Derechos de propiedad sobre la tierra

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Los derechos de propiedad sobre la tierra

Los derechos de propiedad sobre la tierra

Ante el problema de carencia de información de tierras totalmente veraz, pertinente y oportuna para hacer valer derechos de propiedad, que se configure como un sistema que sustente con solvencia la institucionalidad de la tierra, aparecen inequidades que dejan a favor del mejor informado la posibilidad de acceder al recurso con ventaja sobre el que desconoce información, este último paga más caro, toma malas decisiones de compra e incluso pierde incentivos o derechos, sean ellos subsidios o herencias, por ejemplo. Kalmanovitz (2003), explica que el neo-institucionalismo critica la ortodoxia económica introduciendo una psicología experimental para sustituir el utilitarismo y su proceso de optimización, lo que propone al individuo como un agente menos racional y soberano que el supuesto por la teoría neoclásica. Se establece así, según el autor, el ejercicio de una racionalidad limitada por las carencias de información y por los procesos cognitivos de los agentes y lo común es que los agentes dispongan de información incompleta, que sea costoso conseguir información adicional y que incluso, con buena información, los modelos mentales de los agentes que los interpretan operen de manera equivocada frente a la realidad. Por lo que sería posible entonces, que no se puedan tomar buenas decisiones cuando las instituciones están montadas sobre sistemas políticos que favorecen a muy pocos, o que no tienen manera de orientar de manera cooperativa los intereses sociales; lo que sucedería entonces, sería la captura de rentas y el incentivo a la redistribución de la riqueza y no la generación de la misma.
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Acceso a la tierra y derechos de propiedad campesinos: recorriendo los laberintos

Acceso a la tierra y derechos de propiedad campesinos: recorriendo los laberintos

E ste texto ilustra y analiza —tomando como escenario sendos casos en la costa atlántica colombiana, Chivolo y Montes de María— dos modalidades diferentes de debilitamiento y fluidez de los derechos de propiedad sobre la tierra. El trasfondo institucional de estos pro­ cesos son propuestas agrarias estatales de acceso a la tierra para los campesinos, que en algún momento se convirtieron en escenario institucional de concentración coercitiva de la propiedad en medio del conflicto armado. En conjunto, las dos narrativas —en un caso despojo, en otro, transacciones entre campesinos— muestran algunas de las grandes fracturas que tienen lugar en los procesos sociales/institucionales de asignación de derechos de propiedad sobre la tierra. Al identificar estas fracturas, ponemos en cuestión la dicotomía forma­ lidad/informalidad desde la que se han mirado con frecuencia tales derechos. Mientras mostramos qué tan porosa es la frontera entre lo formal y lo informal, identificamos distintas modalidades de interacción entre las luchas, demandas y acciones por el acceso a la tierra por parte de los campesinos, y estructuras de poder claves que inciden en la asignación, formalización y transferencia de los derechos sobre esa tierra. En particular, mostramos cómo ciertas modalidades formales y no redistributivas de acceso a la tierra mantuvieron intactas las es­ tructuras de poder y las formas de interacción entre Estado y campesinos, lo que a la larga debilitó dramáticamente sus derechos (particularmente en contextos de conflicto armado).
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Derechos de propiedad y mercado de la tierra en la Cataluña Vieja (s  XV XIX)  El caso de Artés (Bages)

Derechos de propiedad y mercado de la tierra en la Cataluña Vieja (s XV XIX) El caso de Artés (Bages)

Este es el ejercicio que se propone en este artículo. Se trazan los principales cambios desde la perspectiva de la formación y evolución de la estructura de la propiedad, de las contradicciones generadas en el acceso a la tierra con el bloqueo derivado de la enfiteu- sis y las soluciones que se fueron encontrando a lo largo del tiempo para que el mercado de la tierra funcionara y se asegurase la reproducción social del sistema. Los estudios so- bre mercados de la tierra suelen situarse en una época concreta y suelen analizar deter- minadas variables (compraventas de tierras, evolución de los precios de la tierra, grupos sociales que compran y venden, fragmentación o concentración) con el objetivo de defi- nir cómo se creó una economía capitalista más eficiente, superando un mercado de la tie- rra imperfecto y bloqueado en el Antiguo Régimen (Parias Sainz De Rozas, 1989; Ga- rrabou, 1992; Lana Berasain, 1992, 2006; Garrabou, Planas y Saguer, 2001; Tedeschi, 2008). O suelen situarse en otros períodos también acotados cronológicamente (Beaur, 1984, 1987; Furió, 1995; To, 1999). La falta de perspectiva cronológica puede llevar a no ver las continuidades de los procesos y resaltar unos cambios de los que desconocemos sus raíces y sus orígenes (Pérez Picazo y Pérez de Perceval, 2004). Más interesante resulta analizar el mercado de la tierra, relacionándolo con los problemas de los sistemas here- ditarios (Beaur, 1991; Boudjaaba, 2008), o el vínculo entre crédito y mercado de la tie- rra (Beaur, 1994; Postel Vinay, 1998). Asimismo, la complejidad jurídica en el campo ca- talán –parecida, en parte, a situaciones del norte de España (Villares, 1982)– permite mostrar la interrelación entre los distintos derechos que conviven sobre la tierra (Con- gost Colomé y To, 1999; Gifre y Lluch, 2001; Congost Colomé, Jover y Biagioli, 2003; Gifre Ribas, 2009) y el papel que juega el sistema hereditario y los mecanismos de cré- dito.
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La propiedad de la tierra como un “haz de derechos”. Una contribución desde la campaña bonaerense en un momento transicional (1800-1829)

La propiedad de la tierra como un “haz de derechos”. Una contribución desde la campaña bonaerense en un momento transicional (1800-1829)

Así, iniciamos con una revisión crítica de la historiografía sobre la propiedad de la tierra y observamos las nuevas contribuciones de la historia agraria y de la historia crítica del derecho. Buscamos la alteridad de una época de transición que devenía de lo tradicional a lo moderno. Por nombrar un ejercicio de crítica conceptual, los riesgos del anacronismo pueden verse en el análisis de la distribución de la propiedad a partir de los censos que realizaban los vecinos como miembros de la notabilidad local, que no exigía documentación que convalidara los derechos sobre las tierras, dado que ya conocía por pública voz y fama quiénes eran los propietarios. Por ende, surgiría una tensión teórica y metodológica si concebimos que fueran “propietarios” sólo aquellos que tenían “títulos”, pues, debería haber una comparación entre quienes figuran como “propietarios” en el censo y quienes lo hacen en los protocolos notariales. En su defecto, si la propiedad era un “haz de derechos” en el marco de la cultura jurisdiccional, es posible interpretar que la información proporcionada por los censistas era parcialmente certera, dado que al signar a unos como “propietarios” y a otros como “no propietarios”, construían derechos para unos y los desconocían para otros. Por esto, creemos que la propiedad no estaba sólo acreditada por un “título”, a pesar de que los tiempos estaban cambiando.
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De la reforma agraria al desplazamiento forzado en colombia, 1900-2010

De la reforma agraria al desplazamiento forzado en colombia, 1900-2010

Debido a la importancia de los derechos de propiedad establecidos a través de las reformas agrarias, es necesario examinar sus efectos de largo plazo. Entre los autores que han realizado este tipo de trabajos se puede mencionar a Banerjee, Gertler, & Ghatak (2002), quienes encontraron un impacto positivo de la transferencia de derechos de propiedad sobre la tierra a través de la Operación Barga en Bengala Occidental (1978), en la productividad agrícola. Esto fue el resultado de dos efectos, el primero corresponde al aumento del poder de negociación de los arrendatarios a partir de la seguridad en la tenencia agrícola, contribuyendo a mejorar la proporción de cultivos que les corresponden; y el segundo es el aumento de las posibilidades de inversión por parte de arrendatarios, y la disminución de amenazas de desalojos por parte de los terratenientes.
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EL REGISTRO PÚBLICO RELACIONADO AL SERVICIO DE CATASTRO COMO PROTECTOR DEL DERECHO DE PROPIEDAD

EL REGISTRO PÚBLICO RELACIONADO AL SERVICIO DE CATASTRO COMO PROTECTOR DEL DERECHO DE PROPIEDAD

Ocurre cuando las medidas registradas en el SNC, la DGRP y la situación real no coinciden. Para que el registro de inmuebles resulte un garante de los derechos de propiedad sobre la tierra debe haber coincidencia entre los datos de los títulos de propiedad inscriptos y la situación real; para ello se precisa que la inscripción en el registro de inmuebles contenga una descripción clara y concisa del inmueble que a su vez tendrá que contener los linderos, las medidas y la superficie del mismo para su identificación geográfica exacta. El Servicio Nacional de Catastro es la repartición técnica del Ministerio de Hacienda destinada a proporcionar, en el marco de su competencia, información precisa sobre el estado parcelario de los bienes inmuebles, en el manejo de los datos técnicos e información catastral. En este sentido se ha analizado e incluido en el Anteproyecto de Ley, actualmente en estudio; el “Certificado Catastral-Registral unificado” por medio del cual, los Registros Públicos y el Servicio Nacional de Catastro certificarán la información obrante en sus bases de datos en un documento único. Si la información no es coincidente, el interesado deberá iniciar el proceso de subsanación que sea necesario. Esta disposición se halla vigente en la actualidad, pero no se la observa a cabalidad.
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LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS COMO SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRAS COMO SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD

Los derechos de propiedad sobre la tierra para Deininger, son normas sociales que regulan la distribución de los beneficios acumulados gracias a los usos específicos dados a una cierta parcela de tierra. Desde su perspectiva varios argumentos respaldan que la estipulación de tales derechos sea de carácter público: a) el alto costo fijo de la infraestructura institucional necesaria para establecer y mantener los derechos de propiedad sobre la tierra obliga a que ella así lo sea o, por lo menos, la reglamentación pública de los mismos. b) los beneficios derivados de la posibilidad de transferir los derechos de propiedad sobre la tierra sólo se consiguen cuando tales derechos están reglamentados por leyes y pueden ser fácil e independientemente verificados y c) porque de no estar lo derechos amparados por un poder de gobierno dispuesto a hacerlos respetar, los propietarios y los empresarios estarán forzados a gastar recursos para defender sus reclamos de propiedad, por ejemplo, con vigilancia particular, muros, cercas o vallados, que no sólo son ruinosos socialmente, sino que también representan una desventaja desproporcionada para los pobres, que cuentan con menos posibilidades de enfrentar tales gastos.
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Litigios de tierras en propiedades comunales: comuna San Pedro.

Litigios de tierras en propiedades comunales: comuna San Pedro.

Según Iriarte (1998), sostiene que los derechos de propiedad se pueden definir como los derechos que tienen uno o varios individuos a la utilización de un bien o un recurso determinado, lo cual coincide en el hallazgo de la investigación realizada a los participantes del grupo focal de la comuna San Pedro, donde también expresaban que debido a esto se originan ciertos conflictos internos. De otro lado Álvarez (2002), con relación a las comunas señala dos aspectos: La diferencia entre posesión y disposición y la calidad de residente en el lugar, para ser considerado uno más de la organización. La adscripción a la comuna, y por lo tanto el derecho a la tierra, no es solo de origen, a ver nacido allí o de familia, sino de residencia, vivir en la comuna y, por lo tanto, compartir los principios que esta representa.
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Conflictos por la regulación de la propiedad de la tierra en Paraguay

Conflictos por la regulación de la propiedad de la tierra en Paraguay

cuentan de fundación, han sido humillados y abatidos con todo género de abusos, privaciones y arbitrariedades, y con todos los rigores del penoso pupilaje en que les ha constituido y perpetuado el régimen de conquista; que demasiado tiempo han sido engañados con la promesa fantástica de lo que llamaban sistema de libertad de los pueblos. Si alguna vez se ha pensado en la libertad que se les ha ofrecido, ha sido precisamente para desengañarles de una tal esperanza. El plan de esa libertad conservaba el ramo de tributos, los cabildos y justicias; establecía una caja comunidad; la pensión de destinar todos los indios de cada pueblo alguna parte del año para cultivar los bienes de la comunidad; y además, la carga de dos pesos anuales que debían pagar todos los indios desde la edad de dieciocho años hasta la de cincuenta; un reparto de terrenos con la condición de no poder enajenarlos sino conservarlos para que a la vez puedan de nuevo incorporarse a la comunidad; y por fin la variación nominal de mayordomos en lugar de administradores. Que no es compatible con el presente estado de la República ni el funesto y ruinoso régimen de comunidad, que reprobaban hasta los mismos interesados en perpetuarlo, ni el sistema de libertad discurrido precisamente para apurar el sufrimiento de los naturales. Que la actual administración, teniendo presente que el gobierno de los indios ha sido estudiado para perpetuarlos con la rudeza; y haciéndose cargo de las dificultades que en semejantes circunstancias pudiera ofrecer el tránsito repentino de la opresión a la libertad, se ha ocupado constantemente de hacer mejoras de beneficencias en dichos pueblos preparándoles al goce y buen uso de sus derechos de libertad”.
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Implicancias en la legislación minera, con la entrada en vigencia del convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo

Implicancias en la legislación minera, con la entrada en vigencia del convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo

regulan los recursos naturales. Al respecto, el ex Relator Especial, Rodolfo Stavenhagen, en su visita y posterior informe de Chile 44 , señaló que “los derechos sobre la propiedad de la tierra y la territorialidad constituyen uno de los problemas históricos más graves que afectan a los pueblos indígenas de Chile, ya que son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos” 45 , además indicó que “las distintas leyes sectoriales facilitan y protegen la inscripción de derechos de propiedad privados sobre recursos que tradicionalmente han sido propiedad comunal” 46 , finalmente, en las recomendaciones expresó que “deberá ser revisada la legislación sectorial sobre tierras, aguas, minas y otros sectores cuyo contenido pueda entrar en contradicción con lo dispuesto en la Ley Indígena, y deberá primar el principio de la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas por encima de intereses comerciales y económicos particulares” 47 . Así mismo lo consideró el actual Relator Especial James Anaya, en su informe que realizó posterior a su visita que hizo a Chile entre los días 5 y 9 de abril de 2009. Expresó, que “es preocupante que al parecer no exista un mecanismo dentro del orden interno chileno que claramente permita reconocer, restituir y proteger los derechos sobre tierras y recursos indígenas de ocupación ancestral, sin que hubieran derechos inscritos anteriormente” 48 , además, en el informe se menciona en el párrafo 36, que “el Relator Especial ha recibido información concordante de varias fuentes respecto a que el Código de Aguas reformado en 2005, el Código de Minería de 1982, la ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, y la ley sobre Concesiones Geotérmicas de 2000, favorecen la apropiación, por empresas privadas, de agua, recursos minerales y fuentes geotérmicas, con efectos
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TIERRA, REFORMA AGRARIA, USO Y PROPIEDAD

TIERRA, REFORMA AGRARIA, USO Y PROPIEDAD

Respecto del informe sobre políticas de tierra, parte de la base que la seguridad de la tenencia de la tierra que necesitan las mujeres rurales y los pobres es la misma que la que necesitan los intereses inversores, y esto no es así. El informe no tiene en cuenta esta diferencia y asume que lo que es bueno para las inversiones tam- bién es bueno para las campesinas y campesinos pobres. El informe equipara la seguridad de la tenencia de la tierra a la seguridad de los derechos de propiedad. Las políticas de administración de la tierra (catastro, registro, títulos, etc.) aplicadas en los últimos años con el patrocinio del BM no han redundado en una mayor seguridad de la tenencia de la tierra. Por el contrario, en muchos casos las ha hecho más vulnerables a perder la tierra. Se ha observado que con la promesa de regula- rizar, formalizar y hacer más segura la tenencia de la tierra, se iniciaron procesos de titulación de la tierra -en la mayoría de los casos individualmente- a la par que se liberalizaba el comercio agrícola y se desmantelaban los servicios estatales de apoyo a la agricultura de peque- ños y medianos productores. La quiebra consiguiente de muchas explotaciones agrarias, que contaban con títulos de tierra, ahora alienables y embargables, permi- tió a los bancos acreedores quedarse con estas tierras. En otros casos, las condiciones de mercado abocaron a mucho campesinado a vender sus tierras a grandes empresarios agroexportadores.
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Eficiencia y equilibrio en un modelo de formación de derechos de propiedad

Eficiencia y equilibrio en un modelo de formación de derechos de propiedad

A raíz de la reforma legal promulgada el 6 de enero de 1992 por el presi- dente Carlos Salinas de Gortari, se terminó con el reparto agrícola y se ini- ció la regularización de la tenencia de la tierra ejidal mediante el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (Procede), ad- ministrado por la entonces llamada Secretaría de la Reforma Agraria (ahora Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano). Este programa ha funcionado como un mecanismo de titulación de tierras mediante el cual se han entregado títulos de derechos parcelarios y títulos de propiedad de solares a ejidatarios. Como menciona Acosta (2008), aunque la mayor parte de los ejidatarios certificaron sus tierras mediante el Procede, éstos no ad- quirieron el pleno derecho ni vendieron sus tierras. Por ello, muchas de las ganancias potenciales de la regularización no se han realizado. Ello hizo al presidente Calderón plantear la necesidad de una nueva reforma legal du- rante el sexenio que acabó en 2012.
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El problema de la propiedad de la tierra y los pueblos originarios

El problema de la propiedad de la tierra y los pueblos originarios

En el último cuarto del siglo XX, se sucedieron procesos posibilitadores en el avance del espacio político indígena. Pareciera ser que la crisis del modernismo, el descrédito de los paradigmas positivistas, la revitalización de un humanismo renovado y la defensa de los derechos humanos, propiciaron el abandono de viejas categorías del tipo “objetos de estudio”, utilizado a veces para referirse al análisis de las culturas no hegemónicas, mientras que los actores antes pasivos de estudio se transformaron paulatinamente en actantes activos por su propia opción de considerarse sujetos de derecho internacional, defensores de su diversidad y posibilidades políticas.
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De la Reforma Agraria al desplazamiento forzado en Colombia, 1900-2010

De la Reforma Agraria al desplazamiento forzado en Colombia, 1900-2010

Asimismo, es necesario reconocer que la titulación de tierras y la protección de derechos de propiedad, son decisiones políticas sujetas a la presión de grupos de interés y a interpretaciones legales de las autoridades judiciales (Alston, Libecap, & Mueller, 2002; Binswanger, Deininger, & Feder, 1993), son el resultado de una evaluación de los costos y beneficios que implican su definición (Anderson & Hill, 1975). La protección de derechos de propiedad está determinada de forma conjunta por el equilibrio político y la organización agrícola; por ello, aumentos en la desigualdad de la tenencia de la tierra y en la población sin propiedad, incrementará la demanda por reformas (Conning & Robinson, 2007) y al mismo tiempo la competencia política jugará un rol fundamental en su determinación (Bardhan & Mookherjee, 2010; Alston, Harris, & Mueller, 2012).
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TENENCIA DE LA TIERRA, GOBERNANZA, SEGURIDAD ALIMENTARIA

TENENCIA DE LA TIERRA, GOBERNANZA, SEGURIDAD ALIMENTARIA

3.2 Los actores no estatales, tales como las empresas comerciales, tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia. Las empresas comerciales deberían actuar con la diligencia debida para evitar infringir los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia de terceros. Deberían integrar los correspondientes sistemas de gestión de riesgos para prevenir y afrontar efectos adversos sobre los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia. Las empresas deberían establecer mecanismos no judiciales de protección, entre ellos mecanismos eficaces de reclamación a nivel operativo, cuando corresponda, en los casos en que hayan causado o contribuido a causar efectos adversos sobre los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia. Las empresas deberían determinar y evaluar cualquier efecto real o potencial sobre los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia en el que pueden estar involucradas. Los Estados, de conformidad con sus obligaciones internacionales, deberían facilitar el acceso a un amparo judicial efectivo ante las repercusiones negativas sobre los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia producidas por las empresas comerciales. Cuando se trate de sociedades transnacionales, los Estados de origen tienen un papel que desempeñar para ayudar tanto a las empresas como a los Estados de acogida con el fin de asegurar que las empresas no estén involucradas en abusos contra los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia. Los Estados deberían adoptar medidas adicionales para ofrecer una protección ante los abusos contra los derechos humanos y los derechos legítimos de tenencia cometidos por empresas comerciales que sean propiedad o estén bajo control del Estado, o que reciban apoyos y servicios importantes de organismos estatales.
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Derechos de propiedad intelectual y financiación del estado

Derechos de propiedad intelectual y financiación del estado

Desde una per spectiva económ ica, las innovaciones tecnoló gicas y el conocimiento son considerado s por lo s economistas “bienes p úblicos”, es decir que pueden ser f ácilm ente replicado s. El h echo de que este tipo de bienes sean no-r ivales ni excluyentes (su uso por una em presa o per sona no previene el uso de otras em presas o personas) sugiere que no hay mayor incentivo a crearlo s o a invertir en su desarrollo dado que el fruto de esa labor p uede ser aprop iada por terceros. En otras palabras, los bienes públicos no rivales ni excluyentes, como el conocimiento o la información, tienen un costo margin al de r epro ducción cer cano a cero, por lo cual la eficacia del sistem a de precios par a retribuir al creador de esa inform ación o cono cim iento es cuestionable 32 . T homas Jeff erson ilustró este punto de la siguiente m anera: “El carácter peculiar de una idea consiste en que en el momento en que es div ulgada es poseída por todos, y quienes la conocen no la p ueden ignorar ” 33 . En consecuencia, los derecho s de propiedad intelectual son n ecesarios para corregir las fallas del mercado generadas por la incertidum bre de que la inversión llevada a cabo en una investigación o en la generación de una o bra sea retribuida en ausen cia de esos derecho s.
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Contratos de investigación conjunta

Contratos de investigación conjunta

El primer caso estudiado fue la injerencia los derechos de propiedad intelectual en el marco de un R&D. En este aspecto se encontró que, existen criterios desarrollados por la doctrina, y derecho comparado los cuales establecen que, en primer lugar, es imperativo para las partes primero proteger sus creaciones por medio de los derechos de propiedad intelectual antes de aportarlos a la investigación conjunta. Una vez realizado esto, las partes deben establecer con claridad los términos bajo los cuales autorizan el uso de estos. En segundo lugar, las partes deben establecer cláusulas en las que regulen la titularidad de los posibles intangibles que se produzcan con ocasión de la investigación conjunta. En concreto, las partes tienen dos opciones para asignar la titularidad: una la cotitularidad y la otra, la asignación de los derechos de propiedad intelectual a una sola de las partes con una distribución de los beneficios obtenidos por la explotación del derecho.
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View of The right to private property and economic freedom

View of The right to private property and economic freedom

La existencia de propiedad privada y libertad económica y, por ende, de precios libremente convenidos en el proceso de mercado, permite a su vez el proceso de capitalización de la sociedad. En efecto, dichos elementos dan lugar al ahorro de los individuos que componen la sociedad, esto es, a la postergación de bienes presentes para obtener bienes futuros. Y es que “[p]ara fomentar el ahorro es necesario el mercado y la propiedad privada” (Zanotti, 2010b). El ahorro general de la sociedad, por su parte, tiende a bajar las tasas de interés —porque más bienes presentes se ofrecen; v. gr. en forma de créditos—, lo que hace más atractivos los proyectos de inversión para los empresarios e incentiva la inversión tanto nacional como extranjera. Dichos proyectos de inversión generan demanda de los bienes de producción para llevarlos a cabo, entre los que se incluye el empleo de las personas que ofrecen su trabajo. La realización y conclusión de dichos proyectos de inversión, además, incrementa la cantidad de bienes existentes en la sociedad —aumenta la producción—, lo que a su vez hace disminuir el valor de dichos bienes —hay mayor oferta—, incrementando así el poder adquisitivo del dinero y, como consecuencia, también de los salarios, contribuyendo con ello al desarrollo y la reducción de la pobreza 24 . Como se ha dicho:
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La renta diferencial de la tierra y la degradación del suelo

La renta diferencial de la tierra y la degradación del suelo

Al abordar el problema ambiental, usualmente se culmina con una serie de recomendaciones para los gobiernos, con el fin de implementar un programa que permita restituir la fertilidad a los campos y proteger la diversidad del ambiente, que permita la creación de una agricultura sustentable o por lo menos más racional. Sin embargo, si el planteamiento de Marx sobre la renta de la tierra y la ruptura metabólica tiene validez, el problema que se plantea no tiene solución dentro del capitalismo; la única forma de resolver de raíz el problema de la degradación del suelo es mediante la abolición del modo de producción capitalista, como Lenin lo recomendaba. Aunque hay que advertir que cambiar el modo de producción solamente nos da una posibilidad de mejorar las cosas, no es de esperarse que haya un resultado mecánico (ya que la historia no transcurre de esta manera), que la absolución del capitalismo se traduzca en un cambio inmediato a favor de un equilibrio metabólico.
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Modelo de gestión para los procesos de transferencia de dominio del registro de la propiedad del Cantón Pimampiro

Modelo de gestión para los procesos de transferencia de dominio del registro de la propiedad del Cantón Pimampiro

En calidad de asesor del presente trabajo de investigación, certifico que la tesis de grado cuyo título es, MODELO DE GESTION PARA LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA DE DOMINIO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON PIMAMPIRO, fue elaborado por Burbano González Cristina Magdalena, y cumple con los requisitos metodológicos y científicos que la Universidad UNIANDES exige, por lo tanto autorizo su presentación para los trámites pertinentes.

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