GOBIERNO DE LOS JUECES

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El gobierno de los jueces

El gobierno de los jueces

No se ha pretendido en esta presentación agotar la riqueza del contenido específico de cada una de las contribuciones, sino simplemente, rescatar algunos de los aspectos abordados por los autores que, según nuestro criterio, se relacionarían más directamente con los ejes planteados en el número inaugural. Por último, la intención de lograr una noción más precisa sobre el significado de El Gobierno de los Jueces encuentra dificultades que tienen origen en las varias aristas que este tema presenta, así como en los múltiples argumentos que pueden desarrollarse alrededor del mismo. Sin embargo, podemos señalar, en primer lugar, que la expansión del accionar de los jueces hacia ámbitos extra-jurídicos es una realidad que se verifica en todos los sistemas judiciales, tan- to nacionales, como regionales e internacionales.

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¿Gobierno de los jueces o gobierno de las instituciones? : pervivencia del rule of law en épocas neoconstitucionales

¿Gobierno de los jueces o gobierno de las instituciones? : pervivencia del rule of law en épocas neoconstitucionales

Así, frente al (posible) autoritarismo del gobierno de la mayoría del Estado de Derecho, se yergue el (aún más posible) autoritarismo judicial. Pues como sostiene Richard Bellamy, toda decisión será siem- pre polémica y afectará a una cantidad de personas que no estará de acuerdo; pero un procedimiento en el que las distintas perspectivas pueden expresarse, en un contexto de respeto mutuo, donde hay ám- bitos de búsquedas de integración y consenso, y que posibilite que las decisiones sean modificadas cuando haya que tener en cuenta nue- va información o cambien las circunstancias, encontrará siempre una mayor aceptación de la comunidad que dejar la decisión en manos de unos pocos hombres, que no tienen representación política, ni son di- rectamente responsables de su ejecución como son los jueces. Y luego aclara: “Por supuesto, el proceso político no es perfecto. Pero tampoco lo es el judicial. De hecho ya hemos visto que sufre de alguna de las mismas dolencias. Se acepta tan solo en sociedades pluralistas en las que, dado el carácter poliárquico y pluralista de las relaciones sociales, es improbable la tiranía de la mayoría; y es tan efectivo cuando se trata de defender la mayoría frente a la minoría como cuando no hay ma- yoría consistente. Y […] pone en riesgo tanto la integridad del proceso legal como la del democrático” 26 .

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El "gobierno de los jueces" en Europa

El "gobierno de los jueces" en Europa

La novedad de la segunda mitad del siglo XX fue que la creatividad judicial se pre- sentó de un modo cada vez más evidente, favoreciendo un proceso de expansión del poder judicial que fue bautizado como “la judicialización de la política”. En realidad, con esta expresión, se ha pretendido indicar “la expansión del radio de acción de las cortes o de los jueces a expensas de los políticos y/o de los administradores, en otras palabras, el desplazamiento de las competencias decisionales desde el legislativo, el ejecutivo o la administración pública, a las cortes” 3 . Desde luego, es cierto que en la

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De la justicia animada a la justicia legislativa : ¿qué jueces tenemos hoy? ¿qué jueces necesitamos hoy?

De la justicia animada a la justicia legislativa : ¿qué jueces tenemos hoy? ¿qué jueces necesitamos hoy?

Del mismo modo, en la Argentina han ocurrido casos increíblemente curiosos, que muestran hasta donde puede llegar la politización judicial. Recordamos ahora la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Quizbert Castro, S.Y. c/. Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/. amparo” –Q.64.XLVI-) , en donde se ha obligado al gobierno de esta ciudad a suministrarle una vivienda digna a un menor discapacitado, hijo de una ciudadana boliviana . Más allá de cuestionarnos que ocurriría en una situación inversa, en este caso no se ha preguntado cómo hacemos para darle esa alimentación (que pagaremos todos, obviamente), sino que se declama alegremente un derecho, y luego se condena al Estado a otorgarlo (¿?).

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Jueces e irregularidades de funcionarios políticos. Problemas organizacionales y la independencia de los jueces

Jueces e irregularidades de funcionarios políticos. Problemas organizacionales y la independencia de los jueces

En los últimos años, la región ha vivido momentos políticos cruciales donde el protagonismo ha estado a cargo de actores del sistema jurídico, particularmente jueces y fiscales. Las situaciones más llamativas se han observado en Brasil, donde las investigaciones judiciales han terminado derribando jerarcas y han servido de base para la muy controvertida destitución de la presidente Rousseff, así como para el procesamiento de Lula da Silva y Michel Temer, entre otros. En Argentina las investigaciones judiciales han complicado a figuras del kirchnerismo, y probablemente lo harán en algunos años más con representantes del gobierno actual. En Uruguay las acusaciones penales de funcionarios políticos llevaron a la renuncia del vicepresidente en funciones, y se pueden enumerar varios casos de procesos penales en curso que implican a figuras políticas. En estos tres países, los hechos mencionados han relanzado el interés por el fenómeno de la judicialización de la política (y de politización de la justicia).

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Sistema de justicia de paz: eficacia en la solución de conflictos en Santo Domingo de los Tsáchilas

Sistema de justicia de paz: eficacia en la solución de conflictos en Santo Domingo de los Tsáchilas

Es imprescindible conceptualizar el término equidad, así, la equidad se utiliza a menudo como instrumento a través del cual se intenta subvertir todo el sistema codificado (Falcón, 2018), pues al resolver en equidad, los jueces dejan de aplicar lo establecido en la ley, respecto de las sanciones, para resolver en base al dialogo y las costumbres de la comunidad, como salida para reducir el problema; se ve entonces como la equidad, remedio a aplicar por el Juez ante el desfase y las imperfecciones de la Ley. (Falcón, 2018); Santo Tomas de Aquino afirmaba que “lo equitativo es mejor que lo justo legal, pero está contenido en lo justo natural” y Elías de Tejada indica que “la equidad es aquella justicia superior que no está inscrita en la norma positiva” (Falcón, 2018), es decir la equidad se basa más en los principios establecidos por las buenas costumbres de la comunidad, así como la credibilidad en el cumplimiento de la palabra de las personas más que la firma en un papel.

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Cambio de modelo institucional e independencia judicial

Cambio de modelo institucional e independencia judicial

Seguidamente, el advenimiento de la preferencia en la promoción provisional de los jueces titulares según el cuadro de méritos de su nivel, que se obtenga en el proceso de evaluación de su desempeño jurisdiccional y, por otro lado, la creación del registro de jueces supernumerarios para asumir las suplencias y puestos vacantes implantadas por la Ley de la Carrera Judicial. La meritocracia como valor premial al esfuerzo personal, de gran motivación profesional y justicia en los ascensos provisionales y suplencias, está contribuyendo en el cambio de cultura institucional. Lo que felizmente se extenderá también a los magistrados contralores y al propio jefe que deberán integrar la nueva Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial creada por la Ley N.° 30943, asimismo, para el Ministerio Público, eliminando para siempre que los magistrados contralores sean cooptados por una cuestión de confianza, pues, ahora será por su ubicación en un cuadro de méritos en un concurso público organizado por la Junta Nacional de Justicia, y solo así asumirán la función disciplinaria, según su capacitación y trayectoria en esta delicada misión de ser juez de jueces; tanto más si, el “sistema de padrinos” que aqueja al Estado peruano busca torcer la potestad sancionadora a fin de cobijar en la impunidad a sus protegidos. Recuérdese que un presidente en el pasado, de aquella república aristocrática que aún nos cuesta superar, dijo: “Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.

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El Contrato Colectivo en el sector público sobre la base de la sentencia 009-10-SIN-CC del 9-09-10 de la Corte Constitucional

El Contrato Colectivo en el sector público sobre la base de la sentencia 009-10-SIN-CC del 9-09-10 de la Corte Constitucional

Ley Orgánica de Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las Remuneraciones del Sector Público -LOSSCA- (Gobierno del Ing. Lucio Gutiérrez), mediante la cual se pretendió encasillaren el ámbito y aplicación de la misma, tanto a “servidores” como “obreros” del sector público, para de esa forma acabar con el derecho de negociación colectiva, aspecto que fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de ese entonces. Con la vigencia de la referida ley, se dio otra regresión en la limitación de la libertad de sindicalización y del derecho de negociación colectiva. Se establece la Secretaría Nacional de Remuneraciones del Sector Público, -SENRES- la misma que ente otras atribuciones, ejercía la potestad legal de fijar los techos remunerativos anuales dentro de los cuales se podía realizar la negociación colectiva en el sector público (derogada por la Ley del Servicio Público – LOSEP-).

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Argumentación jurídica sobre la falta de justificación de los jueces de coactivas para tramitar títulos de crédito por la vía administrativa

Argumentación jurídica sobre la falta de justificación de los jueces de coactivas para tramitar títulos de crédito por la vía administrativa

Así mismo (Machuca Lozano, 2011, pág. 45), dentro de su tesis: “El control de constitucionalidad de la Jurisdicción Contenciosa Electoral: La relación entre el Derecho Constitucional y la Justicia Constitucional en el Ecuador”, de la Universidad Andina Simón Bolívar refiere que el principio de unidad jurisdiccional, …se traduce en el monopolio de la administración de justicia por parte del Estado, siendo los jueces y tribunales constitucionalmente establecidos los únicos que pueden ejercerlo en su nombre. Por lo mismo el principio de unidad jurisdiccional se divide en tres puntos: 1) exclusividad por parte del estado para administrar justicia, 2) la atribución de la potestad jurisdiccional es exclusivamente de los órganos jurisdiccionales, 3) la función jurisdiccional solo puede ser ejercida por los jueces y tribunales. Esto tiene relación precisamente con la independencia del poder judicial, cuya importancia radica en consideraciones históricas y políticas, pues desde la misma Revolución Francesa en 1789, los ideólogos plantearon mayor énfasis en la separación entre el ejecutivo y el legislativo, dejando el rol que desempeña la Función Judicial en un plano menos trascendente, por ello es que este Poder del Estado debe gozar de mayores garantías frente a las injerencias de los demás poderes, por ser el más débil. Con respecto a las diferencias entre judicial y jurisdiccional el Dr. (García Falconí, 2009, pág. 80) indica: “Es Función Judicial al encargado de la justicia judicial, en vez de función jurisdiccional que en algún momento de nuestra historia se lo puso en la Constitución de 1979, debido a que la jurisdicción es una función del Estado que desborda la justicia judicial, ya que también ejerce jurisdicción otros funcionarios de la función ejecutiva, aun cuando esto está hoy prohibido en atención al principio de unidad jurisdiccional”.

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Res Gesta, 2018, nº 54 (número completo)

Res Gesta, 2018, nº 54 (número completo)

El embajador, para quien Perón era un megalómano incontrolable, antes de marcharse del país preparó con la oposición política un golpe de Estado para sacarlo del gobierno, que duró una decena de días, del 9 al 17 de octubre, con manifestaciones populares que hicieron retornar a Perón de su reclusión en la isla Martín García y llevarlo a las elecciones donde a la cabeza de un frente político armado rápidamente, le ganó las elecciones a la Unión Democrática, en la participaban los partidos de la entonces oposición, apoyados desde la embajada, desde los conservadores echados del poder hasta radicales y comunistas. Así se convirtió en presidente de la República. Fue la gran derrota de Braden que, aunque nombrado subsecretario de Asuntos Latinoamericanos, cargo desde donde siguió atacando a Perón, ya era una figura desprestigiada en Estados Unidos, y en 1947, el presidente Truman lo desplazó de su cargo. La actuación de Braden no sólo en Argentina sino en otros países latinoamericanos, Colombia, Cuba y en los mismos Estados Unidos, no fue brillante y se caracterizó por sus contradicciones. Defendió en forma vehemente a su secretario privado acusado de agente soviético, y uno años más tarde se transformó en uno de los más notorios integrantes de la asociación estadounidense más anticomunista del país, la John Birch Society. De esos elementos tan disimiles, que le crearon numerosos enemigos se basará el protagonista de la novela, el detective Rosebud, para descubrir a su presunto asesino, en un intrincado periplo que abarca todos los países donde tuvo algún cargo, sus amigos y sus enemigos. Para resolver el enigma de su vida y de su ficticia muerte violenta habrá que leer la novela, que además lo vincula con las persecuciones del macartismo, con sus peleas en la política de Washington y el FBI, y con sus aventuras de espionaje con el célebre escritor Ernest Hemingway. Su vida da para muchas novelas de misterio y para entender el complejo mundo de la política internacional en el dramático escenario de la Segunda Guerra Mundial y la inmediata posguerra ¿Quien era ese personaje, porqué había que asesinarlo, al menos en la novela, y quien lo hizo? es algo que averiguará el lector, yo como autor no puedo decirlo. Debo señalar, como curiosdidad, que a Braden se lo identifica sólo un par de veces por su nombre en todo el libro.

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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Artículo 82.- El Gobierno del Distrito Nacional y el de los Municipios estarán cada uno a cargo de un Ayuntamiento, cuyos Regidores, así como sus suplentes, en el número que será determinado por la ley proporcionalmente al de habitantes, sin que en ningún caso puedan ser menos de cinco, serán elegidos, al igual que el Síndico del Distrito Nacional y los Síndicos Municipales y sus suplentes por el pueblo de dicho Distrito y de los Municipios, respectivamente, cada cuatro años, en la forma que determinen la Constitución y las leyes, mediante candidaturas que podrán ser propuestas por partidos políticos o por agrupaciones políticas, regionales, provinciales o municipales.

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El perito de confianza de los jueces

El perito de confianza de los jueces

interesa, i.e. el proceso judicial, las relaciones que en él tienen lugar son más bien relaciones distantes, generadas en una comunidad (jurídica) determinada, donde en la interacción entre las personas no hay necesariamente una empatía especial; y en las que el centro de atención más bien radica en tomarlas como formas de dar incentivos a los peritos para que consideren los intereses de los jueces. Así pues, muchos de los aspectos a tomar en cuenta para confiar dependen del tipo particular de relación en juego (Hardin, 2004: 8). Es decir, donde no hay relaciones más estrechas o íntimas en las que se da un cierto sentimiento de familiaridad, afecto, buena fe, etc. entre las personas y que motivan su apoyo mutuo. Este tipo de relaciones estrechas de confianza pueden ser descritas más bien como relaciones bipartitas, y no tripartitas como las que aquí importan, dado que un sujeto confía en el otro para una gran variedad de cuestiones. Por ejemplo, decimos que Marta es amiga de Jesús y no que Marta es amiga de Jesús para ir de copas, para ir de compras, para estudiar, etc. Sobre este punto, véase Holton (1994: 7).

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				El control de convencionalidad y la prohibición de la discriminación en Chile

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El control de convencionalidad se configura como una manifestación expresa del constitucionalismo global, entendiendo este último término como aquel en el que es posible encontrar ciertas bases comunes o ciertos pilares comunes entre diver- sos órdenes constitucionales estatales que tienden a reproducir lo que podríamos denominar un patrón constitucional (Díaz, 2016). Estos elementos constitucionales mínimos comunes se pueden identificar en el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos (Julios-Campuzano, 2009; Ferrajoli, 1998). El aporte del control de convencionalidad al proceso de construcción del constitucionalismo global reside, precisamente, en este último componente. Uno de los mecanismos más utilizados en las últimas décadas para este proceso de construcción de mínimos comunes y compartidos, a nivel regional e incluso planetario, en el ámbito de los derechos hu- manos ha sido el desarrollo del diálogo entre jueces (Ansuátegui, 2015; Rodríguez, 2017a). Entre otras cosas, este diálogo es el resultado, deliberada o accidentalmente, desde un punto de vista sustancial, de la emergencia de los derechos humanos como derechos universales, y desde un punto de vista procesal, de la puesta en marcha de los mecanismos internacionales, universales y regionales, de protección de los de- rechos humanos (Català, 2015; Camarillo, 2016). En este contexto, se podría plantear el control de convencionalidad como una explicitación de esta contribución regional americana al impulso de un constitucionalismo global (Urueña, 2013; Acosta 2013) 2 .

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Análisis y valoración de los Proyectos de Ley de medidas fiscales del Gobierno de Navarra

Análisis y valoración de los Proyectos de Ley de medidas fiscales del Gobierno de Navarra

competitividad fiscal, especialmente con el País Vasco, y capacidad para atraer inversiones y empleo. Bien es cierto que se han anunciado por el gobierno futuros cambios fiscales en materia de tributación de las familias y rentas del trabajo en el IRPF y en materia de Sucesiones y donaciones. A la espera de ello, se debería reflexionar sobre la tributación general en Navarra respecto de otros territorios y la necesidad de recuperar la

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Los jueces de las querellas

Los jueces de las querellas

Habría que saber si los jueces de las querellas tenían potestad para intervenir en los señoríos de la frontera. En lo que toca al Adelantamiento de Cazorla, perte- neciente al Arzobispado de Toledo, se conserva una copia de las deliberaciones y acuerdos alcanzados por los representantes de las villas y lugares del mismo reuni- dos en Santo Tomé, el 28 de abril de 1428, a instancias de doña Mencia Carrillo, esposa del adelantado Rodrigo Perea (1425-1438), que se encontraba en la corte. Según parece, su marcha ha propiciado las incursiones morunas en tierras del Ade- lantamiento, cuyos vecinos no reciben reparaciones. Los citados representantes des- cartan organizar una entrada masiva en territorio granadino porque, amen de provocar una réplica inmediata de parte musulmana –que pondría en peligro la próxima cosecha–, sería yr contra la ordenança e pas de nuestro señor el Rey. Co- mo los daños recibidos son obra de almogávares moros de a pie y de a caballo, op- tan por responder de la misma manera. De este modo obtendrían remedio los damnificados y querellosos, avyendo e tomando primeramente mandamiento para lo asy faser segund uso e costunbre antigua del dicho Adelantamiento.

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Análisis de los Presupuestos del Gobierno de Navarra en los años 2016-2018. Cortoplacismo e ineficiencia en la gestión Análisis de los Presupuestos del Gobierno de Navarra. Ideas preliminares

Análisis de los Presupuestos del Gobierno de Navarra en los años 2016-2018. Cortoplacismo e ineficiencia en la gestión Análisis de los Presupuestos del Gobierno de Navarra. Ideas preliminares

mayor alcance de las medidas implementadas. Sin embargo, no es una condición suficiente para ello, en ocasiones ni siquiera necesaria. La clave reside en la eficiencia. A la administración pública hemos de pedirle que los recursos se empleen de un modo eficiente, obteniendo de ellos el mayor rendimiento posible en términos de los objetivos planteados. En el caso del último trienio, el Gobierno de Navarra ha obtenido resultados de las mayores dotaciones asignadas a departamentos como los de Educación, Sanidad o Servicios Sociales. Pero esos resultados no han sido todo lo satisfactorios que cabría esperar ante el incremento de gasto. Ha ocurrido por ejemplo en Sanidad, ámbito en el que se ha registrado un empeoramiento notable en la percepción que la ciudadanía tiene del sistema sanitario público en Navarra, haciendo que la Comunidad Foral perdiese el primer puesto que tenía en este ranking de las CCAA en 2015 para caer hasta el séptimo en 2017. También en Derechos Sociales, donde el diseño del programa de Renta Garantizada se ha volcado en la vertiente más asistencial, descuidando otros aspectos que incrementarían su eficiencia, como pudieran ser medidas que potenciaran la empleabilidad de las personas perceptoras de estas ayudas, y perdiendo de vista la eficiente cobertura de otros servicios sociales.

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Participación ciudadana en la justicia penal: ¿democratización o adorno inútil de los tribunales

Participación ciudadana en la justicia penal: ¿democratización o adorno inútil de los tribunales

A pesar de los intentos de capacitar a los jueces legos, no se puede negar que el magistrado profesional siempre ocupa un rol destacado. Sin embargo, la opinión de que los jueces legos son siempre dominados por los profesionales no es sostenible. Un tercio de los escabinos señala que han presentado durante la audiencia por lo menos una pregunta al acusado, la víctima o testigos. Los jueces técnicos relatan de preguntas de los jueces ciudadanos en 43 % de las audiencias. Durante las deliberaciones del tribunal, la mitad de los jueces legos participa activamente, mientras el resto apenas se pronuncia. Las decisiones no se toman siempre por unanimidad. Puede ocurrir una disparidad de opiniones entre el presidente del tribunal y los escabinos en cuanto a la culpa o la pena adecuada. Un estudio empírico —aunque poco actual— ilustra la dimensión de la divergencia de opiniones. Los desencuentros sobre la culpabilidad (11 % de los juicios) son menos frecuentes que sobre el monto de la pena (20 %). Parece que en la mayoría de casos de desacuerdo inicial, los jueces ciudadanos optan finalmente por la opinión de los jueces técnicos: 70 % desisten de su posición inicial y aceptan un compromiso. Los restantes insisten en la votación, y en 25 % de los juicios los disidentes vencen por mayoría de los votos al magistrado técnico. Regresando a mi experiencia personal como juez joven en la deliberación con 2 escabinos rebeldes, finalmente logré convencerles porque yo tenía —supongo— los mejores argumentos. Hablamos sobre el sentido de las penas y la intervención pedagógica en el caso concreto contra el imputado adolescente, y aprendí una primera lección sobre la comunicación abierta, sencilla, como colega con los jueces ciudadanos. Regresando a la situación general, las estadísticas indican claramente que la tesis de que el voto de los jueces profesionales sea dominante y que los jueces legos no tengan ninguna in

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