Efectos de la Sentencia

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Efectos de la sentencia previstos en la ley de protección frente a la violencia familiar

Efectos de la sentencia previstos en la ley de protección frente a la violencia familiar

En el mapa conceptual número uno se esboza la propuesta de lege ferenda en los procesos de violencia familiar, el cual se enfoca en dos aspectos: A nivel normativo; se considera imperiosa la modificación del artículo 21 del TUO de la ley 26260 ley de protección contra la violencia familiar en el sentido de considerar que los efectos de la sentencia deben aplicarse de manera obligatoria y concomitante en todos los casos de violencia familiar, señalando en consecuencia el tratamiento médico y/o psicológico que se le debe brindar tanto a la víctima como al agresor; también deben especificarse las medidas de protección adecuadas al caso concreto como son la suspensión temporal de la cohabitación, la salida temporal del agresor del domicilio, la prohibición temporal de toda clase de visitas entre otras que considere oportuna y pertinente el magistrado; por último en lo que respecta a la reparación del daño éste debe considerarse siempre al comprobarse el maltrato porque existe un bien jurídico lesionado que requiere ser indemnizado. A nivel institucional; se debe contar con infraestructura adecuada no solo a nivel de locales o ambientes sino de material y equipo que permita brindar un servicio eficiente y eficaz en tiempo real a los justiciables; asimismo con personal capacitado que pueda orientar y resolver los casos con criterio. Implementar una logística adecuada para resolver los problemas judiciales, al respecto hay una propuesta de que todos los juzgados de familia tengan competencia para ver los casos de violencia familiar tal como sucede con los despachos de las fiscalías del

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Importancia y Efectos De La Sentencia T-194 De 1999

Importancia y Efectos De La Sentencia T-194 De 1999

Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande de Lorica – ASPROCIG– de solicitar ordenar a las entidades demandadas: 1) suspender las actividades que los vulneran; 2) iniciar la ejecución de los proyectos de compensación y mitigación; 3) adelantar los estudios de impacto que se omitieron; 4) poner en práctica los planes de manejo, mitigación y compensación con participación efectiva de la comunidad, y 5) suspender el llenado de la presa hasta que se adopten las medidas necesarias para no causar más daño a la población y el medio ambiente. En general, la Corte revocó parcialmente los fallos proferidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 8 de septiembre de 1998 y la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Montería el 3 de julio de 1998 dando razón a los peticionarios y, en su lugar, tutelo los derechos de los afiliados a la Asociación de Productores para el Desarrollo Comunitario de la Ciénaga Grande de Lorica –ASPROCIG-, a la participación y a un medio ambiente sano; y confirmó la sentencia de segunda instancia, en cuanto negó el amparo de los derechos a la vida, la salud y el trabajo. Bajo esta perspectiva, esta investigación pretende analizar la importancia y efectos de este fallo en la sociedad, en especial, por los límites que en él se fija a los organismos de control y la ratificación de la capacidad sancionadora que los órganos administrativos locales tienen sobre las afectaciones por la construcción de las obras civiles de la hidroeléctrica Urrá I, y la desviación del río sinú.

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El aislamiento de las personas privadas de la libertad mediante sentencia ejecutoriada y sus efectos jurídicos

El aislamiento de las personas privadas de la libertad mediante sentencia ejecutoriada y sus efectos jurídicos

Los principales derechos que se estaría hablando son de conocer el motivo de su detención y ver la orden de la detención, ser informado de manera específica y clara, acerca de los hechos que se le imputaren y los derechos que le otorgan la Constitución y las leyes, guardar silencio y no puede ser obligado a declarar, declarar si quiere, para dar su versión de los hechos, pero sin que le tome juramento, no ser tratado como culpable mientras no sea condenado por una sentencia firme, a que se sepa que está detenido tiene derecho a que, en su presencia, se informe a su familia o a otras personas conocidas que se encuentra detenido, por qué motivo y en qué lugar, ser asistido por un abogado de confianza y a entrevistarse privadamente con él, que un juez se pronuncie sobre su detención al examinar la legalidad de su detención las condiciones en que se encuentre y resuelva si procede o no dejarlo en libertad.

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La ejecución provisional en el proceso civil chileno = Provisional enforcement in chilean civil procedure

La ejecución provisional en el proceso civil chileno = Provisional enforcement in chilean civil procedure

Por la atinencia, transcribimos lo central de este postulado: “A través de la ejecu- ción provisional se permite cumplir los efectos de la sentencia como si ella estuviera firme, permitiendo que el actor pueda empezar a gozar del contenido total de la preten- sión admitida en la sentencia, aunque exista un recurso pendiente”; “Esta singular forma de tutela anticipada se regula a propósito de los efectos de los recursos, específicamente dentro de las sentencias que causan ejecutoria”; “En nuestro derecho, las sentencias que causan ejecutoria no fueron contempladas originalmente en el Código de Procedimiento Civil; su aceptación se debe a la reforma de la Ley N° 7.760, publicada el 5 de febrero de 1944. Con anterioridad, el antiguo art. 236 (actual 231) solo permitía que se pudie- ran cumplir las resoluciones ejecutoriadas”; “En términos generales, se trata de resolu- ciones en las que técnicamente no se ha producido aún la cosa juzgada. No obstante lo anterior, por razones de política legislativa y con el objeto de dar celeridad a los juicios, la ley permite que se puedan cumplir los fallos, aunque exista el riesgo que el tribunal ad quem revoque lo decidido en la sentencia cuyo cumplimiento se anticipa” 51 .

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La anticipación de los efectos constitutivos de la Sentencia antes de la cosa juzgada (Notas y debates de actualidad)

La anticipación de los efectos constitutivos de la Sentencia antes de la cosa juzgada (Notas y debates de actualidad)

El Tri bu nal de cla ró, en par ti cu lar, que el efec to del tras la do de la pro pie dad del bien como re- sul ta do de la acep ta ción de la so li ci tud de eje cu ción, de for ma es pe cí fi ca de la obli ga ción de ce le brar un con tra to, sólo se pro du ce en el mo men to del pa sa je de la sen ten cia a cosa juz ga da. Sin em bar go, es po si ble an ti ci par la eje cu ción pro vi sio nal de las sen ten cias con de na to rias, conte ni das en la sen- ten cia, va lo ran do cada vez, el tipo de re la ción en tre el efec to con de na to rio de an ti ci par y el efec to cons ti tu ti vo pro du ci do sólo con la sen ten cia. Son, por lo tan to, pro vi sio nal men te eje cu ti vas las sen- ten cias con de na to rias pu ra men te de pen dien tes del efec to cons ti tu ti vo y com pa ti bles con la pro duc- ción del efec to cons ti tu ti vo, en un mo men to pos te rior, a di fe ren cia de las sen ten cias con de na to rias vin cu la das a un nexo si na lag má ti co con el dispositivo de sentencia constitutivo poniéndose como parte, a veces correlativa de la nueva relación, objeto de la demanda constitutiva.

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Efectos procesales de la consulta de sentencias laborales contrarias a Colpensiones cuando la nación es garante en vigencia de la ley 1149 de 2007

Efectos procesales de la consulta de sentencias laborales contrarias a Colpensiones cuando la nación es garante en vigencia de la ley 1149 de 2007

“…en este caso el grado jurisdiccional de consulta operó por ministerio de la ley. Por tanto, la sentencia no cobra ejecutoria hasta tanto se surta el mismo, pues [así] lo dispone el artículo 69 del C.P.T. y S.S., modificado por el artículo 14 de la Ley 1149 de 2007… se advierte que la sentencia se dictó el 13 de marzo de 2013 cuando ya había entrado en vigencia la disposición citada y por tratarse Colpensiones de una entidad descentralizada respecto de la cual la Nación es garante…”. En adelante se reitera el análisis normativo indicado en la sentencia STL4126-2013 orientado a que, por ser la Nación la obligada a garantizar obligaciones del régimen de prima media, debe hacerse operar el grado jurisdiccional de consulta. Luego, se adiciona que el Decreto 4121 de 2011 que transformó la naturaleza jurídica de Colpensiones, impone que “el Ministerio de Trabajo transferirá directamente a los fondos administrados por Colpensiones los recursos del Presupuesto General de la Nación destinados al pago de las pensiones”, razón por la cual se entiende que la garantía sí opera frente a esa entidad descentralizada; por último, en esta sentencia se manifiesta que se recoge cualquier otro criterio que se haya señalado en contrario en otras ocasiones.

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RESEÑA SOBRE LA SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Nº 47/2019, DE 8 DE ABRIL DE 2019 SOBRE LA FORMA DE REALIZACIÓN DE LA PRIMERA CITACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA AÚN NO PERSONADA, QUE ACUERDA QUE EN EL CASO MENCIONADO DEBIÓ MATERIALIZARSE POR CORREO CERTIFIC

RESEÑA SOBRE LA SENTENCIA TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Nº 47/2019, DE 8 DE ABRIL DE 2019 SOBRE LA FORMA DE REALIZACIÓN DE LA PRIMERA CITACIÓN DE LA PARTE DEMANDADA AÚN NO PERSONADA, QUE ACUERDA QUE EN EL CASO MENCIONADO DEBIÓ MATERIALIZARSE POR CORREO CERTIFIC

Se dictó sentencia en la que se tuvo a la empresa por no comparecida con los efectos legales correspondientes, entre otros tenerla por confesa sobre determinadas cuestiones sobre el fondo del asunto. Frente a dicha resolución la mercantil interpuso incidente de nulidad de actuaciones, en el que denunció la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva con arreglo a lo dispuesto en los arts. 53 y 55 a 57 la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), y en los arts.155 y 166 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC); sosteniendo que el primer emplazamiento o citación del demandado debió verificarse en el domicilio señalado en la demanda (que es el domicilio real de la empresa), toda vez que ningún precepto eximía al juzgado de su obligación legal de realizar los actos de comunicación en la forma prevista en esas normas.

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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 17 DE MARZO DE 2016: INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD  DEL ARTÍCULO 102 BIS, PRIMER PÁRRAFO DEL APARTADO 2, DE LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 17 DE MARZO DE 2016: INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD DEL ARTÍCULO 102 BIS, PRIMER PÁRRAFO DEL APARTADO 2, DE LA LEY 29/1998, DE 13 DE JULIO, REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA

Hay que tener en cuenta que dicho precepto fue incorporado a la LJCA por el artículo 14.45 de la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva oficina judicial, y contiene el régimen de impugnación de las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia (anteriormente denominados Secretarios Judiciales), en el proceso contencioso-administrativo, señalando textualmente que “2. Contra el decreto resolutivo de la reposición no se dará recurso alguno, sin perjuicio de reproducir la cuestión al recurrir, si fuere procedente, la resolución definitiva. Cabrá recurso directo de revisión contra los decretos por los que se ponga fin al procedimiento o impidan su continuación. Dicho recurso carecerá de efectos suspensivos sin que, en ningún caso, proceda actuar en sentido contrario a lo que se hubiese resuelto. Cabrá interponer igualmente recurso directo de revisión contra los decretos en aquellos casos en que expresamente se prevea”.

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COMENTARIO A LA SENTENCIA 216/2015 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 22 DE OCTUBRE DE 2015: CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 4/2013, DE 4 DE JUNIO, DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS

COMENTARIO A LA SENTENCIA 216/2015 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 22 DE OCTUBRE DE 2015: CONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA DE LA LEY 4/2013, DE 4 DE JUNIO, DE MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN Y FOMENTO DEL MERCADO DEL ALQUILER DE VIVIENDAS

En cuanto a la vulneración o no del principio constitucional de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos individuales por parte del Tribunal Constitucional, previo análisis de la doctrina que ha fijado en torno a este principio 9 y del texto de la disposición objeto de controversia, concluye que procede excluir la presencia de efectos retroactivos constitucionalmente prohibidos en el apartado a) de la disposición impugnada, ya que su regulación se proyecta a los efectos futuros de situaciones jurídicas que aún no se han producido. Respecto a la supuesta vulneración del artículo 33.3 CE se rechaza por el Tribunal Constitucional por inexistencia del presupuesto de base imprescindible para que entre en juego la protección que dispensa el precepto constitucional invocada, puesto que analizada la normativa aplicable se desprende que la renovación de las ayudas de subsidiación no es automática, sino que es preciso que el beneficiario de la subsidiación solicite su renovación dentro del quinto año del periodo inicial y que acredite que sigue reuniendo las condiciones requeridas para la concesión de la ayuda, y quien disfrutaba de una ayuda de subsidiación al amparo del Real Decreto 2066/2008 no ostentaba un derecho subjetivo a la renovación, sino una mera expectativa de renovación en cuanto que cumpliera las condiciones exigidas por la normativa. En definitiva, para el Tribunal Constitucional cuando se modifican las condiciones de obtención de la renovación o simplemente se suprime esa posibilidad, los beneficiarios de ayudas de subsidiación no pueden oponer un derecho subjetivo o un interés legítimo de carácter patrimonial incorporado a su patrimonio, por lo que no priva de derechos subjetivos o intereses legítimos de carácter patrimonial incorporados al patrimonio jurídico de los beneficiarios de las ayudas y, por tanto, no resulta aplicable la protección constitucional que contempla el art. 33.3 CE.

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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA No 10, DE 31 DE ENERO DE 2017

COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA-LA MANCHA No 10, DE 31 DE ENERO DE 2017

En este punto confluye por una parte el valor probatorio de los documentos que integran el expediente administrativo y, más en concreto, el carácter de documento público que debe predicarse de las actas del Tribunal calificador (artículo 317.5º de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, LEC en adelante), con los efectos de prueba plena de los hechos en ellas documentados, de la fecha de su producción y la identidad los intervinientes (artículo 319.1 LEC), y, por otro, la carga de probar que recae con carácter general en quien cuestiona la validez de los actos administrativos (artículo 57.1 LRJ-PAC), específicamente apuntada por la jurisprudencia cuando, como fue el caso, se alega desviación de poder 9 . Así las cosas, las afirmaciones

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COMENTARIOS A LA SENTENCIA Nº 163/2016 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 3 DE OCTUBRE DE 2016: FORMA DE PROCEDER DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES EN PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS ANTE LA ALEGACIÓN DE FALTA DE ACUERDO PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES

COMENTARIOS A LA SENTENCIA Nº 163/2016 DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE 3 DE OCTUBRE DE 2016: FORMA DE PROCEDER DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES EN PROCEDIMIENTOS ABREVIADOS ANTE LA ALEGACIÓN DE FALTA DE ACUERDO PARA EL EJERCICIO DE ACCIONES

186/2015, FJ 5, que no le corresponde a dicho Tribunal valorar la suficiencia del documento presentado a efectos de acreditar el cumplimiento del requisito previsto en el art. 45.2 d) LJCA, pero sí le incumbe apreciar si la decisión del órgano judicial estuvo o no precedida de la concesión de una posibilidad de subsanar la insuficiencia del documento presentado.

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Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 529/2017 (Sala contenciosa administrativa, secció 3a) de 4 de setembre de 2017 (recurs 248/2015 )

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 529/2017 (Sala contenciosa administrativa, secció 3a) de 4 de setembre de 2017 (recurs 248/2015 )

En el razonamiento segundo de su sentencia, que contiene la razón decisoria combatida en esta alzada, la juzgadora de instancia entiende que los efectos del proyecto de reparcelación, entre ellos los ligados a la indemnización por extinción de derechos y traslado forzoso de actividades que aquí interesan, no se producen hasta que su acto aprobatorio haya adquirido firmeza en vía administrativa; que "podríem discutir si no havent- se resolt el recurs de reposició plantejat lŽacte ha esdevingut ferm"; y que en todo caso resulta probado que la actora, aquí apelante, continuó ejerciendo su actividad en el local litigioso más allá de la extinción del plazo contractual del arrendamiento de que se trata, por lo que la misma no sería tributaria de indemnización alguna al amparo de la normativa urbanística, por aplicación de la doctrina del enriquecimiento injusto, no habiendo padecido ningún perjuicio derivado de la aprobación del proyecto.

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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, SALA QUINTA, DE 16 DE FEBRERO DE 2017 (ASUNTO C-555/14): PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, SALA QUINTA, DE 16 DE FEBRERO DE 2017 (ASUNTO C-555/14): PLAN DE PAGO A PROVEEDORES

Tampoco se considera que tenga alguna relevancia jurídica, a los efectos del presente procedimiento judicial, el hecho de que el deudor afectado en el litigio principal sea una Comunidad Autónoma y no una empresa privada. Por todo lo anterior, concluye que “la Directiva 2000/35 y, en particular, su artículo 3, apartado 3, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una norma nacional que a) otorga al acreedor el derecho a adherirse a un mecanismo que prevé el pago «acelerado» del principal adeudado con arreglo a un contrato cuando el acreedor ha cumplido sus obligaciones establecidas en el contrato, siempre que renuncie a su derecho al pago de los intereses de demora y a la compensación por los costes de cobro, si bien b) permite al acreedor adherirse a este mecanismo con el resultado de que conserva su derecho al interés y a la compensación, aunque es probable que tenga que esperar bastante más para cobrar.”

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Centro de Documentación Judicial

Centro de Documentación Judicial

PRIMERO.- La sentencia dictada en primera instancia que ha decretado el divorcio de los litigantes, y ha fijado las medidas reguladoras de sus efectos que se han reproducido en los antecedentes, es objeto de apelación en virtud del recurso interpuesto por la representación de la parte actora, señor Bartolomé , por el que pretende la revocación parcial de la resolución respecto a los pronunciamiento relativos a tres medidas 1) la atribución del uso de la vivienda familiar a la esposa, que considera improcedente por ser contraria a lo pactado en el acuerdo de mediación alcanzado; 2) la indemnización del artículo 41 del Código de Familia de Cataluña , fijada en 180.000 €, que solicita que sea suprimida, al no existir desequilibrio patrimonial entre los esposos; y 3) la constitución de la pensión compensatoria en cuantía de 2.100 € mensuales a favor de la esposa, que estima que no está justificada por cuanto no hay nada que compensar.

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COMENTARIO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 9 DE JULIO DE 2015 (ASUNTO C-177/14) SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 1999/70/CE DE CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA AL PERSONAL EVENTUAL: TRIENIO

COMENTARIO A LA SENTENCIA DICTADA POR LA SALA TERCERA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA DE 9 DE JULIO DE 2015 (ASUNTO C-177/14) SOBRE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTIVA 1999/70/CE DE CONTRATACIÓN DE DURACIÓN DETERMINADA AL PERSONAL EVENTUAL: TRIENIO

Finalmente, una vez sentada la anterior premisa, lo relevante para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a los efectos de determinar si el personal eventual tiene derecho a la percepción de trienios es si, en la práctica, ejercen un trabajo profesional similar e idéntico con el de los funcionarios de carrera, lo que en la terminología comunitaria se denomina “situación comparable” 13 , sin que sea determinante el sistema de nombramiento o cese, sino que debe tenerse en cuenta y valorarse un conjunto de factores, como la naturaleza del trabajo, las condiciones de formación, las condiciones laborales…

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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 (CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2544-2016): NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 36.2.A, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRI

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DE FECHA 16 DE FEBRERO DE 2017 (CUESTIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2544-2016): NULIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 36.2.A, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE ORDENACIÓN DEL TERRI

Por el Ayuntamiento de Toledo y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se planteó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, frente a la anterior sentencia judicial, alegando como motivos principales que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia había incurrido en un exceso de jurisdicción al estar obligada a aplicar el artículo 36.2.A TRLOTAU, salvo que planteara previamente una cuestión de inconstitucionalidad, conforme a lo dispuesto en los arts. 163 CE y 35.1 LOTC y el artículo 5.2 LOPJ. Además, se habría infringido el orden competencial establecido en los arts. 148.1.3 CE y 31.1.2 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO No 75/2016 DE 10 DE FEBRERO Y EL VALOR DE LA PRUEBA DE ADN

COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO No 75/2016 DE 10 DE FEBRERO Y EL VALOR DE LA PRUEBA DE ADN

19 alemana, suiza y en los informes de los especialistas más prestigiosos en la materia llegando a afirmar que “en la actualidad es posible admitir la identidad en los casos de coincidencia de perfiles, aunque se carezca de un conocimiento preciso de la frecuencia”. En cambio , once años después, en sentencia número 949/2006 de 4 de octubre de 2006 se afirmó que, si bien, con el ADN la situación es radicalmente distinta a la de los tradicionales sistemas de identificación biológica ya que hasta ahora éstos no arrojaban un grado de certeza total, el ADN se caracteriza porque se conserva durante siglos sin alteración y se puede obtener de cada una de las células así como de los líquidos bilógicos del cuerpo y el grado de certeza es prácticamente total aunque con la precisión de que para conectar los datos resultantes del análisis del ADN con la participación de un individuo en un hecho delictivo , en cambio, es necesario un juicio lógico inductivo sólidamente construido del que pueda deducirse sin duda que por el lugar en que se encontró la muestra o por otra serie de circunstancias concurrentes dicha muestra sea necesariamente procedente del autor del hecho delictivo.

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COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 3 DE MARZO DE 2016: GRABACIÓN DE IMÁGENES DE TRABAJADORES SIN OBTENER SU CONSENTIMIENTO PREVIO

COMENTARIOS A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 3 DE MARZO DE 2016: GRABACIÓN DE IMÁGENES DE TRABAJADORES SIN OBTENER SU CONSENTIMIENTO PREVIO

El debate doctrinal que se va a generar, y que ya se apunta en los votos particulares, es si realmente la omisión de toda información a los trabajadores sobre la existencia de cámaras específicamente orientadas a sus posiciones no supone una lesión del derecho fundamental previsto en el artículo 18.4 CE. Para la sentencia judicial analizada este debate jurídico lo zanja en la medida que considera que el trabajador conocía que en la empresa se había instalado un sistema general de control por videovigilancia, “sin que haya que especificar, más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control”.

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COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL PLENO DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO Nº 494/2016 DE 15 DE JULIO DE 2016, REC 1290/2015 FIJACIÓN DE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE EL RECONOCIMINENTO DE FILIACIÓN POR COMPLACENCIA. VALIDEZ. POSIBILIDAD DE IMPUGNAC

COMENTARIO A LA SENTENCIA DEL PLENO DE LA SALA DE LO CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO Nº 494/2016 DE 15 DE JULIO DE 2016, REC 1290/2015 FIJACIÓN DE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL SOBRE EL RECONOCIMINENTO DE FILIACIÓN POR COMPLACENCIA. VALIDEZ. POSIBILIDAD DE IMPUGNAC

En definitiva, partiendo de la existencia de una filiación matrimonial y aplicándose en consecuencia el plazo de caducidad de un año, la acción ha caducado. Matiza la sentencia que si el reconocimiento es posterior al matrimonio, el dies a quo del plazo de caducidad de un año será el día de la perfección del reconocimiento. Si el matrimonio es posterior, el día de su celebración; aunque, si hubiera caducado antes la acción para impugnar la paternidad no matrimonial, debería denegarse también al reconocedor la acción del artículo 136 CC, pues no parece lógico que disponga de un mayor plazo para impugnar por el simple hecho de haberse casado con la madre. Por último, la sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo añade que no le parece justa una visión general de los reconocedores de paternidad como "personas frívolas o inconstantes cuyos caprichosos cambios de opinión no pueda el derecho tolerar" o a las que deba privárseles de toda posibilidad de reconstruir su vida afectiva y familiar".

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Derecho del consumidor, daños masivos y acciones de incidencia colectiva

Derecho del consumidor, daños masivos y acciones de incidencia colectiva

Diremos que una regla facilita el acceso de un reclamo a la justicia cuando se reducen los costos que el actor, quienquiera que éste sea, debe enfrentar para que un juez entienda en su caso, o cuando se incrementa la probabilidad de que un juez entienda en su caso. 205 La primera definición puede considerarse un caso específico entre las distintas alternativas que pueden concebirse en la segunda definición. Así, por ejemplo, un sistema que concede el beneficio de gratuidad automático al actor consumidor fomenta el acceso a la justicia más que otro que no concede tal beneficio, porque reduce los costos privados del proceso. Asimismo, un sistema que otorga legitimación activa a distintos sujetos, entre ellos órganos institucionales, Asesor tenía en consideración eminentemente la protección de ‘los derechos de grupos de personas que de manera individual no tendrían fuerza suficiente para llevar a sus contrapartes a los estrados’… Tal como se ha resumido en una sentencia reciente del Séptimo Circuito, ‘La política intrínseca al mecanismo de la acción de clase es superar el problema de que los reclamos exiguos no brindan incentive al particular para accionar de manera individual. Una acción de clase resuelve la cuestión acumulando las pequeñas indemnizaciones esperadas en algo que amerita la incursion de un abogado’”. La traducción nos pertenece. El original, en inglés, dice: “While the text of Rule 23(b)(3) does not exclude from certification cases in which individual damages run high, the Advisory Committee had dominantly in mind vindication of "the rights of groups of people who individually would be without effective strength to bring their

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