Jueces penales

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Las penas impuestas por los jueces penales de Huancavelica en los casos de negligencia médica en el 2016

Las penas impuestas por los jueces penales de Huancavelica en los casos de negligencia médica en el 2016

Asimismo, si tenemos en cuenta el estudio realizado por LA TESISTA Carol Gabriela Gavilanes Játiva, de la Universidad San Francisco de Quito, del año 2011, en su tesis titulada “RESPONSABILIDAD PENAL EN CASOS DE MALA PRÁCTICA MÉDICA”, nuevamente podemos advertir que conforme a los resultados obtenidos en la presente Tesis, arribamos a la hipótesis que en nuestro ordenamiento jurídico en los delitos de negligencia médica, teniendo en cuenta que en la actualidad la pena establecida es de no menor de uno ni mayor de cuatro, cuando anteriormente la sanción era no mayor de seis años de pena privativa de libertad, hecho que no permite que los jueces penales no impongan penas privativas de libertad con carácter de efectiva.

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Causas de índole jurídico y social, que provocan que los jueces penales se desvinculen de la acusación fiscal, en el distrito judicial de Cajamarca, durante los años 2014 y 2015.

Causas de índole jurídico y social, que provocan que los jueces penales se desvinculen de la acusación fiscal, en el distrito judicial de Cajamarca, durante los años 2014 y 2015.

La presente investigación tiene como pregunta central la siguiente: ¿Cuáles son las causas de índole jurídico-social, provocan que los jueces penales, se desvinculen de la acusación fiscal, en el Distrito Judicial de Cajamarca, durante los años 2014 y 2015?, en ese sentido el objetivo principal es determinar dicha causas jurídico-sociales. Según lo ya referido, la hipótesis central de nuestra investigación es la siguiente: Las causas de índole jurídico-social que provocan que los jueces penales se desvinculen de la acusación fiscal, en el Distrito Judicial de Cajamarca, durante los años 2014 y 2015 son: existencia de una errónea calificación jurídica de los hechos penales (tipicidad errónea), y, la presión mediática de la prensa y la sociedad. Siendo que dichas causas están referidas tanto a cuestiones de puro derecho como a condicionamientos externos. Es así que, para contrastar dicha hipótesis se han utilizado técnicas cualitativas de investigación documental (Rojas, 2011, p. 279), debido a que para conseguir contrastar la hipótesis se han investigado actas y sentencias de procesos penales, las técnicas utilizadas han sido: Revisión documental, el fichaje, observación de caso (Ferrer, 2015, p. 307); para aplicar dichas técnicas se han elaborado fichas, cuadros, grabaciones y listas.

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Responsabilidad civil de los jueces penales por el daño causado al dictar prisión preventiva, en el Distrito Judicial de Huánuco, 2016

Responsabilidad civil de los jueces penales por el daño causado al dictar prisión preventiva, en el Distrito Judicial de Huánuco, 2016

2016?, luego de haber concluido la investigación y, a la luz de los resultados obtenidos, se pudo determinar que, los factores económicos, sociales y familiares influyen en la responsabilidad civil de los jueces penales por el daño negligente causado al imputado, al dictar prisión preventiva en claro atentado contra su derecho fundamental a la libertad, así también, se pudo determinar que, existe responsabilidad civil de los jueces penales de investigación preparatoria, al dictar prisión preventiva en forma arbitraria en contra del imputado, también se pudo advertir que, los jueces penales de investigación preparatoria dictan prisión preventiva, a veces por buscar una mejor calidad de vida personal, por la provisionalidad en el cargo de magistrado, no por tener una remuneración insuficiente, tampoco esperando una dádiva por tener una remuneración insuficiente, además no tienen independencia ni imparcialidad al dictar prisión preventiva en contra del imputado, por no existir una correcta administración de justicia. Por otro lado, no es correcto la participación de la familia en la toma de decisiones del magistrado al dictar prisión preventiva en contra del imputado, sin embargo a veces existe presión de la familia de los jueces, en la toma de decisiones y, la parcialización del magistrado para dictar prisión preventiva en contra del imputado, a veces, se debe por temor a su propia familia; seguidamente, el daño causado al imputado y privarlo de su libertad, se debe a la negligencia, impericia y error inevitable del juez, por lo que, se le atribuye la responsabilidad directa al juez de investigación preparatoria.

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Análisis de la revocatoria de medidas de protección frente a la competencia de los jueces penales

Análisis de la revocatoria de medidas de protección frente a la competencia de los jueces penales

La Competencia jurisdiccional es el modo o manera como se ejerce la jurisdicción por circunstancia concretas ( materia, cuantía, grado, turno, territorio ); considerándose, entonces, tanto como facultad del juez para conocer en un asunto dado, como también el conflicto que puede existir por razón de competencia, como es el caso de conflicto o cuestiones que pueden darse al respecto; el nuevo sistema procesal penal, introduce un modelo de juicio oral, acusatorio adversarial, que exige el respeto irrestricto a las garantías procesales básicas; entre otras, la oralidad, publicidad, inmediación, concentración, contrariedad, etc. Esto da ocasión a que en el proceso las partes cuenten con iguales posibilidades de ser escuchadas por el juez para defenderse, radicándose de ésta manera la competencia en el juez que conoce la causa (otorga las medidas de protección a la víctima), y posterior a ello de conformidad a lo establecido Art. 521 del Código Orgánico Integral Penal se convoca a Audiencia de Sustitución, Revisión, Revocatoria o Suspensión de Medidas de Protección; por lo que es de carácter primordial la correcta aplicación de los preceptos legales de la competencia de los señores jueces penales, en los que se juega tanto la libre movilización de las personas.

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Implicaciones de la teoría de la argumentación jurídica para un debido proceso probatorio : Elementos argumentativos más comunes en los falsos juicios de convicción que influyen en la tarea valorativa de la prueba : Realizada por los Jueces Penales del Ci

Implicaciones de la teoría de la argumentación jurídica para un debido proceso probatorio : Elementos argumentativos más comunes en los falsos juicios de convicción que influyen en la tarea valorativa de la prueba : Realizada por los Jueces Penales del Circuito de Medellín con funciones de conocimiento en el sistema penal acusatorio, en sentencias proferidas durante el primer trimestre de 2008

Los Jueces cuando cumplen su función jurisdiccional deben valorar la prueba allegada al proceso, para lo cual siguen el sistema de valoración probatoria de la tarifa legal o el de libre apreciación de la prueba, de acuerdo a las prescripciones del ordenamiento jurídico. Así que en el momento de hacer la tarea de valoración, ésta no se agota allí, sino que debe argumentar jurídicamente las razones por las que todos y cada uno de los medios probatorios le llevaron el convencimiento de que los hechos ocurrieron conforme a cierta hipótesis, y es precisamente aquí donde ese Juzgador puede incurrir en los denominados falsos juicios de convicción o falacias (anterior concepto de falacia que posee un buen grado de aceptación, sin embargo será revisado más adelante), así que dada la existencia del control jurisdiccional en los recursos de apelación, revisión, queja, entre otros, el control académico efectuado por los estudiosos del derecho y los controles que cumple la sociedad, es preciso verificar que tales decisiones no incurran en falsos juicios de convicción o por lo menos diseñar un mecanismo para evitar que ello ocurra.

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La influencia del inadecuado razonamiento legal de los jueces en la calidad de las sentencias penales en Huánuco, 2013 – 2014

La influencia del inadecuado razonamiento legal de los jueces en la calidad de las sentencias penales en Huánuco, 2013 – 2014

Luego del análisis inferencial, los resultados establecen que existe una influencia directa entre el inadecuado razonamiento legal de los jueces y la calidad de las sentencias penales, pues se ha evidenciado una falta de preparación en temas de teoría de la argumentación jurídica, que se traslucen en una inadecuada motivación (motivación aparente, insuficiente, incongruente y falta de motivación), problema que también alcanza en la calidad de la producción de las sentencias, pues se evidenció que durante el año 2013 y 2014 las sentencias que fueron declaradas nulas se debieron es estos problemas en la motivación de las mismas, por no alcanzar los estándares internacionales. Consideramos que se debe proponer al Poder Judicial, Academia de la Magistratura y Consejo Nacional de la Magistratura a realizar un proyecto de preparación de los jueces penales de Huánuco, en temas sobre teoría la argumentación jurídica para mejorar sus capacidades tanto en calidad de sentencias y de producción de las mismas.

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Prisión preventiva por robo agravado y su debida aplicación de coerción procesal   2016

Prisión preventiva por robo agravado y su debida aplicación de coerción procesal 2016

Resultados: Las motivaciones que efectuaron los jueces penales al momento de dictar el mandato de prisión preventiva por el delito de robo agravado es de una controversia generalizada, debido a que la aplicación de las normas sobre robo agravado es de debate nacional debido a que se viene incrementando estos delitos, dado a que no se produce afectación al derecho de defensa de las partes si el órgano jurisdiccional se desvincula de la acusación y aplica adecuadamente la ley, ya que el principio acusatorio tiene que ceder al respeto cuando no hay pruebas que le conminen al hecho punible y que el control de la legalidad que le corresponde al Juez debe estar ante un ámbito propio de su función, alineado al derecho, y de haber errores en su tipificación debe primar o prevalecer el “iura novit curia”.

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El principio de inocencia en los procesos penales y la aplicación por parte de los Señores Jueces del Cantón Quevedo

El principio de inocencia en los procesos penales y la aplicación por parte de los Señores Jueces del Cantón Quevedo

9 La i mport anci a del est udi o de l a i nvesti gaci ón está en que l a mayorí a de l os señores Jueces, por pedi do de l os señor es fi scal es, recurren si e mpr e a l a medi da caut el ar de pri si ón preventi va aunque ést a es sól o excepci onal, l o que est a vul nerando de est a f or ma el derecho constit uci onal del pri nci pi o de i nocenci a, y a l a li bert ad, ya que l os ór ganos j udi ci al es ant es de s oli cit ar est a medi da debe t ener evi denci a fi el del nexo causal entre el delito y el pr ocesado para cohi birl e est e pri nci pi o f unda ment al en l a Constit uci ón. Los señores Jueces del Tri bunal Segundo de Gar antí as Penal es, confir mar on el est ado de i nocenci a del pr ocesado, a más del derecho a li bert ad se l e vul ner ó el derecho al trabaj o, a l a f a mili a, al buen vi vi r, a su r eput aci ón ant e l a soci edad entre otr os der echos, es decir, que se debe capacit ar de mej or f or ma a l os señores Jueces ad mi ni strador es de J usti ci a del cant ón Quevedo, y no se co met an est e ti po de err ores, donde se deci de el f ut ur o de una persona i nocent e y se l e pri ve del bi en ma s pr eci ado en l a vi da, que es la li bert ad.

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El código orgánico de la función judicial y el abandono de la acusación particular en los delitos de acción penal privada

El código orgánico de la función judicial y el abandono de la acusación particular en los delitos de acción penal privada

El Derecho Penal y el proceso penal muestran como ninguna otra área del derecho la situación político-social en el Estado, así como las ideas que predominan en el mismo. Por esta razón el procedimiento penal se considera como un indicador del nivel de evolución del Estado de Derecho, que en nuestro país, la Constitución lo menciona como un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. En el Ecuador la celeridad dentro de los procesos penales, siempre ha sido la meta que todos los legisladores y operadores de justicia han buscado; desde la institucionalización del sistema acusatorio penal en el territorio nacional ecuatoriano, se ha perseguido siempre una eficaz aplicación de las Garantías Constitucionales frente al crecimiento de las querellas presentadas en los Juzgados de Garantías Penales de todo el país por delitos de acción privada que se han cometido en este último tiempo.

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Criterios para la determinación del monto de la reparación civil en la aplicación del principio de oportunidad por las fiscalías provinciales penales corporativas de San Martín   Tarapoto, 2014 2016

Criterios para la determinación del monto de la reparación civil en la aplicación del principio de oportunidad por las fiscalías provinciales penales corporativas de San Martín Tarapoto, 2014 2016

donde justamente se ha centrado nuestro objeto de investigación, pues atendiendo a que una de las funciones primordiales de nuestro sistema procesal penal es la protección de la víctima y aseguramiento de la reparación de los derechos afectados por la comisión del delito, nos ha preocupado saber de qué manera los señores Fiscales de nuestro país, están fijando los montos de reparación civil al momento de aplicar el Principio de Oportunidad en los delitos que no sean el de Conducción en Estado de Ebriedad? Concretamente, nos preocupa conocer si existen criterios mínimos que se toman en cuenta para la fijación de dicho concepto? Por tal razón, consideramos necesario, conforme a nuestro planteamiento, efectuar una investigación al respecto, utilizando como referente a las Fiscalías Provinciales Penales Corporativas de San Martín – Tarapoto, ya que de no existir criterios mínimos que se hayan venido tomando en cuenta para la fijación del monto de la reparación civil en estos casos, estaríamos frente a un supuesto de justicia no igualitaria.

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Análisis jurídico científico, sobre la actuación de los jueces de garantías penales en los delitos de acción pública, según la Constitución

Análisis jurídico científico, sobre la actuación de los jueces de garantías penales en los delitos de acción pública, según la Constitución

Nuestro sistema procesal penal, garantiza a todo ciudadano el derecho constitucional de presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Los jueces al oír la versión del acusador particular se formarán en su interior la certeza que les permita confrontar la versión del acusado, las evidencias y pruebas materiales, testimoniales y documentales que sean presentadas para su valoración. La Constitución de la República señala, la prohibición del doble enjuiciamiento, busca evitar que las personas estén sujetas a investigaciones permanentes por un mismo acto, motivo o fundamento, así como el testigo tienen la obligación de comparecer a rendir su testimonio en la audiencia de juzgamiento, bajo prevenciones de hacerle comparecer a través de la fuerza pública, tiene derechos y uno de ellos es que no se le formule preguntas capciosas, impertinentes, entre otras, ante lo cual el fiscal debe objetar dichas preguntas; ser juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente, constituye un derecho del procesado, cada juez tiene su competencia, la misma que nace de la ley, en virtud de lo cual deba actuar con absoluta responsabilidad, las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas, para que facilite datos, explicaciones, razonamientos y conclusiones necesarios para puedan conocer el porqué de tales resoluciones, posibilitando de esta manera una adecuada defensa y por último, recurrir al fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida sobre sus derechos; la jueza o el juez, una vez más, sería una parte independiente del proceso, por otro lado, el principio de contradicción exige que ambas partes puedan tener los mismos derechos de ser escuchados y de practicar pruebas, con la finalidad de que ninguna de las partes se encuentre indefensa frente a la otra, requiriendo de una igualdad y debiendo recurrir a todos los derechos.

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“La prisión preventiva, como consecuencia del incumplimiento de las medidas cautelares personales alternativas, en la Unidad Judicial penal del cantón Riobamba durante el periodo 10 de agosto del 2014, al 10 de agosto del 2015”

“La prisión preventiva, como consecuencia del incumplimiento de las medidas cautelares personales alternativas, en la Unidad Judicial penal del cantón Riobamba durante el periodo 10 de agosto del 2014, al 10 de agosto del 2015”

sentencia, debido a que si es un delito masivo Fiscalía se demorara en tomar versiones e investigar para armar su teoría del caso; el lugar donde se cometió el delito es otro factor muy importante al momento de la Investigación que Fiscalía realiza, por la falta de personal administrativo y ejecutor que existe en varios cantones del país, además que un solo Juez en varios cantones resuelve sobre todas las materias; quien es la víctima este es uno de los principales factores que intervienen dentro de un proceso penal, ya que sin desmerecer a las personas porque todos (as) somos iguales ante la Constitución de la República del Ecuador 81 pero no es lo mismo para Fiscales y Jueces llevar un proceso penal como el de la muerte de la artista “Sharon” que el de una indígena de clase social baja de la parroquia Palmira; menciono este caso por ser el más reciente, donde pudimos observar como Fiscalía ordenó la práctica de diligencias y una tan simple como el reconocimiento del lugar de los hechos acompañada de más de cuarenta miembros policiales expertos en la materia, mientras si hubiese sido cualquier otra persona no conocida a nivel local o nacional lo habría realizado tan solo un miembro policial como comúnmente lo hacen. “como autora de la presente tesis aprovecho para rechazar este tipo de accionar por parte de la justicia ya que se debe dar el mismo nivel de importancia a cada uno de los procesos; que varíen otras circunstancias pero no la forma de ver a las personas para según eso buscar una verdadera justicia para aquellas”. El procesado(a) es otra circunstancia para analizar ya que para aplicar una medida cautelar o la misma prisión preventiva el juzgador debe analizar en qué estado físico se encuentra; ilógicamente puede ordenar que una mujer embarazada cumpla prisión preventiva en un Centro de Detención, a quien la ley ordena que si debe aplicarse una medida drástica como la prisión preventiva esta deba ser sustituida por el arresto domiciliario o el uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

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Competencia del juez o tribunal de garantías penales y la ejecución de la sentencia penal

Competencia del juez o tribunal de garantías penales y la ejecución de la sentencia penal

De esta manera es cómo surge la problemática en la figura jurídica de la suspensión condicional de la pena puesto que las Juezas y Jueces de Juzgados y Tribunales Garantías Penales al aplicar este medio de solución pacífica de conflictos conocidos como "masc" (mecanismo alternativo de solución de conflictos) procedimiento alternativo a la solución de conflictos, no reparan integralmente a las personas que han sufrido el daño producto de un hecho ilícito de acuerdo a sus aspiraciones; por lo que, los derechos de las llamadas víctimas han sido constantemente vulnerados. Sin embargo, en muchas ocasiones al aplicar la suspensión condicional de la pena cuando se trata de delitos de acción pública, las pretensiones de las víctimas no son satisfechas en la forma que ellas o ellos aspiran, no siempre la reparación integral está garantizada ya que la mayor parte de procesos de esta naturaleza sólo convienen entre el fiscal y el procesado a veces dejando de lado la participación o actuación de la víctima.

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Estudio comparativo del delito de asesinato entre el código penal y el código orgánico integral penal en la legislación Ecuatoriana

Estudio comparativo del delito de asesinato entre el código penal y el código orgánico integral penal en la legislación Ecuatoriana

10.- Perpetrar el acto en contra de una o un dignatario o candidato a elección popular, elementos de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, fiscales, jueces o miembros de la Función Judicial por asuntos relacionados con sus funciones o testigo protegido.- Esta circunstancia hace alusión a la muerte de una persona que presta sus servicios, en el sector judicial, policial, militar, o son testigos claves en un proceso, autoridad pública o candidato político, por ejemplo si se mata al Fiscal de la Nación o a un candidato de elección popular se comete el delito de asesinato. Las circunstancias detalladas en el Código Orgánico Integral Penal, a decir de Guzmán Lara (1977), son “agravaciones que impiden la rebaja de la pena” (Guzmán Lara, 1977, pág. 61) porque delatan la peligrosidad de la conducta del sujeto activo del delito.

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La exclusión probatoria en los juicios de acción pública y el cumplimiento del debido proceso

La exclusión probatoria en los juicios de acción pública y el cumplimiento del debido proceso

El análisis estadístico realizado sobre la exclusión de la prueba en materia penal, la encuesta y la observación, dejan evidentemente que no existe un conocimiento amplio sobre este tema, a pesar que se encuentra plasmado en nuestra Constitución y nuestro sistema penal ha ido evolucionando favorablemente. La prueba en materia penal constituye una garantía, es por esto que la misma debe respetar las normas procesales, constitucionales, así como los instrumentos internacionales y los derechos humanos de los sujetos procesales que intervienen en el proceso penal, en especial del acusado, ya que el más alto deber de la sociedad es la tutela de los derechos e intereses del individuo y de los derechos humanos, los que deben estar protegidos por el Estado; al producirse esto, el efecto inmediato es que la prueba tenga todo el valor legal que el caso requiere por ser lícita y pertinente, lo que conduce a que los tribunales de garantías penales dicten sentencias más justas y apegadas a la realidad procesal por haberse cumplido y respetado en el proceso las garantías del debido proceso.

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La aplicación del acuerdo plenario N° 12009/cj-116 (rondas campesinas y derecho  penal) por las salas penales de Cajamarca: 2010 – 2014

La aplicación del acuerdo plenario N° 12009/cj-116 (rondas campesinas y derecho penal) por las salas penales de Cajamarca: 2010 – 2014

Las principales conclusiones son que el Acuerdo Plenario ha tenido una influencia determinante en las salas penales de Cajamarca y Chota para absolver - en la gran mayoría de casos analizados- a los integrantes de las rondas campesinas, y, asimismo, en la mayoría de las sentencias analizadas dichos órganos jurisdiccionales han aplicado de manera inadecuada los criterios de control externo constitucional y penal previstos en el Acuerdo Plenario, durante el período analizado. La recomendación central destaca la necesidad de adoptar un nuevo Acuerdo Plenario complementario del Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, en el que se describa con mayor precisión el procedimiento de control externo constitucional y penal para que los jueces puedan identificar en el caso concreto la existencia del fuero especial comunal ronderil (presupuestos que legitiman la intervención jurisdiccional y punitiva de las rondas campesinas), la determinación de los presupuestos que habilitan la intervención penal de la justicia ordinaria, la calificación de la tipología básica de actos de exceso ronderil, y los criterios de dogmática penal (atipicidad subjetiva, causas de justificación, factores de inculpabilidad y pena sustitutivas del encarcelamiento). Asimismo, se recomienda una mayor difusión y capacitación a los jueces en los contenidos y alcances (constitucionales y penales) del indicado Acuerdo Plenario, para lograr una mejor aplicación del mismo en los casos penales en que sean procesados los ronderos por cometer delitos derivados del ejercicio de su función jurisdiccional.

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Juicio en ausencia del procesado en los delitos imprescriptibles frente a las Garantías Constitucionales

Juicio en ausencia del procesado en los delitos imprescriptibles frente a las Garantías Constitucionales

Otra de las conclusiones generales más interesantes es la constatación de que las prácticas y rutinas institucionales, varían de un lugar a otro a pesar de estar sujetos a una idéntica normativa, lo que se refleja en la existencia de opiniones muy disímiles entre los propios Defensores. La normativa sobre la materia en estudio, en general, resulta de este modo condicionada por las prácticas que se verifican. Por ello, se requiere avanzar hacia la consolidación y transmisión de las mejores prácticas, buscando los mejores estándares institucionales de actuación. (García Odgers, 2008, pág. 24). En la Revista de Ciencias Jurídicas de Costa Rica, el Dr. Gary Amador Badilla, Juez Penal, en el año 2009, publica un artículo denominado: “EL PAPEL DEL ABOGADO EN EL DESARROLLO DE LAS AUDIENCIAS PENALES” (Amador Badilla, 2009), para concluir el autor manifiesta:

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“El derecho de las víctimas a la reparación integral en el sistema penal Ecuatoriano”

“El derecho de las víctimas a la reparación integral en el sistema penal Ecuatoriano”

La reparación integral es un concepto relativamente nuevo en el mundo del Derecho, en nuestro país, la Constitución de la República reconoce el derecho a la reparación integral como parte de un nuevo modelo de justicia constitucional, garantista; y especialmente reconoce el derecho de las víctimas de infracciones penales a que sean reparados integralmente los daños que se le han causado por el cometimiento del ilícito, como un aporte de la Justicia Penal Restaurativa. (Campoverde Sanchez , 2015, pág. 59). Jesús Manuel Portillo Cabrera, en el año 2015, en la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador, en su Programa de Maestría Internacional en Derecho, previa a la Obtención del título de Magister Mención en Derecho Constitucional, presenta su trabajo investigativo titulado: “LA REPARACIÓN INTEGRAL EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SU

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La cadena de custodia en el proceso penal ecuatoriano en relación a los principios constitucionales y legales de la prueba

La cadena de custodia en el proceso penal ecuatoriano en relación a los principios constitucionales y legales de la prueba

“ Finalidad mediata. Mientras no se instaura el proceso y no intervienen los organismos estatales “el derecho de castigar” consti tuye tan solo una potencial amenaza, casi siempre muy alejada de convertirse en realidad; es por ello que el proceso penal tiene por finalidad buscar la “justa actuación de la ley penal”, pero, necesariamente, sobre la base de un orden sistemático en el que se van dando diversos actos a través de los cuales la ciudadanía recupera la seguridad indispensable para poder vivir en comunidad. Si los delitos quedan en una oscuridad que ampara a los delincuentes que luego pasean su impunidad en medio de las personas honorables, la amenaza de la pena queda exclusivamente en ese plano y aquel no llega a materializarse porque no se aplican las penas al caso concreto. La aplicación de la ley sustantiva penal que brinda seguridad a los ciudadanos es, entonces, tambié n finalidad mediata del proceso penal en todos los casos penales” 6 .

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Insufienciente motivación de las sentencias que emiten jueces de garantías penales del Azuay

Insufienciente motivación de las sentencias que emiten jueces de garantías penales del Azuay

La motivación de las sentencias penales constituye uno de los elementos fundamentales del Estado de Derecho Constitucional, que garantiza que los jueces realicen una correcta aplicación de la ley y se conviertan en infalibles defensores de la garantía de la tutela judicial efectiva, cuanto así motivar las circunstancias que enervaron o robustecieron el estado de inocencia del sujeto activo del juzgamiento. No basta únicamente la ley para fundamentar una sentencia, sino que también debe apoyarse de la doctrina, la jurisprudencia, la costumbre, legislación internacional, expositores del derecho y consideraciones del buen sentido; que permitan justificar como el juzgador ha llegado a estipular la decisión y que ésta no es producto de simples subjetivismos jurídicos. En mi experiencia como abogado de libre ejercicio profesional puedo decir que algunas de las sentencias con el actual COIP, son deficientes en su motivación, sin contenido constitucional en relación a la norma penal y a la lógica jurídica, que serán analizados en el presente trabajo con resoluciones actuales.

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