Derechos vulnerados

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El maltrato infantil en el municipio de Barbosa Antioquia, la puerta a los derechos vulnerados en la infancia

El maltrato infantil en el municipio de Barbosa Antioquia, la puerta a los derechos vulnerados en la infancia

El Plan de Desarrollo de Barbosa 2012 – 2015, presenta como fortaleza la articulación de los componentes de este Plan, con la Política Publica diseñada para los niños, niñas y adolescentes del Municipio de Barbosa Antioquia, evidenciando con esto que se tiene en cuenta cada una de los derechos en riesgo de ser vulnerados y las entidades competentes dirigidas desde la alcaldía, para proporcionar los proyectos que prevengan, detecten y den solución a dicha problemática. Como debilidades se observa la falta de claridad en los proyectos que mencionan en el Plan de Desarrollo de Barbosa 2012 – 2015, ya que para las autoras no es claro los componentes estructurales del proyecto, como objetivos, desarrollo e indicadores, o como ha sido su ejecución con la población de niños, niñas y adolescentes del Municipio de Barbosa Antioquia; también al momento de la definición de los alcances que quieren tener con el derecho de existencia definido, ya que se optaría por mencionar más a la infancia y sus derechos vulnerados concretamente.
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Los derechos vulnerados de las mujeres : materia para una reforma penal (Entrevista)

Los derechos vulnerados de las mujeres : materia para una reforma penal (Entrevista)

Los procesos judiciales actuales no son dili- gentes, no protegen, no garantizan, ni reparan los derechos vulnerados de las mujeres; por tal razón, es de vital importancia hacer una reforma penal para tipificar la violencia de género como un delito con sanciones y penas específicas. El nuevo marco jurídico debe asegurar que quie- nes administran justicia, den a estos delitos la atención requerida y a la vez dejen de tratarlos como “crímenes pasionales”. La meta es cons- truir un sistema reparatorio legítimo acorde al daño sufrido por las víctimas, que contemple las indemnizaciones respectivas y les garantice las condiciones necesarias para vivir una vida libre de violencia
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Análisis de los derechos vulnerados por el estado ecuatoriano en el caso Gonzales Lluy y otros vs  Ecuador, y la consecuente reparación integral establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Análisis de los derechos vulnerados por el estado ecuatoriano en el caso Gonzales Lluy y otros vs Ecuador, y la consecuente reparación integral establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte hizo referencia al Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil, en donde se resolvió la responsabilidad del Estado debido a la muerte y al maltrato que sufrió Ximenes Lopes durante su internamiento en una institución mental. En este caso la Corte estableció que: “en relación con personas que se encuentran recibiendo atención médica, y dado que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, éstos tienen la obligación de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a la integridad personal, particularmente vulnerables cuando una persona se encuentra bajo tratamiento de salud. (...) los Estados tienen el deber de regular y fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado” (Corte IDH, 2006). Este caso, tiene relación con el caso Gonzales Lluy, debido a que en ambos casos la vulneración al derecho a la vida y a la integridad personal se originó por un acto de terceros privados, una institución mental y la Cruz Roja respectivamente.
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Derechos vulnerados en la infancia : abandono, maltrato y pobreza

Derechos vulnerados en la infancia : abandono, maltrato y pobreza

Lo que tenemos que preguntarnos es si funciona realmente como está pensado. Y aquí sí la respuesta es negativa. Porque la ley está ausente, porque están los recursos judicia- les, porque existe la autoridad de aplicación, pero ¿saben qué es lo que no existe? Los recursos. Los recursos no son sólo institutos, lugares de internación. Los recursos son todos los que establece la ley en el artículo 32: políticas, planes y programas de protec- ción de derechos. Política tenemos, planes tenemos, programas: yo los invito a que empecemos a revisarlos, porque realmente existen muy pocos. Y también tenemos una gran deuda, porque la Ley 26.061, del artículo 45 en adelante, está olvidada, la creación de un defensor de los derechos del niño, que está previsto en esta ley, tiene un plazo que está “recontra” vencido. Entonces, los organismos no están todos y esto es muy impor- tante. Los recursos económicos faltan. Los procedimientos sí están todos establecidos y están de acuerdo. Las medidas de protección excepcional son las que analizamos. Sin embargo, faltan todos aquellos elementos imprescindibles para desarrollar políticas para la infancia, que son medios económicos en suficiencia para esos planes para la infancia, personal idóneo debidamente perfeccionado que esté todo el tiempo mejorando sus conocimientos sobre las nuevas políticas de niñez y sobre las nuevas circunstancias de la sociedad moderna. Nosotros hoy no tenemos la cantidad de personal idóneo necesa- rio para dar respuesta a las necesidades de todos los días. No tenemos una respuesta para chicos que tengan menos de catorce años y que estén afectados de grandes problemas de adicción. No tenemos lugares donde desintoxicar a esos chicos y acompañarlos en un proceso de readaptación. No tenemos personal en número, quizás sí en preparación, pero no en número.
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Los vínculos sociales y la reparación de derechos vulnerados en niñas. Aproximaciones desde la experiencia en Fundación Acompaña

Los vínculos sociales y la reparación de derechos vulnerados en niñas. Aproximaciones desde la experiencia en Fundación Acompaña

En cuanto al diseño muestral de la investigación fueron todas las niñas residentes de Acutun a dicha muestra se aplicaron los siguientes criterios de selección: como características de las participantes haber viviendo al menos una situación de vulneración de derechos de carácter grave en su seno familiar, ya que ellas responden a un programa de reparación residencial, un segundo criterio fue las edades de las niñas ya adolescentes las cuales para participar debían oscilar entre 10 y 18 años, edades con las que contaba la mayoría de las niñas y adolescentes residentes de Acutun; el ultimo criterio de selección es que las niñas y adolescentes que participaron no se encontraran en proceso de acercamiento familiar. El cual consiste en que Tribunales de familia declara que la niña o adolecentes puede vivir de forma permanente o temporal con su familia de origen, esta decisión se tomó para no obstaculizar el proceso familiar con las actividades mismas de la investigación, además que las niñas y adolescentes con acercamiento familiar no se encontraban viviendo en Casa Acutun, si no con sus familias, lo que a su vez hubiese dificultado su participación en las actividades de la investigación.
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Principios y Derechos Vulnerados con la Abstención del Ejercicio de la Acción Penal en los  Delitos de Lesiones Culposas por Acuerdo  Reparatorio En Vía Notarial

Principios y Derechos Vulnerados con la Abstención del Ejercicio de la Acción Penal en los Delitos de Lesiones Culposas por Acuerdo Reparatorio En Vía Notarial

Sin embargo si bien el principio de oportunidad está reconocido por la normativa penal como un mecanismo de simplificación en un proceso penal, el cual permite que a través de acuerdos celebrados por las partes, el fiscal obvie la audiencia de aplicación del principio de oportunidad y proceda con la abstención del ejercicio de la acción penal acortando plazos establecidos en una investigación preliminar de sesenta días, dejando así mismo la posibilidad de ahorrar tiempo para perseguir otros delitos de mayor gravedad; no obstante a ello, el fiscal deberá obviar requisitos establecidos en la norma penal, cuando estipula que para poder abstenerse la reparación civil deberá ser satisfecha, es decir, deberá cumplirse con lo acordado; evitando vulnerar derechos y garantías constitucionales reconocidas en nuestra carta magna.
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Reinserción y postconflicto: El "volver" de jóvenes ex combatientes a la vida civil

Reinserción y postconflicto: El "volver" de jóvenes ex combatientes a la vida civil

El paso siguiente a la desvinculación es iniciar el proceso de reinserción, el cual en el caso de los menores desvinculados difiere con el de aquellos que lo hicieron siendo mayores de edad. La diferencia radica en que los jóvenes llevan a cabo todo un proceso que tiene como propósito garantizar y restituir derechos vulnerados, todo ello a cargo del ICBF; además al haberse desvinculado siendo menores, pueden acceder a ayudas económicas extras a través de donantes u ONG’s que apoyan este tipo de programas. 39 Justamente, el conducto regular para llevar a cabo el proceso de reinserción de estos jóvenes consta de tres etapas básicas: 1) el paso por el Hogar Transitorio, instancia en la cual se diagnostica al joven antes de ser trasladado e iniciar su proceso, su estancia puede durar unos 45 días o más; 2) el paso por los Centros de Atención Especializada para Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado –CAE– dura aproximadamente entre 8 meses y 1 año, esta instancia les brinda atención integral a los jóvenes con mira a retomar la vida social, productiva, educativa, etc.; y 3) el paso por las Casas Juveniles
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Principio del interés superior del niño, niña o adolescente y el derecho a la vida digna del alimentante

Principio del interés superior del niño, niña o adolescente y el derecho a la vida digna del alimentante

los seres humanos, esta nueva dignidad abstracta se despojó de las características particulares de los ethos corporativos. Al mismo tiempo, sin embargo, la dignidad universalizada que se predica de todas las personas por igual preserva la connotación del respeto propio (self–respect) que depende del reconocimiento social. Como forma de dignidad social, la dignidad humana también requiere estar anclada a un estatus social; esto es, como pertenencia a una comunidad situada espacial y temporalmente, sólo que en este caso el estatus debe ser el mismo para todos. Así, el concepto de dignidad humana transfiere el contenido de una moral basada en el respeto igualitario al orden del estatus de ciudadanos que derivan el respeto propio del hecho de ser reconocidos por todos los demás ciudadanos como sujetos de derechos iguales y exigibles (Habermas, 2010).
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Exclusión de la prueba ilícita por violación del derecho de defensa en cuanto garantía del debido proceso en el Proceso Penal Peruano

Exclusión de la prueba ilícita por violación del derecho de defensa en cuanto garantía del debido proceso en el Proceso Penal Peruano

de B, incautándose una determinada cantidad de droga, implicando en su declaración a un tercero (C), que también fue detenido fruto de la ilegalidad inicial. Varios días después, tras haber sido puesto en libertad bajo fianza, C se apersonó voluntariamente en las dependencias policiales efectuando una confesión voluntaria y con previa información de sus derechos ante los agentes policiales que le interrogaron. El Tribunal rechazó todas las pruebas menos esta última confesión, aun reconociendo que si no hubiera existido la inicial entrada ilegal probablemente no se hubiera producido, pero destacó la voluntariedad de dicha confesión y el que se le hubiera advertido previamente de sus derechos, lo que a juicio del Tribunal Supremo norteamericano introducía un acto independiente sanador que rompía la cadena causal con la vulneración inicial. Para la Corte Suprema Federal norteamericana son varios los criterios que permiten determinar la atenuación de la relación causal, entre los que destaca el tiempo transcurrido entre la prueba ilícitamente obtenida y la prueba lícita derivada, la gravedad de la violación originaria y el elemento de voluntariedad que debe predicarse de las confesiones practicadas con todas las garantías (caso US vs. Cecco - lini, 435 US 268, 1978). 108
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PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 EL PAUJIL “Vamos Seguros a Generar

PLAN DE DESARROLLO 2012-2015 EL PAUJIL “Vamos Seguros a Generar

Además de la ausencia del instrumento actualizado en diferentes entidades territoriales, también se evidenció que no son pocas las dificultades de orden técnico para que las entidades territoriales puedan adoptar o actualizar los planes integrales únicos. Estas falencias se expresan, por ejemplo, en dificultades para la caracterización de la población desplazada, en la ausencia de indicadores que permitan hacer seguimiento a sus metas y programas, en la falta de capacidad de muchos entes territoriales para incorporar en sus PIU la perspectiva de enfoque de derechos y enfoque diferenciales, tal y como lo pone de presente el Ministerio Público.[38]. Pero además de lo anterior, una falencia que quedó evidenciada en los informes recibidos, es la ausencia de claridad sobre las formas de articulación de los planes integrales únicos con los planes de desarrollo. Si bien la mayor parte de entidades territoriales que informan tener plan integral único –PIU– actualizado señalan que se encuentra articulado al plan de desarrollo, a la hora de indicar el cómo se articula guardan silencio, o simplemente se limitan a afirmar que sus metas se incorporaron al Plan de Desarrollo, sin que tal afirmación pudiera ser constatada en un aspecto concreto incluido en el informe remitido a la Corte.
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Análisis a la acción extraordinaria de protección presentada por la señora Olga Mélida Negrete Sacatoro en contra de la sala especializada de adolescentes infractores de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador

Análisis a la acción extraordinaria de protección presentada por la señora Olga Mélida Negrete Sacatoro en contra de la sala especializada de adolescentes infractores de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador

23 La Corte Constitucional en la sentencia que se analiza, decidió declarar la vulneración del derecho a la seguridad jurídica, que los derechos de la menor de edad fueron vulnerados, acogiendo con sus criterios constitucionales la acción plateada por la señora Mélida Olga Negrete Sacatoro madre y representante de la niña afectada; y como medida de reparación integral, dejan sin efecto la sentencia dictada por los jueces de la corte nacional, ordenando además, que otros jueces de la Sala de Adolescentes Infractores resuelvan el recurso de casación planteado por el padre del adolescente.
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La rotulación de los "Alias" y la vulneración de derechos constitucionales

La rotulación de los "Alias" y la vulneración de derechos constitucionales

Ante esta vigilancia continua nuestro país con el afán de cumplir con lo dispuesto en el Tratado Para la Eliminación del Racismo, ha incorporado en su normativa constitucional preceptos que garantizan la no discriminación racial, específicamente en el artículo 11 numeral 2 en la parte pertinente manifiesta que “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad” (p. 11)
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Los contratos administrativos de servicios   CAS, como efecto de la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores de la administración pública peruana

Los contratos administrativos de servicios CAS, como efecto de la vulneración de los derechos laborales de los trabajadores de la administración pública peruana

El trabajo de investigación está enmarcado dentro de la línea del Derecho Laboral y se realizará conforme al paradigma de investigación cualitativa, doctrinal, teórica – metodológica, jurídico prospectiva, teniendo en consideración que la dificultad temática está relacionada a que el actual régimen laboral de la función pública consagrada en la Constitución Política del Estado, se contrapone con las normas, emitidas por El Poder Ejecutivo, mediante el Decreto Legislativo N° 1057, sobre el Régimen Especial de la contratación Administrativa de Servicios CAS, estableciendo que no se encuentra sujeto a la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, al régimen laboral de la actividad privada ni a otras normas que regulan carrera administrativas especiales. Del contenido de la norma legal, se puede apreciar que se ha vulnerado una serie de derechos que les asiste a los trabajadores denominados nombrados y contratados por los diversos regímenes en materia laboral y regímenes que regulan las relaciones de los trabajadores de la administración pública, que vulneran sus derechos laborales, ….incluido la reciente norma de la Ley del Servicio Civil N° 30057; investigación cualitativa, porque se recopilará los datos para interpretar una realidad, siendo el principal método la hermenéutica, es teórica – metodológica, porque se analiza y sistematiza las normas jurídicas en concordancia con los aspectos teóricos conceptuales de la rigurosidad científica de las ciencias sociales y metodológica porque se pretende proponer una reforma generando un referente bibliográfico en relación al tema materia de investigación jurídico propositiva, porque se trata de cuestionar una norma legal o instituciones jurídicas que previo análisis y evaluación de las mismas proponer las reformas pertinentes.Los resultados a las se ha arribado, nos permite señalar que efectivamente con la vigencia de Decreto Legislativo N° 1057 y su Reglamento, se han vulnerado los derechos y principios laborales que priman en la prestación de servicios personales, es el caso de la temporalidad de los contratos a pesar de la continuidad de las relaciones laborales y el principio de la primacía de la realidad, por estos principios, en la relación se pondrá fin cuando se produzcan circunstancias que hagan imposibles o incompatibles las relaciones entre las partes, por tanto el empleador no podrá dar por terminada la relación laboral a no ser por una causal establecida por la ley.
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Desplazamiento Forzado y conflicto armado. Niños y niñas vulnerados en sus derechos humanos

Desplazamiento Forzado y conflicto armado. Niños y niñas vulnerados en sus derechos humanos

En Colombia las violaciones de los derechos humanos y del DIH no cesan, “la situación es muy crítica, en particular por el ascenso de violaciones atribuidas a agentes estatales, tales como la desaparición forzada de personas, el desplazamiento forzado, la tortura y las ejecuciones extrajudiciales” (CDIH.2007, pp.2-3), así mismo, de modo frecuente las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Unidas de Colombia reclutan o utilizan a niños como soldados (PPDHDIH. 2004), con la finalidad de obtener su “participación activa en actividades militares relacionadas con el combate, la exploración, el espionaje, el sabotaje, y la utilización de niños como señuelos, correos o en controles militares” (ONU. 2004), si bien en Colombia no existen cifras verificables sobre en número exacto de niños que hacen parte de los grupos armados y que toman parte activa en las hostilidades subversivas, “los datos más conservadores afirman que pueden estar entre 8.000 y 13.000” (COALICO (2005). La utilización de niños y niñas como soldados e instrumentos de guerra es inaceptable en todo sentido, e incluso con las medidas cautelares y sancionatorias para quienes lo hacen, en los últimos diez años, cientos de miles de niños y niñas han combatido con adultos en todo el mundo y han muerto en medio de conflictos o guerras que a menudo no comprenden.
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El Habeas Corpus como garantía constitucional para la protección de derechos fundamentales vulnerados por el hacinamiento carcelario

El Habeas Corpus como garantía constitucional para la protección de derechos fundamentales vulnerados por el hacinamiento carcelario

puede constituir una modalidad o medio para la violación de otros de sus derechos y libertades, los que se han colocado en condiciones precarias, o incluso pueden llegar a ser anulados en ciertos casos extremos. Por ello, la cabal protección del hábeas corpus reviste vital importancia, pues a través de este medio idóneo se protegen derechos como el de la vida e integridad de la persona privada de la libertad en cualquier circunstancia, lo cual impone el carácter sumario e inmediato de la protección que se pretende otorgar a través de este medio, ya que en muchos casos será urgente una decisión inmediata de libertad a fin de salvaguardar el conjunto integral de todos los derechos en juego, y con previa presentación del detenido ante el juez o tribunal competente para resolver el hábeas corpus”.
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Responsabilidad médica en transfusiones sanguíneas en unidad cuidado intensivo pediátrico cuando las creencias religiosas limitan el actuar médico: una línea jurisprudencial

Responsabilidad médica en transfusiones sanguíneas en unidad cuidado intensivo pediátrico cuando las creencias religiosas limitan el actuar médico: una línea jurisprudencial

A la luz de hechos más recientes en sentencia de la Corte Constitucional en sentencia T-823 de (2002) sobre el DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA- Concebido jurisprudencial y doctrinalmente, como aquél que le permite a cada persona de forma independiente y autónoma creer, descreer o no creer en una determinada religión--.Cada hombre tiene derecho a mantener la integridad de sus creencias, de alterar sus convicciones religiosas o de asumir posturas ateas o agnósticas. La Sala encuentra que si bien la accionante es titular del derecho fundamental a la libertad religiosa (CPC artículo 18,19) no es menos cierto que su padecimiento le afecta su derecho a la salud en conexidad con la vida digna. Los profesionales tratantes se rehúsan a operar dado el incumplimiento de la accionante a obedecer las instrucciones clínicas necesarias para garantizar sus derechos a la vida y a la salud (lex artis). Lo anterior es claro ejemplo del conflicto de los galenos en las Unidades de Cuidado Intensivo con los pacientes por el uso o necesidad de transfusiones en casos graves. Es deber del Estado asegurar que todos los creyentes tengan la libertad de actuar según sus propias convicciones y de prohibir aquellas coacciones o impedimentos que restrinjan el compromiso asumido por ellos de conducirse según lo que profesan, pero no es menos cierto el compromiso del estado con el derecho a la vida de los ciudadanos.
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Entre el miedo y la alegría: emociones silenciadas de las personas privadas de la libertad en Colombia

Entre el miedo y la alegría: emociones silenciadas de las personas privadas de la libertad en Colombia

PPL10: yo me siento tranquilo, yo en el comité me siento útil en poder ayudar a mis compañeros pidiendo por el comité apoyo en cosas para ellos, yo tengo 44 años y estoy acá por 55 meses y ya he cumplido un tiempo, me siento seguro porque el pluma me eligió para ser del comité de Derechos Humanos, mi familia no viene porque no me gusta que me visiten y vengan a este lugar con maluco, me pone feliz que estén afuera, que estén en un centro comercial, en cicloruta, haciendo lo que hacían conmigo me hace feliz que sigan sus vidas, pues yo estoy bien acá, tengo mis cosas, mi celda donde dormir tranquilo, veo televisión, como bien, me lavan la ropa, huelo bien, estoy siempre limpio, me comunico con ellos en la noche, todo está bien, sé que están bien. Yo me gane el ser del comité por mi forma de ser, por mi criterio, tengo beneficios, como no dormir en el Carreteo (pacillo), porque uno viene acá por un tiempo, pero la vida sigue, no quiero truncar mi proyecto de vida, como otros jóvenes que vienen aprender mañas, a meter vicio, y comer mal, dormir mal así tengan plata para pagar beneficios. Se debe asumir las cosas con gallardía, que ya está uno en la cárcel, sin buscar problemas, pues siguen en la cárcel robando, haciendo maldades, lo que hacían afuera y por eso les dan unas pelas de muerte para que aprendan reglas
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Centro de atención e investigación para las victimas de violencia intrafamiliar "CAVIF", en el municipio de Girardot   Cundinamarca

Centro de atención e investigación para las victimas de violencia intrafamiliar "CAVIF", en el municipio de Girardot Cundinamarca

propone: Lograr la felicidad de los niños, niñas y adolescentes, en especial los de alto riesgo para que accedan a sus derechos manteniendo la protección integral, el municipio de Girardot protegerá sus derechos de existencia, desarrollo, ciudadanía, y protección. Y en su vez a través del sector 5. Seguridad, Gobernabilidad, Convivencia Ciudadana Y Derechos Humanos, el plan de desarrollo, establece la responsabilidad de la administración de proteger los derechos humanos de la población en general a través de estrategias propias o ya existentes de carácter nacional, tales como los CAVIF. Estas estrategias favorecen sobre todo a los grupos poblacionales (N.N.A y Mujeres), quienes lastimosamente según registros son los que más han sido afectados según la historia, por flagelos como la violencia
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Jurisprudencia en salud ocupacional

Jurisprudencia en salud ocupacional

“Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante jueces, en todo mo- mento y lugar, mediante un proceso pre- ferencial y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucio- nales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consisti- rá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impug- narse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitu- cional para su eventual revisión. Esta ac- ción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En ningún caso, podrá transcurrir más de diez (10) días entre la solicitud de la tutela y su resolu- ción. La ley establecerá los casos en los que la acción de tutela procede contra particulares encargados de la prestación de un servicio público o cuya conducta afecte grave y directamente el interés co- lectivo o respecto de quienes el solicitan- te se halle en estado de subordinación o indefensión”.
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Insufienciete protección a la trabajadora en período de lactancia y el interés superior del menor

Insufienciete protección a la trabajadora en período de lactancia y el interés superior del menor

El tratadista Antonio Enrique Pérez Luño, en su obra La Seguridad Jurídica, señala en su acepción estrictamente empírica puede existir una seguridad impuesta a través de un derecho que garantice coactiva e inexorablemente el cumplimiento de una legalidad inicua. De hecho la manipulación de la seguridad jurídica por los despotismos de todo signo representa una constante histórica. En los Estados totalitarios los dogmas de la plenitud y autosuficiencia del ordenamiento jurídico, el principio de la inquebrantabilidad e inexorabilidad de la legalidad, la publicidad exagerada hasta la propaganda de la ley, así como el control de la discrecionalidad judicial, han sido instrumentalizados al máximo para la imposición del monopolio político e ideológico. La seguridad jurídica, así entendida y degradada, no ha impedido la promulgación de leyes dirigidas a consagrar diversas formas de discriminación racial y política, y, en suma, el control opresivo de la sociedad. Estas manifestaciones de seguridad de la inseguridad son incompatibles con la razón de ser del Estado de Derecho. En esta forma política se instaura la protección de los derechos y libertades en la cúspide de las funciones estatales.
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