GARANTÍAS JURISDICCIONALES, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA , DEBIDO PROCESO

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La ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y las garantías básicas del debido proceso, el derecho fundamental a la prueba y la tutela judicial efectiva

La ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional y las garantías básicas del debido proceso, el derecho fundamental a la prueba y la tutela judicial efectiva

… “Para Diego Ganoza, quien realizó un trabajo de investigación acerca de las garantías constitucionales en el Perú, quien habla sobre la importancia que significó para este país, la implementación del Código Procesal Constitucional, además claro de salvaguardar los derechos establecidos en su Constitución. El Código Procesal Constitucional del Perú está vigente desde el 31 de mayo de 2004 y fue dado mediante ley N° 28237, impulsadores (Domingo García Belahunde, Juan Monroy Gálvez, Arsenio Are Guardia, Jorge Danos Ordóñez, Smuel Abad Yupanqui y Francisco Eguiguren) tuvieron que esperar cerca de diez años para poder proponerlo dentro de la legislatura peruana. El Código Procesal Constitucional, es de importante trascendencia, no solo en Perú sino que a nivel de Latinoamérica, significó: El primero código de un país Latinoamericano que aborda de manera orgánica los procesos constitucionales, además recoge importantes innovaciones en la norma provenientes de la doctrina y jurisprudencia en materia constitucional. En él se corrigen vacíos y deficiencias observadas en el aparato judicial de país. Asimismo debo señalar que tanto el Habeas Corpus como el proceso de óptimos como poder amparo vienen siendo reconocidos en Perú desde 1982 ley N° 23506 y que en este código también ha sido sujeto de implementación doctrinaria así como nuevas formas de aplicación en su tratamiento. Por otro lado este código representa una reacción a la grave crisis social y política que vivió el Perú durante más de 30 años contra el conflicto armado con Sendero Luminoso y seguido por el gobierno dictatorial de Fujimori, el contexto proyecto, por lo que no fue hasta el 2003, en que el anteproyecto fue difundido por sus autores, y fue presentado ante el Congreso en donde se aprobó rápidamente con mínimas modificaciones en su versión original. Este código cuenta con 121 artículos, 7 disposiciones finales, como criterios generales para los procesos constitucionales. El artículo 200 de la Constitución Política de Perú, finalmente cabe mencionar, que se deja de lado la nomenclatura de “Garantías Constitucionales” y se reemplaza por procesos Constitucionales” 3. …
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El límite de tiempo para intervenir en las audiencias de garantías jurisdiccionales frente al derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva

El límite de tiempo para intervenir en las audiencias de garantías jurisdiccionales frente al derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva

Según el artículo 11 numeral 4 de la Constitución del Ecuador, establece que “Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales.” Son garantías básicas del derecho al debido proceso: "Contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa” y "ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de condiciones” según lo establece el Art. 76 numeral 7 literales b y c; por consiguiente, el reconocimiento del derecho a la defensa como piedra angular del sistema jurídico constitucional, se atribuye al estado ceñir al accionante y accionado con todas las garantías a fin de que pueda resarcir el daño causado por la vulneración de uno o varios derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, buscando la reparación integral de una forma eficaz; y esto debería ser así en la medida que el proceso constitucional supone iguales oportunidades de defensa y cuestionamientos recíprocos entre los intervinientes, mayormente si con ello se pretende hacer prevalecer sus respectivas teorías y argumentos de defensa.
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Las garantías básicas del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la impunidad

Las garantías básicas del debido proceso, la tutela judicial efectiva y la impunidad

Los asesores legales de Inredh reiteraron su criterio sobre el objetivo de la acción del hábeas corpus y la informalidad procesal propia de los procedimientos constitucionales. Expusieron el grado particular de protección que tiene las personas privadas de libertad, el contenido del derecho a la integridad, los elementos para determinar cuándo una medida se convierte en trato cruel, inhumano y degradante, cuándo éstos a su vez se constituyen en tortura y los principios de legalidad de necesidad y proporcionalidad de la fuerza pública. Concluyeron que bajo ninguna circunstancia la conducta de los miembros de UMO podía justificarse como uso progresivo de la fuerza, por lo que la sentencia de primera instancia había resuelto correctamente. Se recomendó a los magistrados de la Sala interpretar las reglas de competencia bajo los principios de interpretación constitucionales indicando que se debe aplicar la ley más favorable a los peticionarios o la ley específica de la materia, es decir la amplia competencia de todas las juezas y jueces para conocer de un hábeas corpus, tal como lo señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales.
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La reformulación de cargos por parte de la fiscalía general del estado, al cambiar el tipo penal en la etapa de juicio, vulnera el debido proceso, tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica

La reformulación de cargos por parte de la fiscalía general del estado, al cambiar el tipo penal en la etapa de juicio, vulnera el debido proceso, tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica

que están diciendo. Los elementos de cargo y de descargo, así como los documentos que constituyan evidencia durante la etapa indagatoria y de instrucción fiscal, anunciados como anticipos probatorios, formarán parte del expediente del juicio y no necesitarán ser reproducidos. Hay que recalcar que por razones de seguridad o utilidad procesal, y en aquellos casos en que sea imposible o gravosa la comparecencia de quien deba intervenir en la audiencia del juicio como acusado, testigo o perito, el tribunal de garantías penales podrá disponer, de oficio o a petición de parte, que la intervención de tales personas se realice a través de videoconferencia u otros medios técnicos semejantes. El convencimiento de la existencia del delito y de la culpabilidad del acusado se obtendrá de las pruebas de cargo y descargo que aporten los sujetos procesales en esta etapa, sin perjuicio de los anticipos jurisdiccionales de prueba que se hubieren practicado en la etapa de instrucción fiscal, de la iniciativa probatoria de los jueces de garantías penales en la audiencia. Las declaraciones contenidas en el auto de llamamiento a juicio, no surtirán efectos irrevocables en la etapa del juicio. La audiencia del Tribunal de Garantías Penales será pública, excepto los señalados por la ley. Es importante señalar que el juicio es oral; es decir que bajo esta modalidad deben declarar las partes, los testigos y los peritos. Las exposiciones y alegatos.
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La tutela judicial, y el debido proceso en los delitos de tránsito

La tutela judicial, y el debido proceso en los delitos de tránsito

que los órganos jurisdiccionales brinden garantías a las partes, a través de acciones pertinentes e ecuánimes, con la práctica y cumplimiento de lo que en estricto derecho les corresponde. Es aso que el Proceso Penal juicioso seguido contra una persona bajo el amparo de las garantías que establece la constitución y Leyes vigentes, dentro de un plazo preestablecido, con todas las formalidades y solemnidades señaladas por las normas procesales, reconociendo al imputado su condición humana y sus derechos inherentes, se constituye en el conjunto de disposiciones materiales de la aplicación de la justicia integradas en garantía fundamentales, sistematizadas para la adecuada prestación o impartición de justicia tutelada por la constitución y cuyo propósito es permitir a los justiciables la tutela jurisdiccional efectiva y el acceso a un Proceso Penal justo, equitativo, efectivo, imparcial y definitivo. El debido proceso está basado en las garantías que tienen por objeto la protección de los derechos humanos del imputado o acusado en el recorrido del proceso penal, de tal manera que al intervenir este como sujeto procesal está investido de todos los derechos que le reconoce la constitución.
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La tutela judicial efectiva, el debido proceso y las garantías constitucionales

La tutela judicial efectiva, el debido proceso y las garantías constitucionales

La tutela judicial efectiva es uno de los derechos fundamentales reconocidos por la Norma Suprema, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes; y a través de éstos el ciudadano podrá acudir a hacer valer sus derechos ante los órganos jurisdiccionales, quienes oirán al inculpado haciendo respetar el debido proceso y sus principios que se encuentran establecidos en la norma constitucional; la ley procesal y el Código Orgánico de la Función Judicial y su decisión o fallo estará apegada a Derecho, ya que el juzgador con su capacidad intelectual y experiencia, siempre busca enaltecer la majestad de la justicia. La parte final del artículo precedente incluso sanciona a los jueces al afirmar: “El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley”; y, el artículo 76.1 ibídem, consagra esa garantía judicial: “Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”. Pues la parte más frágil y débil dentro de un enjuiciamiento penal es el inculpado, de allí que se confiere derechos propios frente a las pretensiones de su adversario, en especial del potencial que ejerce la Fiscalía General del Estado, con toda su infraestructura física y de los recursos humanos que se encargan de investigar y colaborar con la búsqueda de la verdad de un caso de carácter penal específico.
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El procedimiento expedito en contravenciones penales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso

El procedimiento expedito en contravenciones penales, la tutela judicial efectiva y el debido proceso

En este sentido, parece lo más adecuado considerar la teoría relativa sobre el contenido esencial de los derechos fundamentales para configurar a la tutela judicial efectiva. Según ella, el contenido esencial del derecho fundamental no es inmutable, sino determinable en forma casuística “en atención de las circunstancias del caso y perjuicios que se produzcan en él, tanto para el derecho intervenido como para el bien protegido a través de su limitación”. La abundante jurisprudencia que ha formulado el Tribunal Constitucional español respecto a los distintos contenidos del derecho a la tutela judicial efectiva, abona a favor de la adopción de la teoría relativa. Así, dicha jurisprudencia ha agrupado esos contenidos en cuatro grandes “vertientes”: el derecho de acceso a la justicia, a la defensa en el proceso, el derecho a una resolución motivada y congruente y el derecho a la efectividad de las decisiones jurisdiccionales (dentro de este último grupo, precisamente, se tratará sobre el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales). Cada uno de esos contenidos se despliega, a su vez, en un conjunto de derechos y garantías que otorgan vida, en cada caso, al derecho a la tutela judicial efectiva. La vulneración de estos múltiples contenidos puede darse en circunstancias que no necesariamente han de estar previstas en la ley; como se dijera, quien tiene la palabra al momento de establecer los supuestos de configuración en cada caso, es la justicia ordinaria. Y en caso de que produzcan esas violaciones, es necesario que le ordenamiento jurídico contemple un mecanismo idóneo para reconocerlas y repararlas.
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La tutela judicial efectiva y el principio dispositivo del debido proceso

La tutela judicial efectiva y el principio dispositivo del debido proceso

Por otro lado el objetivo de la tutela judicial, va dirigida hacia todas las personas como la facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales, para que a través de los debidos cauces procesales y con unas garantías mínimas, obtengan una decisión fundada en derecho, sobre las pretensiones propuestas, que si bien se mencionan unas están destinadas a la concepción de un derecho generado por parte del estado, al mismo como generador jurídico, político, que engloba implicaciones de ser soberano y coercitivo, ya están formadas por un conjunto de instituciones involuntarias, que tiene el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Involucrando sin lugar a dudas la responsabilidad de los defectos y anormalidades en las prestaciones que se le exige al derecho a la tutela judicial efectiva, el mismo que no solo consiste en reclamar unas garantías mínimas de eficacia que abundan a dicho acceso y como se ha mencionado anteriormente la Constitución es la encargada de brindar, a más del acceso a la jurisdicción consistente en la potestad conferida por parte del estado para administrar justicia, la misma que sin lugar a dudas ordena la imparcialidad del juez y la celeridad procesal, proscribe la indefensión y ordena el cumplimiento de los fallos judiciales, requisitos sin los cuales no habría la deseada efectividad en la administración de justicia.
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AAS7666

AAS7666

de éstos, el derecho a la tutela de las garantías mínimas que debe reunir todo proceso judicial o jurisdiccional, limitando, en opinión de Rivera (2002), el poder del Estado y estableciendo parámetros superiores a las leyes, especialmente a la Ley procesal para que sea efectiva la realización de las libertades y la tutela de los derechos de las personas. Derechos estos, que se diferencian de las garantías constitucionales procesales, en cuanto que las segundas son medios procesales a través de los cuales se hace posible la realización y eficacia de los Derechos Constitucionales, por lo que su constitucionalización tuvo y tiene como fin, que el legislador ordinario, no pudiera futuramente desconocer, violar o modificar, según la tendencia, orientaciones y doctrina del régimen gubernamental de turno, los derechos y garantías en el proceso, protegiéndose en todo caso de un sistema de reforma o enmienda Constitucional, que involucra un proceso mas complejo que el dictado de una Ley que desconozca, modifique o derogue los Derechos Constitucionales procesales, esto es la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico.
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Transgresión a la tutela procesal efectiva en la investigación fiscal en los delitos en la primera Fiscalía Superior Penal de Huánuco 2016

Transgresión a la tutela procesal efectiva en la investigación fiscal en los delitos en la primera Fiscalía Superior Penal de Huánuco 2016

otros derechos son violados, constituyendo la vía para reclamar su cumplimiento ante los tribunales y para garantizar la igualdad ante la ley. De este modo la propia Constitución garantiza que no existan diferencias respecto al acceso efectivo a la justicia, especialmente de los sectores económicos, sociales y culturales menos favorecidos de la sociedad sin discriminación de sexos, raza o nacionalidad; si bien es cierto que los factores económicos y culturales inciden en la aplicación de este derecho, no es menos cierto que al garantizar el Estado un servicio de justicia gratuito, la defensa pública eficiente, la intervención efectiva de los facilitadores judiciales a lo largo y a lo ancho de nuestro país, sin dudas que una buena parte de los obstáculos quedaran removidos para que todos accedan al sistema judicial y para que éste les proporcione respuestas justas, equitativas y en tiempos razonables.
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Vista de Estándares regionales e internos para los procesos de paz y reinserción en Colombia

Vista de Estándares regionales e internos para los procesos de paz y reinserción en Colombia

Para el desarrollo de esa política estatal, se hizo uso de la ley 418 de 1997, pensada y diseñada para procesos de desmovilización individual duran- te los diálogos de paz durante la administración Pastrana, que fue prorrogada por cinco años mediante la ley 548 de 1999, y vuelta a prorrogar por la ley 782 de 2002, ya en la administración Uribe. Adicionalmente, y en lo que constitu- yó un nuevo desarrollo, fueron expedidos tres decretos reglamentarios, los números 128 de 2003, 3360 de 2003 y 2767 de 2004, los cuales, bajo la excusa de establecer procedimientos de acceso a la desmovilización y sus be- neficios, propician la concesión de amnistía e indultos sin verificación judicial ni reparación a las víctimas, todo ello por cuenta de un órgano administrativo denominado Comité Operativo para la Dejación de Armas (en adelante, CODA). La pieza central del aparato es el decreto 128 de 2003, que, aunque reglamentario, contiene enunciados que deberían ir en una ley. Según se afir- ma en la parte motiva, el decreto contiene mecanismos que facilitan el proceso de reincorporación a la vida civil de quienes se desmovilicen voluntariamente. La norma consta de 32 artículos divididos en seis capítulos según materias. Temáticamente, la norma tiene tres secciones. Una primera zona que aporta las definiciones de desmovilizado, reincorporado, beneficio, CODA y Certificación del CODA. La segunda zona temática se ocupa de dos procesos: desmoviliza- ción (artículos 3 al 5) y reincorporación (artículos 11 y 12). Finalmente, la tercera sección desarrolla los beneficios del desmovilizado (a los que denomina preliminares y que van de los artículos 6 al 10) y los beneficios del reincorpo- rado (artículos 13 al 21). En atención al riesgo de impunidad planteado, lo que interesa evaluar es la presencia del CODA y el otorgamiento de los beneficios jurídicos al reincorporado, señalados en el artículo 13 como derechos y que comprenden el indulto, la suspensión condicional de la pena, la cesación de procedimiento, la preclusión de la instrucción o resolución inhibitoria; todo ello, según el estado del proceso.
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La ejecución de sentencias en el Proceso Civil como Derecho a la tutela judicial efectiva

La ejecución de sentencias en el Proceso Civil como Derecho a la tutela judicial efectiva

de cuya resolución se recurre. La disposición indica de la Corte Suprema de Justicia guarda estricta relación con el artículo 6 de la Ley de Casación en vigencia que señala los requisitos formales que debe contener en forma obligatoria la interposición del recurso CUARTO: Examinado el escrito de interposición del recurso se observa principalmente que se ha incumplido con el numeral cuarto del artículo ya invocado, es decir los fundamentos en los que se apoya el recurso, en forma clara y sucinta ya que en la impugnación con claridad y precisión debe señalarse cuáles son las causas que se han infringido en la parte dispositiva de la sentencia atacada. Tampoco se determinan en forma concreta las normas de derecho que se estiman violadas o las solemnidades del procedimiento que se hayan omitido ni la determinación de las causales en que se funda. El recurso de casación es un modo de defensa formal supremo excepcional, independiente, especial, que tiene por objeto promover la observación del derecho objetivo y reparar el perjuicio recibido por los errores o vicios de juicio en que incurre el juzgador. Por ello es que no puede nunca confundirse con el recurso de tercera instancia. Del estudio del escrito, que pretende ser recurso de casación, lo que se aprecia es una alegación que dice: "Existió incorrecta aplicación de disposiciones legales cometidas por parte de los jueces superiores" lo cual es propio del recurso de tercera instancia, pero ineficaz, inoperante para el propósito que persigue el recurso de casación que cuando es procedente produce el desquiciamiento de la unidad lógica y jurídica del proceso que lleva a anular la sentencia. QUINTO: Las consideraciones exentas relevan a la Sala de examinar otros aspectos del recurso deducido y en tal virtud,
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La acción ciudadana para la protección de derechos y garantías constitucionales y el principios de tutela judicial efectiva

La acción ciudadana para la protección de derechos y garantías constitucionales y el principios de tutela judicial efectiva

Sin embargo de esta incipiente evolución de lo que participación ciudadana se refiere en los diversos niveles de gobierno se refiere poco o nada se ha hablado de la acción ciudadana para defensa de derechos, la cual conforme al artículo 95 de la Constitución Ecuatoriana es una garantía cuyo objeto de protección son los derechos. La generalidad con la que se plantea a esta acción deja la duda en quién tiene la titularidad de su acción, en qué casos se la puede plantear si solo ante la violación de derechos o también en forma preventiva, y si su objeto está orientado a todos los derechos sean o no constitucionales o si solamente se la podría plantear ante derechos de participación, lo que tampoco ha sido desarrollada por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, código procesal Constitucional en el Ecuador, volviéndola casi nula en su ejercicio dentro de nuestro país. Las garantías que presenta la Constitución Ecuatoriana son de tres tipos; normativas, políticas y jurisdiccionales, las primeras buscan la adecuación de las normas secundarias a la Constitución, las segundas el respeto de las políticas públicas a los derechos constitucionales y los principios en ella establecidos, mientras que las terceras buscan la protección y defensa de los derechos fundamentales del ciudadano.
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Argumentación jurídica sobre la oscuridad del inciso  tercero del artículo 636 del c.o.i.p., por vulnerar el principio de taxatividad.

Argumentación jurídica sobre la oscuridad del inciso tercero del artículo 636 del c.o.i.p., por vulnerar el principio de taxatividad.

sean cumplidas, de acuerdo a la capacidad económica de la persona infractora. Entonces al encontrar un punto de equilibrio entre las partes procesales, vamos a llegar a un beneficio común, tales como: La fiscalía ahorra esfuerzos personales y económicos para el estado, disminuye la probabilidad de perder los casos, incrementa su eficiencia laboral, aumenta su porcentaje de resoluciones, entre otros.; por su parte la víctima tiene pronta solución a su caso, resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción, aunque no sea en su totalidad pero por lo menos no pierde en su totalidad; y el procesado por su parte tiene una pena mínima por la infracción cometida; y por ende el Estado también recibe sus beneficios que no va a tener que realizar gastos en la tramitación del proceso, no va a tener que sufragar los gastos de una persona guardando prisión por más años, o tal vez no va a tener un caso con sentencia condenatoria sino que más bien prolifera la impunidad.
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La suspensión condicional de la pena, el debido proceso, principios de igualdad, legalidad, legitimidad y la tutela judicial efectiva

La suspensión condicional de la pena, el debido proceso, principios de igualdad, legalidad, legitimidad y la tutela judicial efectiva

prohibida en caso de que sea concedida en aquellas sanciones o condenas que provengan o emanen de la sustanciación del procedimiento abreviado. La razón de tal prohibición se encuentra sustentada en la Resolución 002 de la Corte Nacional de Justicia del 6 de abril de 2016, la que sostiene que al aplicarse la suspensión condicional de la pena en el prenombrado procedimiento especial, significa que entraña un doble beneficio para la persona procesada. Como contraparte, se considera que tal criterio es improcedente e inconstitucional debido a que no se trata de delitos de gran alarma social, por lo cual el principio de mínima intervención penal no debe ser discutido, además de que la persona sentenciada como culpable no pierde tal calidad y debe cumplir con medidas que justifiquen su castigo y que eviten la comisión de nuevos delitos, lo cual le garantiza una libertad condicionada. En consecuencia, el objetivo de la presente investigación es proponer la aplicación de la suspensión condicional de la pena de las personas sentenciadas mediante procedimiento abreviado. Para la metodología se aplicó la modalidad cualitativa, dado el sustento doctrinal en materia de derechos fundamentales y garantías procesales. La categoría que se utilizó es la no interactiva debido a que se consideró como objetos de investigación a las normas jurídicas. Se efectuó también el diseño de análisis de conceptos de la doctrina constitucional porque permiten una reflexión más racional respecto del problema de la investigación. Como conclusión primordial de la investigación, se determina que la Resolución 002 de la Corte Nacional de Justicia del 6 de abril de 2016 atenta contra el principio de mínima intervención penal reconocidos en la Constitución ecuatoriana
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Las boletas de apremio personal en materia de alimentos frente a la tutela judicial efectiva

Las boletas de apremio personal en materia de alimentos frente a la tutela judicial efectiva

Es así que por todo lo antes ya señalado, se puede evidenciar que no se cumple tal como se estipula en la norma, y haciendo un análisis un poco más profundo existen normas que se podría considerar que afectan derechos, principios y garantías constitucionales, como se lo estipula en el Artículo 139 número 3 del Código Orgánico General de Procesos dice: Transcurra el término de 30 días desde la fecha en que se emitió la providencia y no se haya hecho efectiva, dejando a salvo que la o el juzgador emita nuevamente la orden. Lo cual se consideraría su afectación a la tutela judicial efectiva, consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, Articulo 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. La afectación se da directamente, como anteriormente se lo señalaba, que el apremio personal de daba por el no pago de dos o más pensiones alimenticias, de acuerdo al Artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, publicado en el suplemento del Registro Oficial N.° 506 del 22 de mayo de 2015 y que entró en vigencia el 23 de Mayo del 2016, hoy actualmente fue declarado la inconstitucionalidad sustitutiva, por la Sentencia N.° 012-17-SIN-CC, por lo que deberá ser reemplazado íntegramente, por el siguiente texto, hasta que la Asamblea Nacional regule el asunto de manera definitiva, es así que se establece que el apremio personal en materia de alimentos, será de forma parcial que va de la privación de libertad a partir de las 22 horas hasta las 6 horas del siguiente día o el apremio total que es de 30 días y en caso de reincidencia 60 días y hasta un máximo de 180 días, de acuerdo a la o el juzgador crea necesario que deba ordenarse el apremio de la o el obligado principal de la prestación de alimentos si este logra justificar o no el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, que se determinara en la audiencia solicitada por la parte actora la cual se realizara en el término de diez días.
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Tiempo, proceso y tutela judicial efectiva : la garantía de un sistema sin demoras

Tiempo, proceso y tutela judicial efectiva : la garantía de un sistema sin demoras

13 Vale la pena mencionar también los tratados internacionales ratificados por el Estado Argentino y de jerarquía constitucional. Entre ellos se puede mencionar el art. XVIII de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, el art. 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el inc. 1 del Art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Quizás el más relevante de todos ellos es el Art. 8.1 Pacto se San José de Costa Rica que establece que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley. Como bien menciona Pascual Alferillo queda marcada la evidente intención de incorporar el tiempo en el concepto de defensa en juicio 24
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La figura del abandono y la tutela judicial efectiva

La figura del abandono y la tutela judicial efectiva

En nuestro sistema procesal civil ecuatoriano en el año 2016 entro en vigencia el Código Orgánico General de Procesos “COGEP”, mismo que derogó al extinto Código de Procedimiento Civil, presentando varios cambios relevantes en las normativas reguladoras de las instituciones jurídicas que abarca el mismo, con muchos cambios favorables para nuestro sistema jurídico y otros no tan acertados como la del numeral 1 del Art. 87 “Efectos de la falta de comparecencia” que manifiesta: Que la inasistencia de la parte actora a una audiencia no especifica se entenderá como abandono, apreciando dicha normativa se entendería de un modo muy general y ambiguo, pues deja abierta la posibilidad que éste sea invocado y apreciado por el juzgador en la reinstalación de la audiencia en la que exclusivamente dictará la decisión de forma oral, amparado a lo que reza el Art. 93, causando una evidente vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva establecida en el Art. 75 de nuestra norma Suprema.
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Los agravios y la vulneración a la tutela judicial efectiva.

Los agravios y la vulneración a la tutela judicial efectiva.

Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada”. 185
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Proyecto de reforma al artículo 649.5 del Código Orgánico Integral Penal para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva del querellado

Proyecto de reforma al artículo 649.5 del Código Orgánico Integral Penal para garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva del querellado

Agrega que la permeabilidad de este principio de legalidad frente a la situación crítica del sistema de administración de justicia penal, no es de extrañar, aquel está en la base de esta; pero actualmente este principio carece de vigencia práctica, debido a una serie de factores de diversa índole que conducen precisamente a la existencia de procesos selectivos, todo en atención a la infraestructura jurisdiccional para atender en debida forma los casos penales, u de este modo prácticamente el sistema de persecución penal en gran medida no funciona en su promoción por acción directa, como se predica de oficio, sino por reacción a un estímulo externo, de tal modo que los delitos genéricamente mencionados como delitos de la calle o cometidos en lugares públicos 76 . Este principio refiere a que sim pre para dictar cualquier sentencia o resolución deben basarse los juzgadores en alguna ley referente al tema tanto desde el punto de vista natural como formal por lo que esta constituye una verdadera garantía indispensable no se puede juzgar o condenar por un tipo penal que no exista en la legislación vigente para la protección de los derechos fundamentales, además es un principio conforme a la cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse conforme a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas por lo que son materias vedadas al reglamento y a la normativa emanada por el poder ejecutivo, este principio es uno de los más importantes en el ámbito penal en la actualidad cuya esencia como lo manifiesta no existe delito ni pena sin ley previa por lo que conlleva una serie de garantías recogidas en la legislación penal. Por otro lado los poderes públicos están sujetos a la ley de tal forma que todos los actos deben ser conforme a la ley bajo la pena de invalidez es decir es inválido todo acto de los poderes públicos que no sean conforme a lo que estipula en la ley correspondiente.
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