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Estudio de casos de la gestión urbanística en urbanizaciones cerradas en Chía Colombia

Estudio de casos de la gestión urbanística en urbanizaciones cerradas en Chía Colombia

3.1 Gestión urbanística en Chía-Colombia: breve contextualización La historia de la GU en Chía parte de la década de 1970 con los Acuerdos 16 de 1974 y 32 de 1976 en los que se hace una primera zonificación del suelo con usos y densidades permitidas. Este esquema se mantuvo sin modificaciones hasta la década de 1990, momento en el que se profirieron distintos instrumentos de ordenamiento territorial que buscaban desincentivar la construcción y parcelación en las zonas rurales y ejercer mayor control técnico a las solicitudes de urbanización (Plan de los 100 millones, Acuerdo 011/91 y Acuerdo 03/94). Si bien estos antecedentes fueron contradictorios entre sus medios y objetivos, pues de hecho permitieron el florecimiento de las UC con bajas densidades en las áreas rurales del municipio, son importantes dentro del contexto de GU del municipio en tanto que evidencian una preocupación clara por parte de las autoridades locales por la ocupación de su suelo, definiendo acciones claras que son previas a la promulgación de la Ley 388/97 y que no se dieron en otros municipios. Junto con la llegada del nuevo milenio se adoptó el Plan de Ordenamiento Territorial a través del Acuerdo 017 del 2000.

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Gestión urbanística integral del suelo: plusvalías y servicios ambientales

Gestión urbanística integral del suelo: plusvalías y servicios ambientales

Resumen Nuestro Derecho urbanístico ha dedicado enormes esfuerzos en desarrollar mecanismos jurídicos que permiten explicar tanto la generación de plusvalías, como su concesión y distribución equitativa entre los propietarios de suelo urbanizable. Éste es el resultado de configurar nuestro urbanismo como un modelo de “urbanismo renta- ble” basado en la creación de ciudad. Esta cuestión ha influido en el tratamiento jurídico-urbanístico dedicado a los suelos no urbanizables, centrado en su protección y en la negación de contenidos urbanísticos rentables. Sin embargo, este planteamiento no ha considerado adecuadamente que los suelos rústicos con valores merecedo- res de protección prestan servicios ambientales a toda la comunidad sin contraprestación alguna para sus pro- pietarios. Para corregir esa dinámica, el ordenamiento ha previsto mecanismos jurídicos diversos cuya finalidad es la colectivización de las cargas que supone la prestación de servicios ambientales. No obstante, estos instru- mentos sólo contribuyen al costeamiento de la ejecución de las obligaciones inherentes a la función social de la propiedad, pero no la valorizan. Esos mecanismos han sido superados por la aplicación renovada de técnicas ur- banísticas tradicionales que permiten integrar al suelo no urbanizable que presta servicios ambientales en el marco de una ordenación y gestión urbanística integral que compensa la prestación de esos servicios.

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¿Gestión urbanística en manos autonómicas? Sobre las declaraciones de interés supramunicipal

¿Gestión urbanística en manos autonómicas? Sobre las declaraciones de interés supramunicipal

No existe, en efecto, un único rasero de lo que deba entenderse por actuación urbanística de interés supramunicipal, ni siquiera en una Comunidad Autónoma; an- tes al contrario, dependerá muy especialmente de la capacidad económica, de ges- tión urbanística, etc. de que pueda hacer gala el Ayuntamiento o Ayuntamientos con- cernidos, y es perfectamente posible que dentro de una misma Comunidad Autónoma una determinada actuación deba ser asumida por la Administración autonómica da- das las escasas capacidades de los municipios afectados, mientras que la misma ac- tuación puede muy bien ser acometida por otros Ayuntamientos que por diversas razones de población, recursos, etc. estén capacitados para ello sin necesidad de in- tervención autonómica. Una vez más, el principio señalado en el ar tícu lo 2. 1 de la ley 7/1985, de bases del régimen local, esto es, la capacidad de gestión de la entidad local, debe ser traído aquí a colación porque condiciona por completo el juego entre la competencia municipal y la intervención autonómica.

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LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN TERRITORIAL

LOS COMPONENTES DE LA GESTIÓN TERRITORIAL

Consolidar el funcionamiento de la Secretaria de Planeación Municipal, como instancia adscrita al despacho del Alcalde, encargada de: La coordinación, formulación, viabilización, evaluación, control y seguimiento de los proyectos estratégicos del E.O.T. Aplicar los instrumentos de gestión urbanística y rural; generar los canales de participación del sector privado, la academia y la comunidad, en la ejecución de los proyectos del E.O.T.; operativizar el banco de programas y proyectos del municipio; implementar el sistema de información territorial, la formulación y gestión de proyectos de cooperación técnica internacional, así como el establecimiento de criterios para el desarrollo de los planes parciales para las áreas de expansión urbana. Además, deberá convertirse en el interlocutor directo para la canalización y promoción de las propuestas del sector privado y promover la creación de organizaciones de base, para el manejo de líneas estratégicas como la ambiental.

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Entidades de conservación: concepción, fundamento y finalidad

Entidades de conservación: concepción, fundamento y finalidad

Corporación y que estemos ante la citada jurisdicción, (…) lo cierto es que como tal Entidad de Conservación y como ha señalado el TS en la sentencia de 26-10-1998, Ponente Don Manuel Vicente Garzón Herrero, en cuanto a la naturaleza y normas reguladoras de estas entidades que: "La naturaleza y normativa de las Entidades de Conservación se infiere del artículo 24 del Reglamento de Gestión Urbanística que menciona entre las Entidades Urbanísticas de Colaboradoras, en su apartado 2 c), a las Entidades de Conservación. (...). Resulta patente, por lo más arriba expuesto, la improcedencia de considerar aplicables a las Entidades de Conservación los requisitos legales establecidos para las Juntas de Compensación (...). Del tenor literal del precepto citado se deduce que los Capítulos II y III del Título V del Reglamento de Gestión sólo son aplicables a las Juntas de Compensación y Asociaciones administrativas de propietarios, y no a las Entidades de Conservación como pretende el recurrente, las cuales, y por lo que el mismo precepto ordena, se regulan conforme a la normativa reseñada. Los principios que rigen su estructura y funcionamiento, al tratarse de Agrupaciones de Propietarios, (...). Además, y de la finalidad esencial de las Entidades de Conservación (mantenimiento de las obras de urbanización), se colige que los propietarios que se encuentren incluidos en el ámbito territorial de la Entidad de Conservación contemplada no pueden sustraerse a la pertenencia a dichas entidades, puesto que, en razón de la finalidad perseguida, esta viene predeterminada por la propiedad de terrenos en el ámbito territorial de la urbanización." (...), Ponente Don Mariano de Oro-Pulido y López, ha resuelto en un supuesto como el que nos ocupa en los siguientes términos que son tras reiterar lo expuesto sobre la naturaleza jurídica de la Entidad de Conservación: "El carácter administrativo de la entidad urbanística de conservación, en cuanto forma

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La disciplina urbanística


La disciplina urbanística


Su exposición completa aquí no es útil ni sencilla, por cuanto existe una diversa tipificación en las normas autonómicas, por lo que simplemente haremos referencia a los supuestos ilícitos más comúnmente tipificados, y que habitualmente se corres- ponden con las obligaciones establecidas con carácter general por la legislación urba- nística. En este sentido, suelen tener la consideración de infracciones muy graves las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las normas urbanísticas re- lativas al uso del suelo y construcción que afecten a zonas verdes, espacios libres, dotaciones, equipamientos o al suelo no urbanizable protegido, así como las parcela- ciones ilegales en suelo no urbanizable. Como infracciones graves se recogen habi- tualmente las acciones y omisiones que constituyan incumplimiento de las normas relativas a parcelaciones, aprovechamiento urbanístico, edificabilidad, uso del suelo, altura, volumen, situación de las edificaciones y ocupación permitida de la superficie de las parcelas, o la de edificación de éstas en exceso del aprovechamiento subjetivo sin haber cumplido las condiciones de gestión urbanística exigibles, y además el in- cumplimiento por el urbanizador de los compromisos asumidos con la Administra- ción o los propietarios. Por su parte, las infracciones leves suelen ser las que no tie- nen carácter de graves o muy graves y, en todo caso, la ejecución de obras o instalaciones realizadas sin licencia y orden de ejecución cuando sean legalizables por ser conformes con el ordenamiento urbanístico. Se establecen asimismo unos diver- sos plazos de prescripción, que comenzará a computarse desde la fecha en que se hubiera cometido la infracción o, si ésta fuera desconocida, desde la fecha en que

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Pero estos son los vaivenes de la ordenación urbanística. Y de la frecuente y pudiera decirse que recurrente disociación entre el planeamiento y la situación económica del país que ha acontecido en más de una ocasión. En el ámbito es- tatal de la legislación del 92, a la del 98, y a la actualmente vigente de 2008 hay cambios de rumbo relevantes. En Andalucía también se han producido y asis- timos en el momento presente a uno nuevo. Si como sabemos la LOUA de 2003, en materia de gestión urbanística, donde la Administración tiene liber- tad de elección del sistema de actuación a diferencia de otras Comunidades Autónomas (Murcia, Aragón, Castilla–León, etc), mantuvo las transferencias de aprovechamiento urbanístico en el suelo urbano consolidado, universalizó la reparcelación en los sistemas de actuación sistemática (bien que, como po- nen de manifiesto, los autores, sin una regulación completa lo que obliga a in- tegrar tal regulación con el Reglamento de Gestión Urbanística de 1978) y, asi- mismo, mantuvo los sistemas de compensación, cooperación y expropiación para las actuaciones sistemáticas, sin perjuicio de poder gestionar los mismos de forma directa, o bien, indirectamente mediante la concesión a un agente ur- banizador concebido sólo como alternativa de gestión indirecta en los sistemas de cooperación y expropiación, y como posibilidad de actuación y de iniciati- va propia en el de compensación, los tiempos que corren anuncian modifica- ciones dirigidas a una mayor agilización y flexibilización en la actividad urba- nística.

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El impacto de la política urbanística en la gestión de la ciudad histórico-turística: un estudio comparativo

El impacto de la política urbanística en la gestión de la ciudad histórico-turística: un estudio comparativo

Más allá de las coincidencias o divergencias evidenciadas por el método comparativo, el análisis puede ser llevado al terreno de la reflexión. En Málaga se ha producido una focalización de la inversión en un puñado de bienes y en un espacio muy reducido, mientras que Plymouth se enfrenta a la concentración de la vida nocturna en zonas frágiles y Guanajuato presenta como limitación la falta de coordinación de los servicios turísticos. No es de extrañar que las principales propuestas de naturaleza turística recogidas en planes urbanísticos sean también diversas. Así, Málaga se ha volcado en la peatonalización y mejora de las infraestructuras, Plymouth por su parte busca un equilibrio de usos y Guanajuato se centra en la extensión de su temporada y área turística. Desde otra perspectiva, el principal problema al que se enfrentan Plymouth y Málaga es el vaciado funcional y la sustitución de actividades por otras de naturaleza turística o comercial, mientras que los problemas ambientales, de movilidad y accesibilidad son los prioritarios en Guanajuato, en este aspecto Málaga es la que más logros ha conseguido en los últimos años al descongestionar el centro. En cuanto a gestión del patrimonio local, la ciudad mexicana relega gran parte de las responsabilidades en el organismo nacional, mientras que las ciudades europeas cuentan con sus propios catálogos y herramientas específicas de protección y control, abarcando tipologías y épocas que de otro modo no tendrían la consideración debida. Una de las posibles explicaciones de las divergencias observadas puede relacionarse con la tradición o trayectoria en cuanto a políticas urbanísticas y de protección del patrimonio en los tres países. En el caso del Reino Unido existe la opción de una amplia participación ciudadana en la toma de decisiones, expresada en el carácter consultivo que tienen los colectivos afectados tanto en la elaboración de planes urbanísticos como en los proyectos de ejecución que inciden

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Regularización de las edificaciones ilegales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Régimen jurídico de la situación legal de fuera de ordenación y de asimilado a fuera  de ordenación

Regularización de las edificaciones ilegales en la Comunidad Autónoma Andaluza. Régimen jurídico de la situación legal de fuera de ordenación y de asimilado a fuera de ordenación

Otra parte destacada de la doctrina establece que la ampliación del plazo a seis años es una medida restrictiva de los derechos de los particulares, por lo que entienden que no podrá ser aplicable con efectos retroactivos, sino solo a aquellas viviendas ilegales terminadas una vez entrada en vigor la Ley 2/2012 13 . Pero GALLEGO ALCALÁ cree que “En puridad, no estamos en presencia de una irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, pues el artículo 9.3 de la Carta Magna proscribe la retroactividad en tales casos, y aquí se trata del restablecimiento del orden jurídico perturbado, que no constituye sanción en propiedad” 14 . Y es que la naturaleza del procedimiento de protección de la legalidad urbanística no reviste carácter sancionador, sino que tiene una finalidad reparadora de la realidad física y de restauración del orden jurídico perturbado, siendo este efecto independiente del sancionador.

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Gestión integral de residuos sólidos domiciliares en la Cabecera Parroquial de Calpi del cantón Riobamba de la Provincia de Chimborazo

Gestión integral de residuos sólidos domiciliares en la Cabecera Parroquial de Calpi del cantón Riobamba de la Provincia de Chimborazo

En un estudio del 2012 sobre la estratificación socioeconómica como instrumento de clasificación de los usuarios y herramienta de asignación de subsidios y contribuciones a los servicios públicos domiciliarios realizado por la Alcaldía Mayor de Tunja, Colombia, se aplicó esta metodología para estratificar las 700 ciudades pequeñas, medianas y cabeceras grandes de Colombia, con poblaciones de hasta 200.000 habitantes, las cuales tienen actividades económicas variadas e indicadores de necesidades básicas insatisfechas comparativamente altos. Entre estas cabeceras se encuentran: Gigante, Puerto Asís, Aguadas, Planeta Rica, Madrid y Fundación, entre otras. Permite obtener clasificaciones en 4 o 5 estratos, dependiendo del grado de desarrollo económico y de la complejidad urbanística de cada población; la unidad de observación es el lado de manzana, genera resultados por lados de manzana y su realización abarca las siguientes actividades antes del cálculo de los estratos:

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PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY 5/2014, DE 15 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE, DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

PRINCIPALES NOVEDADES DE LA LEY 5/2014, DE 15 DE JULIO, DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, URBANISMO Y PAISAJE, DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

En concreto, para las edificaciones aisladas en suelo no urbanizable, construidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que no posean licencia urbanística municipal para su ubicación en esta clase de suelo, se asimilarán en su régimen a las edificaciones con licencia siempre que estuvieran terminadas en dicha fecha, sigan manteniendo en la actualidad el uso y las características tipológicas que tenían a la entrada en vigor de la citada ley y no se encuentren en situación legal de ruina urbanística. Para aquellas edificaciones no comprendidas en el supuesto anterior y siempre que estuvieran en suelo no urbanizable común, la solución dada por la nueva norma se ha sustanciado en el requisito de los cambios de la densidad exigida: según la norma aprobada se consideran núcleos de viviendas consolidados las agrupaciones de viviendas implantadas sobre ámbitos en suelo no urbanizable que conserven una parcelación de características rurales propias del ámbito territorial, y con una densidad igual o superior a tres viviendas por hectárea, (10.000 m2). Para legalizarlas se precisará además el desarrollo de un plan especial y un proyecto de urbanización que debe ejecutarse para evitar los impactos en el medio ambiente. Estos núcleos de viviendas conservarán el carácter rural, y las obras a realizar, que serán sufragadas por los propietarios, deberán ser las mínimas imprescindibles para eliminar dichos impactos. Una vez construidas las infraestructuras necesarias, las viviendas podrán ser legalizadas mediante la solicitud de la preceptiva licencia de legalización.

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Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España

Aproximación a una geografía de la corrupción urbanística en España

En general, en todos ellos se observa una destacable actividad inmobiliaria que, o bien acentúa su carácter ya urbano, caso de las capitales provinciales y sus munici- pios periféricos (21,7 %), ya turístico (13,3 %), mientras el resto corresponden a municipios agrarios (42,3 %) o industriales (7,7 %) que han optado por cambiar de mo- delo de desarrollo económico, pasando al inmobiliario- urbanístico. Los municipios mixtos (15 %) son mayori- tariamente agrario-turísticos (50 de los 62 casos) y, en menor cuantía, agrario-urbanos (cinco casos), agrario in- dustriales (cuatro casos) y urbano-turísticos (tres). En de- finitiva, la corrupción urbanística afecta principalmente a aquellos municipios donde se está acentuando la eco- nomía inmobiliaria, es decir, donde el referente urbano ya era destacable (urbanos, turísticos y en menor medida mixtos: un 50 % de los casos), y en aquellos que se están incorporando al modelo económico inmobiliario desde una base tradicionalmente agrícola o industrial (el otro 50 % de los casos).

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La acción pública urbanística

La acción pública urbanística

En el presente apartado, analizaremos un caso práctico de acción pública urbanística. El conflicto del barrio del Cabanyal- Canyamelar, en la ciudad de Valencia. Una cuestión suscitada dado el por proyecto del Ayuntamiento de Valencia, por el cual se pretendía la demolición de un conjunto de viviendas (incluso, alguna que como veremos, que fue declarada en su momento como Bien de Interés Cultural), para prolongar uno de los principales ejes de la ciudad valenciana (la avenida de Vicente Blasco Ibáñez), hasta el mar. Una idea que como veremos la tenía ya el propio Blasco Ibáñez a principios del siglo pasado, pero que en el momento actual está condenada a no prosperar.

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Acción urbanística en La Habana

Acción urbanística en La Habana

El trabajo propone el análisis histórico del desarrollo de la situación urbanística de la ciudad Capital de Cuba, donde reside el 20 % de su población ( 2.071.221 habitantes). El estudio e interpretación de los lincamientos de las estrategias urbanas tiende al objetivo de evaluar la sinergia entre la política socio-económica y el crecimiento de grandes centros urbanos. Una visión retrospectiva a lo que ha acontecido en relación a la acción urbanística en La Habana, permite constatar un estrecho vínculo entre las políticas sociales y las estrategias económicas implementadas desde 1959. La búsqueda de desarrollo social con equidad, en términos de asentamientos, estuvo dirigida a lograr un balance más adecuado en el desarrollo urbano con prioridad hacia las ciudades secundarias y a elevar las condiciones de vida y de trabajo en las zonas rurales, propiciando una mayor integración rural- urbana. Se incentivaron los procesos de urbanización, creciendo la población urbana del 60 % en 1970 al 76 % en 1995. Como consecuencia de la priorización hacia las ciudades secundarias y las franjas de base del sistema de asentamientos, se atenuaron las desproporciones territoriales, evitando el crecimiento desmedido de la Capital. La entrada a la bahía de La Habana de Cuba, representó desde el siglo XVI, un lugar intermedio de privilegio para los viajes intercontinentales, y por lo tanto de concentración de población y actividades de la isla.

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Subrogación urbanística y autonomía local

Subrogación urbanística y autonomía local

"Del artículo 25.2.d) de la Ley 7/1985, del 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local no se deduce que las competencias del Municipio en materia de disciplina urbanística excluyan en todo caso cualquier intervención de las Comunidades Autónomas, pues aquellas se ejercerán "en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas". Esta legislación, por lo que se refiere al presente caso, viene constituida por el artículo 184 LS/76 que atribuye en primer lugar al Ayuntamiento el deber de acordar la demolición de las obras ejecutadas sin licencia u orden de ejecución o sin ajustarse a las condiciones señaladas en las mismas, una vez transcurrido el plazo de dos meses que debe concederse al interesado para intentar la legalización de lo construido, pero que, en defecto de actuación del Ayuntamiento, faculta indistintamente al Alcalde o al Gobernador Civil (actualmente al órgano competente autonómico...) para ordenar la demolición de lo construido ilegalmente. Para que la Comunidad Autónoma ejerza esta potestad no es exigible un requerimiento previo al Alcalde...

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Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio

Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio

El Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la UPM lleva cerca de treinta años Implicado en temas ambientales. Sobre todo en cuestiones de medio físico (sol, viento, topografía, contaminación, etc.) que puedan convertirse en criterios determi­ nantes para el planificador. Durante estos años ha realizado diversos trabajos profesionales y labores de investigación que se ha encarga­ do de difundir entre la comunidad universitaria, profesional e investi­ gadora.

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La corrupción urbanística: Estrategias de análisis

La corrupción urbanística: Estrategias de análisis

34 También creemos que si los poderes públicos son capaces de identificar esos indicadores y logran incidir significativamente sobre ellos, la corrupción urbanística se podrá reducir de forma importante. Cegados en demasiadas ocasiones por los beneficios económicos que una actividad urbanística descontrolada es susceptible de producir a corto plazo, les ha costado reconocer los graves daños que ella es capaz de causar en bienes fundamentales para la convivencia y en los fundamentos del Estado de Derecho. Finalmente parece que han decidido tomar una actitud más intervencionista. De este modo, hemos visto que desde el Ministerio del Interior se han aportado más medios para la lucha contra la delincuencia organizada. Algunas comunidades autónomas, como la Junta de Andalucía, se han decidido a ejercer a fondo sus competencias ordenadoras y supervisoras, y la Administración central ha tomado también cartas en el asunto. Del mismo modo, tanto la Administración de Justicia como el Ministerio Fiscal han interiorizado, aunque sea tardíamente, la necesidad de asegurar el cumplimiento de las previsiones legales sobre ordenación del territorio. Es de esperar que estas nuevas actitudes se conviertan en la regla para el futuro, y no en meras actitudes episódicas vinculadas a sucesos escandalosos especialmente llamativos. Los últimos datos facilitados por el Colegio de Arquitectos de Málaga indican que la construcción de nuevas viviendas en la provincia retrocedió casi un 20% en los tres primeros meses de 2007. 64 Creemos que, además de la desaceleración del mercado inmobiliario, las actuaciones de la Junta de Andalucía, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y el Ministerio Fiscal han jugado un papel determinante en el freno del urbanismo salvaje de la Costa del Sol. Los datos del Colegio de Arquitectos muestran que de ese retroceso sólo se salvan parte de los municipios de la costa oriental y algunos del interior. Es decir, mientras la construcción de viviendas ha descendido en todos los municipios de la Costa del Sol occidental, en algunos municipios del interior esa bajada es casi imperceptible. Por ejemplo, mientras que en Marbella el descenso en construcción de vivienda nueva rondó el 70%, en Ronda los visados aumentaron un 163% y en Álora un 468%.

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4 GESTIÓN, FINANCIACIÓN Y EVALUACION DEL EOT 4.1 LA GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL

4 GESTIÓN, FINANCIACIÓN Y EVALUACION DEL EOT 4.1 LA GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL

Los bonos de reforma urbana de que tratan los artículos 103 y siguientes de la ley 9 de 1989, son instrumentos de deuda pública cuyo objeto específico es financiar la ejecución de obras de urbanismo en proyectos que se desarrollen a través de unidades de actuación urbanística, o el mejoramiento y rehabilitación de viviendas de interés social, construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de redes de acueducto y alcantarillado, infraestructura urbana, planteles educativos y puestos de salud, centros de acopio, plazas de mercado y ferias, mataderos, instalaciones recreativas y deportivas, tratamiento de basuras y saneamiento ambiental. El municipio de Barbosa y sus entidades descentralizadas podrán pagar el valor pecuniario de las obligaciones que adquieran para el cumplimiento de los mencionados propósitos previo acuerdo sobre el particular con los respectivos acreedores o contratistas, mediante la emisión y entrega de Bonos de reforma urbana. Al igual que en el caso de los Pagarés, el monto de cada emisión de esos títulos por parte del Municipio deberá contar con la previa aprobación por parte del Concejo Municipal. Si la emisión es realizada por una entidad descentralizada del orden municipal, la autorización deberá expedirla en cada caso la Secretaría de Hacienda, previa la verificación del nivel de endeudamiento y de la capacidad de pago de la entidad. En todo caso el Municipio reglamentará la emisión y características de los Bonos de Reforma Urbana en un plazo de seis (6) meses contados a partir de la sanción del acuerdo que adopta el Esquema de Ordenamiento.

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Modelo de gestión urbano para las áreas de expansión de la ciudad de Villavicencio el crecimiento y desarrollo no planificado de las ciudades Villavicencio-Meta

Modelo de gestión urbano para las áreas de expansión de la ciudad de Villavicencio el crecimiento y desarrollo no planificado de las ciudades Villavicencio-Meta

La importancia y aceleración de los cambios que se están produciendo han ido creando un ambiente de inestabilidad en el desarrollo, un estado de cierto desconcierto y confusión; y se está desarrollando la sensación de que aumentan los riesgos, las contradicciones, los retos y los desafíos para las ciudades, en los ámbitos económico, social y político. Es por eso, que se debe crear planes de gestión urbana, enfocado hacia el crecimiento de las ciudades en proceso de desarrollo, concentrado en la idea de una ciudad policéntrica, una ciudad conectada, con su propia identidad definida, innovadora y sostenible, encaminada a las áreas de expansión de cada una de ellas. En buena manera la planificación urbana es una forma de plantear diferentes conceptos para el tratamiento de algunas zonas de las ciudades, en este caso la zonas de expansión ya que, son las zonas que a futuro están proyectadas para el fortalecimiento de las ciudades, es decir en donde posiblemente la población próxima se puede apropiar de un territorio, localizarse en él y acentuarse.

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El principio de objetividad en el urbanismo

El principio de objetividad en el urbanismo

“De este modo, si bien la legislación actual contempla y prescribe la promoción de la iniciativa por la Administración e, incluso, como se recuerda, entre los no propie- tarios, ello no obsta a que la posición que corresponde a la Administración sea, entre otras cosas, la de garante de un proceso concurrente y competitivo. Asimismo, no puede obviarse la relación concesional del urbanizador y la Administración y la vigen- cia prelativa de los principios de la contratación administrativa, en los cuales también se consagran –y con mayor claridad– los principios de objetividad, competencia y con- currencia expresados en la normativa urbanística. A la vista de lo anterior, no puede dudarse del innegable papel promocional de la Administración, pero ello no obsta a que en el ejercicio de dicho papel promocional se respeten todas las garantías consa- gradas por la legalidad y exigibles en un proceso, como se ha dicho, concesional. La atracción de la industria por parte del Ayuntamiento es una acción plenamente legíti- ma, pero ello siempre salvando las garantías del procedimiento y la imparcialidad y objetividad de la Administración en su acción. (…). Del relato de los hechos se observa cómo el papel promotor del Ayuntamiento ha excedido dichas formas y garantías, en tanto en cuanto se ha erigido en mediador de una parte haciéndole las veces de gestor inmobiliario, facilitándole suelos tanto públicos (de dudosa legalidad, si bien ello no es objeto del presente recurso) como privados, por medio de una discutible posición de mediador a través de unos convenios propietarios-Administración destinados final- mente a la venta propietarios- Azteca antes de una reclasificación que facilitase la ac- tividad urbanística claramente concertada. Del mismo modo, y quizá con mayor tras- cendencia, el Ayuntamiento ha llegado a aprovechar uno de sus actos reglados –la notificación y comunicación de exposición pública– para indicar el que precio que ha- bría de ser finalmente muy próximo al que constaba en la plica, a fin de “conminar” – por utilizar una expresión– a los últimos propietarios que no habían cedido a vender sus propiedades al aún futuro urbanizador, a que se lo vendieran a éste. Así, el precio finalmente fijado resulta ser prácticamente el adelantado por el Ayuntamiento mismo en su notificación-conminación a la venta del futurible urbanizador, siendo que, dicho precio quedaba por debajo del mismo que el mismo Ayuntamiento había ofertado 3 años antes en los convenios que finalmente empleaba para adquirir propiedades el que sería seguro urbanizador. Es por ello, que, aun defendiendo la posibilidad de una actuación positiva de la Administración en aras a la atracción de la inversión y de la participación privada en el ámbito urbanizador, debe considerarse contraria a las exi- gencias de competencia, libre concurrencia y actuación objetiva de la Administración en el marco de un proceso concesional, como lo es el presente”.

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