Estado de excepción

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Objetividad jurídica, derechos humanos y estado de excepción

Objetividad jurídica, derechos humanos y estado de excepción

122 derecho de guerra. La criminalización del enemigo, interestatalmente hablando, significa que no hay un reconocimiento de la soberanía del otro, así como no puede haber, por tanto, apego a un derecho internacional que regule la guerra. En otras palabras, que el mecanismo moderno que mantenía a la guerra como ultima ratio, o a lo menos como decisión política limitada para dirimir conflictos internacionales e internos, esto es, el mecanismo del Estado nacional y la soberanía, se ha extinguido de facto, unilateral y selectivamente, quedando sólo la fuerza nuda de la significación que la legitimaba. Por ello, no hay tratado de paz ni cláusula de amnistía en las guerras neoliberales, esto es, no hay distinción clara entre guerra y paz, sino usurpación y conquista en nombre de la “seguridad global” , así como no hay distinción entre guerra civil, estado de excepción y “seguridad pública”, ni entre hostis (enemigo público) y criminal, ya que las principales guerras securitistas, la de Afganistán y la de Iraq, se llevaron a cabo persiguiendo presuntos criminales internacionales, supuestamente cobijados por sus respectivos Estados (que se convierten como por osmosis en “Estados criminales”). El enemigo político ya no es una persona de derecho internacional público clásico, sino un “punto geoestratégico” o una horda de individuos insospechados que hacen la guerra a los Estados del mundo, que pertenece al consenso neoliberal por decisión propia. La guerra no es ya tan sólo un procedimiento jurídico-militar, como en los orígenes del Estado moderno, ni exclusivamente un mero “proceso - espectáculo”, como dice Schmitt, “para la aniquilación política y física del enemigo político”; la guerra es particularmente un negocio de las élites políticas y económicas que usan el Estado como una franquicia, en cuyo nombre deciden sobre las vidas y el fruto del trabajo de los pueblos.
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El estado de excepción en la política del siglo XXI

El estado de excepción en la política del siglo XXI

y otra que lo entiende como un factor externo, un fenómeno político sin relación con el derecho pero que no pierde su dependencia con el Estado, para Agamben (2003) llevar la discusión del concepto a un problema de ubicación, a una oposición en esencia topográfica, deja sin responder preguntas esenciales como: “¿Cuál es el fundamento para la inclusión de la suspensión, ya sea total o parcial, en el ordenamiento jurídico? ¿Cómo puede incluirse una anomia en el orden legal? Y si el estado de excepción se trata de una situación política ajena al derecho ¿Cómo se entiende que un vacío o laguna de derecho se presenten en el ordenamiento jurídico en referencia a una situación definitiva? ¿Cuál es el sentido de este vacío?”, en este sentido se cuestiona por la aplicación concreta del estado de excepción retomando la discusión schmittiana ya no en términos de la soberanía sino de la legitimidad normativa de la necesidad en la que se funda la excepción y las consecuencias que tiene para la vida la normalización del estado de excepción. La ubicación del estado de excepción en el ordenamiento jurídico no es determinante para definir este concepto, el problema se presenta más en la forma de un umbral de indeterminación donde dentro y fuera no se excluyen sino que llegan a su límite y se indeterminan, es decir se suspenda la norma, no se elimina y en su lugar se instaura una zona de anomia que mantiene relación con el orden jurídico, por esta razón y siguiendo a Carl Schmitt el problema se complejiza pasando de ser un problema de localización topográfica a ser una cuestión topológica donde se cuestiona el límite del ordenamiento jurídico, en suma la comprensión del problema del estado de excepción depende de su localización ya que el conflicto se presenta según el „lugar‟ (locus) que se le asigne sin definir un marco de acción claro que delimite su alcance.
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Paraguay y el estado de excepción frente al EPP como nuevo actor armado

Paraguay y el estado de excepción frente al EPP como nuevo actor armado

De esta forma, consideramos que el Estado de Excepción promulgado en Paraguay el pasado 25 de abril, demuestra la consecuencia del fracaso del Estado para prevenir, contener y resolver este conflicto, y producir nuevas lecturas por fuera de la militarización, en el contexto de una región, el noroeste del país, donde el Estado paraguayo históricamente ha fallado no sólo para erigirse como el suministro de servicios básicos, el administrador de los recursos públicos y el protector de la sociedad civil, sino también ha fracasado en mantener el control territorial erosionando su legitimidad al fomentar una presencia únicamente en términos represivos, incrementando las causas y consecuencias de este conflicto violento.
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Procesos de comunicación gubernamental en estados de excepción

Procesos de comunicación gubernamental en estados de excepción

El presidente Moreno ordenó la movilización de todas las instituciones públicas en todo el territorio nacional hacia los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en Esmeraldas. Esta disposición fue para que los diferentes ministerios, secretarías y, sobre todo, las Fuerzas Armadas, la Policía y los gobiernos autónomos descentralizados coordinen esfuerzos con el fin de ejecutar las acciones para restablecer el orden y la seguridad ciudadana. El mandato consta en el artículo 2, de Decreto Ejecutivo 349, del 29 de marzo de 2018. A través de este ordenó también la renovación del estado de excepción que regía en San Lorenzo Y Eloy Alfaro desde el esa fecha. Desde enero del 2018 ocurrieron 10 atentados en esa provincia. El ataque con explosivos del 20 de marzo dejó cuatro militares muertos. Y el 26 de marzo se produjo el secuestro de los tres periodistas del diario El Comercio.
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Espacios de excepción o espacios de excepcionalidad. Una clasificación de la excepción como signo de nuestro tiempo.

Espacios de excepción o espacios de excepcionalidad. Una clasificación de la excepción como signo de nuestro tiempo.

Ahora bien, lo que trataré de ver es de qué manera la excepcionalidad sugerida desde el concepto de estado de excepción puede ser delimitada en espacios dentro del estado nación moderno y, dentro del mismo, como puede existir una pasividad en la aplicación de las normas y las leyes (desde el aparato institucional-legal), pero que a su vez condice con una forma de relación entre los hombres. O sea, los espacios de excepcionalidad que surgen desde la lógica del estado de excepción agambeniano no son solamente umbrales de indiferencia en el derecho que llevan, a nivel del Estado-Nación, a configurar el actuar de un gobierno biopolíticamente, sino también, a delimitar espacios para un tipo particular de compor- tamiento entre los hombres. Este comportamiento estará radicalizado por la posibilidad latente de verse en un contexto de acción-sin-sanción (aparente) o acción-desenfrenada, lo cual –dependiendo el modo– podrá ser positiva o negativa.
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Límites constitucionales al Ius Puniendi en Estados de Excepción en Colombia

Límites constitucionales al Ius Puniendi en Estados de Excepción en Colombia

La muerte violenta del caudillo y candidato liberal Jorge Eliecer Gaitán, desencadenó una sucesiva alteración del orden público que motivó la declaratoria del estado de excepción. Pese a la situación francamente anormal que se vivía, se llevó a cabo los comicios para conformar los cuerpos colegiados, en donde el liberalismo, partido de oposición en ese momento, obtuvo la mayoría en el Congreso de la República. Corría el año 1949 y se desarrollaba la fase final del gobierno conservador presidido por Mariano Ospina Pérez. Una vez instalado el Congreso y en “un acto de ingenuidad, el 9 de noviembre, en las horas de la mañana, los presidentes del Senado y la Cámara visitaron al presidente Ospina para anunciarle que se iba a tramitar una acusación contra él” 189 por los abusos cometidos durante la represión de los hechos del 9 de abril. En horas de la tarde el presidente Ospina estimó turbado el orden público y declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional, lo que le permitió la expedición del Decreto 3520 de esa anualidad, mediante el cual suspendió las sesiones del Congreso Nacional, Asambleas Departamentales y de los Concejos Municipales, pues estimó que en las circunstancias que se estaban viviendo resultaba “incompatible con el estado de sitio la continuación de las actuales sesiones ordinarias del Congreso”, siendo que esa interrupción era vista como “indispensable para lograr el pronto restablecimiento del orden público”. 190
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La excepción de incumplimiento contractual: estructura, función y límites

La excepción de incumplimiento contractual: estructura, función y límites

plimiento en la experiencia del derecho romano clásico en Corrispettività e adempimento nel sistema contrattuale romano, Padua, 211 , 3 y ss. [que recoge y profundiza las ideas planteadas en un escrito anterior, “L’eccezione d’inadempimento nell’’emptio venditio’”, en La compravendita e l’interdipendenza delle obbligazioni nel diritto romano, a cura di L. Garofalo, Padua, 27 , 789 y ss.]– las otras teorías –con sus respectivas críticas– de la doctrina romanista que intentan encontrar cuál exigencia habría inspirado a los juristas romanos a tutelar a la parte llamada a ejecutar el contrato en caso de incumplimiento de su contraparte. Señalamos sintéticamente las posiciones por ella esbozadas: (i) la figura dilatoria habría sido un típico remedio justificado por la necesidad de evitar el llamado a juicio o una condena por el incumplimiento de un contrato que la contraparte demos- traba no querer honrar; (ii) la excepción se explicaría con base en el particular contenido de las obligaciones asumidas por las partes de un contrato con prestaciones bilaterales y recíprocas, conforme al cual las partes solicitaban el intercambio de los servicios acorda- dos contractualmente, y, por lo tanto, se demandaba la contraprestación con la respectiva deducción de la propia prestación; (iii) la excepción de incumplimiento habría llevado a la circunstancia de que el cumplimiento de una obligación constituía una verdadera y propia condición para la existencia de la otra; (iv) el fundamento de la excepción residi- ría en la exigencia de asegurar, en lo posible, el contemporáneo cumplimiento de ambos contratantes; de este modo, cada parte era obligada a cumplir su prestación surgida del contrato solamente cuando también la otra parte cumplía.
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Derechos humanos y estados de excepción

Derechos humanos y estados de excepción

La evolución constitucional de esta figura se remonta hasta la primera Constitución Política Nacional de 1821, en la cual se consagraba en sus artículos 55 y 128 la regulación referente el primero a la guerra exterior y el segundo a la conmoción interior. Posteriormente, las Constituciones Políticas de 1830 y 1843, no hicieron referencia expresa de los Estados de Excepción, limitándose a atribuir al Presidente de la República la función de conservar el orden interno y repelar cualquier ataque exterior; pero en el intermedio de las anteriores constituciones, en la Constitución Política del Estado de la Nueva Granada de 1832 encontramos una regulación más exhaustiva y detallada de la conmoción interior y ataque exterior en sus artículos 108 y 109, limitando los poderes del ejecutivo a los que le concediere el Congreso y en su receso el Consejo de Estado, pero con amplias facultades para dictar órdenes hasta de tipo judicial y de rentas nacionales, limitando en el tiempo dichas facultades, pero de manera imprecisa. Las posteriores constituciones, las de 1853, 1858 y 1863, de corte más liberal, no hicieron alusión expresa a los Estados de Excepción, limitándose a otorgar facultades al Presidente para declarar la guerra exterior, previamente decretada por el Congreso.
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Eficacia de la excepción de inconstitucionalidad como mecanismo de control constitucional

Eficacia de la excepción de inconstitucionalidad como mecanismo de control constitucional

sino que implica ponderar hechos y normas según principios o valores (justicia sustancial). Por esta razón, el Estado constitucional, además de los atributos propios del Estado de Derecho, se caracteriza porque la constitución es el centro de la actividad social, es decir, al texto se le reconoce carácter normativo, en cuanto es de aplicación directa. Así, los derechos humanos se constituyen en límites al ejercicio del poder político y el juez de constitucionalidad se configura como una función más de dicho poder. Con lo anterior en mente, el segundo objetivo de la investigación estuvo dirigido a determinar la prevalencia entre el principio de legalidad y el principio de supremacía constitucional en el momento en que los magistrados del Tribunal Administrativo del Quindío deciden un caso particular. A partir del análisis de las sentencias, se encontró que en efecto prevalece el principio de supremacía constitucional en aquellos casos en que existe contradicción entre la ley y la constitución. Así, en 21 de los casos estudiados en los que la excepción de inconstitucionalidad era aplicable, efectivamente fue aplicada. En este mismo análisis se encontró que en un proceso en particular, si bien no se aplicó la excepción de inconstitucionalidad, el Tribunal protegió la supremacía constitucional a través de la interpretación armónica de la disposición bajo examen, con los postulados constitucionales. Se trata de la sentencia proferida en el proceso con radicado 63001-3331-002-2010-00073-01 en el cual se demandó la nulidad de la Resolución 0225 del 3 de febrero de 1993, por medio de la cual la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional -CASUR- resolvió negar el pago de una pensión de sobreviviente a la demandante en calidad de compañera permanente del pensionado, quien había fallecido el 4 de diciembre de 1989. En este proceso, el Juez de primera instancia resolvió denegar las pretensiones de la demanda argumentando que la disposición aplicable al caso, teniendo en cuenta el momento de la
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Justicia, estados de excepción y memoria. Por una justicia anamnética de las víctimas

Justicia, estados de excepción y memoria. Por una justicia anamnética de las víctimas

En “El derecho a la verdad y la justicia: recoger la palabra y la memória de las mujeres acerca de la dictadura militar brasileña”, Sheila Stolz profundiza la reflexión sobre lo que supuso la dictadura militar en Brasil. Su punto de vista femenino mira la realidad de la excepción desde el lado de las mujeres que de ella fueron víctimas. Militantes punidas, torturadas, muertas y desapa- recidas. La memoria de la mujer es un recorte necesario para traer a la luz su protagonismo histórico y hacer ver que, para las formas de excepción, no hay excepción de género. La mujer, en su condición de género, sufrió un requinte de crueldad más sofisticado: las expuso a la violación sexual sistemática como objetos usados y abusados. Traumas que cada historia singular tendrá que re- componer como cascos de la historia. La narrativa es la voz de la víctima, con una coloración especial en su mirar y sentir la realidad. Narrar es la vía de la víctima para traer a la memoria la injusticia. Es su modo de (re)clamar justicia.
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El ejercicio jurídico del juez en el juicio ejecutivo establecido en el COGEP

El ejercicio jurídico del juez en el juicio ejecutivo establecido en el COGEP

La audiencia única se desarrollara en dos fases, la primera de saneamiento, fijación de los puntos de debate y conciliación, y la segunda, de la prueba y los alegatos. El secretario constata la presencia de las partes procesales, una vez que se ha verificado la presencia de las partes procesales con sus respectivos defensores técnicos, se declara instalada la audiencia única ejecutiva, llega el momento de referirse a las excepciones previas planteadas por la parte demandada y debatirlas. S le concede la palabra a la parte accionada, para que se pronuncien sobre cuestiones de procedimiento que puedan afectar la validez del proceso. y fundamente su excepción presentadas en su contestación a la demanda si se interpuso una excepción de fondo esta será materia de resolución, así mismo se le concede la palabra a la parte actora, para que se pronuncie sobre las excepciones previas presentadas por la demandada, y se profiera sobre cuestiones de validez procesal., mediante auto interlocutorio le corresponde al juez pronunciarse sobre las excepciones previas presentadas por la demandada; si se admite la excepción planteada no se declarara valido el proceso y no seguirá la audiencia, pero si esta es inadmitida y no habiendo observaciones sobre la validez del proceso se declarará valido el mismo.
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Agamben Giorgio – Homo Sacer – Vol I

Agamben Giorgio – Homo Sacer – Vol I

La definición schmittiana de la soberanía («soberano es el que decide sobre el estado de excepción») se ha convertido en un lugar común, antes incluso de que se haya comprendido qué es lo que en esa definición estaba verdaderamente en juego, o sea, nada menos que el concepto-límite de la doctrina del Es­ tado y del derecho, en que ésta (puesto que todo concepto-lí­ mite es siempre límite entre dos conceptos) limita con la esfe­ ra de la vida y se confunde con ella. Mientras el horizonte de la estatalidad constituía todavía el círculo más amplio de toda vida comunitaria, y las doctrinas políticas, religiosas, jurídicas y económicas que lo sostenían eran todavía sólidas, «esa esfe­ ra más extrema» no podía salir a la luz verdaderamente. El pro­ blema de la soberanía se reducía entonces a identificar quién, en el interior del orden jurídico, estaba investido de unos po­ deres determinados, sin que eso supusiera que el propio um­ bral del ordenamiento fuera puesto en ningún momento en te­ la de juicio. Hoy, en un momento en que las grandes estructuras estatales han entrado en un proceso de disolución y la excep­ ción, como Benjamin había presagiado, se ha convertido en re­ gla, el tiempo está maduro para plantear desde el principio, en una nueva perspectiva, el problema de los límites y de la es­ tructura originaria de la estatalidad. Porque la insuficiencia de la crítica anarquista y marxiana del Estado ha sido precisamente la de no haber ni siquiera entrevisto esa estructura y haber así omitido expeditivamente el a rcan u m impertí, como si éste no tuviera consistencia alguna fuera de los simulacros y de las ideologías que se habían alegado para justificarlo. Pero ante un enemigo cuya estructura se desconoce, siempre se acaba, an­ tes o después, por identificarse con él, y la teoría del Estado (y en particular del estado de excepción, es decir, la dictadura del proletariado como fase de transición hacia la sociedad sin Es­
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La excepción de la usura en el Código Orgánico General de Procesos

La excepción de la usura en el Código Orgánico General de Procesos

La usura en la legislación internacional es catalogada únicamente como un delito pero no como una excepción, tal como lo describe el autor ecuatoriano Ricardo Hernández González, quien textualmente describe que “Esta excepción no se encuentra contemplada en otra legislación, de ahí que no exista un estudio doctrinario al respecto. Se puede decir que se trata de una excepción creada por una indebida práctica crediticia en nuestro país”. (Hernández, 2017, pág. 80); de ahí que a nivel internacional no se pueda encontrar la usura como excepción, por ejemplo en el Art. 100 del Código General de Procesos Colombiano se plasman 11 excepciones previas, pero ninguna de ellas corresponde a la usura, de igual forma en el Art. 446 del Código Procesal Civil Peruano, se determinan 13 excepciones que puede proponer la parte demandada, en ninguna de ellas se plantea a la usura y por último el Art. 416 Numeral 1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil Español, especifica 5 excepciones que puede proponer el demandado, dentro de las cuales ninguna señala a la usura.
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La excepción de copia privada en el derecho de autor frente a las medidas tecnológicas de protección: ¿una limitación a la excepción?

La excepción de copia privada en el derecho de autor frente a las medidas tecnológicas de protección: ¿una limitación a la excepción?

Las excepciones al Derecho de Autor tienen su fundamento en el equilibrio que debe existir entreel derecho de los titulares del Derecho de Autor y el derecho de la sociedad de acceder a la cultura, a la educación y a la información.Dentro de estas excepciones se encuentra la denominada “Copia Privada”, la misma que se encuentra recogida en la Ley sobre el Derecho de Autor peruana y que faculta a los usuarios a realizar copias para uso exclusivamente personal de obras y producciones publicadas en grabaciones sonoras o audiovisuales. Vale decir entonces que en virtud de dicha excepción se permite a los adquirentes de ejemplares conteniendo obras audiovisuales y musicales a efectuar copiasde las mismas para su uso personal sin que éstos tengan la obligación de solicitar autorización a los titulares de los respectivos derechos u efectuar pago alguno. A manera de ejemplo, en virtud delaexcepción de copia privada, los usuarios tenemos la facultad de reproducir un fonograma en la memoria de nuestro computador o de nuestro dispositivo USB sin vulnerar el derecho patrimonial de reproducción de su titular.
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Control constitucional de los estados de excepción

Control constitucional de los estados de excepción

66 Ahora bien, respecto de los estados de excepción, como se estableció en líneas anteriores, el Ejecutivo puede restringir éste derecho, cuando se decreten o adopten medidas excepcionales, ello quiere decir que en el domicilio (hogar) de una persona se pueden realizar inspecciones, pesquisas o secuestros, sin contar con una autorización judicial, no se obedece lo establecido en el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal. A modo de ejemplo, se puede mencionar que si una persona es sospechosa de fabricar, ocultar o comercializar, armas de destrucción en su hogar o propiedad, de conformidad con la normativa legal, las autoridades encargadas no podrían ingresar a la morada de ésta persona, sin contar con la respectiva orden de allanamiento, pero en épocas de crisis, cuando se haya decretado un estado de excepción, ante una leve sospecha, las autoridades pueden ingresar al domicilio de esta, así no se cuente con los respectivos permisos; cabe señalar que ésta restricción la decreta el Presidente, con el fin de asegurar el orden institucional y social en épocas de crisis.
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