Derecho internacional del trabajo

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Derecho internacional del mundo del trabajo

Derecho internacional del mundo del trabajo

186 “Las medidas de protección al trabajo se autolimitaron inicialmente a las fronteras de cada Estado, pero el intercambio creciente de pueblos y naciones, cada vez más intenso, ha transformado el problema de la protección al trabajo en uno de los más candentes problemas de la vida internacional. El derecho del trabajo sufre, como el derecho interno de la fuerza abstractiva, del eutropismo sociológico de su internacionalización, pues por las raíces humanas sus desarrollos se proyectan de manera similar en los países de semejante progreso económico. Creo que la primera palabra sobre la necesidad de la internacionalización de la protección al trabajo, nosotros, es decir, mejor ustedes, los iuslaboristas y los internacionalistas a veces, debemos a los llamados socialistas utópicos, en particular a Robert Owen en Inglaterra, en su inolvidable discurso de 1816. La clase obreras a partir de esa fecha han actuado intensivamente en las convenciones bilaterales entre los Estados. Fue poco a poco adquiriendo vi- talidad y volumen la tesis de una reglamentación universal de las relaciones de trabajo, que tenían en cuenta a través del derecho comparado la posibilidad de ser una rama del derecho, es decir, el derecho laboral” (Gilda Macci Correa, El derecho internacional del trabajo y la OIT, Segundo Seminario Latinoamericano de Derecho Laboral, 17-21 de abril de 1978, Universidad Externado de Colombia).

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El derecho internacional del mundo del trabajo y el derecho interno en el caso colombiano

El derecho internacional del mundo del trabajo y el derecho interno en el caso colombiano

255 Jean-Michel Servais, International labour law. Kluwer Law International B.V, The Netherlands, 2009, p. 71. 256 Esta posición es contraria a lo expresado por Fanny Ramírez en su obra Cartilla guía utilización NIT en deci- siones judiciales: Proyecto Promoción de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo - OIT. Bogotá, OIT, 2010, p. 28. También a lo expresado por Carlos Ernesto Molina Monsalve, La utilización del derecho internacional por los jueces colombianos, en la solución de litigios laborales, en VIII Congreso Regional Americano de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. VIII Americas Regional Congress of Labor and Social Security Laws. XXVIII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Memorias. Cartagena de Indias, 25 al 28 de mayo 8 de 2010. Ambos autores consideran que las recomendaciones de los organismos de control sobre los convenios 87 y 98 de la OIT no son de carácter obligatorio para operadores judiciales sino como fuentes interpretativas. 257 Corte Constitucional, Sentencia T-568/99, magistrado ponente: Carlos Gaviria Díaz; Sentencia C-200/02, ma- gistrado ponente: Álvaro Tafur Galvis.

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Precedentes económicos y sociales del derecho internacional del mundo del trabajo

Precedentes económicos y sociales del derecho internacional del mundo del trabajo

La doctrina económica de Quesnay, en boga por aquellos tiempos en España, se vio reflejada en las instituciones socioeconómicas de la América española en el fuerte sistema de tributación y en la legislación indiana. Así, se destaca la im- portancia que se otorgaba a la tierra y sus productos (agrícolas y mineros) como únicas riquezas, así como a la finalidad tributaria de las instituciones y las normas expedidas en relación con la fuerza de trabajo, que protegían al indígena por for- mar parte de la riqueza de nuestras tierras. Esta leyes estaban dirigidas también a garantizar el recaudo de los tributos.

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El Derecho Internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional humanitario

El Derecho Internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional humanitario

No escapa a nadie por el contrario lo restringido de los derechos que pueden ser invocados ante el intérprete supremo de la Constitución, como tampoco escapa la dificultad de interpretación del texto articulado mediante el que se explicitan muchos de esos derechos motivado por las necesidades del consenso constitucional de 1.978, así como las dificultades de orden práctico que se derivan de la legislación de desarrollo contenida en la L.O.T.C. tales como perentoriedad de los plazos en los que cabe interponer el recurso, la sistemática tendencia a la inadmisión de los amparos solicitados por el gran volumen de trabajo que pesa sobre el Tribunal, la posible falta de independencia de sus magistrados que, no tanto en los amparos como en los recursos de inconstitucionalidad, en los que por cierto, también se depuran materias en íntima relación con los derechos fundamentales, suelen decantarse por la interpretación más favorable para el poder político del momento, etc...

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Los impactos de la reforma del derecho del trabajo en el contexto internacional:

Los impactos de la reforma del derecho del trabajo en el contexto internacional:

Resumen: La presente investigación tiene como objetivo analizar los conceptos básicos del Derecho del Trabajo brasileño, así como las disposiciones añadidas al ordenamiento jurídico patrio por el Derecho Internacional del Trabajo, por intermedio de los convenios n.º 98 y n.º 154 de la Organización Internacional del Trabajo. Con las conclusiones, se buscará enfrentar tal marco legislativo, y, por consiguiente, las garantías básicas dadas al obrero en la relación de trabajo, junto con el artículo 611-A de la CLT, más el derecho laboral por la Ley 13.467 de 2017, verificando de esta forma sus compatibilidades. La investigación se desarrollará sobre la base de estudios de Convenciones internacionales (incluyendo el Convenio n.º 154 y n.º 98 de la OIT), así como en el estudio de leyes infraconstitucionales, de leyes constitucionales y de doctrinas referentes al Derecho del Trabajo y al Derecho Internacional del Trabajo, con base en los autores Maurício Godinho Delgado y José Carlos Sussekind. Tal estudio se desarrollará con la metodología dialéctica.

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REQUISITOS PARA LA COSTUMBRE

REQUISITOS PARA LA COSTUMBRE

v. United States of America) (fondo), fallo, I.C.J. Reports 1986, págs. 14 y ss., en especial págs. 99 a 101 (“Esta opinio juris puede, con las debidas precauciones, deducirse en particular de la actitud de las partes y de otros Estados respecto a ciertas resoluciones de la Asamblea General [...] El consentimiento respecto al texto de esas resoluciones [...] puede interpretarse como una aceptación de la validez de la norma o el conjunto de normas declaradas por la resolución [...] La aprobación por los Estados de [una resolución] es un indicio de su opinio juris sobre el derecho internacional consuetudinario en la materia”); Prosecutor v. Tadić, causa núm. IT-94-1, decisión sobre la apelación de la defensa contra la decisión interlocutoria relativa a la competencia (Sala de Apelaciones del Tribunal Internacional para la ex -Yugoslavia), 2 de octubre de 1995, párrs. 111 y 112; Libyan American Oil Company (LIAMCO) v. Government of the Libyan Arab Republic, laudo arbitral (1977), ILR, vol. 62, págs. 140 y ss., en especial pág. 189 (“dichas resoluciones, aunque no son una fuente unánime de derecho, constituyen pruebas de la reciente tendencia dominante en la opinión internacional respecto del derecho soberano de los Estados sobre sus recursos naturales”); Texaco Overseas Petroleum Company and California Asiatic Oil Company v. The Government of the Libyan Arab Republic, laudo arbitral (1977), ILR, vol. 53, págs. 389 y ss., en especial págs. 491 a 495; P. Tomka, nota 24 supra, págs. 210 y 211; H.W.A. Thirlway, nota 81 supra, pág. 65 (“Se sugiere [...] que, de hecho, los propios debates y las declaraciones formuladas en nombre de los Estados miembros en esos debates siempre tendrán mayor pertinencia que la resolución”); A. Pellet, nota 17 supra, págs. 817 y 825 (“En el caso de la determinación de una norma consuetudinaria del derecho internacional general [...] se sugiere que [las resoluciones aprobad as por los órganos de las organizaciones internacionales] pertenecen en mayor medida a la manifestación de la opinio juris que a la formación de la práctica [...] al ponderar su valor jurídico, lo importante no es lo que en ellas se dice, sino lo que los Estados han dicho sobre ellas”); J.E. Alvarez, nota 133 supra, pág. 260 (“Las resoluciones de la Asamblea General pueden ser un mecanismo eficiente para buscar [...] una opinio juris, habida cuenta en particular de la fastidiosa tendencia de los Estados de omitir cualquier debate sobre ese concepto en su intercambio diplomático bilateral”); A/HRC/22/44 (Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos), 24 de diciembre de 2012, párr. 43. Véanse también las conclusiones de la comisión del Instituto de Derecho Internacional sobre la elaboración de convenciones multilaterales generales y de instrumentos no contractuales con función o propósito normativos en relación con las resoluciones de la Asamblea General (1987, disponible en www.idi -

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Cumplen las armas taser con estándares de derechos fundamentales en su uso para control de actividades civiles

Cumplen las armas taser con estándares de derechos fundamentales en su uso para control de actividades civiles

El presente artículo busca a partir de un estudio de la literatura científica, histórica, médica, normativa y jurisprudencial, tanto nacional como internacional, determinar si el uso de las armas denominadas taser o de electrochoque cumple con estándares de protección de derechos humanos o si, por el contrario, su uso puede ser constitutivo de violaciones al derecho a la integridad personal como trato cruel e inhumano o tortura, llegando incluso a ocasionar la muerte de quienes se vean afectados por los electrochoques infligidos por parte de los agentes de la Fuerza Pública encargados de su uso. Lo anterior, siempre y cuando, se tiene conocimiento que integrantes de la Policía Nacional, en varias ciudades del país, cuenta con dichos dispositivos los cuales podrían ser utilizados en contra de la población civil.

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salomone_derechointernacionalhumanitario_2004

salomone_derechointernacionalhumanitario_2004

Desde la teoría del Derecho Internacional, la desintegración puede pro- ducirse en diversos grados de intensidad que no son necesariamente conse- cutivos. De esta manera, se puede estar ante una desintegración mínima, en la que el Estado sigue desempeñando funciones, pero solo ejerce un escaso control en cuanto a población y territorio. En segundo lugar, se habla de una desintegración elevada en que ciertas estructuras quedan fuera de fun- cionamiento (por ejemplo, la descomposición progresiva del ejército regu- lar acompañada de la proliferación de verdaderos ejércitos privados y de compañías de seguridad que frecuentemente son solo ramas de conglome- rados con intereses económicos que escapan a todo control por parte de los estados), pero el Estado sigue legítimamente representado ante la comuni- dad internacional. Finalmente, la desintegración mayor implica la implosión total de las estructuras gubernamentales de manera que el Estado ya no se encuentra representado ante la comunidad internacional. El caos generali- zado y el alto índice de criminalidad (ya ampliamente presentes en fases anteriores), con la consiguiente lucha de facciones sobre las que no hay posibilidad de ejercer control efectivo, constituyen signos adicionales de esta fase de la desintegración estatal. 26

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guerra-justa-y-agresion

guerra-justa-y-agresion

acusado, aunque éste haya sido llevado ante dicha corte por medios ilegales, por ejemplo tras un secuestro en otro Estado. En el plano internacional, se puede mencionar el hecho de que una ocupación de territorio, que es un estado de facto, produce efectos jurídicos, aunque esa ocupación no se base en una causa válida y resulte de un mero acto de fuerza. Asimismo, se puede recordar la relativa indiferencia del derecho de gentes en cuanto a la situación del Gobierno de un Estado respecto del derecho constitucional de este Estado. Si un Gobierno ejerce de manera efectiva un control de hecho sobre la mayor parte del territorio y de la población, se le reconocerá, por lo general, la totalidad de sus competencias en el plano internacional, aunque haya llegado al poder por medios ilegales. Así, un acto ilícito in foro domestico tiene efectos jurídicos en el plano internacional, que en general ni siquiera se cuestionarán. Es sabido que la doctrina Tobar, que sostenía, en principio, que un Estado debía abstenerse de reconocer un Gobierno extranjero, si éste se instituía por la fuerza, nunca fue aceptada fuera del contexto estadounidense y nunca fue objeto de una aplicación duradera. [17] En un sentido, toda la teoría de la aplicación discriminatoria del derecho de la guerra se basa en la concepción, errónea en nuestra opinión, según la cual el jus in bello confiere a los beligerantes competencias y derechos subjetivos. Pero no es ése el caso. La función del derecho de la guerra no es atribuir competencias o derechos, sino imponer límites a la libertad de acción de los beligerantes, como prueba la sentencia del 12 de agosto de 1921 sobre el Asunto de los buques y remolcadores del Danubio: "El derecho internacional aplicado a la conducción de la guerra es un conjunto de restricciones y no de garantías de poder", Recueil des Sentences arbitrales, vol. I, Nueva York, Naciones Unidas, 1948, p. 104. En el mismo sentido: "El derecho internacional es un derecho prohibitivo", El proceso de los rehenes, Estados Unidos c/ List et al. Tribunal Militar de Estados Unidos, Nuremberg, del 8 de julio de 1947 al 19 de febrero de 1948, Law Reports of Trials of War Criminals, Seleccionados y preparados por la Comisión de las Naciones Unidas sobre crímenes de guerra, Vol. VIII, Londres, His Majesty´s Stationery Office, 1949, pp. 34-92, ad. p. 66. Las competencias que por lo general se designan con el nombre de "derechos de los beligerantes", estrictamente

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Enfoque desde el derecho contractual civil ecuatoriano y la legislación internacional del trabajo

Enfoque desde el derecho contractual civil ecuatoriano y la legislación internacional del trabajo

adhesión por la Asamblea General, en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Artículo 8.- “1. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar: a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, con sujeción únicamente a los estatutos de la organización correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones nacionales y el de éstas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas; c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de los derechos y libertades ajenos; d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país”.

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FRAGMENTACION

FRAGMENTACION

ciones y conferencias académicas en la actualidad. Entre los diversos estudios en los que se examina la diversificación de las fuentes de regu- lación internacional se pueden consultar, por ejemplo, E. Loquin y C. Kessedjian (coords.), La mondialisation du droit, París, Litec, 2000, y P. S. Berman (ed.), The Globalization of International Law, Alder- shot, Ashgate, 2005. La actividad de las organizaciones tradicionales se examina en la obra de José E. Álvarez International Organizations as Law-makers, Oxford University Press, 2005. También se presen- tan diferentes concepciones de la actividad normativa distinta de los tratados en R. Wolfrum y V. Röben (eds.), Developments of Interna- tional Law in Treaty Making, Berlín, Springer, 2005, págs. 417 a 586, y R. D. Lipschutz y C. Fogel, «“Regulation for the rest of us?” Global civil society and the privatization of transnational regulation», en R. B. Hall y T. J. Biersteker, The Emergence of Private Authority in Global Govern- ance, Cambridge University Press, 2002, págs. 115 a 140. Véanse tam- bién «Symposium: The proliferation of international tribunals: piecing together the puzzle», New York University Journal of International Law and Politics, vol. 31, n.º 4 (1999), págs. 679 a 933; A. Zimmermann y R. Hofman (eds.), con la colaboración de H. Goeters, Unity and Diver- sity of International Law - Proceedings of an International Symposium of the Kiel Walther Schücking Institute of International Law, November 4-7, 2004, Berlín, Duncker & Humblot, 2006, y K. Wellens y R. Huesa Vinaixa (coords.), L’influence des sources sur l’unité et la fragmenta- tion du droit international, Bruselas, Bruylant, 2006. Se hace un enér- gico alegato a favor de la unidad en P. -M. Dupuy, «L’unité de l’ordre juridique international : cours général de droit international public», Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, vol. 297 (2002). Se puede ver más bibliografía en M. Koskenniemi y P. Leino, «Fragmentation of international law? Postmodern anxieties», Leiden Journal of International Law, vol. 15 (2002), págs. 553 a 579.

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Los tratados internacionales LISTO

Los tratados internacionales LISTO

Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración. esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter.

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PRESENTACION TOTAL CURSO

PRESENTACION TOTAL CURSO

Para que sea considerada por el Comité, la comunicación deberá reunir los siguientes requisitos: • Deberá presentarse por escrito; • No podrá ser anónima; • Deberá concernir a un Estado que sea Parte en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y en el Protocolo Facultat ivo; • Deberá ser presentada por personas o grupos de personas, o en nombre de esas pe rsonas o grupos de personas, que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado que sea Parte en la Convención y el Protocolo Facultativo. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas o grupos de personas, es necesario su consentimiento a menos que quien presente la comunicación pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento. El Comité no examinará normalmente una comunicación: A menos que se hayan agotado todos los r ecursos de la jurisdicción interna; Si se refiere a una cuestión que está siendo examinada o ya ha sido examinada por el Comité o con arreglo a otro procedimiento internacional; Si se refiere a una supuesta violación ocurrida antes de la fecha de entrada en vigor del Protocolo Facultativo para el Estado interesado. Para que el Comité examine una comunicación, la víctima o las víctimas deberán consentir en que se revele su identidad al Estado supuestamente responsable de la violación. De resultar admisible la comunicación, ésta se pondrá en conocimiento del Estado Parte interesado de forma confidencial

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HISTORIA DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO EL DERECHO INTERNACIONAL EN LAS GRANDES CIVILIZACIONES DEL ANTIGUO ORIENTE

HISTORIA DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO EL DERECHO INTERNACIONAL EN LAS GRANDES CIVILIZACIONES DEL ANTIGUO ORIENTE

Entre los abundantes tratados de la época helenística cabe mencionar aquellos que fueron concluidos entre Roma y Cartago, que establecen, por ejemplo, zonas de influencia y de monopolio marítimo, o límites de expansión territorial. Este mundo internacional fue de corta duración, víctima de la expansión de Roma. Es en esta época cuando la filosofía estoica, permitió establecer un conjunto de principios válidos para todos los hombres. Según los estoicos, el Logos rige la vida del cosmos. Así llegaron a la idea de una ciudad común a los hombres y a los dioses en cuyo interior desaparecen los vínculos de los individuos con sus comunidades históricas. Esta concepción ejercerá una gran influencia sobre el pensamiento internacional y el pacifismo de los siglos posteriores. La contribución de Roma al desarrollo histórico del Derecho internacional se realizó principalmente por medio de instituciones de su derecho interno. Desde los tiempos más remotos existía en Roma un colegio de sacerdotes, los fetiales, cuyo concurso era necesario para comenzar una guerra, concluir la paz o reclamar la reparación de una injuria inferida a Roma. Así nació el jus fetiale, de carácter sagrado. Si el comienzo y fin de la guerra estaban regulados, la forma de conducirla no lo estaba.

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ORIGENES Y DESARROLLO DEL DI

ORIGENES Y DESARROLLO DEL DI

El de sa rro llo de de ter mi na das re glas pa ra el co mer cio in ter na cio nal (pri va do) se acer ca a la idea de que ha bría pa ra las re la cio nes en tre los so cios co mer cia les un or de na mien to le gal propio, cons ti tui do con ba se en las cos tum bres co mer cia les in ter na cio na les, la prác ti ca de los trata dos in ter na cio na les y los prin ci pios ge ne ra les del de re cho: lex mer ca to ria (al gu nos ha blan en ese con tex to tam bién de un “derecho trans na cio nal”). La exis ten cia de un or de na mien to ju rí di co a-na cio nal de es te ti po es dis - cu ti ble. Du ran te lar go tiem po, la opi nión pre va le cien te con si deró que to - das las re la cio nes ju rí di cas de ben some ter se o bien al de re cho in ter na cio - nal o bien al de re cho na cio nal, sin dar le nin gún es pa cio a la existen cia de un ter cer or den ju rí di co en tre es tas dos po si bi li da des. En la ju ris pru dencia na cio nal re cien te, es pe cial men te la de los tri bu na les de Eu ro pa oc ci den - tal, exis te una dis po si ción ca da vez más mar ca da, en el ca so de ne go cios co mer cia les in ter na cio na les —prin ci pal men te en el mar co de los pro ce - sos arbitra les— a re mi tir el te ma de los acuer dos con trac tua les a los prin - ci pios con sue tu di na rios de la lex merca to ria o a los prin ci pios ge ne ra les del de re cho con trac tual, co mo “de re cho” apli ca ble a la re gla mentación de las re la cio nes ne go cia les (véan se por ejem plo, Cour de Cas sa tion, Com pa nia Va len cia na de cemen tos Port land c. Pri mary Coal, Rev. Arb. 1992, p. 663; Court of Appeal in gle sa, Deuts che Schach t bau- und Tief - bau ge sellschaft vs. R’As Al-Khai mah Na tio nal Oil Co., [1987] 3, W. L. R. 1023; el ca so del de re cho ar bi tral ale mán el § 1051 in ci so 1 del Có di go de Pro ce di mien to Ci vil). 1 El fundamen to pa ra es te ti po de re co no ci mien -

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Así, por ejemplo, Brasil presentó el 2003 una propuesta de Resolución General relativa al reconocimiento de los derechos humanos de las personas de diversa orientación sexual e identidades de género, aunque luego fue retirada debido a ciertas presiones. Ha habido también diferentes declaraciones patrocinadas y presentadas por países europeos y latinoamericanos en los distintos foros de las Naciones Unidas, tales como la denominada “Terminando con los actos de violencia y violaciones relacionadas derechos humanos basadas en la orientación sexual y la identidad de género”, redactada en marzo de 2011 y entregado por Colombia a la 16ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en nombre de 85 Estados. Finalmente, hay una resolución de dicho Consejo, aprobada el 26 de septiembre de 2014, y destinada a combatir la violencia y la discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, que estableció que “Los Estados deben revisar y derogar las leyes discriminatorias y abordar la discriminación contra las personas LGBT y personas intersexuales, incluidos el goce de los derechos a la salud, educación, trabajo, agua, vivienda adecuada y la seguridad social” 23 .

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