Derecho penal -- Casos -- Medellín

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Formas de autoría y participación en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y su equivalencia en el Derecho Penal español

Formas de autoría y participación en el Estatuto de la Corte Penal Internacional y su equivalencia en el Derecho Penal español

Por tanto, ROXIN no pretende extender la tesis de la autoría media- ta con aparatos organizados de poder a todo tipo de delincuencia orga- nizada, sino única y exclusivamente a las hipótesis en que una organi- zación se apodera del aparato del Estado y lo utiliza para la realización de delitos, como ocurrió con el régimen nacionalsocialista alemán, o a los casos de movimientos clandestinos, organizaciones secretas y aso- ciaciones criminales que persigan objetivos contrarios al orden jurídico establecido y que, debido a su fuerte estructura jerárquica y considerable número de miembros, aparecen como un Estado dentro del Estado, siempre que reúnan las características apuntadas, que son, como hemos visto, que se trate de un aparato organizado de poder con fuerte estruc- tura jerárquica, que el número de miembros dispuestos a cumplir la or- den permita afirmar la fungibilidad del ejecutor y, por último, que la or- ganización esté desvinculada del ordenamiento jurídico 28 .
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TítuloRegulación del derecho a un proceso penal sin dilaciones indebidas: de la atenuante analógica a la atenuante específica del código penal

TítuloRegulación del derecho a un proceso penal sin dilaciones indebidas: de la atenuante analógica a la atenuante específica del código penal

9 Catorce años después, la Ley 38/2002, de 24 de octubre, de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado, ha seguido insistiendo en la misma idea: “La presente Ley es fruto destacado del espíritu de consenso que anima el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia. Entre los muchos objetivos de dicho Pacto está el de que una futura Ley de Enjuiciamiento Criminal consiga “la agilización de los procedimientos, la mejora de los procedimientos abreviados, el enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves y flagrantes, y la simplificación de trámites en las grandes causas”. Este objetivo no admite demora y debe ser acometido con prontitud a través de una reforma parcial de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de profundizar en la vía abierta por lo que en el lenguaje forense y hasta en el lenguaje coloquial se conocen como “juicios rápidos”, dando lugar en algunos casos a una justicia realmente inmediata. En efecto, en determinados supuestos, la tramita- ción de los procesos penales se prolonga en el tiempo mucho más de lo que resulta necesario y aconsejable; y esta dilación es fuente de ciertas situaciones que han generado en los últimos tiempos una notable preocupación social: los retrasos en la sustanciación de los procesos penales son aprovechados en ocasiones por los imputados para ponerse fuera del alcance de la autoridad judicial y, sobre todo, para reiterar conductas delictivas, lo que genera una impresión generalizada de aparente impunidad y de indefensión de la ciudadanía ante cierto tipo de delitos. La inmediatez y aceleración en la respuesta estatal ante la delincuencia es, sin duda, una pieza clave para evitar los fenómenos antes descritos y permitir que la Justicia penal cumpla alguno de los fines que tiene asignados. Esta es la finalidad primordial que persigue la presente reforma parcial”. Sobre la misma vid. a Rangüena f anegO , C., “Líneas
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Expulsión «penal» de extranjeros : una simbiosis de Derecho penal «simbólico» y Derecho penal del «enemigo»

Expulsión «penal» de extranjeros : una simbiosis de Derecho penal «simbólico» y Derecho penal del «enemigo»

A ello se suma (que bien debiera figurar en primer orden) la in- dubitada violación de los principios de legalidad, proporcionalidad y humanidad que supone la expulsión del sujeto que ya ha cumplido las tres cuartas partes de la condena o, incluso, como se ha añadido ahora por la última reforma, cuando se ha alcanzado el tercer grado penitenciario. En estos casos, a nadie se le escapa que la expulsión pasa de ser una consecuencia sustitutoria de la pena a una acumu- lativa a ésta. Y a la jurisprudencia tampoco: «...en la actualidad el condenado ya ha cumplido prácticamente toda la pena impuesta,... por lo que la sustitución que se pretende del resto de la pena que le queda por cumplir a fecha de hoy, apenas dos meses, es además de excesiva, contraria al principio «non bis in ídem», pues provocaría la doble punición de su conducta, ya que a la obligación de cumplir la pena de privación de libertad, se le suma la de cumplir la expulsión, lo cual es contrario a los más elementales principios de derecho. Añadiendo que se vulneraría la proporcionalidad que la imposición de cualquier pena exige, al excederse el castigo a su conducta, que se ve doblemente sancionada, pues sin duda la expulsión por los escasos meses que le quedan por cumplir es desproporcionada y excesiva» (Sentencia de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3. a , de 31
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3.- El delito de Cohecho pasivo específico - 01 Alonso-Estudio Cohecho-2da Parte

3.- El delito de Cohecho pasivo específico - 01 Alonso-Estudio Cohecho-2da Parte

Con todo, las resoluciones jurisdiccionales, los dictámenes fiscales así como sus disposiciones en ciertos casos (formalización de denuncia penal), deben ser el dictado de una decisión debidamente razonada, producto de un análisis lógico jurídico y, cuestión importante para el tema que nos interesa, que su motivación este desprovista de cualquier influencia ajena, de las partes, que pueda distorsionar la legalidad de su respuesta o simplemente acelerarla, al haber recibido una coima por parte del usuario de justicia. En este caso, el juez o fiscal estaría en curso en el tipo penal de Cohecho pasivo específico, que requiere de ciertas precisiones, para que se aplicación no contravenga el principio de legalidad, principio fundamental del Derecho penal en un orden democrático de derecho, el cual debe respetarse ora en un proceso penal ordinario (común) ora en los procedimientos penales especiales (terminación anticipada del proceso, colaboración eficaz, etc.).
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Derecho penal del equilibrio : una visión minimalista del derecho penal

Derecho penal del equilibrio : una visión minimalista del derecho penal

“en 1163, en el concilio de Tours, en Francia, el papa Alexandre III ordenó el clero buscase los herejes con base en expedientes, con a ayuda de testigos juramentados. Durante un período de cerca de cincuenta años (de 1163 a 1215), hubo procesos inquisitoriales en tramitación. En el siglo XIII, la inquisición actuaba en todo el Europa, exceptuándose en la Escandinávia y en Inglaterra. Diferentemente de los casos tratados en los tribunales civiles, los acusados nunca eran enterados quien eran sus acusantes. Si los agravios fuesen consideradas ligeros, penalidades bastantes insignificantes eran bajadas, generalmente envolviendo formas de penitencia. Pero los alegados crímenes, que comúnmente nada más envolvían sino diferencias de opinión doctrinaria, eran pesadamente punidos, con encarcelación, banimiento y hasta la muerte, para no decir sobre indescriptibles torturas sufridas por las víctimas. Lo más increíble es que, en 1253, el Papa Inocente IV autorizó oficialmente el uso de torturas, en el proceso de los interrogatorios. Por tanto, el supuesto vicario o substituto del humilde Jesus Cristo, que prohibía toda suerte de violencia, se volvió pesadamente culpable de ese crimen de torturar hasta mismo miembros de su propia Igreja.87
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El juzgamiento en ausencia y la imprescriptibilidad de la acción y de la pena del delito de asesinato

El juzgamiento en ausencia y la imprescriptibilidad de la acción y de la pena del delito de asesinato

Desde la muy antigua época en que una vez cometida la falta inmediatamente se imponía la sanción, hasta la época actual que, para dicha imposición, exige el desarrollo del debido proceso, ha sido larga, pero muy larga y dolorosa la evolución del Derecho Procesal en general y el del proceso penal en particular. Actualmente no se concibe que alguna persona sea condenada por la voluntad omnímoda de un gobernante, o de cualquier autoridad, salvo el caso de que se trate de gobiernos dictatoriales, en que las condenas a muerte se dictan en secreto y en secreto se cumplen. Pero en estos son casos excepcionales, pues la regla general es que en todo el mundo civilizado la condena debe ser consecuencia, esto es, debe estar precedida por un proceso que se ha iniciado, desarrollado y concluido conforme a las reglas de procedimiento previamente establecidas y de acuerdo a los principios constitucionales y legales estampados dentro del ordenamiento jurídico del estado. “Nulla poena sine praevia iuditio” es hoy el principio que informa a la legislación penal contemporánea. No hay pena sin juicio previo es un principio procesal que encierra dentro de sí muchas implicaciones y provoca muchos efectos. 128
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Incidencias de las nuevas tecnologías en el sistema penal : aproximación al derecho penal en la sociedad de la infomación

Incidencias de las nuevas tecnologías en el sistema penal : aproximación al derecho penal en la sociedad de la infomación

A título meramente elucubrativo, se puede plantear si en tales condiciones procedería declarar la responsabilidad en comi- sión por omisión del proveedor, en base a los deberes que impone el Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico. La respuesta necesitaría de un análisis pormenorizado que aquí no se puede llevar a cabo. Pero sí pueden establecerse algunas pautas orientativas: estas particularidades consagran sólo títulos posibles de responsabilidad diversa, sin prejuzgar, a salvo del principio de proporcionalidad, si a cada violación de estas obligacio- nes se le deben reconocer consecuencias jurídico-penales o simplemente civiles o administrativas. Más bien, el modo en que quedan configurados en el Anteproyecto permite poner de manifiesto que sólo en casos particularmente graves entra- ría en juego la responsabilidad penal. Una segunda cuestión concierne a la naturaleza de estas previsiones y su entronque en el sistema de presupuestos del delito. A este respecto, creo que aquellas previsiones actúan a modo de filtro de la res- ponsabilidad penal, de manera que para poder plantearse ésta, los hechos, como mínimo, habrán de suponer una infrac- ción de los deberes indicados, debiendo rechazarse “automáticamente” aquella responsabilidad si los hechos que se reali- zaron están bajo la cobertura de limitación de responsabilidad que establece el Anteproyecto. No obstante, la efectividad de esta función de filtro debe coordinarse con el sistema de presupuestos de la responsabilidad penal que rige en nuestro De- recho, lo que entre otras cosas, determinará que, salvaguardando dicha función, se habrán de sincronizar estas previsiones con las diversas fases de imputación que integran aquel sistema. No creo que sea posible una solución homogénea, como se ha planteado en la doctrina alemana, entre otras cosas porque es preciso atender a las previsiones específicas de cada ti- po penal y a las peculiaridades del requisito
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SERIES PROGRAMAS DE ESTUDIOS

SERIES PROGRAMAS DE ESTUDIOS

Elaborar un cuadro de doble entrada en el que se especifiquen los tipos penales, con el bien jurídico tutelado, las sanciones y medidas de seguridad que se aplican a los mismos, la importancia de su definición como medida para la prevención de conductas delictivas y el trato de equidad y de respeto tanto al imputado como a la víctima que el sistema de justicia penal supone.

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DERECHO DE LA COMPETENCIA: desde la perspectiva económica con enfoque penal

DERECHO DE LA COMPETENCIA: desde la perspectiva económica con enfoque penal

Se puede estar seguro, en efecto, que el Derecho penal que ha de regir la sociedad del mañana y particularmente la sociedad económica que se encuentra actualmente en vías de formación, no responderá verdaderamente a su misión sino en la medida en que constituya una disciplina jurídica presente en todo nivel, grado y estado cognoscente. Aunándose al anterior resultado, la validez de un conjunto de normas que se encargan de regular dichas conductas y el tratamiento que se le da tanto penal como administrativamente, siendo el Derecho penal y administrativo, respectivamente, las áreas del Derecho que dan luz al eterno conjunto de normas jurídicas que regulan el Derecho de la competencia, tanto la materia específicamente como la aplicación de sanciones derivadas de las responsabilidades que se establezcan. Determinándose los órganos que tienen la competencia para llevar a cabo los procedimientos para la determinación de responsabilidad y de la imposición de las penas correspondientes.
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Efectos de las Sentencias Condenatorias del  2004, 2005 y 2006 de los  06 Juzgados Penales del  Distrito del Cusco, en Cuanto a los Fines de la Pena: La Prevención General y Especial

Efectos de las Sentencias Condenatorias del 2004, 2005 y 2006 de los 06 Juzgados Penales del Distrito del Cusco, en Cuanto a los Fines de la Pena: La Prevención General y Especial

3. En el plano teórico este discurso parte del presupuesto de que la pena es un bien para quien la sufre, sea de carácter moral o psicofísico. En cualquier caso, oculta el carácter penoso de la pena y llega a negarle incluso su nombre, reemplazándolo por sanciones y medidas. Si la pena es un bien para el condenado, su medida será la necesaria para realizar la ideología re que se sostenga y no requerirá de otro límite. El delito sería sólo un síntoma de inferioridad que indicaría al estado la necesidad de aplicar el benéfico remedio social de. la pena. Si el delito es sólo un síntoma, la ideología re debe postular que, a partir de ese síntoma, el estado debe penetrar en toda la personalidad del infractor, porque la inferioridad lo afecta en su totalidad. Por ello, estas ideologías no pueden reconocer mayores límites en la intervención punitiva: el estado, conocedor de lo bueno, debe modificar el ser de la persona e imponerle su modelo de humano. Como la intervención punitiva es un bien, no sería necesario definir muy precisamente su presupuesto (el delito), bastando una indicación orientadora general. De igual modo, en el plano procesal no sería necesario un enfrentamiento de partes, dado que el tribunal asumiría una función tutelar de la persona para curar su inferioridad. La analogía legal y su correlato procesal -el inquisitorio-serían instituciones humanitarias que superarían los prejuicios limitadores de legalidad, acusatorio y defensa, que perderían sentido como obstáculos al bien de la pena, que cumpliría una función de defensa social al mejorarlas células imperfectas del cuerpo social, cuya salud como expresión de la de todas sus células es lo que en último análisis interesaría. Es claro que, con este discurso, el estado de derecho es reemplazado por un estado de policía paternalista, clínico o moral, según que el mejoramiento sea policial biológico materialista (positivismo criminológico) o ético idealista (correcionalista). En definitiva, se trata de una intervención del estado que, en caso de ser factible contra todos los datos sociales- consistiría en una imposición de valores en que nadie cree, privada de todo momento ético, desde que desconoce la autonomía propia de la persona.
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La imputabilidad e inimputabilidad desde el punto de vista médico legal

La imputabilidad e inimputabilidad desde el punto de vista médico legal

En la literatura también se documenta dentro de las causas de inimputabilidad trastornos en el sueño, sonambulismo y la hipnosis; ya que por ejemplo el sueño puede llevar a la persona a un estado de inconsciencia que lo haga actuar sin la capacidad para determinar lo lícito o ilícito del hecho. El sonambulismo, el cual es la fase más profunda del sueño, donde existe anublamiento de la conciencia, con recuerdos muy vagos o ausentes, puede consumarse hechos ilícitos. En los casos de hipnotismo, donde un individuo origina en otro de forma voluntaria un estado crepuscular o de sueño, en el que las acciones que realiza se basan en las naturales tendencias o deseos y como obediencia hacia la otra persona. En Costa Rica no se registran casos en los que se haya alegado que el sueño, sonambulismo o hipnosis hayan producido un estado de inimputabilidad o imputabilidad disminuida y desde el punto de vista forense es debatible (Escalante L ,2014).
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GIL GIL, Alicia: Derecho Penal Internacional, Editorial Tecnos, Madrid, 1999

GIL GIL, Alicia: Derecho Penal Internacional, Editorial Tecnos, Madrid, 1999

Ante las distintas acepciones como Derecho Internacional penal, Derecho Penal interestatal, Derecho Penal universal, Derecho Penal inter- nacional público o Derecho P[r]

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La jerarquía administrativa

La jerarquía administrativa

El señalado entrecruzamiento en este punto del Derecho Penal y el Derecho Administrativo o, si se quiere, la superposición del ilícito penal y el ilícito administrativo disciplinario pue[r]

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Implicancias de la ratificación en la declaración judicial por el delito de violación sexual en los aspectos psicológicos traumáticos del menor agraviado en la provincia de Puno 2006 2007

Implicancias de la ratificación en la declaración judicial por el delito de violación sexual en los aspectos psicológicos traumáticos del menor agraviado en la provincia de Puno 2006 2007

La investigación desarrollada pertenece al campo del derecho penal, en el área del Derecho Procesal Penal, en la línea de la prueba del delito y que se presenta con la denominación: "lmp[r]

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Mobbing Militar, entre el silencio y la verdad

Mobbing Militar, entre el silencio y la verdad

Este tipo de casos promovió que dentro del Código Penal de dicho país, el delito de Mobbing quedara estipulado con penas que van desde los seis meses a dos años, siempre y cuando no se ahonden en lesio- nes físicas u homicidio. También se estipuló que dicho acoso laboral, será sancionado tanto en las relaciones privadas como en lo perteneciente a lo público. En el 2000, el Ministerio británico de Defensa deinió el acoso como “el uso de la fuerza física o el abuso de autoridad para intimidar o victimizar a otros, o para dar castigos ilegales” Esta airmación resultó de la revisión de este órgano frente a las muertes por suicidio e intimidación que se presentaron en la década de los noventas dentro de las Instituciones Militares. 6
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La Culpabilidad del Adolescente Infractor en el Ordenamiento  Jurídico  Peruano

La Culpabilidad del Adolescente Infractor en el Ordenamiento Jurídico Peruano

JAKOBS, Gunther, Sociedad, Norma y Persona en una Teoría de un Derecho Penal Funcional, Trad. CancioMelia y Feijoo Sánchez, Editorial Civitas, Madrid, 1996, p. 60: “(…) Desde el punto de vista del derecho penal, el concepto de culpabilidad es el que separa el sentido de la naturaleza. Toda sistematización previa al escalón del juicio de culpabilidad está configurada sobre la base de conceptos auxiliares cuyo cometido consiste en hacer más manejable el concepto de culpabilidad. Dichas categorías penales no tienen, por consiguiente, más que una función didáctica”.
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TítuloPrólogo

TítuloPrólogo

El sector del Derecho penal económico constituye la línea de investigación fundamental en la que ha venido enmarcándose la actividad de nuestra área de Derecho penal, que ha merecido con[r]

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Análisis de los discursos securitarios de la política criminal desde las políticas de seguridad en Bogotá

Análisis de los discursos securitarios de la política criminal desde las políticas de seguridad en Bogotá

Lo expuesto con anterioridad permite, desde una perspectiva de definición normativa, evidenciar la relación entre momentos, conceptos y paradigmas en el derecho penal, en especial en relación con la seguridad con función instrumental en el plano operativo del derecho penal, así como fuente de configuración de po- lítica criminal. En el caso concreto colombiano, resulta importante resaltar que, para efectos del presente ejercicio y en términos de construcción de las políticas penales y de seguridad, se tiene como referencia el 2000 como punto temporal de partida para el análisis de las políticas de seguridad, pero también porque este año coincide con el desarrollo de la última codificación en materia de legislación penal sustantiva.
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Delincuencia ocupacional y corrupción   Aproximación  a su estudio en el ámbito empresarial cubano

Delincuencia ocupacional y corrupción Aproximación a su estudio en el ámbito empresarial cubano

La caracterización de los sujetos participantes del contexto de comisión del acto delictivo y las consecuencias de éste que enmarcan el tipo de actividad ilegal realizada no arrojan información sobre una de las cuestiones más importantes para su estudio socio-criminológico que es la naturaleza material, es decir, la esencia social subyacente en el acto ilícito. Dicho en otras palabras, es un concepto que define su esencia en términos jurídico-formales, a partir de sus efectos nocivos para un área específica del orden social (la economía) (Aldana, 2005) y que deja al Derecho Penal la función de determinar –no de explicar- qué tipo de acciones son las dañinas para este orden. Existen estudios en Cuba que han tributado a la explicación teórica del tema en cuestión, lo que propicia destacar la importancia de la tesis propuesta por Fernando Barral Arranz, 2 por constituir una teoría de la delincuencia como fenómeno social, por tanto sociológica, basada en estudios realizados sobre el particular en la sociedad cubana. La misma pudiera establecerse como la primera aproximación al tema en nuestro país además de proporcionarnos pistas para posteriores investigaciones.
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1.- A modo de Introducción - 01 Alonso-Estudio Cohecho-1era.Parte

1.- A modo de Introducción - 01 Alonso-Estudio Cohecho-1era.Parte

En resumidas cuentas, consideramos que el Poder Ejecutivo se equivoca, tomando un rumbo erróneo, a nuestro modesto parecer, desde un doble baremo a saber: primero, que si bien podría resultar “constitucional” la creación de dicho organismo público, a la larga ingresa de todos modos a un ámbito de ilegitimidad normativa (constitucional), pues a ciencia cierta, tal como se ha dispuesto legalmente en el DS Nº 085-2007-PCM, se le han conferido el desarrollo de funciones que el marco jurídico-constitucional y legal le reconoce de forma exclusiva al Ministerio Público, esto es, la investigación y persecución penal de los hechos punibles, tal como se ha ratificado en las normas fundamentales del nuevo CPP, función que ejecuta conjuntamente con la PNP. De no ser así, a esta Oficina sólo le quedarían las veces de una “mesa de parte”, entre los denunciantes y las instituciones encargadas de procesar dicha información, lo que en definitiva no fue la intención del Gobierno al promulgar la norma en cuestión. A menos que se le incluya de forma legal y constitucional, en el aparato administrativo, como apéndice de la Contraloría General de la República. Segundo, si en realidad se quiere prevenir la comisión de actos de corrupción, se debe hacer lo siguiente: a.-Fortaleciendo el Sistema Nacional de Control, de la CGR, incidiendo normativamente en un mayor campo de actuación de las Auditorias públicas, descentralizando su actuación funcional y operativa, reglando una intervención anticipada de sus órganos de gestión y; b.-Promoviendo de forma decidida la entrada en vigencia del nuevo CPP, asegurando el presupuesto necesario para que en todos los Distritos Judiciales de la República se pueda contar con un mecanismo de persecución penal, que cuenta con las herramientas suficientes para tramitar el procesamiento de los hechos punibles con eficiencia y celeridad.
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