas. La referencia a la jurisprudencia más reciente es por tanto limitada, pero sí indicadora del abundante desarrollo temático que de allí se deriva. No obstante, no quiero dejar de señalar que quizás la fuente más enriquecedora estuvo en los comentarios, preguntas y críticas de los dife- rentes alumnos que he tenido. Sin ellos, este orden y forma de encarar los temas no hubiera sido posible.
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FRAGMENTACION

FRAGMENTACION

entre las obligaciones del Estado para con la comunidad internacional en su conjunto, y las surgidas respecto de otro Estado en la esfera de la protección diplomática. Por su misma naturaleza, las primeras con- ciernen a todos los Estados. Dada la importancia de los derechos invo- lucrados, puede considerase que todos los Estados tienen un interés jurídico en su protección; son obligaciones erga omnes» (Barcelona Traction, segunda fase, fallo (nota 35 supra), pág. 32, párr. 33). O, según la definición del Instituto de Derecho Internacional, una obliga- ción erga omnes es «[u]na obligación, establecida por el derecho inter- nacional general, que un Estado tiene en cualquier caso determinado con respecto a la comunidad internacional, habida cuenta de sus valores comunes y de su preocupación por la observancia de los mismos, de forma que una violación de esa obligación permite a todos los Estados adoptar medidas» (Annuaire de l’Institut de droit international, período de sesiones de Cracovia (2005), vol. 71-II (2006), pág. 286, resolu- ción I («Obligations erga omnes in International Law»), art. 1 a).
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El asilo en situaciones de especial vulnerabilidad: Marco jurídico para la acogida e integración de menores refugiados

El asilo en situaciones de especial vulnerabilidad: Marco jurídico para la acogida e integración de menores refugiados

Para realizar tal valoración es preciso determinar el contenido de las obligaciones que se imponen desde el Derecho internacional a los Estados para lograr la efectiva salvaguarda de los menores que son merecedores de protección internacional y, en paralelo, es necesario realizar un examen de los mecanismos jurídicos de Derecho internacional e interno que ser- virán al menor para instar el cumplimiento de esas obligaciones y/o una reparación en caso de que sus derechos sean vulnerados. Ahora bien, la identificación de este doble objetivo es estrictamente metodológica y su finalidad exclusivamente didáctica. Hablamos de un marco jurídico interno y de un marco jurídico internacional en referencia al origen de las normas que se exponen y a las responsabilidades que genera su incumplimiento. Pero no podemos pasar por alto, ni cedemos a la inercia de no hacerlo explícito, que los tratados y convenios internacionales a los que se hará referencia son normas vigentes en el ordenamiento interno español tal y como se deduce de lo previsto en el art. 96 de la Constitución española (CE), y por tanto normas jurídicamente vinculantes para los poderes públicos y directamente invoca- bles por los titulares de los derechos que en esas normas se consagran. Por tanto, asumimos la idea de unidad del ordenamiento jurídico como punto de partida para formular las obliga- ciones de los agentes de los distintos poderes públicos, de los jueces y tribunales nacionales y, en última instancia, de los Estados bajo cuya jurisdicción se encuentran unos y otros, para formular propuestas concretas en relación con las garantías de los derechos de los menores solicitantes de asilo o de cualquier otra forma de protección internacional.
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Cumplen las armas taser con estándares de derechos fundamentales en su uso para control de actividades civiles

Cumplen las armas taser con estándares de derechos fundamentales en su uso para control de actividades civiles

La Organización de las Naciones Unidas ha formulado normas aplicables a nivel internacional que resultan vigentes en cualquier tiempo y contexto, logrando así que la tortura en ningún caso sea aceptada, o se pasen por alto sus prohibiciones. Lo que explica que la prohibición de la tortura se constituya en una norma de ius cogens, consistente en la existencia de una norma de derecho consuetudinario, la que resulta de imperativo cumplimiento, independientemente de que hubieran sido o no aprobados o adoptados por los Estados los instrumentos internacionales que la contienen. Al respecto, surge necesario señalar que “al tenor del artículo 53 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados, se entiende por norma ius cogens o norma imperativa de derecho internacional general una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo
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guerra-justa-y-agresion

guerra-justa-y-agresion

acusado, aunque éste haya sido llevado ante dicha corte por medios ilegales, por ejemplo tras un secuestro en otro Estado. En el plano internacional, se puede mencionar el hecho de que una ocupación de territorio, que es un estado de facto, produce efectos jurídicos, aunque esa ocupación no se base en una causa válida y resulte de un mero acto de fuerza. Asimismo, se puede recordar la relativa indiferencia del derecho de gentes en cuanto a la situación del Gobierno de un Estado respecto del derecho constitucional de este Estado. Si un Gobierno ejerce de manera efectiva un control de hecho sobre la mayor parte del territorio y de la población, se le reconocerá, por lo general, la totalidad de sus competencias en el plano internacional, aunque haya llegado al poder por medios ilegales. Así, un acto ilícito in foro domestico tiene efectos jurídicos en el plano internacional, que en general ni siquiera se cuestionarán. Es sabido que la doctrina Tobar, que sostenía, en principio, que un Estado debía abstenerse de reconocer un Gobierno extranjero, si éste se instituía por la fuerza, nunca fue aceptada fuera del contexto estadounidense y nunca fue objeto de una aplicación duradera. [17] En un sentido, toda la teoría de la aplicación discriminatoria del derecho de la guerra se basa en la concepción, errónea en nuestra opinión, según la cual el jus in bello confiere a los beligerantes competencias y derechos subjetivos. Pero no es ése el caso. La función del derecho de la guerra no es atribuir competencias o derechos, sino imponer límites a la libertad de acción de los beligerantes, como prueba la sentencia del 12 de agosto de 1921 sobre el Asunto de los buques y remolcadores del Danubio: "El derecho internacional aplicado a la conducción de la guerra es un conjunto de restricciones y no de garantías de poder", Recueil des Sentences arbitrales, vol. I, Nueva York, Naciones Unidas, 1948, p. 104. En el mismo sentido: "El derecho internacional es un derecho prohibitivo", El proceso de los rehenes, Estados Unidos c/ List et al. Tribunal Militar de Estados Unidos, Nuremberg, del 8 de julio de 1947 al 19 de febrero de 1948, Law Reports of Trials of War Criminals, Seleccionados y preparados por la Comisión de las Naciones Unidas sobre crímenes de guerra, Vol. VIII, Londres, His Majesty´s Stationery Office, 1949, pp. 34-92, ad. p. 66. Las competencias que por lo general se designan con el nombre de "derechos de los beligerantes", estrictamente
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La Coopeación Judicial Civil en el ámbito Iberoamericano y las aportaciones de Iber-Red. El caso de la Coopeación Hispano-Argentina

La Coopeación Judicial Civil en el ámbito Iberoamericano y las aportaciones de Iber-Red. El caso de la Coopeación Hispano-Argentina

2. Uno de los deseos que se viene reiterando en las Cumbres es el relativo al refuerzo de las relaciones económicas y comerciales iberoamericanas. El adecuado tratamiento del derecho internacional privado, incluyendo el procesal, no puede dejarse de lado en ese objetivo. El proyecto de Iber-Red, como un espacio privilegiado para conocer el estado de aceptación y aplicación las Convenciones en la materia así como los puntos débiles de las mismas, y para proponer mejoras, se convierte así en una herramienta muy útil para dotar de agilidad y confianza las relaciones entre los actores económicos privados. Destacamos, además, que Portugal, que no es parte de las Convenciones de de la OEA relativas al Derecho Internacional Privado, pasa a formar parte, a través de IberRed, de un espacio de cooperación judicial civil en el marco de un proceso de mayor calado, de concertación e integración de los pueblos iberoamericanos, que trasciende, en este sentido, al marco de cooperación judicial de la Haya, en el que la participación de Portugal es, por otro lado, bastante alta.
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DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 4 LECTURA RECOMENDADA Alejandro Cobos Sánchez

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 4 LECTURA RECOMENDADA Alejandro Cobos Sánchez

circunstancias de la relación. Y por eso dice el preámbulo que los firmantes acuerdan ordenar la relación laboral por cuenta ajena del colectivo de encuestadores y su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social, «estableciendo la existencia de relación laboral entre empleadores y empleados desde la firma del Acuerdo en la que se dieren las notas de voluntariedad, retribución o salario, servicio por cuenta ajena y, sobre todo, integración en el círculo rector de una empresa». Y también es cierto -continúa diciendo- que la cláusula adicional prevé expresamente que el establecimiento de las relaciones laborales recogidas en el Acuerdo no tiene efecto retroactivo ni presupondría calificar con el carácter de relación laboral las existentes anteriormente con los entrevistadores. Pero lo que tampoco puede ofrecer duda -apostilla- es que el Acuerdo Colectivo al que se alude es revelador de una clara realidad social enderezada a otorgar carácter laboral a este tipo de relaciones jurídicas, y esta realidad social no puede ser desconocida por los Tribunales en su función interpretativa del derecho. Tanto más cuanto que, en la determinación del salario, se prevé ya expresamente su pago por entrevista realizada y su devengo únicamente cuando la entrevista esté terminada y bien hecha, una vez controlada y supervisada.
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DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 5 LECTURA RECOMENDADA Ana Belén Muñoz CONTRATO EVENTUAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS

DERECHO LABORAL INDIVIDUAL Universidad Carlos III de Madrid TEMA 5 LECTURA RECOMENDADA Ana Belén Muñoz CONTRATO EVENTUAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS

4.- Del mismo modo, en cuanto al contrato para obra o servicio determinados, los requisitos para la validez han sido ya delimitados por esta Sala en la STS/IV 21-enero- 2009 (rcud 1627/2008), con doctrina seguida por la STS/IV 14-julio-2009 (rcud 2811/2008 ), que recordando, entre otras, la STS/IV 10-octubre-2005 (rcud 2755/2004) , en la que con cita de la STS/IV 11-mayo-2005 (rcud 4162/2003), se razona que la doctrina es aplicable tanto para las empresas privadas como para las públicas e incluso para las propias Administraciones Públicas, señalando que " son requisitos para la validez del contrato de obra o servicio determinado, que aparece disciplinado en los arts. 15.1.a) ET y 2 Real Decreto 2720/1998 de 18-diciembre que lo desarrolla (BOE 8- 1-1999 ) ... los siguientes: a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta; c) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto; y c) que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas.- Esta Sala se ha pronunciado repetidamente sobre la necesidad de que concurran conjuntamente todos requisitos enumerados, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho ... Corroboran lo dicho, las de 21-9-93 (rec. 129/1993), 26-3-96 (rec. 2634/1995), 20-2-97 (rec. 2580/96), 21-2-97 (rec. 1400/96), 14-3-97 (rec. 1571/1996), 17-3-98 (rec. 2484/1997), 30-3-99 (rec. 2594/1998), 16-4-99 ( RJ 1999, 4424) (rec. 2779/1998), 29-9-99 (rec. 4936/1998), 15-2-00 (rec. 2554/1999), 31-3-00 (rec. 2908/1999), 15-11-00 (rec. 663/2000), 18-9-01 (rec. 4007/2000) y las que en ellas se citan que, aun dictadas en su mayor parte bajo la vigencia de las anteriores normas reglamentarias, contienen doctrina que mantiene su actualidad dada la identidad de regulación, en este punto, de los Reales Decretos 2104/1984, 2546/1994 y 2720/1998.- Todas ellas ponen de manifiesto ...que esta Sala ha considerado siempre decisivo que quedara acreditada la causa de la temporalidad".
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