Ejecución de garantías

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Acumulación en ejecución de garantías tras la modificación de los Procesos Únicos de Ejecución

Acumulación en ejecución de garantías tras la modificación de los Procesos Únicos de Ejecución

En cuanto al proceso ejecutivo que, líneas arriba, se ha sostenido que podría ins- taurar el titular de un inmueble gravado a su favor por el saldo no satisfecho, no ha sido prohibido por nuestro ordenamiento procesal, por lo que no se encuentra impedimento alguno; sin embargo, si se goza de un derecho hipotecario y este le otorga preferencia a su titular sobre un bien, resulta imprudente activar un proceso ejecutivo porque su accionar a diferencia del proceso de ejecución de garantías resulta limitado, ya que por ejemplo no podrá interponer medidas cautelares (Art. 692 CPC), y además el deudor debido a la naturaleza de dicho proceso tendrá más oportunidades para evitar cumplir cabalmente con su obligación dineraria.
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Expediente Civil N° 7485 2011   Proceso de Ejecución de Garantías

Expediente Civil N° 7485 2011 Proceso de Ejecución de Garantías

“(…) el artículo 720 del Código Procesal Civil, establece como requisitos de procedencia que el ejecutante anexe a su demanda el documento que contiene la garantía, el estado de cuenta del saldo deudor el proceso de ejecución de garantías, la tasación comercial y el certificado de gravamen. En ese orden de ideas, las instancias de mérito en principio, deben verificar que el Banco ejecutante cumpla con los requisitos de procedibilidad establecidos en la citada norma procesal, determinando si la parte ejecutada ha cumplido o no con satisfacer sus

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Cambio de régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios para permitir la viabilidad de la ejecución de garantías a favor del creador de uno de los cónyuges

Cambio de régimen de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios para permitir la viabilidad de la ejecución de garantías a favor del creador de uno de los cónyuges

obstante, cabe resaltar que si bien se afecta el bien inmueble sobre las acciones y derechos expectaticios del demandado al fenecimiento de la sociedad de gananciales, y como lo hemos señalado a lo largo de la investigación que el acreedor después de obtener sentencia favorable para el cobro de su crédito en el proceso sobre obligación de dar suma de dinero (proceso principal), no podrá iniciar la ejecución de dicho bien porque estará sujeto a que fenezca la sociedad de gananciales por una de las causales del artículo 318° del Código Civil, causándole un agravio a los acreedores que no podrán realizar el cobro de esa deuda, es por ello que para superar esta deficiente regulación de nuestra legislación creemos que es conveniente que se realice el cambio de régimen patrimonial de sociedad de gananciales por el de separación de patrimonios a soliciud del acreedor de uno de los conyuges, cuando este no tienes bienes propios o los que tiene son insuficientes para ver satisfecho su crédito.
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Proceso administrativos previos a la ejecución de garantías en la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública

Proceso administrativos previos a la ejecución de garantías en la ley orgánica del sistema nacional de contratación pública

El Artículo 73 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública establece las condiciones en que deberán ser ejecutadas las garantías establecidas tomando en cuenta que éstas son incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato. Bajo esta presunción de derecho en el que han sido envueltas las garantías los bancos, instituciones financieras o las aseguradoras que conceden los avales a los Contratistas, renuncian a su habitual proceder en la determinación de contingentes que provoquen el cobro de las garantías; esto implica que en base al procedimiento establecido en la LOSNCP y su Reglamento para que la Entidad Contratante emita una Resolución de terminación unilateral, a la que preceden los informes respectivos, y que da lugar al requerimiento de ejecución de las garantías, que será el documento y procedimiento legal para que los garantes empiecen a realizar el proceso al interior de su institución sin tener resultado diferente al de ejecutar la garantía a favor de la Entidad Contratante.
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Calidad de los Informes periciales Contables en los Cálculos de intereses sobre Ejecución de Garantías en el Poder Judicial, del Distrito Judicial de Arequipa – Arequipa, 2018

Calidad de los Informes periciales Contables en los Cálculos de intereses sobre Ejecución de Garantías en el Poder Judicial, del Distrito Judicial de Arequipa – Arequipa, 2018

refinanciado la deuda y ratificado las garantías, otorgada por uno de los fiadores solidarios, sin que estos últimos suscriban ella”. CONSIDERANDO QUINTO indica “Que el articulo mil trescientos dos del código civil señala que por la transacción las partes haciéndose concesiones reciprocas, deciden sobre algún asunto dudoso o litigioso evitando el pleito que podría promoverse o finalizando el que esta iniciado (que es el presente caso). Que la transacción tiene el valor de la cosa juzgada. Siendo así su contenido tiene la calidad de sentencia y como tal solo con efecto entre las partes que intervienen. (Situación que ha sido analizada en la resolución apelada en el considerando tercero primeras líneas)”.
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Ejecución de garantías mobiliarias en Colombia según la Ley 1676 de 2013

Ejecución de garantías mobiliarias en Colombia según la Ley 1676 de 2013

Las Garantías Mobiliarias son una especie de las Garantías Reales. Definidas éstas últimas por (Herrera Tapias & Alfaro Patrón, 2011) como “aquellas que se constituyen o afectan bienes determinados -muebles o inmuebles- para respaldar el crédito, el cual puede pertenecer al deudor mismo o a terceros”. A su vez, “otorgan al acreedor el derecho de persecución del bien, e igualmente, un privilegio o mejor derecho para el pago” (Tamayo, 2004). Garantías que desde el inicio de su uso jurídico se tenían como negocios jurídicos accesorios. (Veiga Copo, 2010).
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Análisis sobre la Eficacia Procesal de la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta: Estudio de Casos   Distrito Judicial de Lambayeque

Análisis sobre la Eficacia Procesal de la Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta: Estudio de Casos Distrito Judicial de Lambayeque

127 no se ha acreditado el fraude o colusión que afecte el debido proceso, pretendiendo los demandantes con la demanda revivir el proceso de ejecución de garantías reales vía acción de cosa juzgada fraudulenta; de folios setentitrés a noventa el adjudicatario absuelve el traslado y reconviene, solicitando se le indemnice con la suma de cinco mil Nuevos Soles; sustentado en el hecho de haber sido postor en el proceso d ejecución de garantías reales, adjudicándose el predio en litigio cumpliendo con los requisitos de ley, interponiendo la reconvenida nulidades a partir de la transferencia de propiedad con la única finalidad que se suspendan los efectos de los mandatos judiciales en perjuicio del recurrente, con lo que se le ha privado del legítimo derecho de propiedad; también interpusieron apelaciones a pesar de tener expreso conocimiento de la ilegalidad de sus peticiones, dolosa maniobra dilatoria que entorpeció el proceso por espacio de un año, no pudiendo ejercer sus derechos sobre el inmueble con lo que menoscabó su economía; por lo que están obligados a indemnizar por todo el daño que le han causado; por resolución número cuatro y cinco se tiene por contestada la demanda y por interpuesta la reconvención; de folios ciento tres a ciento siete el Procurador Público del Poder Judicial absuelve el traslado solicitando se declare improcedente, por cuanto contiene un petitorio jurídicamente imposible; agrega que debe probarse el fraude o colusión, siendo el proceso de nulidad de cosa juzgada uno de carácter especial porque se recurre a él para cuestionar la autoridad de cosa juzgada recaída en una sentencia judicial obtenida en base al dolo o fraude; por resolución número siete se tiene por constada la demanda, se sanea el proceso y se cita a las partes a audiencia de conciliación; de folios
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Efectividad de los sistemas de garantías : el caso del Fondo Nacional de Garantías S.A.

Efectividad de los sistemas de garantías : el caso del Fondo Nacional de Garantías S.A.

Un grupo de autores estudian la relación causal entre el otorgamiento de los créditos y los sistemas de garantías probando que los sistemas de garantías son eficientes en el cumplimiento de su objetivo principal de reducir el racionamiento del crédito, según la teoría de Stiglitz y Weiss. Los autores Zecchini y Ventura hacen un análisis econométrico de empresas pequeñas y medianas con información de créditos con garantías del fondo de garantías italiano, crédito en mora y el pago del valor garantizado por el fondo de garantías. Las conclusiones de estos autores sugieren que a pesar de que sigue existiendo racionamiento del crédito por causa de la asimetría de la información, bajo ciertas condiciones la disposición de colateral puede eventualmente reducir el racionamiento. El fondo de garantías tiene un fuerte potencial de direccionar el crédito hacia ciertos sectores en desventaja y empresas que merecen crédito, ya que los factores de elegibilidad siguen fuertes parámetros destinados a reducir el riesgo o a evitar la mala utilización de los recursos (Zecchini & Ventura, 2009). Este estudio analiza la perspectiva del crédito que ya ha sido otorgado a Mipymes y que se encuentra en mora. Revela que la capacidad de repago del fondo de garantías es adecuado y que esta experiencia hace que se reduzca el racionamiento del crédito, más no que se incremente su movilización a este sector.
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Garantías jurisdiccionales en el Ecuador

Garantías jurisdiccionales en el Ecuador

El COIP. Referido a LA PRUEBA, en el Capítulo I del Título I, desarrolla Los Principios Fundamentales (Art. 454- 457) en el que se determina que las pruebas deben ser producidas en el juicio y ante los Tribunales Penales que correspondan, salvo los anticipos jurisdiccionales de prueba (prueba testimonial urgente e irrepetible) que se practican por el juez penal. “La prueba sólo tiene valor si ha sido pedida, ordenada, practicada e incorporada al juicio. No se puede utilizar información obtenida mediante torturas, maltratos, coacciones, amenazas, engaños o cualquier otro medio que menoscabe la voluntad. Tampoco se puede utilizar la prueba obtenida mediante procedimientos que constituyan inducción a la comisión del delito”. Es decir que se prohíbe darle “carta de ciudadanía a los frutos del árbol prohibido o envenenado”, tanto en la Constitución como en la ley de procedimiento. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la vigencia de la Constitución y de las garantías del debido proceso, de manera reiterada reconocen la ineficacia probatoria de las declaraciones rendidas ante la Policía Nacional sin la presencia de abogado defensor. Es interesante destacar que la Corte Suprema ha reconocido el derecho a la asistencia legal obligatoria, a raíz de las reformas a la Constitución de la República del 16 de enero de 1996, que establecía esta garantía en el literal f), del inciso tercero, del numeral 19, del artículo 22 de la Carta Política de ese momento.
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La reparación integral en las acciones de las garantías jurisdiccionales, el derecho a la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

La reparación integral en las acciones de las garantías jurisdiccionales, el derecho a la seguridad jurídica y la tutela judicial efectiva

Luego de presentarse una serie de vulneraciones de los distintos Estados, suma relevancia la intervención de las Naciones Unidas, bajo el Consejo de Seguridad, quien adopta el cumplimiento del artículo 25 de la Carta de las Naciones Unidas, delimitando y definiendo a la reparación como un derecho de construcción, bajo el derecho ganado los instrumentos internacionales consideran vinculante la participación del derecho internacional, que incorporan principios para la protección y publicación de los derechos humanos, frente aquellos actos de impunidad o de arbitrariedad por parte de los estados participantes. La reparación integral internacional contempla otras formas o mecanismos de restitución como son: desplazamientos de los afectados dentro del mismo territorio, declaración de vulneración o abuso de poder sobre principios, derechos o garantías constitucionales, restitución de viviendas, patrimonio, en fin. Estos mecanismos antes indicados, son resultado de los instrumentos conocidos como extra convencionales de protección de los derechos humanos, con ello, lo que se pretende en el derecho internacional es establecer parámetros de protección, pero sin influir en las normas nacionales, por lo que la norma internacional no contempla nuevas medidas contra los Estados, sino más bien únicamente analiza la responsabilidad del Estado y vincula su restitución inmediata.
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Las garantías de los derechos en las constituciones de Bolivia y Ecuador

Las garantías de los derechos en las constituciones de Bolivia y Ecuador

26. Este desarrollo mediante la creación de una pluralidad de procedimientos (o de adición de especialidades en los existentes) se inició ya antes de que entrara en vigor la Constitución misma, por obra de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Protección Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona, que disciplinó la garantía de una parte de los derechos en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo. Con posteriori- dad, la Disposición Transitoria Segunda de la Ley 2/1979, Orgánica del Tribunal Constitucional, ampliaría el ámbito de la Ley 62/1978 a todos los derechos y libertades referidos en el art. 53.2 de la Constitución, convir- tiéndose así esta ley en la principal norma de desarrollo de aquel precepto constitucional. La Ley 62/1978 dise- ñó unas garantías civil, penal y contencioso-administrativa que durante muchos años han constituido el núcleo del denominado “amparo judicial”. Hoy día solo continúan en vigor los artículos dedicados a la garantía penal, pues las previstas para los otros dos órdenes han sido respectivamente derogadas por la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero) y por la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (Ley 29/1998, de 13 de julio). Por otra parte, también se han sucedido diversas normas reguladoras de procedimien- tos específicos para determinados derechos o ámbitos materiales: cabe mencionar los recursos electorales de la Ley 5/1985, Orgánica de Régimen Electoral General; la protección del derecho de reunión prevista en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio; la dispensada al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo; o las garantías de derechos fundamentales en el ámbito laboral, dis- ciplinadas en la Ley de Procedimiento Laboral.
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Las garantías financieras en el concurso

Las garantías financieras en el concurso

Para poder comprender el sentido de alguno de los preceptos que incorpora el RDL 5/2005 en un contexto de crisis patrimonial, es conveniente realizar una lectura previa de la Directiva 2002/47 que transpone. En su artículo 2 define el concepto básico de algunos términos en un contexto de garantías financieras, en concreto se refiere a las “medidas de saneamiento” y a los “supuestos de ejecución”. Las primeras son aquéllas “que motivan la intervención de las autoridades administrativas o judiciales cuyo objeto es preservar o restaurar la situación financiera y que afectan a derechos preexistentes de terceros, incluyendo, aunque no exclusivamente, medidas que prevén la suspensión de pagos, la suspensión de las medidas de ejecución o la reducción de los derechos”. Los “supuestos de ejecución” son aquéllos supuestos de incumplimiento u otros hechos similares establecidos entre las partes, que permiten al beneficiario de la garantía , ya sea por lo establecido en el acuerdo de garantía financiera o por causa legal, “realizar o apropiarse de la garantía financiera, o entra en aplicación una cláusula de liquidación por compensación exigible anticipadamente”. Es decir, la Directiva entiende por supuesto de ejecución cualquier hecho pactado entre las partes o el incumplimiento de las obligaciones financieras principales que, en caso de producirse permite al beneficiario realizar o apropiarse de su objeto. También, puede determinar, en su caso, la aplicación de una cláusula de liquidación por compensación exigible anticipadamente, prevista en el acuerdo de garantía. Vemos por tanto como la Directiva admite en determinados casos, como sería en nuestro ordenamiento la apertura del concurso, tanto la ejecución –o apropiación- de la garantía financiera, como el vencimiento anticipado del acuerdo existente entre las partes y su liquidación por compensación.
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Garantías en el contrato de seguro

Garantías en el contrato de seguro

Las facultades del asegurador, en atención al incumplimiento de garantías, de solicitar la anulación del contrato, cuando existen o no circunstancias de hecho coetáneas a su celebración; o dar por terminado el mismo cuando la infracción se deba a hechos ocurridos con posterioridad a la celebración del mismo, contempladas en el artículo 1061 del Código de Comercio, no operan de forma automática, dado que es potestad del asegurador iniciar las acciones tendientes a declarar la ineficacia del contrato por nulidad relativa o de darlo por terminado. Además estas facultades pueden ser renunciables expresa o tácitamente por el asegurador, teniendo en cuenta que este es el beneficiario de las mismas.
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Suspensión de garantías individuales

Suspensión de garantías individuales

Trigésimo quinto párrafo del dictamen. Nos resta decir pocas palabras sobre el artículo final del capítulo de Garantías Individuales en las que faculta al presidente de la Unión para suspenderlas una o todas, en los graves peligros o conflictos de la república. Desde la republica Romana, que tomo la dictadura de las instituciones de pueblos más antiguos, siempre se ha sentido la necesidad imperiosa de apelar en casos semejantes a toda fuerza del poder, al vigor integro de una autoridad libre y expedita, que sin trabas ni censuras defienda los intereses de la patria en una invasión o guerra extranjera, o salve su paz y sus derechos amenazados por las sediciones y revueltas. En estos casos el peligro puede ser tan próximo y tan grave que no de tregua a los concejos y deliberaciones comunes, y un instante decía la suerte de la Nación.
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Garantías en los estados de emergencia

Garantías en los estados de emergencia

Las medidas de seguridad previstas por el artículo 78 de la Ley de Protección Civil para el Estado de Nuevo León, definidas por el artículo 83 de la propia ley, como las disposi- ciones de inmediata ejecución que dicta la autoridad correspondiente para proteger el inte- rés público o evitar los riesgos, altos riesgos, emergencias o desastres que puedan ocurrir en los establecimientos a que se refiere dicha ley, son medidas provisionales que no impli- can una privación de la libertad, de las propiedades, posesiones o derechos, sino que su objetivo consiste en tomar decisiones, en virtud de la urgencia del caso, para evitar un riesgo o desastre que perjudique el interés público, esto es, su efecto es provisional […]. 33
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Análisis de las implicaciones del pago directo y de la ejecución directa contemplados en la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias

Análisis de las implicaciones del pago directo y de la ejecución directa contemplados en la Ley 1676 de 2013 sobre garantías mobiliarias

Entonces a manera de ejemplo podemos hablar del empleador que al encontrarse en una situación de insolvencia económica, constituye una garantía mobiliaria sobre un determinado bien de su empresa para respaldar el pago de salarios y demás prestaciones dejadas de cancelar al trabajador (acreedor 1), podría hacerlo de la misma manera con cualquier otro acreedor (acreedor 2), incluso con anterioridad a la constitución de la garantía del trabajador, motivo por el cual al momento en que dicho trabajador vaya a hacer efectiva la ejecución de la garantía se deberá someter al nuevo orden de prelación para lo cual deberá esperar a que primero se ejecute el primer crédito registrado el cual de conformidad con nuestro código civil podría ser incluso un acreedor quirografario, pero que en la aplicación de la Ley 1176 de 2013, puede tener una prelación igual o incluso primera a la de un acreedor laboral o fiscal.
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Análisis de la ejecución por pago directo y extrajudicial en la Ley de Garantías Mobiliarias en Colombia y Costa Rica

Análisis de la ejecución por pago directo y extrajudicial en la Ley de Garantías Mobiliarias en Colombia y Costa Rica

El concepto de “Garantía Mobiliaria” se ha ampliado a diversos bienes y derechos patrimoniales con el fin de garantizar el pago de una obligación, así entonces hoy se contemplan como Garantías Mobiliarias a todos los bienes que sean susceptibles de valoración pecuniaria, con lo que se busca que sea más fácil y efectivo el acceso al crédito, ya que habrá más posibilidades de presentar una garantía ante una entidad de crédito. La ejecución de dicha garantía constituye un derecho del acreedor. Este artículo pretende entregarle al lector un análisis de la figura desde su desarrollo legal y doctrinal en torno a las leyes de Garantías Mobiliarias. Para lo cual, se acudirá al estudio comparado entre el sistema jurídico colombiano y el costarricense a fin de ofrecer en mayor detalle, desde ambas perspectivas como dicha figura ha sufrido transformaciones enfocándose de manera específica en las modalidades de ejecución por pago directo.
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Competencia del juez o tribunal de garantías penales y la ejecución de la sentencia penal

Competencia del juez o tribunal de garantías penales y la ejecución de la sentencia penal

Desde que exista en la sentencia un mandamiento de reparación integral a la víctima, el acusado está en la obligación de cumplir con la obligación de dar o hacer pero en la Ley no se le da la facultad al juzgador para que pueda ejecutar lo resuelto respecto de este aspecto, por lo considero la necesidad de solucionar este problema jurídico, en razón de que el Art. 624 del COIP que dice: “La pena se cumplirá una vez que esté ejecutoriada la sentencia”, lo que implica es que inmediatamente el Juzgado o Tribunal deberá girar la correspondiente Boleta de Encarcelación en caso de que el acusado se encuentra bajo la medida de prisión preventiva para que continúe detenido a órdenes de la Autoridad que dicta la sentencia condenatoria y en los casos en que no se encuentre privado de su libertad esto es con alguna medida cautelar dispondrá que los Agentes de la Policía Nacional procedan a s u aprehensión a fin de que el acusado cumpla la pena; pero nada dice de la ejecución de las indemnizaciones o reparación integral a las víctimas y más bien de manera contradictoria en el capítulo IV del título II del COIP se establecen los lineamientos para poder presentar acusación particular que tendrá por objeto conseguir la reparación integral, pero no se le da la facultad para que pueda para ejecución respecto de la reparación integral.
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Adicion a la Ley de Amparo de un apartado en el capitulo XII, para el eficaz cumplimiento de las ejecutorias de amparo por autoridades no señaladas como responsables

Adicion a la Ley de Amparo de un apartado en el capitulo XII, para el eficaz cumplimiento de las ejecutorias de amparo por autoridades no señaladas como responsables

cuáles son los actos de autoridad que son aptos para ser reclamados mediante el juicio de amparo; con algunas excepciones, el acto de autoridad que se propone como objeto del juicio constitucional, debe ser definitivo, o sea que la persona afectada ya no pueda, en el sistema de la ley, obtener que la autoridad responsable o su superior jerárquico, revoque o modifique dicho acto; la justicia de garantías no debe intervenir sino cuando el artefacto no tiene ya ningún otro medio para que la autoridad responsable le respete sus derechos garantizados en la Constitución”. Explica sobre este particular Castillo del Valle que este principio “exige que previamente a la interposición de la demanda de amparo, se hayan agotado todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que tiendan a anular el acto reclamado, entendiendo por agotar esas instancias, a la presentación del escrito en que se haga valer y el desahogo del proceso o procedimiento respectivo en todas sus partes.” Por su parte, Serrano Robles explica que este principio y sus excepciones, precisando que como el amparo es un juicio extraordinario, no es un recurso, sólo procede respecto de actos definitivos, en relación con los cuales no exista recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a la modificación, revocación o anulación del acto reclamado. Excepciones a ello son, a saber:
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a aquéllos (Art. 2495 C. C.); segundo, la extrema limitación de los mecanismos de ejecución ex- trajudicial, ya que la garantía, al estar prohibido, por ejemplo, el pacto comisorio sobre la prenda en la legislación colombiana, sólo puede hacerse efectiva a través de una acción ejecutiva; tercero, el desconocimiento de lo que puede ser opuesto a manera de defensas o excepciones contra las pretensiones del acreedor en un proceso ejecu- tivo, por lo que se ha creado un gran desorden en el trámite de estos proceso. Además, dicho desorden ha contribuido a dilaciones injustifi- cadas en perjuicio del acreedor 5 ; y cuarto, el
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