JUSTICIA ELECTORAL

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Sistemas  electorales y justicia electoral a debate

Sistemas electorales y justicia electoral a debate

Desde una perspectiva de la teoría de juegos, la segunda meta-regla contribuye a entender el proceso de politización de la justicia electoral y dice: “aquel que coopta al árbitro, gana”. Jesús Tovar se refiere a la posibilidad de alguno de los actores políticos de conseguir que los órganos electorales le favorezcan en sus decisiones. Según el mismo autor, “este proceso de “cooptación” se puede lograr de diferentes maneras. Uno, a través de la influencia que los actores políticos tengan para nombrar a los árbitros electorales, de tal manera que los designados respondan a un vínculo de lealtad con los que decidieron su nombramiento. Dos, a través de la corrupción directa, es decir, por algún tipo de beneficio económico que el actor político pueda otorgar directamente al juez. Tres, a través de la amenaza dirigida contra el árbitro por parte de los jugadores, ya sea sobre su actual situación laboral o incluso contra su integridad física, o sobre su futura condición profesional a través de un posible “veto” 44 .

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Fortalecimiento del Complejo Institucional garante de la Legalidad de Procesos Electivos y de la Justicia Electoral en las Universidades Públicas en México

Fortalecimiento del Complejo Institucional garante de la Legalidad de Procesos Electivos y de la Justicia Electoral en las Universidades Públicas en México

Nicolás de Hidalgo, y en la consideración de un ejercicio de análisis efectuado al marco jurídico universitario vigente y aplicable (Ley Orgánica, Estatuto Universitario, Reglamentos, Lineamientos, Bases, Disposiciones Reglamentarias, Normas Reglamentarias y demás disposiciones normativas de la Casa de Hidalgo), puede advertirse que, por una parte, se estipula en la normatividad nicolaita que las actividades que realice la Universidad deben encaminarse a alentar en su vida interna y en su proyección hacia la sociedad, las prácticas democráticas, como forma de convivencia y de superación social; pero, por otro lado, se aprecia una notoria ausencia de un efectivo sistema electoral universitario garante de legalidad, transparencia e imparcialidad. Y, de manera específica, se encuentra ausente un sólido andamiaje de medios de impugnación, de revisión, de nulidades y de defensa que tenga como objetivo la garantía de la justicia electoral universitaria.

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Justicia electoral en el nuevo Código Electoral

Justicia electoral en el nuevo Código Electoral

En el mundo coexisten diferentes sistemas de justicia electoral, determinados por la evolución de cada región y país, los reclamos sociales y acuerdos de las fuerzas políticas en un momento histórico dado. No obstante, se evidencia una marcada tendencia hacia la judicialización (entendida como “despolitización”, según interpretación acuñada por Héctor Fix Zamudio) de los procedimientos contencioso-electorales, independientemente de la ubicación del órgano encargado de tramitarlos. Se busca cumplir con la exigencia de contar con recursos efectivos ante jueces o tribunales competentes que brinden las debidas garantías, tanto orgánicas (autonomía funcional y financiera, eficiencia, independencia e imparcialidad, idoneidad, responsabilidad) como procesales (acceso efectivo a la justicia, tutela judicial efectiva, debido proceso).

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Necesidad de un Amparo Electoral para el fortalecimiento de la Jurisdicción Electoral Peruana

Necesidad de un Amparo Electoral para el fortalecimiento de la Jurisdicción Electoral Peruana

Respecto a tu primera pregunta, la norma constitucional que le otorga irrevisabilidad a las decisiones del JNE, ha sido, en algún sentido, derogada por el Tribunal Constitucional. Por tanto, las decisiones del JNE no son irrevisables, claro que el propio TC ha limitado esto a casos en los cuales se afecten derechos fundamentales. Por otro lado, debes distinguir que el JNE tiene la potestad de impartir justicia electoral y una justicia -en mi opinión- no electoral. En este último caso me refiero a las vacancias y suspensiones de autoridades regionales y municipales. La justicia electoral se refiere «a la resolución de controversias que, como resultado de un proceso también contradictorio, lleva a cabo un funcionario público llamado juez» 185 . Desde esa perspectiva, dejamos de lado las múltiples acepciones que sobre el referido término se puedan tener. Y cuando nos referimos a justicia electoral hacemos referencia a «todos aquellos medios y mecanismos para garantizar la regularidad de los procesos electorales y la defensa de los derechos electorales» 186 . Desde este punto de vista; justicia o jurisdicción electoral no se reduce a cuestiones relacionadas con procesos «judiciales» para resolver incertidumbres o conflictos para hacer efectivos los derechos electorales,

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Tal y como se puede apreciar, la preocupación que aquí nos convoca es de índole ins- titucional, planteada desde el enfoque de la justicia electoral. Nos preguntamos qué debe hacer el órgano jurisdiccional electoral encargado de resolver un conflicto relacio- nado con el tema del transfuguismo para lograr el propósito complejo de proteger los derechos político-electorales de los legisladores involucrados, resguardando al mismo tiempo la correcta operación de los órganos legislativos y procurando que la represen- tatividad que obtuvieron los partidos políticos en las urnas se refleje lo más fielmente posible, en orden de evitar distorsiones en el sistema democrático nacional.

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Comparación de  experiencias sobre administración de elecciones y resolución de conflictos: los  casos de Argentina, Costa Rica, México y Uruguay

Comparación de experiencias sobre administración de elecciones y resolución de conflictos: los casos de Argentina, Costa Rica, México y Uruguay

Puede comentarse también que la administración electoral mexicana tiene una buena cantidad de funciones y un alto grado de sofisticación, por lo que, en términos presupuestales, debe ser la más potente del mundo, constituyendo México uno de los países que más gasta en materia electoral. Sin embargo, cabe señalar que esta reforma constitucional que venimos precisando no afectará a la justicia electoral en el país, que continuará funcionando como hasta ahora. Finalmente, resulta oportuno destacar que las instituciones electorales mexicanas son reconocidas en todo el mundo, y desarrollan una importante agenda de cooperación internacional.

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Marketing político : consumidores o ciudadan@s

Marketing político : consumidores o ciudadan@s

Con estos elementos, el candidato y la plataforma política, se forma la imagen del candidato que es la que se debe posicionar frente a los votantes para de esta manera seducirlos y atraerlos para ser parte de la propuesta. Este es un elemento de gran importancia para los candidatos y requiere de gran atención a la hora de su elaboración porque requieren estar en constante sintonía con los ciudadanos para poder ganar su atención y apoyo y adecuar sus propuestas a los cambios que se presenten en el camino. Con esto está claro que la formulación de este no es algo que se pueda hacer a la ligera, si el objetivo de la campaña es ganar una contienda electoral, razón por la cual tener a disposición información precisa y certera sobre la coyuntura, quienes van a ser los grupos objetivos, donde se encuentra y sus necesidades van a ser de gran utilidad a lo largo del proceso de formulación y elaboración, en el cual no se deben dejar de lado los planteamientos ideológicos de la fuerza política que apoya al candidato para de este modo formular un programa coherente.

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La justicia y el Derecho

La justicia y el Derecho

El uso coloquial del término justicia para designar una gran cantidad de si- tuaciones, e incluso para calificar personas o cosas, es evidentemente la principal dificultad para enfrentar un análisis del mismo, así como de lo justo, desde la perspectiva del jurista. De este obstáculo se han servido posturas contrarias al Realismo Jurídico Clásico, como las de Kelsen y Ross, para considerar que el reclamo de justicia no es más que una respuesta emocional frente a una situación desfavorable a un interés que, como tal, es relativo, pues es apenas una percep- ción subjetiva de valores. 113 Advierte Ross, por ejemplo, que cuando alguien afir-

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Crónica de la reforma electoral europea

Crónica de la reforma electoral europea

Las elecciones de 1979 son el punto de partida para una Asam- blea que surge con energía y ambiciones de reforma, y que no ve en el Acta Electoral de 1976 más que un instrumento provisional que se debe cambiar lo más rápido posible. Se inicia así la batalla por más competencias y por un nuevo sistema que sea verdaderamente uniforme, como prevén los Tratados. Pronto resultará evidente que la reforma electoral es harto complicada, y la falta de avances en materia electoral era especialmente llamativa para los observadores de las di- námicas comunitarias ya en los años 80 (Quintin, 1983: 269-271). La realidad es que el Acta Electoral va a permanecer inmutable durante otro cuarto de siglo, que culmina con una reforma, la de 2002, que de nuevo deja insatisfechas muchas ambiciones. Ello no impide que durante este periodo de inmovilismo en cuanto al sistema electoral, el contexto cambie radicalmente, incluidos naturalmente los propios Tratados, y el Parlamento se haga hueco entre los protagonistas de la vida institucional de las Comunidades Europeas.

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REGLAMENTO ELECTORAL

REGLAMENTO ELECTORAL

b) Elaborar y dar a conocer el Cronograma Electoral, el mismo debe incluir toda la información que la junta considere necesaria que responda a lo establecido por la Ley de Ejercicio Profesional y por este reglamento (tales como; plazos para tachas, enmiendas, inclusión de colegiados en padrones, etc.) disponiendo para su publicación de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a contar desde la fecha de notificación de convocatoria al acto eleccionario que estará a cargo del Consejo Directivo en ejercicio.

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Documento_ginebra_jjr[1]

Documento_ginebra_jjr[1]

• La comunidad como espacio de inseguridad y retaliación social: la JJR es vista como impunidad y por tanto es pretexto para aplicar justicia por propia mano: “(…) y el otro aspecto es que la comunidad también que co- mo que no les pasa nada entonces dicen que la comunidad hace justicia por mano propia porque dicen que la justicia no hace nada entonces los agreden y linchan” (Grupos Focales, Mesa No.2, Cali, 2013). La percepción de inse- guridad y de impunidad se traduce en culturas sociales que priorizan la seguridad frente a los derechos, de manera que las medidas no privativas de libertad impuestas a adolescentes en conflicto con la ley que favorecen la reparación social son valoradas como ineficientes frente a la necesidad de castigos ejemplarizantes: “(…) tiene que ser todo privación de la liber- tad, porque si no es privativa de la libertad, si vemos al adolescente a los 8 días en la calle entonces el sistema no funciona para la comunidad”. (Gru- pos Focales, Mesa No.2, Bogotá, 2013)

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¿Cuestan demasiado las elecciones en México? el Instituto Federal Electoral en perspectiva

¿Cuestan demasiado las elecciones en México? el Instituto Federal Electoral en perspectiva

1. Las prerrogativas de los partidos políticos. El gasto que los partidos políticos y coaliciones debieron afrontar para obtener espacios en radio en televisión en la elección de 2006 fue, en todos los casos, mayor al 50 por ciento de su gasto total de campaña. En 2009, debido a la reforma electoral de 2007 no debieron erogar ninguna cantidad por ese concepto, lo cual es algo loable. Se hubiera esperado, en consecuencia, que sus prerrogativas hubieran disminuido de modo relativamente proporcional, pero no fue el caso. El 34.9 por ciento que representan del gasto total del IFE para 2010, un año después de la elección intermedia, no dista mucho del 35.5 del 2004. Sin duda, los partidos políticos están en condiciones de recibir menor cantidad de recursos, no sin esfuerzo alguno, pero sí es factible. Las preguntas a resolver en este caso son: ¿Nos parece aceptable que los partidos políticos reciban menos recursos públicos cuando la lógica ganadora de campañas exige cada vez más dinero? ¿Nos parece adecuado que disminuyan las prerrogativas porque hemos ya superado el umbral de riesgo de financiamiento ilícito, especialmente cuando el país vive una circunstancias sumamente delicada en materia de violencia y narcotráfico?

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GOBERNANZA ELECTORAL

GOBERNANZA ELECTORAL

podría haber sido decisiva –incluidos varios factores de menor peso que la falta de neu- tralidad por parte del presidente en funciones–. Como los observadores electorales de todo el mundo saben muy bien (porque lo suelen sufrir cada vez que hay una elección ambigua y disputada), realizar una evaluación de irregularidades electorales casi inva- riablemente exige realizar una estimación de su impacto causal. Siempre que alguien levanta la sospecha del fraude electoral, queremos saber si el presunto fraude pudo haber alterado el resultado de la elección. No obstante, pasándose del razonamiento legal a la estimación de efectos causales, es decir, del ámbito judicial al terreno de las ciencias sociales, los magistrados del TEPJF incursionaron en territorios desconocidos para ellos, donde parecían no saber qué hacer. El resultado final fue que los juristas establecieron un delito –al tiempo que lo dejaron salir impune, abrigándose tras la ignorancia de las consecuencias exactas que el delito había llevado consigo–. Esta inconsistencia mani- fiesta les dio a los críticos argumentos muy cómodos que servían para desacreditar no sólo al TEPJF , sino el propio proceso electoral. López Obrador fue rápido al denunciar

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Análisis del principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados en México con énfasis en la fórmula de asignación de escaños y la barrera electoral

Análisis del principio de representación proporcional en la Cámara de Diputados en México con énfasis en la fórmula de asignación de escaños y la barrera electoral

Los sistemas electorales son el componente más manipulable de los sistemas políticos porque señalan la forma en que se determinan los ganadores y se asignan los escaños por orden de importancia (Ávila, 2002: 15). Lo principal de estos sistemas es conocer cómo se cuentan los votos y cómo se distribuyen los escaños. Para esto existen ciertos elementos dentro del sistema electoral que si se analizan de manera conjunta, nos permitirán conocer la forma en la que se obtienen los resultados electorales en diversas regiones. Preciso es tener en mente que los componentes pueden variar de acuerdo a las reglas establecidas en cada estado-nación, y que aunque puede haber una clasificación general, cada país tiene su especificidad. Hay que conocer quiénes son los actores, dónde obran y cómo se interpretan sus acciones (Martino, 1999: 66).

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Política públicas hacia un nuevo diseño institucional de la procuración de justicia penal electoral en México

Política públicas hacia un nuevo diseño institucional de la procuración de justicia penal electoral en México

Al respecto, no debe olvidarse que la procuración de justicia en general, como lo es aquella en materia penal electoral, tiene dos grandes vertientes: una, para el caso concreto en análisis, la de prevenir la configuración de delitos electorales, a través de acciones de diferentes características tendentes a evitar en lo posible la comisión de conductas electorales delictivas y, la otra, la de conferir una atención diligente, imparcial y eficiente a las denuncias recibidas con motivo de la probable comisión de tales delitos. No cabe duda que la primera de las vertientes referidas, además de ser una actividad que también debe llevarse a cabo de manera permanente, tiene importancia fundamental, dado que una situación ideal en toda sociedad sería que no se cometieran conductas calificadas como delitos en los ordenamientos correspondientes. Lo anterior permite inferir fácilmente la necesidad de la permanencia de los órganos de procuración de justicia penal electoral.

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LOS RETOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL ELECTORAL LOCAL EN MEXICO

LOS RETOS DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL ELECTORAL LOCAL EN MEXICO

órgano, este sigue ostentando competencia exclusiva en el control abstracto de la constitucionalidad en ma- teria electoral a través de la acción de inconstitucio- nalidad, instrumento que tiene por objeto denunciar la posible contradicción entre una norma de carácter general electoral, por una parte, y la constitución fe- deral, por la otra. Tal acción deberá plantearse dentro de un plazo de 30 días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la ley impugnada. Se encuentran legitimados para interponer la acción de inconstitucionalidad el 33% de los miem- bros del parlamento en cada una de las cámaras del Congreso de la Unión, de cada una de las legislaturas de los estados o de la asamblea del distrito federal, el Procurador General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los partidos po- líticos federales y locales; respecto a estos últimos, su legitimación se limita a impugnar leyes electorales locales. La sentencia recaída en este juicio, cuando es votada por mayoría califi cada de ocho ministros, tie- ne el efecto erga omnes de declarar la invalidez de la norma que colisiona con el texto constitucional (Art. 105 fracción II CPEUM) 7 . Es conveniente además aña-

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La  Fiscalía General Electoral de Panamá como organismo electoral reconocido y la  jurisdicción penal electoral panameña

La Fiscalía General Electoral de Panamá como organismo electoral reconocido y la jurisdicción penal electoral panameña

Como vemos, hasta ese momento ya se perfilaba la creación de un organismo especializado en investigar el delito electoral, independiente y autónomo, puesto que se le estaba otorgando las mismas facultades del Ministerio Público, perteneciente al Poder Judicial. Más tarde, y como consecuencia de la aprobación de la Constitución de 1972, la cuarta de la República y votada por la tercera Asamblea Constituyente, se establece el rango Constitucional de la Fiscalía Electoral, como agencia independiente y coadyuvante del Tribunal Electoral. Posteriormente, en 1978 y con la creación de la Ley 4 del 10 de Febrero, Ley Orgánica del Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral, se determina que el funcionamiento de la Fiscalía Electoral tiene mando y jurisdicción a nivel nacional y se le eleva la jerarquía al fiscal electoral, en el sentido de que para ejercer esta posición se deben tener los mismos requisitos que para ser magistrado del Tribunal Electoral.

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Reflexiones sobre algunos contenidos de la justicia penal electoral costarricense

Reflexiones sobre algunos contenidos de la justicia penal electoral costarricense

En efecto, si se consultan fuentes doctrinarias tradicionales como el “Tratado de derecho electoral comparado de América Latina” (2007) –que a su vez referencia el Diccionario Electoral de CAPEL (2000)–, es fácilmente observable la homologación del concepto “delito electoral” con una conducta disvalorada por la ley cuya comisión debe castigarse al haber falseado aspiraciones (componente axiológico) del sistema político republicano. Puntualmente el citado diccionario define ese concepto como “conductas, acciones, incluso omisiones atentatorias contra los principios que han de regir un sistema electoral en un Estado democrático y que por su propio carácter peculiar, son definidas y castigadas […] en la propia ley electoral.”. 26

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Pronunciamiento de UNASUR sobre las elecciones generales en la República del Paraguay

Pronunciamiento de UNASUR sobre las elecciones generales en la República del Paraguay

UNASUR destaca la labor de su Misión de Seguimiento Electoral del Grupo de Alto Nivel para el Seguimiento y Evaluación de la Situación en la República del Paraguay, presidida por el Ing. Salomón Lerner, que ha constatado en sus labores el cumplimiento del cronograma electoral, la normalidad del desarrollo de los comicios y la amplia participación de la ciudadanía, lo que contribuye con los avances del proceso democrático-institucional del Paraguay.

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Propaganda electoral en el Código Electoral

Propaganda electoral en el Código Electoral

Las actividades político-electorales en sitios públicos, han sido a lo largo de la historia, el canal o medio que mayor inmediatez brinda entre el emisor del mensaje político y el receptor del mismo –los electores-, incluso en la época moderna en la que los medios de comunicación masivos- radio, televisión, prensa escrita y los alternativos- abarcan la mayoría de los ámbitos sociales. En efecto si bien la propaganda político- electoral en Costa Rica ha sido enfocada desde diversas perspectivas mediáticas, basándose en muchos casos en las herramientas de telecomunicación, lo cierto del caso es que las actividades en sitios públicos como canal de comunicación política, se ha mantenido y continua vigente como mecanismo propagandístico de los partidos políticos para hacer llegar su propuesta electoral.

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