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El derecho de los jueces y el derecho de la administración pública: de la doctrina legal más probable al procedimiento de extensión de la jurisprudencia

El derecho de los jueces y el derecho de la administración pública: de la doctrina legal más probable al procedimiento de extensión de la jurisprudencia

Con anterioridad a la expedición del CPACA la proyección del derecho de los jueces a la administración pública a través de cualquiera de las figuras – doctrina legal más probable, doctrina legal, doctrina probable, criterio auxiliar de la actividad judicial, jurisprudencia, doctrina probable y legítima confianza, precedente jurisprudencial, doctrina jurisprudencial-, no poseía siquiera el alcance de criterio auxiliar, posiblemente siquiera mencionada en la motivación de la decisión administrativa. Las razones, además del contenido político de la función ejecutiva y de lo que parecieran ser permanentes coyunturas momentáneas en ciertas pretensiones –principalmente las que implican erogaciones económicas para la AP –, sobre las que es preferible llegar al juez administrativo y reconocerlas y pagarlas luego de un largo tiempo, o del directo desconocimiento de la Constitución y su sistema normativo por parte de las administraciones, se debía a la inexistencia de un procedimiento que obligara a quien posee función administrativa a estudiar el derecho de los jueces.

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Correcta elección del carril impugnáticio y doctrina del recurso indiferente: la S.C.J.B.A. confirma su doctrina legal (no tan “indiferente”)

Correcta elección del carril impugnáticio y doctrina del recurso indiferente: la S.C.J.B.A. confirma su doctrina legal (no tan “indiferente”)

Palabras clave: S.C.J.B.A., doctrina legal, recursos extraordinarios, recurso indiferente. RIGHT CHOICE OF THE IMPUGNABLE RAIL AND DOCTRINE OF THE INDIFFERENT RECOURSE: THE S.C.J.B.A. CONFIRMS IT`S LEGAL DOCTRINE (NOT SO “INDIFFERENT”) Abstract: he meticulous technique in the recursive subject, far from manifesting as merely pru- ritus of insigniicant importance, it represents an essential axis of the functioning of our entire pro- cedural system.

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Recopilación de doctrina legal 2010

Recopilación de doctrina legal 2010

Asimismo, procedería suprimir el artículo 4 del Proyecto, que es reproducción literal del artículo 2 RD 1892/2008, en el que se establecen los distintos requisitos y condiciones de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. Al margen de la conocida doctrina (por todos, Dictámenes 23/1998, 48 y 101/2003 del Consejo Jurídico y 50.261, de 10 de marzo de 1988, del Consejo de Estado), que pone de manifiesto los riesgos de utilizar la técnica de la “lex repetita” para incorporar contenidos normativos básicos al ordenamiento regional y las medidas a adoptar para minimizarlos, de la que el expediente contiene abundantes advertencias efectuadas por órganos preinformantes, lo que excusa su exposición in extenso en este Dictamen, se observa que el precepto objeto de la presente consideración omite reproducir la letra e) del artículo básico matriz, determinando una restricción en los requisitos que permiten acceder a las enseñanzas de Grado que sería contraria a la norma básica, en la medida en que se excluiría del acceso a la Universidad a quienes estuvieran en condiciones de hacerlo según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la LOE. Esta omisión, que no ha merecido justificación alguna en el expediente, no puede ser interpretada en el sentido expuesto, pues el carácter básico de la regla omitida y la ausencia de competencia de la Comunidad Autónoma para alterar los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado determinan que aquélla sea, a pesar de ello, de aplicación en el ámbito regional.

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Recopilación de doctrina legal 2006

Recopilación de doctrina legal 2006

La aportación de la doctrina del Consejo de Estado en este punto es la de advertir que tanto en la noción de “interés público” presente en el citado artículo 101.1 (y en los precedentes artículos 18 de la Ley de Contratos del Estado de 1965 y 149 de su Reglamento de desarrollo), como en el concepto de “necesidades nuevas” a que también se refiere dicho precepto, debe incluirse otro elemento de necesaria valoración, también dimanante del hecho contractual, como es la exigencia de no defraudar la aplicación de los principios de publicidad y concurrencia en la adjudicación de los contratos administrativos mediante la modificación contractual; y ello no sólo en beneficio de los particulares interesados en la contratación pública, sino también, e incluso de modo preferente, de la propia Administración, en cuanto la lícita competencia entre empresas puede beneficiar el interés público, tanto desde una perspectiva general (confianza en el actuar objetivo de la Administración), como en el caso concreto de que se trate. Así, en su Dictamen 79/1993, de 1 de abril, el Consejo de Estado señala que la previsión normativa de que las modificaciones contractuales deban ser consecuencia de necesidades nuevas “no permite ser concebida de una manera tan amplia que permita cualquier variación, incluso cuando entrañe una alteración sustancial del objeto del contrato”, añadiendo el Dictamen 3357/2003, de 20 de noviembre, que “cuando la modificación es sustancial, el ius variandi ha de interpretarse como una excepción al principio de libre concurrencia en la licitación, y como tal debe ser entendida de modo restrictivo, interpretándose la Ley en la forma y sentido más rigurosos” (dictamen del Consejo de Estado número 3.062/98, de 10 de septiembre de 1998). Un uso indiscriminado de dicha potestad de modificación de los contratos, concluía el Consejo de Estado en su dictamen número 47.126, de 5 de diciembre de 1984, podría entrañar un claro fraude de ley, en cuanto cerraría el acceso de otros posibles contratistas”.

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Recopilación de doctrina legal 2011

Recopilación de doctrina legal 2011

Del mismo modo, tampoco se aprecia una vulneración esencial del régimen de la notificación de tal liquidación, en la medida en que sustancialmente se ajusta al establecido en el artículo 112 LGT, al haberse intentado la notificación personal de la interesada en el domicilio fiscal que le constaba a la Administración actuante, dada la no comunicación por aquélla del cambio operado en el mismo, a lo que venía obligada ex artículo 48.3 LGT. La sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de 3 de diciembre de 2009, reproduce la siguiente doctrina jurisprudencial: “como señala la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de mayo de 2001 "la notificación edictal está atemperada a derecho, al no haberse podido realizar la personal en el domicilio que en el expediente de autos figuraba para la Administración, con independencia de que en otros expedientes relacionados con la misma interesada figurase otro domicilio, pues a efectos tributarios el sujeto pasivo venía obligado a comunicar mediante declaración expresa el cambio de domicilio ("ex" artículo 45.2 de la LGT), lo que supone que, hasta que tal declaración expresa no se produce, el domicilio reputado válido será el que hasta entonces, a efectos tributarios, figurase para el Ayuntamiento exaccionante” y asimismo que "El domicilio fiscal es, pues, el lugar de las notificaciones tributarias mientras el sujeto pasivo no señale otro distinto; y, por tanto, el cambio no comunicado puede tener un efecto perjudicial para los intereses de aquél, porque la notificación se dirigirá, lógicamente, a un lugar que ya no es el de la sede de su dirección o domicilio fiscal y social reales". En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de octubre de 2001”.

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Recopilación de doctrina legal 2007

Recopilación de doctrina legal 2007

Por último, en la tramitación del procedimiento se advierte que se ha seguido en líneas generales el establecido por el RRP para este tipo de reclamaciones, sin que se aprecien carencias formales esenciales, a excepción del plazo máximo para resolver (artículo 13.3 RRP). No obstante, en cuanto a los medios de prueba, ha faltado que determinadas imputa- ciones que realiza la reclamante en términos desprovistos de certeza (“supongo que debido a una mala praxis”), fueran acompañadas de los correspondientes medios de prueba, por ejemplo, a través de la oportuna prueba pericial, una vez que la instructora, en cumplimiento de su petición, recabara el informe de un profesional distinto al que la intervino para que explicara las causas de la distrofi a que padece y su posible solución. Por tanto el principio de la distribución de la carga de la prueba va a ser determinante en la resolución del presente supuesto, incumbiendo a la parte reclamante la carga de probar la relación de causalidad (artículo 217 LEC), y a la Administración, negada por la paciente la información previa a la intervención quirúrgica, que suministró la información adecuada a la misma, al no cons- tar por escrito el consentimiento informado, de acuerdo con nuestra doctrina, expresada, entre otros, en el Dictamen núm. 130/06: “Ahora bien, aunque no se excluya de forma tajante y absoluta la validez de cualquier información que no se presente por escrito, en tal caso es a la Administración a la que incumbe la carga de la prueba de la información transmitida (Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, de 4 de abril de 2000). Resulta es- clarecedora otra resolución de la misma Sala, ésta de 3 de octubre de 2000, que declara que “la obligación de recabar el consentimiento informado de palabra y por escrito obliga a entender que, de haberse cumplido de manera adecuada la obligación, habría podido fácilmente la Administración demostrar la existencia de dicha información. Es bien sabido que el principio general de la carga de la prueba sufre una notable excepción en los casos en que se trata de hechos que fácilmente pueden ser probados por la Administración. Por otra parte, no es exigible a la parte recurrente la justifi cación de no haberse producido la información, dado el carácter negativo de este hecho, cuya prueba supondría para ella una grave difi cultad”.

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Recopilación de doctrina legal 2009

Recopilación de doctrina legal 2009

3. De forma análoga a lo que vino a concluir este Consejo Jurídico en los Dictámenes 4, 71 y 184 de 2006, el órgano consultante, previo informe de la Inspección Médica que contemplara la globalidad del proceso patológico de la paciente y la final audiencia del interesado, debería haber determinado en qué medida los daños alegados en la reclama- ción (la ceguera bilateral de la niña y el consiguiente daño moral de los padres) pueden razonablemente imputarse al retraso diagnóstico objetivado en el periodo de tiempo a que antes se hizo referencia. La cuantificación de los conceptos que, a la vista del mencionado informe e historia clínica, hubiesen de considerarse indemnizables, habría de atenerse al baremo de referencia con un carácter meramente orientativo, conforme con lo establecido en casos análogos por la doctrina consultiva y la jurisprudencia, ponderando aquí muy señaladamente la corta edad de la niña y el lapso de tiempo en que la víctima habrá de sufrir las secuelas. De no poderse determinar aproximativa y razonablemente la inciden- cia del mencionado retraso diagnóstico en el proceso patológico de la paciente, habría que convenir en la existencia de una concurrencia de causas (existencia de la retinopatía del prematuro, no imputable a la Administración, y retraso diagnóstico, sí imputable) de incidencia indeterminada en la producción de los daños en cuestión, lo que llevaría a im- putar el 50% de relevancia a cada una de dichas causas, trasladándose, por tanto, dicho porcentaje a la cuantificación de la indemnización final.

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Recopilación de doctrina legal 2008

Recopilación de doctrina legal 2008

Por su parte, la Sala 3ª del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 9 de diciembre de 2003, señaló que “como hemos expuesto en alguna otra ocasión, la doctrina del riesgo imprevisible, conectada a la de la cláusula «rebus sic stantibus», exige que, como conse- cuencia de la aparición de un riesgo que no pudo ser previsto al tiempo de celebrarse el contrato, se alteren sustancialmente las condiciones de ejecución del mismo, de manera que la prestación pactada resulte mucho más onerosa para una de las partes de lo que ini- cialmente había podido preverse, lo que permite la rescisión del contrato o, en su caso, la indemnización de ese mayor coste, que no debe ser asumido por la parte a quien el suceso o acontecimiento imprevisible ha perjudicado. La sentencia de esta Sala de 16 de septiem- bre de 1.988 (RJ 1988, 7046) legitimaba una revisión de precios no pactada cuando en las vicisitudes de la contratación concurren unas circunstancias y alteraciones económicas extraordinarias y anormales, imprevistas y profundas, que afectan gravemente al contra- tista que actuó de buena fe y dentro de unas previsiones razonables”. En el caso analizado por dicha sentencia, el TS concluye que “no concurre en este supuesto el requisito esencial de la imprevisibilidad del acaecimiento”. La califi cación como esencial de dicho requisito es determinante a los efectos del presente procedimiento revisorio, pues la nulidad radical cuya declaración pretende el Ayuntamiento se basa, como se apuntó anteriormente, en el artículo 62.1,f) LPAC, que permite la declaración de nulidad de pleno Derecho del acto administrativo cuando se carezca de alguno de los requisitos esenciales establecidos por el ordenamiento jurídico para que aquél pueda producir validamente el efecto de otorgar a su destinatario un derecho o facultad (en el presente caso, de contenido económico, como resulta ser la indemnización de que se trata).

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Balanç de la legislació i la jurisprudència d'Euskadi 1979-2019

Balanç de la legislació i la jurisprudència d'Euskadi 1979-2019

41 La doctrina en interés de ley del TS viene definida de la siguiente manera: “[…] la doctrina legal actualmente vigente sobre la materia puede resumirse en los siguientes puntos: Primero, que el principio general sigue siendo el de que pueda valorarse como mérito no eliminatorio el conocimiento de las lenguas españolas diferentes del castellano; Segundo, que para concretas y determinadas plazas, los poderes públicos competentes pueden darle dicho carácter a la prueba de conocimiento del idioma cooficial de la respectiva Comunidad Autónoma; Tercero, que la finalidad de esta excepción al principio general es la de proveer a la presencia en la Administración de personal de habla de lengua vernácula, como modo de garantizar el derecho a usarla por parte de los ciudadanos de la respectiva Comunidad (Sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de junio de 1986); Cuarto, que la apreciación del cumplimiento de esta concreta finalidad obliga a considerar discriminatoria la mencionada exigencia cuando se imponga para cubrir plazas que no estén directamente vinculadas a la utilización por los administrados de las lenguas de su Comunidad Autónoma, debiendo reservarse para aquellas en las que la imposibilidad de utilizarla les pueda producir una perturbación importante en su derecho a usarla cuando se relacionan con la Administración, lo que a su vez implica la necesidad de valorar en cada caso las funciones que sean competencia de la plaza que pretenda cubrirse, así como el conjunto de funcionarios a los que corresponda un determinado servicio, de manera que en las que se aprecie la concurrencia de la perturbación mencionada, pueda garantizarse que alguno de los funcionarios habla el idioma peculiar de la Comunidad, todo ello matizado por la vigencia del deber constitucional de conocer el castellano, que el artículo tercero de nuestra Norma Suprema impone a todos los españoles; y Quinto, que, cuando no medie alguna de estas circunstancias, sigue siendo plenamente aplicable la constante tesis jurisprudencial que considera discriminatoria la exigencia del conocimiento de los idiomas de las Comunidades Autónomas con carácter obligatorio, expreso o implícito”, STS de 15 de diciembre de 1998 (RJ 1999, 696) recurso de casación en interés de ley. Esta sentencia que fija la doctrina legal refiere a las SSTS de 16 de abril de 1990 (RJ 1990, 4978), de 8 de julio de 1994 (RJ 1994, 6013), de 18 de abril de 1995 (RJ 1995, 3177), de 19 de febrero (RJ 1996, 1560) , de 26 de marzo (RJ 1996, 2593), de 22 de julio de 1996 (RJ 1996, 5740) y de 20 de marzo de 1998 (RJ 1998, 3021).

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La Doctrina Parot

La Doctrina Parot

sucesivamente hasta alcanzar los límites del art. 70.2ª CP (normalmente treinta años). Nace así la “doctrina Parot”, que a partir de ese momento se aplicará no sólo al caso resuelto por la STS 197/2006, sino a todos los presos condenados en aplicación del CP 1973, a los que se les hubiera aplicado el máximo de cumplimiento previsto en el art. 70.2ª CP 1973 y que hubieran obtenido redención de penas por trabajo. Entre otros, a la Sra. Del Río Prada, quien había obtenido 3.282 días de redención, que restados del límite máximo de 30 años determinaban su puesta en libertad el día 2 de julio de 2008, según la hoja de cálculo del Centro Penitenciario en el que cumplía condena. Sin

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Doctrina Parot

Doctrina Parot

Tanto en sentencias estimatorias como desestimatorias de recursos de amparo ,el TC rechazó la vulneración del derecho a la legalidad penal (art.25.1 CE) por aplicación retroactiva del art. 78 CP 1995, pues como se establece en la STC 39/2012,de 29 de marzo 2012 ,entiende que ni las resoluciones recurridas, ni la doctrina del Tribunal Supremo invocada en ellas, aplican retroactivamente dicho precepto (que, por otra parte, no hace referencia a la redención de penas por trabajo, puesto que dicha redención desaparece en el Código penal de 1995), sino la normativa vigente en el momento de comisión de los hechos por los que el recurrente fue condenado (arts. 70.2 y 100 CP 1973), si bien con una nueva interpretación de la misma que, ciertamente, acoge el criterio de cómputo consagrado expresamente en el art. 78 CP 1995, pero argumentando que tal interpretación era posible a la vista del tenor literal de los arts. 70.2 y 100 CP 1973. Por tanto, la queja carecería de base fáctica, pues la prohibición de retroactividad de la ley penal desfavorable consagrada en el art. 25.1CE tiene como presupuesto fáctico la aplicación retroactiva de una norma penal a hechos cometidos previamente a su entrada en vigor (por todas, SSTC 21/1993, de 18 de enero, FJ 4; 43/1997, de 10 de marzo, FJ 5; 20/2003, de 20 de febrero, FJ 4; y 116/2007, de 21 de mayo, FJ 9).

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Doctrina Parot

Doctrina Parot

El 24 de abril, el centro penitenciario de Murcia propuso el día 2 de julio de 2008 como fecha de su puesta en libertad. Por lo tanto, lo que pretende examinar el Tribunal es si su mantenimiento en prisión tras esa fecha, fue legal en el sentido del art. 5.1 del Convenio. Para ello, examina si se cumple el requisito de previsibilidad en relación con la ley en vigor en la fecha de dictarse la condena y el periodo posterior de privación de libertad. El Tribunal llega a la conclusión que la recurrente no podía haber previsto que el método utilizado para aplicar la redención de penas por trabajo sufriría una alteración a causa de un cambio de jurisprudencia que efectuó el Tribunal Supremo con la sentencia 197/2006, de 28 de febrero, y que este nuevo criterio sería aplicable a su caso concreto. Por lo tanto, el Tribunal establece que a partir del 3 de julio de 2008, la privación de libertad de la recurrente no fue legal, y por tanto, se produjo una vulneración del art. 5.1 del convenio.

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La doctrina Parot

La doctrina Parot

Como tercer punto y último refiere, el magistrado, el cambio en la interpretación de una norma, y se pregunta si los jueces y tribunales tienen la obligación de interpretar favorablemente la jurisprudencia, no pudiendo hacer una nueva interpretación jurisprudencial desfavorable de la misma norma, y que suponga una agravación del estatus personal del reo, como es el caso planteado en el que se le alarga el tiempo en prisión. Llega a la conclusión de que, en todo caso, tienen la obligación de interpretar de forma no desfavorable las leyes penales, pero que la interpretación realizada en la Sentencia 197/2006, de 28 de febrero sobre el art.70.2 de CP de 1973 en relación con el art. 100, es una interpretación jurisprudencial nueva desfavorable que no responde a una ampliación de la norma recogida en el art. 70.2 en relación con el art. 100, ya que, ninguno de estos artículos establecen un método de cómputo de los beneficios penitenciarios, sino a la necesidad de proceder al efectivo cumplimiento de las penas. Entiende que, si bien no se puede, en ningún caso, revisar una sentencia firme con fundamento en un cambio de doctrina jurisprudencial, ya sea favorable o desfavorable para el reo, no obstante, y en el caso que nos ocupa, estamos ante un supuesto de revisión de las liquidaciones de condenas en fase de ejecución de la condena que supone una agravación del status personal del reo, pero no ante un supuesto de la revisión de la sentencia condenatoria. Por su parte, el profesor Carlos García Valdés 68 , que fue objeto, en abril de 1979, de un atentado por parte de la banda terrorista ETA del que salió ileso cuando era el director general de Instituciones Penitenciarias, e impulsor y artífice la le Ley Penitenciaria, escribió, en Cuarto Poder, que la verdadera cuestión debatida es si nos hallamos en una aplicación retroactiva de una norma penal de peor condición para los intereses del penado, lo que no es tolerable jurídicamente o, por el contrario, si ello es solo una mera apariencia y en consecuencia no existe aquel error, no incurriendo de este modo la doctrina de los tribunales españoles en ese vicio reprochable constitucional y penalmente.

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El Reglamento de 1986 no puede entenderse ayuno de cobertura legal, porque la derogación del artículo 89 de la Ley de 1964, no es una derogación sin más, toda vez que se establece que quedan derogadas “ con el alcance establecido en la disposición final cuarta”, según se indica al inicio de la disposición deroga- toria única del EBEP , las normas que allí se relacionan. Lo que se traduce, si atendemos a la disposición final cuarta apartado 3, es que hasta que se dicten esas leyes de la función pública (Leyes de las Cortes Generales y de las Asam- bleas Legislativas) y las normas reglamentarias de desarrollo, se mantendrán las “ normas vigentes”, lo que comprende tanto las normas legales como las reglamentarias, sobre ordenación, planificación y gestión de recursos humanos , entre las que debemos incluir el régimen disciplinario, en tanto no se opongan a lo establecido en el EBEP. Y el contenido, por lo que aquí interesa, del Regla- mento de 1986, no contradice ni se opone, sino que complementa, lo dispuesto en dicho EBEP, respecto de las faltas graves o leves.

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Cuestiones sobre la prueba en el proceso contencioso administrativo español

Cuestiones sobre la prueba en el proceso contencioso administrativo español

En nuestro derecho son medios de prueba de valoración legal el interrogatorio de la parte (art. 316.1 LEC) y los documentos (arts. 319 y 326 LEC), y medios de prueba de libre valoración todos los demás. Sin embargo, el alcance de las normas de valoración legal ha sido muy mitigado por la jurisprudencia, tanto en la prueba documental como en la de interrogatorio de la parte (o antigua confesión judicial). En efecto, el TS ha entendido que los documentos públicos (y, por extensión, los privados) no tienen valor superior a otras pruebas (cfr., por ejemplo, STS 19 diciembre 1991, RJ 1991/9406), por lo que, por sí solos, no bastan para enervar una valoración probatoria conjunta, vinculando al juez sólo respecto del hecho de su otorgamiento y de su fecha, dado que el resto del contenido puede ser sometido a apreciación con otras pruebas (cfr., por ejemplo, STS 6 julio 1989, RJ 1989/404; con la misma doctrina, entre otras, las SSTS 18 junio 1992, RJ 1992/5324, y 27 marzo 1991, RJ 1991/2452). Y lo mismo ha ocurrido con la prueba de confesión (cfr. SS, Sala 3ª, de 31 diciembre 2001, RJ 2002/781). El expediente utilizado, en un primer momento, fue el de la valoración conjunta de la prueba, de la que nuestros Tribunales han usado y abusado: diciendo en la sentencia que las pruebas han sido apreciadas en su conjunto, lo que hace el órgano jurisdiccional es omitir todo análisis de las fuentes de su convencimiento y, por tanto, no motivar el fallo en su premisa de hecho; prueba legal y prueba libre quedan, así, confundidas en un todo inarticulado y, en consecuencia, diluida la trascendencia de la primera, imposibi- litándose el control de la violación de la norma procesal que otorga un valor concreto a determinados medios de prueba. En la jurisprudencia más reciente, en cambio, la desvalorización de la prueba legal se realiza, aunque con vacilaciones cuando se trata de la prueba documental, de una manera directa 21 .

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La doctrina jurisprudencial del tribunal constitucional sobre despido y su influencia en la protección legal contra el despido arbitrario

La doctrina jurisprudencial del tribunal constitucional sobre despido y su influencia en la protección legal contra el despido arbitrario

En resumen, se estableció con este dispositivo legal, que el trabajador podía recurrir a la autoridad administrativa de trabajo cuando hubiese considerado que la causa invocada para su despido era injustificada exigiendo su reposición o al fuero privativo si decidiere la ruptura del vínculo laboral condicionándolo al pago de una indemnización por despido, cuya cuantía se incrementó ostensiblemente. Así el autor citado refiere que “el énfasis innovador de esta norma se puso de manifiesto en los poderes especiales con que se dotó al Juez, a efecto que aquél haga cumplir el mandato de reposición en sus propios términos”. Pues, con ese propósito, se admitió la figura de la “denuncia penal” contra el empleador constituido en mora, derrumbándose así el argumento jurídico- tradicional de que las obligaciones jurídicas del empresario al ser obligaciones de hacer eran incoercibles en su cumplimiento, demostrando, por el contrario, que no había ninguna imposibilidad jurídica para lograr la reposición forzosa en los casos de despido injustificado” 35 .

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Agresor Escolar de los grados noveno a once: análisis normativo y socio criminológico en el Municipio de Cartago durante el año lectivo 2018

Agresor Escolar de los grados noveno a once: análisis normativo y socio criminológico en el Municipio de Cartago durante el año lectivo 2018

La investigación. fue también de tipo cualitativa, que es el método propio de las ciencias sociales: ya que se pretende con la investigación, realizar a través de la revisión sistemática de bibliografía narrativa de artículos publicados en las bases de datos de la Universidad Cooperativa de Colombia, tal como redalyc.org, dialnet, exlibrisgroup, ebookcentral. E-libro, proquest, vlex, además del marco legal vigente atendiendo a las normas, jurisprudencia y doctrina y finalmente del requerimiento de información a las Instituciones educativas y otras Autoridades públicas, para determinar cuáles son los perfiles criminológicos y factores psicosociales que se encuentran asociados al bullying, matoneo o acoso escolar en los adolescentes victimarios que se encuentran cursando los grados noveno a once durante el año lectivo 2018 en el Municipio de Cartago y de igual manera, si las normas aplicadas están siendo efectivas o no para contrarrestar este fenómeno.

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TítuloCompraventa a través de agente inmobiliario

TítuloCompraventa a través de agente inmobiliario

Es un contrato por el que una de las partes –denominado cliente, oferente, comitente o mediado–, encomienda a la otra –agente, corredor o mediador– la realización de gestiones dirigidas a poner en contacto al cliente con un tercero interesado en la conclusión de un contrato, o bien, para que le indique la oportunidad o la persona con quien puede celebrarlo, a cambio de una retribución. En el contrato de mediación o corretaje el mediador ha de limitarse a poner en relación a los futuros comprador y vendedor de un objeto determinado, pero, en todo caso, tal actividad ha de desplegarse en lograr el cumplimiento del contrato final 2 . La doctrina moderna sigue esta tendencia, así el Tribunal Supremo (en adelante TS) afirma que la relación jurídica entre el cliente y el mediador no surge exclusivamente de un negocio contractual de mediación, pues las obligaciones y derechos exigen, además, el hecho de que el intermediario haya contribuido eficazmente a que las partes concluyeran el negocio 3 . En fecha reciente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Islas Baleares de 11 de marzo de 2005, FJ 3, (JUR 2005\116032) ha declarado expresamente que “el contrato de mediación … tiene como característica principal el ser una relación jurídica de

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TítuloDoctrina laboral del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su proyección en  España

TítuloDoctrina laboral del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su proyección en España

los Trabajadores-, se puede alegar en el recurso que se interponga la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016 o no. El Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre este tema, de hecho, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de que pueda ser empleado en otros pronunciamientos, dado que la Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre 2016 –Recurso de Casación para la unificación de doctrina núm. 755/2015-, indica que por motivos cronológico no puede hacerlo, pero sin descartar su futuro empleo argumentativo; así: «No es este el momento de pronunciarnos sobre los efectos que sobre esta materia haya de producir la reciente STJUE de 14 de septiembre de 2016 (Asunto De Diego Porras, C- 596/14 ), ya que quien recurre es la parte demandada y, por consiguiente, no se suscita aquí la cuestión del importe de la indemnización. Sin embargo, sí hemos de estar a los criterios que hemos venido estableciendo en relación con las consecuencias del cese de los trabajadores indefinidos no fijos del sector público»; aunque ya posteriormente acoge dichas consecuencias –el incremento de la indemnización a los indefinidos no fijos-, siquiera en base a otros razonamientos 10 , y así: «Primera. Porque la figura del indefinido no fijo, aunque es una creación jurisprudencial, ya es recogida en la Ley, el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), aprobado por RDL 5/2015, de 30 de octubre, cuyos artículos 8 y 11-1 nos muestran que la norma diferencia al personal laboral en función de la duración de su contrato en fijo, por tiempo indefinido o temporal, pues en otro caso no habría empleado el vocablo indefinido y sólo habría distinguido entre fijos y temporales, lo que conlleva que el personal indefinido no sea equiparable al temporal. Segunda. Porque el origen de la figura del personal

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Acción pauliana e integración europea: una propuesta de ley aplicable

Acción pauliana e integración europea: una propuesta de ley aplicable

podría ya deducirse que este remedio legal del perjuicio de acreedores no está incluido en los instrumentos comunitarios sobre ley aplicable. Sin em- bargo, la Propuesta de Reglamento sobre ley aplicable a las obligaciones extracontractuales, presentada por la Comisión, apuntaba otra respuesta: «La línea divisoria entre obligaciones contractuales y delictuales no es sin embargo idéntica en todos los Estados miembros y pueden surgir dudas en cuanto a la aplicación de tal o cual instrumento —el Convenio de Roma o el Reglamento propuesto— en un litigio dado, por ejemplo en cuanto a la res- ponsabilidad precontractual, culpa in contrahendo o acción pauliana. El Tri- bunal ya tuvo la ocasión de constatar, en el marco del art. 5, apartados 1 y 3, del Convenio de Bruselas, que la materia delictual tiene un carácter residual con relación a la contractual que debe entenderse en sentido estricto, tendrá que afinar más su análisis en el marco de la interpretación del Reglamento propuesto» 5 .

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