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El juez constitucional: un actor regulador de las políticas públicas. El caso de la descentralización en Colombia

El juez constitucional: un actor regulador de las políticas públicas. El caso de la descentralización en Colombia

que es un imperativo político y jurídico y no solo un referente normativo. En consecuencia, el derecho constitucional es el derecho de la democracia, y la Constitución es la ley de la cual dependen todas las otras leyes, como Hans Kelsen lo afirmó en su teoría pura del derecho. El derecho constitucional toma así la plaza de un derecho global, capaz de portar sobre sí toda la estructura jurídica del Estado. Y el juez constitucional, en consecuencia, juega el rol de regulador del sistema jurídico-político, o de feedback, si se interpreta a la so- ciedad y al Estado desde una visión y metodología sistémica.
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Análisis de la función supletoria del juez constitucional de tutela respecto del desarrollo de la Política Pública de Derechos Humanos en Colombia

Análisis de la función supletoria del juez constitucional de tutela respecto del desarrollo de la Política Pública de Derechos Humanos en Colombia

El Profesor Mark Kessler en su texto titulado: Legal Mobilization for Social Reform: Power and the Politics of Agenda Setting, utiliza el concepto de Movilización Legal (Legal Mobilization) para referirse a las reformas sociales generadas por las actuaciones judiciales de la Suprema Corte y de las cortes estadounidenses locales, situación que tiene lugar en el momento en el que los jueces se alejan de las peticiones formales que presentan los litigantes para transformar una circunstancia que se considera como no deseable, reflejando así los intereses de la comunidad y llegando más allá de la resolución de un conflicto entre dos partes para promover un cambio social. De forma similar se pone de presente el fenómeno originado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-025 de 2004, pues más allá de tomar en cuenta la petición de cada accionante, se ocupa de todos aquellos que rodeados de las mismas circunstancias o circunstancias similares no hayan interpuesto acción de tutela, forzando así a las instituciones gubernamentales a incluir en su agenda el problema de la población desplazada por la violencia. Así, desdibujando en cierta medida la figura esencial de la tutela en la medida en que es una figura jurídica en la que normalmente se pone de presente un conflicto entre dos partes: aquella parte causante de la violación de un derecho fundamental (autoridad estatal o particular) y la parte victima de dicha violación; el juez constitucional procura un cambio social y se vale de la acción de tutela para movilizar el aparato institucional gubernamental.
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El juez constitucional colombiano y su actuación en el estado social de derecho, breves comentarios sobre el activismo judicial

El juez constitucional colombiano y su actuación en el estado social de derecho, breves comentarios sobre el activismo judicial

Curiosamente, como muestra de lo anterior se encuentra que la Corte Constitucional ha tendido a dictar las que han sido denominadas macrosentencias como respuesta jurídica a una realidad social en la que se está vulnerando derechos fundamentales a un grupo numeroso de personas, entre estas macrosentencias podríamos citar a manera de ejemplo la sentencia T-025 de 2004, que se ocupa de la situación de los cerca de 3 millones de desplazados en Colombia, en la que la corte luego de detectar la existencia de un “estado de cosas inconstitucionales” debido en su concepto a “la falta de concordancia entre la gravedad de la afectación de los derechos reconocidos constitucionalmente y desarrollados por la ley, de un lado, y el volumen de recursos efectivamente destinado a asegurar el goce efectivo de tales derechos y la capacidad institucional para implementar los correspondientes mandatos constitucionales y legales” (Sentencia T- 025, 2004) ordenó reorganizar la politiza publica de atención a población en condición de desplazamiento fijando actuaciones en plazos perentorios a instituciones como el Consejo Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, el ministerio del el interior y justicia, el Ministro de Hacienda y Crédito Público y al Director del Departamento Nacional de Planeación.
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El control del juez constitucional

El control del juez constitucional

constitucionalmente, al igual que el Contralor General de la República. Respecto de éste, la Ley N° 10.336 le otorga las mismas prerrogativas e inamovilidad que las leyes señalan para los miembros de los Tribunales Superiores de Justicia. Y se establece que el Presidente de la República puede remover al Contralor General, previa resolución judicial tramitada en la forma establecida para los juicios de amovilidad que se siguen contra los ministros de los Tribunales Superiores de Justicia y por las causales señaladas para los ministros de la Corte Suprema, artículo 4. En relación con el Ministerio Público, conforme al artículo 89 de la constitución, el Fiscal Nacional y los fiscales regionales podrán ser removidos por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República, de la Cámara de Diputados, o de diez de sus miembros, por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. Los consejeros del Banco Central, por su parte, también se encuentran sometidos a controles. El artículo17 de la Ley Orgánica Constitucional de Banco Central establece que el Presidente de la República, por causa justificada y previo consentimiento del Senado, podrá remover a alguno o la totalidad de los miembros del Consejo. La remoción sólo podrá fundarse en la circunstancia de que el consejero afectado hubiere votado favorablemente acuerdos del Banco que impliquen un grave y manifiesto incumplimiento del objeto de la institución y siempre que dicho acuerdo haya sido la causa principal y directa de un daño significativo a la economía del país. Finalmente, conforme al artículo 66 la Ley N° 18.556 sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio electoral, los consejeros del Servicio Electoral cesan en sus cargos por incapacidad síquica o física para el desempeño del cargo, inhabilidad sobreviniente, y mal comportamiento o negligencia manifiesta en el cumplimiento de las obligaciones como consejero, e infracción grave a la constitución o las leyes. Estas causales serán declaradas por la Corte Suprema, a requerimiento del Presidente de la República o de un tercio de los miembros en ejercicio de la Cámara de Diputados.
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Del juez constitucional positivo y negativo en Colombia: el debate sobre la eutanasia

Del juez constitucional positivo y negativo en Colombia: el debate sobre la eutanasia

Siendo este el modelo teórico e institucional conforme al cual se considera a la corte Constitucional como un legislador negativo, y por tal razón, se afirma, que para sustituir una o más normas sin los vicios que declaran la inconstitucionalidad, se debe hacer participe al Parlamento en función de legislador positivo. En Colombia, el artículo 243 de la Constitución Política establece que: “[l]os fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. De esta manera, nadie podrá transcribir lo contenido en el acto jurídico declarado inexequible por motivos de fondo, mientras que existan en la Constitución las disposiciones que permitieron realizar la comparación entre la norma demandada y la carta política.
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La supremacía del juez constitucional en el estado social de derecho colombiano

La supremacía del juez constitucional en el estado social de derecho colombiano

El papel del Juez en el Estado Social de Derecho dejó de ser la mera aplicación de la Ley y pasó a tener un papel creador. Al convertirse el Derecho en herramienta de regulación dentro de la sociedad, el juez debía mantenerse al nivel del Derecho. La función tradicional del juez de “interpretar la norma” pasa a segundo plano una vez se le otorga la facultad de conservar principios fundamentales del Estado Social de Derecho, convirtiéndose así en el guardián del ordenamiento jurídico y los derechos que generan su coherencia (López, 2002). Pero es el poder que tiene el precedente jurisprudencial el que genera la fuerza del juez en el Estado Social de Derecho. En los sistemas de Common Law, la jurisprudencia es una fuente formal del derecho y aun cuando en Colombia se tiene como criterio auxiliar de interpretación, el juez ya no funge simplemente como intérprete de la Ley, pues sus fallos deben estar en concordancia con todo el ordenamiento jurídico y así genera modificaciones en las realidades sociales por fuera del ámbito del derecho (Nieves, 2013).
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La legitimidad del juez constitucional

La legitimidad del juez constitucional

como para llevar a cabo la función de revisión judicial. Pero la consecuencia de tal actitud consistiría, entonces, en que habríamos dado un nuevo paso que nos aleja- ría, a[r]

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La improcedencia y el sobreseimiento contravienen la Constitución y la Convención Americana sobre derechos humanos: una dimensión de la justicia constitucional mexicana en el amparo indirecto en materia administrativa municipal.

La improcedencia y el sobreseimiento contravienen la Constitución y la Convención Americana sobre derechos humanos: una dimensión de la justicia constitucional mexicana en el amparo indirecto en materia administrativa municipal.

En las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos que no tienen Tribunal de lo Contencioso Administrativo se acude en lo general directamente al Juzgado de Distrito para el Amparo Indirecto contra los abusos de autoridad estatal o para el caso, municipal; sin embargo, sería de gran beneficio para la población contar con este tribunal, toda vez que podría dar mejores resultados que acudir a la justicia federal constitucional; dicho esto por experiencia propia y ajena; y aún me atrevo a decir hipotéticamente que este tribunal al tener las personas con estudios de la materia a analizar, además de la Ética Jurídica, podría obtenerse la resolución de manera pronta, completa e imparcial como lo ordena el artículo 17 constitucional, ya que al acudir a la justicia constitucional federal resulta ineficaz, tardado, caro y hasta doloroso ya que finalmente sale ganando la autoridad responsable aunque exista la certidumbre de que se va a ganar el amparo por los actos violatorios a la Constitución por parte de la autoridad responsable, 111 porque aunque se acuda a la revisión ante el Tribunal Colegiado, para el caso, en Materias Administrativa y Civil en el Octavo Circuito en la ciudad capital de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, la autoridad responsable no cumple la ejecutoria y aunque se interponga queja ante el juez, éste no se dirige como lo ordena la Ley de Amparo a la autoridad superior de la autoridad responsable para poner en conocimiento del acto violatorio a la Constitución que el funcionario municipal (o estatal) juró respetar y hacerla respetar, y si no se respeta la Constitución mucho menos las leyes, y en general nada será suficiente ni convincente para que el Juez Constitucional del Amparo Indirecto ampare al quejoso, convirtiéndose el Juez Constitucional, en violador de la propia Constitución.
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				La construcción del concepto del derecho alimentario en Colombia: Una mirada a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia.

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protección o de negación del derecho alimen- tario, en sus diversos aspectos o posiciones, a las formas de argumentación y a las categorías jurídicas utilizadas por los jueces constituciona- les para legitimar las tomas de posición acerca de aquello que en momento dado puede ser jurídicamente exigido o no por un ciudadano, en un Estado social y constitucional de derecho. Si nos limitamos al enfoque de protección del derecho alimentario, podemos comprobar que para el juez constitucional han existido, bási- camente, las siguientes alternativas: cuando un ciudadano reclama la protección del derecho, este se puede entender como (i) un derecho, o una posición específica, incluido dentro del derecho a la vida; (ii) como un componente del objeto del derecho al mínimo vital; (iii) como uno de los fundamentos del derecho al salario mínimo vital y móvil; (iv) como un componente del derecho fundamental de la dignidad de la persona; (iv) como un derecho fundamental en sentido propio, en el caso de la alimentación adecuada de los menores y ancianos; (v) como parte del derecho a la salud; (vi) como un dere- cho fundamental en sentido no propio, por co- nexidad con otros derechos fundamentales en un sentido propio, o que ya han sido aceptados como tales; (vi) como derecho propio a recibir ayuda humanitaria, en situaciones específicas, como en el caso de los desplazados; (vii) como protección ante el trato cruel, es decir, ante el sufrimiento del hambre, del cual tiene el derecho de estar libre.
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Vista de El poder creador del juez en la combinación o mezcla de los procedimientos constitucionales

Vista de El poder creador del juez en la combinación o mezcla de los procedimientos constitucionales

legislativa en cuestión era razonable. En el caso estudiado, la calidad de vida fue el factor socio-econó- mico analizado para determinar los efectos concretos del aumento legal de la edad de la mujer para recibir los derechos pensionales. En materia de derecho laboral, la Corte Constitucional determinó que la aplicación de la norma cuestionada podía causar daños a las situaciones concretas de los trabajadores. En este sentido, la sentencia C-160 de 1999 estudió el régimen de conciliación en el marco de procesos administrativos ante el Ministerio de trabajo. En dicho caso, el juez constitucional detectó la aplicación defectuosa de la norma cuestionada, a pesar de su conformidad con la Constitución. El Ministerio de trabajo no tenía infraestructura necesaria para solucionar los conflictos de forma eficaz y oportuna, por ello la Corte Constitucional Colombiana declaró que la exigencia legal de la conciliación resultó ser un obstáculo para acceder a la justicia. La sentencia C-371 de 2000 evaluó el nivel de estudios de las mujeres para proteger la participación democrática en los niveles de decisión del Estado. La sentencia C-1489 de 2000 reconoció el control de la aplicación de las leyes en razón de la importancia de la materia debatida. El derecho a la protección de la salud fue el tema analizado y el actor estimó que la concretización de la ley cuestionada facilitaba que las empresas que gestionan la salud no cumplieran las finalidades legales previstas. La Corte Constitucional admitió la demanda de constitucionalidad reconociendo un examen del acto normativo y un análisis de los efectos concretos de la ley demandada. Dichos efectos se relacionan con la aplicación legal asegurada por las empresas de salud.
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Mecanismos de protección de los Derechos de la Naturaleza con especial énfasis en Ecuador.

Mecanismos de protección de los Derechos de la Naturaleza con especial énfasis en Ecuador.

La circunstancia particular de que para proponer una acción de protección no se requiere el patrocinio de una abogada o abogado, le impone al Juez Constitucional, en su con[r]

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La Corte Constitucional y el control de la reforma a la Constitución de 1991

La Corte Constitucional y el control de la reforma a la Constitución de 1991

Sobre los límites, dice la Corte: Para saber si el poder de reforma [constitucional], incluido el caso del referendo, incurrió en un vicio de competencia, el juez constitucional debe ana[r]

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La exigencia del deber de solidaridad en los contratos de mutuo, donde intervienen personas en circunstancia de debilidad manifiesta Análisis en la jurisprudencia de corte constitucional colombiana (2003 2013)

La exigencia del deber de solidaridad en los contratos de mutuo, donde intervienen personas en circunstancia de debilidad manifiesta Análisis en la jurisprudencia de corte constitucional colombiana (2003 2013)

Le corresponde al juez constitucional realizar el juicio sobre la imprevisibilidad teniendo en cuenta las especificidades del caso y no sólo bajo la comprobación objetiva de la existencia del hecho. En el caso particular, se tiene que los hechos que el accionante alega como causantes de la imposibilidad de pago de la obligación financiera empezaron a ocurrir en el año 1999, es decir, tres años antes de que se solicitara el crédito. Según lo manifestado por el propio accionante, éste fue víctima de amenazas y extorsiones de forma mensual y constante desde 1999 hasta el año 2010. Lo anterior implica necesariamente que el señor Cáceres Melgarejo adquirió el crédito ya bajo su condición de víctima del conflicto y durante el tiempo que se encontraba obligado a cancelar “vacunas” mensuales para poder entrar y salir de la región. A pesar de la situación que ya atravesaba, el accionante manifiesta en el escrito de la acción de tutela que “en esas condiciones seguí trabajando y teniendo en cuenta que mis ingresos eran suficientes, adquirí mediante hipoteca con la entidad Banco Davivienda, en esta ciudad [Bucaramanga], un préstamo de vivienda en enero 23 de 2002 por $ 54.830.000”.
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Vista de Jueces constitucionales (garantía de la Constitución y responsabilidad)

Vista de Jueces constitucionales (garantía de la Constitución y responsabilidad)

Esta defensa de la Constitución no es sino el argumento definitivo que nos permite afirmar que el juez de hoy es –o debe ser– un juez responsable. Pero, antes de analizar en qué sentido puede hablarse de la responsa- bilidad del juez constitucional, conviene recordar que la existencia de una estructura de garantía y control de constitucionalidad es una consecuencia directa y lógica del concepto de Constitución del constitucionalismo y de los rasgos que se le atribuyen. Si la Constitución es la norma suprema del sistema, es necesario poner en marcha mecanismos encaminados a garan- tizar y asegurar esa supremacía. Una Constitución de la que prediquemos supremacía y superioridad sobre el resto de normas del sistema, pero a la que no acompañemos acto seguido de mecanismos de protección, pierde en la práctica su supremacía. Desde este punto de vista, no parece una casualidad que uno de los principales teóricos de la supremacía de la Cons- titución y de la estructura jerarquizada del sistema en el siglo XX, Hans Kelsen, sea al mismo tiempo uno de los mayores responsables de la teoría de la protección jurisdiccional de la Constitución. 18
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Análisis de la sentencia n.º 001-10-SIN-CC. Casos n.º 0008-09-IN y 0011-09-IN sobre acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería y efectos posteriores

Análisis de la sentencia n.º 001-10-SIN-CC. Casos n.º 0008-09-IN y 0011-09-IN sobre acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Minería y efectos posteriores

La relevancia del criterio del Juez Constitucional ecuatoriano dentro de la presente acción de inconstitucionalidad podríamos manifestar que se resume en el desarrollo de tres temas para el análisis: 1. El carácter sustancial y no formal de la consulta pre legislativa. 2. La consulta previa y sus diferencias de la consulta pre legislativa, y 3. Los requisitos mínimos y el procedimiento que debe seguir la consulta pre legislativa. El desarrollo de este trabajo se dará justamente analizando el criterio del juez cons- titucional en cada uno de estos tres temas para, finalmente y a manera de conclusiones, realizar algunas observaciones entre las cuales habrá que destacar los efectos que se produjeron en el ordenamiento jurídico ecuatoriano luego de la expedición de dicha sentencia de la Corte Constitucional para el Período de Transición.
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Material Auto Instructivo. Curso "Argumentación Jurídica" - I Nivel de la Magistratura

Material Auto Instructivo. Curso "Argumentación Jurídica" - I Nivel de la Magistratura

Don Víctor Taype Zúñiga (STC N.° 03360-2011-PA/TC), dirigente sindical, fue despedido por cuatro veces. La última vez fue despedido cuando el proceso laboral (impugnación del segundo despido) se encontraba en ejecución de sentencia. Contra este último despido inició un nuevo proceso laboral, en el cual han transcurrido 13 años, por lo que dado tal demora, solicita, vía amparo, la suspensión de este proceso laboral de nulidad de despido y que el juez constitucional ordene su reposición. Una respuesta a este caso sería el rechazo liminar de la demanda, en aplicación de lo que dice el C. P. Const. y que además “nadie puede avocarse a causa pendiente”, “ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad política administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso”.
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La responsabilidad del estado por los daños derivados de la contaminación del agua superficial continental en Colombia

La responsabilidad del estado por los daños derivados de la contaminación del agua superficial continental en Colombia

Aunado con lo anterior y de conformidad con las Sentencias T-974 de 2009 ha establecido en cabeza del Juez Constitucional la labor de establecer las competencias de cada entidad que tenga el deber de administración, protección y conservación del medio ambiente, y en ese sentido establecer la responsabilidad de cada uno en la degradación del agua, en ese sentido ha manifestado: “(…) En el presente caso, por ejemplo, la Sala constata que si bien ha habido una actividad contractual y administrativa creciente para enfrentar los riesgos derivados del hecho de que existan construcciones en zonas inundables, adyacentes al río La Vieja, lo cierto es que el principal instrumento administrativo (El Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos –PSMV-) y en particular la construcción del interceptor que reclaman los accionantes, y que se encuentra previsto en el respectivo POT, ha quedado atrapado en un burocrático y agrio ir y venir entre el municipio de Cartago y la C.V.C. (El propio alcalde de Cartago reconoce en su informe que esta obra es esencial para solucionar el problema). El juez constitucional puede y debe, en aras de la protección de derechos fundamentales de los actores, tomar medidas para romper ese marasmo institucional”. (subrayado fuera de texto original). Así mismo, mediante la Sentencia T-801 de 2014 el Juez Constitucional en dicho pronunciamiento determino el grado de responsabilidad de las entidades para la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado de la accionante en el siguiente sentido: “(…) En primer lugar, se ordenará a la Alcaldía de Cúcuta que culmine, si aún no lo ha efectuado, los estudios técnicos y pruebas necesarias para identificar la causa real del problema en el sistema de vertimiento de aguas residuales que denuncia la accionante. Una vez identificada la falla, tome las medidas paliativas a las que haya lugar y formule la solución pertinente que permita garantizar un sistema de alcantarillado que: (i) cumpla con todas las normas técnicas y/o contractuales relativas al tipo de solución de saneamiento básico instalado en el bien inmueble; (ii) garantice la seguridad personal e higiene del conjunto de instalaciones que componen el sistema; (iii) permita la intimidad del sujeto titular del saneamiento básico; y (iv) guarde una especial consideración con los sujetos de especial protección constitucional presentes, por ejemplo, adultos mayores y niños.
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Abuso de la posición dominante de las entidades financieras como presupuesto transgresor de los derechos fundamentales del usuario bancario

Abuso de la posición dominante de las entidades financieras como presupuesto transgresor de los derechos fundamentales del usuario bancario

La actividad financiera y aseguradora supone una situación particular frente a la procedencia de la acción de tutela, toda vez que las entidades financieras no solo son prestadoras de un servicio público sino que además ejercen posición dominante respecto de los usuarios, quienes a su vez, se encuentran en estado de indefensión. Bajo tal perspectiva, admite entonces la Corporación la intervención del juez constitucional en las relaciones privadas que afecten derechos fundamentales, y es su deber intervenir obligatoriamente siempre que las decisiones adoptadas por una de las partes que ostente una posición de supremacía jurídica, económica o comercial constituya una grave amenaza o violación de los derechos fundamentales.(Corte Constitucional, 2015).
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La figura del juez de control como garante de los derechos fundamentales tras la reforma penal constitucional 2008

La figura del juez de control como garante de los derechos fundamentales tras la reforma penal constitucional 2008

De la interpretación causal teleológica de lo dispuesto en el décimo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, no se advierte que haya sido intención del Poder Constituyente, evitar que la autoridad ejecutora de una orden de cateo designe con el carácter de testigos al personal de Policía Judicial que lo auxilia en la diligencia respectiva, pues el hecho que la validez formal del cateo se condicione a la existencia de un acta circunstanciada firmada por dos testigos, no implica que corresponda a éstos verificar que la diligencia se practique conforme a derecho, sino únicamente constatar que los hechos asentados en el acta relativa corresponden a la realidad, pues incluso, si se toma en cuenta que en atención al principio constitucional de adecuada defensa, el juzgador está obligado a recibir y desahogar las pruebas que ofrezca el inculpado, siempre que no sean contrarias a la ley, es evidente que aunque en términos de lo dispuesto en el artículo 284 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cateo hace prueba plena cuando se desahoga con las formalidades legales respectivas, ello no impide que los hechos que del mismo derivan puedan controvertirse a través de un diverso medio de prueba, como lo pueden ser, los careos o la testimonial de quienes intervinieron en la respectiva diligencia. Por tanto, la sola circunstancia de que los agentes policiales designados como testigos por la autoridad ejecutora de una orden de cateo, ante la ausencia o negativa del ocupante del lugar cateado, hayan participado en la ejecución
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				El precedente del Consejo de Estado en las fuentes del derecho administrativo

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En suma, el corpus de este artículo se compone de tres grandes capítulos temáticos y un acápite final de conclusiones. En el primer capítulo se realiza una presentación conceptual e histórica del sistema de fuentes del derecho, así como las dificultades asociadas al tratamiento indistinto que se ha dado al precedente judicial y a la jurispru- dencia en Colombia. En el segundo capítulo se lleva a cabo una revisión panorámica a la evolución sobre la noción del precedente judicial frente a las decisiones de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia. El tercer capítulo se ocupa de presentar la revisión al precedente judicial en las decisiones del Consejo de Estado y su función como fuente principal para el juez contencioso administrativo. Este ejercicio se lleva a cabo en dos momentos: uno previo a la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo (Cpaca) y uno posterior a esta. Por último, en el cuarto capítulo se presenta un breve balance de conclusiones.
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