Derechos Humanos - El Salvador

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MUJERES CON MEMORIA: ACTIVISTAS DEL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR

MUJERES CON MEMORIA: ACTIVISTAS DEL MOVIMIENTO DE DERECHOS HUMANOS EN EL SALVADOR

De esta forma, el ingente trabajo realizado por las mujeres en el movimien- to de derechos humanos salvadoreño contrasta con el reducido número de publicaciones que analizan específicamente dicho trabajo y su impacto social y político. A su vez, tampoco las activistas de derechos humanos han tenido la oportunidad de escribir sus “memorias”, ni individual ni colecti- vamente. En el mejor de los casos, algunas guardan para sí mismas notas autobiográficas, o poemas, que les sirven como mecanismo de expresión de ideas y sentimientos que muchas veces son complicados de verbalizar. Por todo ello, un primer objetivo de este trabajo ha consistido en contribuir al estudio y visibilidad del papel de las mujeres activistas en el movimiento de derechos humanos salvadoreño. Con ello, un segundo objetivo ha sido refor- zar el trabajo de memoria realizado por las víctimas y sus familiares, quienes componen buena parte de ese movimiento, y para quienes la memoria se ha convertido en un mandato de no olvidar y de romper el silencio. Por último, un tercer objetivo ha consistido en explorar en perspectiva histórica algunas de las prácticas más significativas de las activistas de derechos humanos que puedan explicar la compleja dialéctica entre su condición de víctimas de vio- lencia y, al mismo tiempo, su condición de actoras políticas protagonistas de los acontecimientos más relevantes de la historia reciente de El Salvador. En este sentido, compartimos plenamente con María Carmen García-Nieto París la idea de que “hacer la historia del tiempo presente en El Salvador es ejercer el derecho de la propia generación protagonista a preguntarse por el signifi- cado y el sentido de su propia acción histórica. Es deber de esta generación hacer esta historia y recuperar la memoria histórica, silenciada en su tota- lidad o fragmentariamente, en función de unos intereses políticos. Ningún científico social posterior lo podrá hacer. El tiempo presente lo encontramos, lo hemos vivido y lo vivimos (García-Nieto París, 1998: 405).

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Los Derechos Humanos y el Bloque de Constitucionalidad en los sistemas de justicia latinoamericanos: propuesta de un modelo de justicia en El Salvador

Los Derechos Humanos y el Bloque de Constitucionalidad en los sistemas de justicia latinoamericanos: propuesta de un modelo de justicia en El Salvador

Respecto a lo anterior, la Sala de lo Constitucional, ha establecido jurisprudencia, expresándose de la siguiente manera: ….sobre el sentido de la derogación genérica prescrita en este artículo: "Es evidente que la Constitución, al entrar en vigencia el veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, no apareció en un vacío jurídico, sino que se incardinó en un ordenamiento preexistente, el cual no desapareció en su totalidad por la promulgación de la nueva Ley Suprema, sino que pervivió, aunque afectado y modificado por la nueva regulación constitucional; ello plantea (…) el problema de la inserción de la Constitución en el ordenamiento preconstituido. Para abordar el análisis y resolución de dicho problema, debe tenerse presente que la actual Constitución se construye sobre un sustrato ideológico personalista o humanista, distinto al de las Leyes Primarias bajo las cuales se promulgaron las disposiciones preconstitucionales; esta circunstancia produce de suyo una incompatibilidad lógica entre ciertas disposiciones o cuerpos normativos del ordenamiento preexistente y la nueva Constitución, y hace necesario definir el efecto que tal incompatibilidad producirá. Contrario a otras Leyes Primarias que, en el ámbito del derecho constitucional comparado, no prescriben expresamente tal efecto, el Artículo 249 de la vigente Constitución salvadoreña establece: ‘Derógase (...) todas aquellas disposiciones que estuvieren en contra de cualquier precepto de esta Constitución’. Esta disposición no tiene antecedente en las anteriores Constituciones que han regido El Salvador, pues los artículos de tales, equivalentes al actual Artículo 249, se limitaban a derogar la Constitución inmediatamente anterior, cualesquiera otras constituciones que hubieran regido, las leyes constitutivas y los decretos adoptados

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Las instituciones nacionales de derechos humanos, como mecanismo de protección, frente a los actos de corrupción y su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales: El Salvador

Las instituciones nacionales de derechos humanos, como mecanismo de protección, frente a los actos de corrupción y su impacto en los derechos económicos, sociales y culturales: El Salvador

A continuación se hará referencia al caso Flores, como ejemplo del trabajo realizado por la Procuraduría en la protección de los derechos humanos, a partir del análisis de la resolución de fecha 21 de octubre de 2015 que emitió la institución en los expedientes acumulados SS-0242-2014, SS-0031-2015 y SS-0150-2015. La Procuraduría tramitó en expedientes separados lo relacionado al proceso penal que inició la Fiscalía General de la República por los delitos atribuidos al expresidente Francisco Guillermo Flores Pérez (SS- 0515-2015), los actos cometidos por el juez que conocía el caso, Primero de Instrucción de San Salvador, contra la parte querellante (SS-0031-2015) y la actuación del juez a lo largo del proceso (SS-0242-2014). Aunque la institución emitió pronunciamientos individuales sobre situaciones registradas en cada uno, en fecha 21 de octubre de 2015 emitió una resolución final en la cual se acumularon los tres expedientes, sobre los cuales emitió sus conclusiones y recomendaciones. Con base en lo descrito y considerado en esta última, en el presente trabajo se describe el caso y la actuación de la Procuraduría en un hecho de trascendencia nacional vinculado con actos de corrupción atribuidos a un exmandatario.

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Segundo Montes, primer defensor de los Derechos Humanos en El Salvador y precursor de la nueva Sociología salvadoreña

Segundo Montes, primer defensor de los Derechos Humanos en El Salvador y precursor de la nueva Sociología salvadoreña

Trained in El Salvador, Ecuador, Austria and Spain, Montes dedicated two stages of great relevance in his life to his work in Externado San José, the school that the Society of Jesus had in San Salvador, which allowed him to create a circle of friendships and relationships that he cultivated this is the end of his days. Also in Externado he took his first steps as a social scientist at the hands of his students, whom he involved in research on youth, their sexual habits, education, family and even the situation of the primary sector in the country. Given his innate curiosity, all these works gave him an in-depth knowledge of the Salvadoran reality that he would use throughout his career to open new lines of research and focus his attention on issues of depth and that would allow him make proposals and come up with solutions to change the unfair structures that maintained inequalities in the country. As rector of the Externado, he led one of its most complicated stages: its reorientation towards the principles of social justice and preferential choice for the poor emanating from the "Theology of Liberation".

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				La protección de los derechos sociales en el sistema interamericano de derechos humanos

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que la Convención Americana sobre Derechos Humanos se restringe a consagrar una serie de informes para la protección de derechos sociales donde los Estados se limitan a dar cuenta de la aplicación progresiva de dichos derechos con la única obligación de mostrar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los diferentes gobiernos están tomando las medidas necesarias, económi- cas, legislativas y constitucionales, para lograr su eficacia real, siempre y cuando los recursos económicos se los permitan. (Artículos 1 y 2 del Protocolo de San Salvador, 1988). Valga anotar que dicho protocolo no establece ni obligaciones jurídicas de los Estados miem- bros de la Organización de Estados America- nos, ni mecanismos que permitan garantizar la eficacia de los mismos. En esta medida los derechos económicos, sociales y culturales, se quedan en el plano de lo ideal, a la manera de expectativas, no de derechos que corren la suerte de la voluntad política del gobierno para ser desarrollados, tanto legislativa como judicialmente.

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Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos

Los derechos sexuales y derechos reproductivos son derechos humanos

Los derechos sexuales se refieren al derecho a disfrutar de una vida sexual satisfactoria y placentera en todo el ciclo de la vida, libre de presiones, sin que te fuercen, condicionen, o discriminen, de forma respetuosa con tu propio cuerpo y decisión de vivir tu sexualidad.

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Educación y derechos humanos  La enseñanza de los derechos humanos en Educación Primaria

Educación y derechos humanos La enseñanza de los derechos humanos en Educación Primaria

En todas las áreas se contribuye al desarrollo de todas las competencias básicas, aunque desde el área de Lengua castellana se contribuye especialmente a la Competencia en comunicación lingüística, en el área de Conocimiento del Medio a la Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, en el área de Matemáticas al desarrollo de la Competencia matemática y en Educación Artística a la Competencia cultural y artística. Por ello, en la programación de los derechos humanos se van a trabajar la adquisición y consolidación de todas las competencias básicas dependiendo del tipo de actividad que se realice, que favorecerán la realización personal, el ejercicio de la ciudadanía activa y la incorporación a la vida adulta.

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Tolerance and human rights in Uruguay

Tolerance and human rights in Uruguay

ya sea por respetar o usar la opinión pública, había optado por no actuar. En esta decisión Uruguay encuentra la paradoja de la tolerancia de nuevo; la tolerancia no protege los intereses de todos, porque los intereses de ciertos grupos son fundamentalmente opresivos en sus consecuencias y violan los derechos humanos de otros. Como explica Lasse Thomassen (2006), la tolerancia es una negociación política, no universal, y por lo tanto admite siempre la renegociación. Este proceso de negociación debe, al mismo tiempo, legislar desde el centro para mantener los límites de la tolerancia, reconocer la posición de los tolerados en esta relación desigual, y fomentar el debate público para evitar la construcción de ilusiones de leyes universales que tiñen al gobierno y otros grupos poderosos de derecho moral absoluto. Decimos, en el caso uruguayo, que el gobierno usó la opinión pública porque sabemos que esa amnistía se pactó entre la dictadura y los Tupamaros y existía cierto compromiso militar -recordemos que hablamos del Ejército de Liberación Nacional, con pautas y parámetros paralelos a las instituciones bélicas nacionales- entre ambos bandos (Sanguinetti, 2012, pp. 207-14).

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Madres en prisión con hijos menores de edad / Mothers in prison with minor children

Madres en prisión con hijos menores de edad / Mothers in prison with minor children

una madre con hijos, que tiene derechos y deberes, y que al mismo tiempo es víctima de una diversidad de factores, extraños a su voluntad, que la hacen vulnerable ante el sistema penal, brazo ejecutor del Estado. De este modo, es necesario analizar con una mirada crítica la tradicional premisa consistente en “quien comete un delito merece la cárcel si eso contenta a la conciencia pública sin importar el quién, ni el cómo, ni las consecuencias de tal decisión”. Una visión propia de la escuela penal finalista, fundada por el jurista alemán Franz Von Liszt (1851-1919), que sostiene como fundamento de la pena la conservación del orden jurídico y la seguridad social. Por eso, dicha corriente doctrinal se inclinaba por una pena de índole preventiva más que retributiva 4 .

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La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Algunas dificultades conceptuales que plantea esta discusión tiene directa relación con la estrecha vinculación de la noción tradicional de derecho subjetivo, la noción individual de propiedad y el modelo de Estado liberal. Dado que gran parte de las nociones sustanciales y pro- cesales propias de la formación jurídica continental surgen del marco conceptual determinado por esta vinculación, muchas de las respuestas casi automáticas que se articulan frente a la posible justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales insisten en señalar la falta de acciones o garantías procesales concretas que tutelen los dere- chos sociales. Para verificar las dificultades que genera el marco teórico en el que se fundan las acciones tradicionales para proteger adecua- damente derechos sociales basta señalar algunos ejemplos, como que las sentencias que condenan al Estado a cumplir obligaciones de hacer no cuentan con resguardos procesales suficientes y resultan por ello de dificultosa ejecución. Sin embargo, la inexistencia de instrumentos procesales concretos para remediar la violación de ciertas obligaciones que tienen como fuente derechos económicos, sociales y culturales no significa que pudiesen crearse.

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La justiciabilidad del derecho humano de rectificación o respuesta en el Distrito Federal

La justiciabilidad del derecho humano de rectificación o respuesta en el Distrito Federal

irrenunciables e imprescriptibles. Debido a que protege los mismos valores jurídicos, consideramos que este tipo de garantías son la punta de lanza con la que el derecho privado y específicamente el derecho civil, se involucra con los derechos humanos en el respeto que debe existir entre los particulares, para que el respeto de nuestra dignidad como humanos no solamente sea obligado para la autoridad, sino también entre nosotros los particulares. No obstante esta idea, autores contemporáneos como Ferrajoli (p.40), rompen con el esquema de ubicar a los derechos de la personalidad como exclusivos del derecho privado, para ubicarlos como una de las dos grandes divisiones de los derechos fundamentales, a la par de los derechos de la ciudadanía. De esta forma, los derechos de la personalidad corresponden y protegen a todas las personas como tales, mientras que los derechos de la ciudadanía, son únicamente para las personas que legalmente son reconocidos como ciudadanos, como ocurre en el artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que define como ciudadanos de la República, a los varones y mujeres mayores de 18 años que tengan un modo honesto de vivir.

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DERECHOS HUMANOS Y PROCESOS CONSTITUYENTES

DERECHOS HUMANOS Y PROCESOS CONSTITUYENTES

La división de poderes en el Estado (véase el capítulo I, sección A.2, de la presente publicación) garantiza el papel central del Parlamento como la representación del pueblo y como institución legítima capaz de promulgar legislación. Esta división también prevé la independencia del poder judicial, que, como se analiza más adelante, es el instrumento fundamental para la protección de una persona o grupos que reivindiquen sus derechos y libertades constitucionales. Por último, este principio de división de poderes sirve para garantizar que cada una de las partes del Estado —el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial— circunscriba sus actuaciones a su mandato constitucional, limitando así una concentración de poderes que pudiera conducir a una acción incontrolada y arbitraria del Estado. La división de poderes raramente se expresa como tal en las constituciones, pero la forma en que se sitúan los poderes legislativo, ejecutivo y judicial dentro de la estructura del Estado y se dotan de competencias garantiza la necesaria autonomía de los distintos poderes y evita su concentración. No obstante, en los países en proceso de transformación democrática las personas a menudo desean articular una proclamación clara de los elementos del nuevo orden político y social, y tal vez deseen que estos principios se incluyan en el texto de la constitución.

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Violencia obsttrica

Violencia obsttrica

Se requiere de un compromiso de investigación que ayude a conocer cuáles son las condiciones materiales, sociales y culturales que determinan el tipo de percepciones que tienen los prestadores de servicios acerca de las mujeres en trabajo de parto, de la salud y de los derechos reproductivos, la ma- ternidad y todo el proceso obstétrico; asimismo se requiere analizar cómo conciben los médicos su trabajo en condiciones críticas, particularmente las relacionadas con las urgencias obstétricas y cómo se vinculan éstas con su práctica profe- sional cotidiana. Lo que redundará en limitar las prácticas actuales de «medicina defensiva» las cuales son comprensi- bles pues el médico se guía por un actuar de precaución y de prevención para salvaguardar su patrimonio y su tranquilidad personal y familiar.

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El derecho a la educación: una mirada comparativa Argentina, Uruguay, Chile y Finlandia – UNESCO

El derecho a la educación: una mirada comparativa Argentina, Uruguay, Chile y Finlandia – UNESCO

La Ley General de Educación de Chile se refiere expresamente a la inclusión educativa e igualdad de oportunidades como deberes del Estado, promoviendo especialmente que se reduzcan las desigualdades derivadas de circunstancias económicas, sociales, étnicas, de género o territoriales. Para este fin, la legislación se propone dar a conocer masivamente a la comunidad los derechos y principios de participación activa y necesaria en la sociedad de las personas con discapacidad. Además, entre los objetivos educativos, el sistema chileno busca que en los casos de establecimientos educacionales con alto porcentaje de estudiantes indígenas, se desarrollen los aprendizajes que les permitan mantener su dominio de la lengua indígena, el conocimiento de la historia y la cultura de su pueblo y comprender diversos tipos de textos orales y escritos 55 .

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Los Tratados de Derechos Humanos y su incidencia en el Derecho Administrativo argentino

Los Tratados de Derechos Humanos y su incidencia en el Derecho Administrativo argentino

En virtud de lo cual, se indicó que «... a pesar de que no se encuentra previsto como excepción en el nuevo texto legal, resultaría claramente un ritualismo inútil exigir el reclamo administrativo previo en el caso de autos, toda vez que consta al tribunal –en atención a los numerosos procesos aná- logos ya resueltos– la reiterada negativa de la demandada a admitir la pro- cedencia de planteos de este tipo (...) En este sentido, no puede dejar de recordarse que el exceso de rigor formal (...) resulta incompatible con las re- glas del debido proceso y el adecuado servicio de justicia (conf. C.S.J.N., doctr. de Fallos: 311:700 y 2177; 317:1579, entre otros), máxime atendien- do al derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en diversos tratados de jerarquía constitucional (conf. art. XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, art. 8.º de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y art. 8.º del Pacto de San José de Costa Rica, arts. 8.º y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)».

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Defender los Derechos Humanos es construir ciudadanía

Defender los Derechos Humanos es construir ciudadanía

Con el correr de los años y el de- sarrollo del Derecho Internacio- nal de los Derechos Humanos, ha llevado a nuevas apreciacio- nes de su sujeto. El Derecho In- ternacional Público, heredero del viejo Derecho de Gentes, regula- ba las relaciones entre los Esta- dos, el sujeto era el propio Esta- do aún en referencia a los dere- chos individuales, con una exi- gencia de reciprocidad entre los estados. Hoy con el moderno De- recho Internacional de los Dere- chos Humanos ha habido un des- plazamiento teórico-práctico de la noción de sujeto, hasta conside- rar que el sujeto protegido y titu- lar de esos derechos es la Huma- nidad, por eso hablamos de crí- menes de lesa humanidad y su ámbito es universal.

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Madres en prisión con hijos menores de edadMothers in prison with minor children

Madres en prisión con hijos menores de edadMothers in prison with minor children

En conclusión, es una realidad que en nuestro país las madres emba- razadas con niños menores de edad son las personas que se encuentran en la peor situación dentro del sistema carcelario. A tal punto esto es así que es realmente dificultoso encontrar información oficial y actualizada sobre la situación que se padecen puertas adentro de las cárceles. La mayoría de los datos que se pueden encontrar son producto de investigaciones realizadas por Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos. Este as- pecto es verdaderamente preocupante, pues el ocultamiento de la realidad es el primer obstáculo a superar para diseñar y evaluar políticas públicas viables dentro del Sistema Federal Argentino.

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LOS DERECHOS DE LA MUJER SON DERECHOS HUMANOS

LOS DERECHOS DE LA MUJER SON DERECHOS HUMANOS

En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se reconoce el derecho a la alimentación y se admite que puede ser necesario adoptar medidas inmediatas y concretas para garantizar el derecho fundamental de cada persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición (art. 11). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales especificó en su observación general Nº 12 (1999) sobre el derecho a una alimentación adecuada, que este supone que todas las personas tengan acceso físico y económico a la alimentación. Según el Comité, los Estados tienen la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que todas las personas queden libres del hambre y puedan disfrutar lo más pronto posible del derecho a una alimentación adecuada. Ello requiere elaborar una estrategia nacional que garantice la seguridad alimentaria, en la que se debe abordar específicamente la necesidad de prevenir la discriminación en el acceso a los alimentos o los recursos alimentarios, entre otras cosas, garantizando que las mujeres puedan acceder en condiciones de igualdad a los recursos económicos “incluido el derecho a heredar y a poseer tierras y otros bienes, y de acceso al crédito, a los recursos naturales y a una tecnología adecuada; medidas para respetar y proteger el trabajo por cuenta propia y los trabajos remunerados de modo que aseguren una vida digna para los asalariados y sus familias”.

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Ni democracia  sin derechos humanos, ni derechos humanos sin democracia

Ni democracia sin derechos humanos, ni derechos humanos sin democracia

Todo parece indicar que el problema de los derechos humanos debe adquirir un mayor nivel de precisión después de la estabi- lidad del régimen capitalista en el cual se protege a la propiedad privada y se empiezan a desconocer las conquistas logradas por los movimientos sociales; se trata de desestabilizar a los movimien- tos populares y como bien señala Roberto Regalado: “Lo que esta- mos viendo en este momento en América Latina es que la demo- cracia abierta a la alternancia de proyectos, de la cual Allende fue un ejemplo, se está cerrando. Por el contrario, existe un sistema democrático impulsado desde los mismos organismos transna- cionales como el Banco Mundial, el mismo Fondo Monetario inter- nacional y ni qué hablar del Departamento de Estado, que están interesados en una alternancia, por lo tanto, en un juego de mayo- ría y minoría pero al interior de los parámetros de un proyecto único e innegociable, y que se identifica con la democracia: de ma- nera que cualquier manera de alternancia de proyectos es califica- da de antidemocrática por democrática que sea. 8

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Los derechos humanos

Los derechos humanos

En el informe anual de 2006 de Amnistía Internacional aparece el siguiente texto: “En muchos países, los pueblos indígenas continuaron siendo una clase inferior y fueron víc- timas de violaciones generalizadas de derechos humanos. El debate sobre la aprobación de la Declaración internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas, estancado duran- te casi un decenio, hizo pocos progresos en el año 2005. En Brasil, por ejemplo, la demarcación y ratificación de territo- rios indígenas llevados a cabo por el Gobierno quedaron muy lejos de las promesas. Eso contribuyó a aumentar la inseguri- dad, los ataques a las comunidades indígenas y los desalojos forzados, y agravó una situación de privaciones económicas y sociales ya muy grave. El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, que visitó Nueva Zelanda en 2005, afirmó que había disparidades significativas, que en al- gunos casos iban en aumento, entre los maoríes y el resto de la población. Agregó que los maoríes consideraban que esta situación era el resultado de un atraso transgeneracional de promesas incumplidas, marginación económica, exclusión so- cial y discriminación cultural.

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