La Tutela

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"Entre la tutela de familia y la tutela institucional"

"Entre la tutela de familia y la tutela institucional"

2 de mayo de 2007, se somete al incapacitado a la tutela de la Fundación Tutelar de la Rioja, que acepta formalmente el cargo, en detrimento de la madre del incapacitado. Contra la sentencia de primera instancia se interpone recurso de apelación en base a que el cargo de tutor debe recaer en la madre de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del Código civil al declarar que: «La patria potestad de los hijos que hubiesen sido incapacitados quedará prorrogada, por ministerio de la ley, al llegar aquéllos a la mayoría de edad». Así las cosas, valorado el informe del médico forense se llega a la conclusión de que el incapaz requiere de tratamientos y cuidados especiales, presentando graves problemas de comportamiento, carece de relaciones sociales y las relaciones familiares pueden resultar muy conflictivas. A modo de conclusión se declara que a pesar de que debe promoverse la integración familiar del incapacitado, «...y en su momento pueda instarse la remoción del tutor, considerando el actual una designación coyuntural, en atención a las dificultades que presenta la asistencia del incapaz, lo cierto es que en las presentes circunstancias, cualquier cambio en esta situación jurídica no resulte deseable en interés del propio incapaz. Se trata éste de un supuesto en el que se hace prevalecer el interés del incapacitado que requiere una especialización en los cuidados y asistencia y que exige una profesionalización del tutor 9 .
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Análisis de la tutela cautelar

Análisis de la tutela cautelar

Las obligaciones principales del Consejo Local de Tutelas están contenidas en el artículo 632 del ordenamiento local citado y son: Formar la lista de las personas de la localidad que puedan desempeñar la tutela, quienes contarán con aptitud legal y moral, deberán remitirla a los Jueces de lo Familiar, para que de entre ellas se nombren a los tutores y curadores, en los casos que estos nombramientos correspondan al Juez; velar que los tutores cumplan sus deberes, especialmente en lo que se refiere a la educación y asistencia, dando aviso al Juez de lo Familiar de las faltas u omisiones que notare; avisar al Juez de lo Familiar cuando tenga conocimiento de que los bienes de un incapacitado están en peligro, a fin de que dicte las medidas correspondientes; investigar y poner en conocimiento del Juez de lo Familiar qué incapacitados carecen de tutor, con el objeto de que se hagan los respectivos nombramientos; cuidar que los tutores cumplan la obligación que les impone la fracción II del artículo 537, consistente en destinar, de preferencia los recursos del incapacitado a la curación de sus enfermedades y a su rehabilitación derivadas de éstas o del consumo no terapéutico de substancias ilícitas a que hace referencia la Ley General de Salud y las lícitas no destinadas a ese fin, que produzcan efectos psicotrópicos. Finalmente, como última obligación del Consejo, se encuentra la de vigilar el registro de tutelas, a fin de que sea llevado en debida forma.
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El Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva de los Sindicatos de Trabajadores en Materia Laboral, Arequipa 2010  2017

El Derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva de los Sindicatos de Trabajadores en Materia Laboral, Arequipa 2010 2017

En cuanto a los expedientes que no fueron subsanados y se declaró la inadmisibilidad de la demanda bajo el argumento de no haberse individualizado a los trabajadores (03 expedientes), se solicito como información que se precise no solo el nombre del trabajador, sino el número de dni, dirección domiciliaria y además se adjunte copia del dni no solo el listado de trabajadores, al respecto en estos expedientes si se advierte la violación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, ello debido a que si bien la parte demandante no cumplió con subsanar la demanda, sin embargo al efectuarse las observaciones se solicito información que no se encontraba regulada en el ordenamiento jurídico (copia del dni), ya que se tiene que si bien la ley precisa que se debe individualizar a los trabajadores, no señala de forma expresa que se debe acompañar copia del dni, ni señalar dirección domiciliaria, por lo que lo solicitado por el juzgado es un exceso que es exagerado, no considerando que los procesos laborales deben tramitarse en virtud al principio de celeridad procesal, además debe preferirse el fondo sobre la forma. Por otro lado es necesario aclarar que si bien el Código Procesal Civil, señala que debe precisar los nombres de los demandantes como de sus representantes, además de los datos de identificación, sin embargo en los procesos laborales debe preferirse el fondo sobre la forma, debiendo en todo caso considerase un exceso este extremo de la observación efectuada.
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La tutela anticipativa y las medidas de satisfacción inmediata

La tutela anticipativa y las medidas de satisfacción inmediata

00-22722, al vincular la tutela anticipativa en los procedimientos de amparo constitucional, señaló: «[…] en materia de amparo constitucional el funcionamiento de la «tutela constitucional preventiva anticipativa» adquiere unas importantes dimensiones por cuanto se presentan como la armadura necesaria para la defensa de los derechos fundamentales. En estos casos, el juez constitucional estaría facultado para un «restablecimiento provisional» de una situación que se presenta como «inminente» y en donde, además, el proceso se convierte en el peor obstáculo para la realización de la justicia; este era, sin duda, el espíritu que se desprendía del anulado artículo 22 de la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y que el artículo 27 de la nueva Carta Magna proclama con hermosa brillantez «la autoridad judicial tendrá potestad para restablecer la situación jurídica infringida». Como se aprecia este restablecimiento es necesariamente «provisional» mientras se discurre el trámite procesal correspondiente para debatir la veracidad de la (sic) afirmado por el actor y para garantizarle al imputado como agraviante el uso de sus derechos procésales cuales son, la defensa, la actividad probatoria, mecanismos de impugnación, etc. Esta Corte acoge el anterior criterio y en tal sentido aprecia que en el caso presente se constata: a) inminencia del daño (Periculum in damni) constituida por el hecho de no poder participar en el concurso sin el documento solicitado al ente gremial; b) urgencia de la solicitud, que en casos como el presente, es obvio por cuanto siendo la presentación del (sic) presente solicitud en fecha 2 de febrero, y la fecha límite del concurso referido el día 4 de febrero, sólo queda dictar un mandamiento provisional y preventivo para evitar la ocurrencia del daño aún cuando esta situación pueda ser revertida en la decisión sobre el mérito; y c) los derechos invocados tienen rango constitucional por lo que no requieren de demostración alguna.» Corte Primera en lo Contencioso Administrativo, sentencia de fecha 28 de Enero del 2000, cuyos supuestos fácticos, derivaban de un aviso publicado en el diario El Nacional, mediante el
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“LOS INSTRUMENTOS PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN ESPAÑA Y EN ITALIA. LA PREVISIÓN Y LA AUSENCIA DEL AMPARO CONSTITUCIONAL

“LOS INSTRUMENTOS PARA LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN ESPAÑA Y EN ITALIA. LA PREVISIÓN Y LA AUSENCIA DEL AMPARO CONSTITUCIONAL

La previsión de un recurso de amparo (apartado b) no constituye una auténtica novedad del nuevo texto constitucional. De hecho, el antecedente histórico del actual recurso de amparo constitucional se encuentra en la Constitución Republicana de 1931, cuyo artículo 121 disciplinaba la posibilidad de presentar al Tribunal de Garantías Constitucionales un “recurso de amparo de las garantías individuales cuando hubiera sido ineficaz la reclamación frente a otras autoridades”. La previsión de esta institución, a principios del siglo XX, había sido determinada por la influencia del sistema austriaco de justicia constitucional (con su Beschwerde) y como reacción a la dictadura de Primo de Rivera. Sin embargo, al momento de la aprobación del texto constitucional en 1978, no faltaron opiniones contrarias a la introducción del recurso de amparo y más favorables, para la tutela de los derechos de los sujetos, a un fortalecimiento del Poder Judicial, como la del senador Lorenzo Martín- Retortillo 3 .
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La patria potestad y la tutela

La patria potestad y la tutela

41 de ser a través de medios prudentes de disciplina y no de maltrato, señalando la ley correspondiente que mientras dure esta minoría de edad, los hijos deben de vivir con sus padres, respetarlos y acatar las disposiciones que les impongan ya que están bajo su cuidado y protección; mientras en la tutela también lo pueden hacer los tutores, pero con medios prudentes de disciplina y no de maltrato, pero es más frecuente que suceda esto cuando hay alguna clase de parentesco entre el tutor y el pupilo, como por ejemplo si el tutor fuese el abuelo, pero de conformidad con un juez de familia, (específicamente del juzgado segundo de familia en el mes de noviembre del año dos mil trece), al cual se le cuestionó al respecto, manifestó que no hay necesidad de que exista parentesco entre ambos, ya que el tutor adquiere los mismos derechos y las mismas obligaciones que los padres en ese aspecto.
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La tutela judicial, y el debido proceso en los delitos de tránsito

La tutela judicial, y el debido proceso en los delitos de tránsito

Si bien es cierto que este derecho fundamental, que en primer término supone una garantizada posibilidad de acceso a la jurisdicción, tiene relación con el derecho de acción. Empero, el derecho a la tutela judicial efectiva reclama, mucho más aun, unas garantías mínimas de eficacia que abundan a dicho acceso, pues, como el nombre indica, se trata de que la tutela judicial sea efectiva. Por esta razón la Constitución, a más del acceso a la jurisdicción, ordena la imparcialidad del juez y la celeridad procesal, proscribe la indefensión y ordena el cumplimiento de los fallos judiciales, requisitos sin los cuales no habría la deseada efectividad en la administración de justicia. Estos contenidos, sin embargo, no significan que el derecho a la tutela judicial efectiva comporte una exclusiva exigencia a los jueces, pues también alcanza con vigor al Legislador, al imponerle el requerimiento de unas normas jurídicas que lo favorezcan, mas no impidan ni entorpezcan su cabal ejercicio.
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La tutela del consumidor hipervulnerable en el Derecho argentino

La tutela del consumidor hipervulnerable en el Derecho argentino

En el Derecho nacional, la Ley de Defensa del Consumidor no contempló previsiones específicas que refiriesen a la hipervulnerabilidad de ciertos grupos de consumidores, a excepción de una referencia tangencial en la parte final del artículo 60, cuando en oportunidad de disponer sobre la educación de los consumidores manda a prestar especial atención en la implementación de programas de educación a aquellos consumidores que se encuentren en situación desventajosa. No obstante, diversos precedentes de la jurisprudencia nacional fueron permeables al reconocimiento del problema; así, a través de una correcta hermenéutica del principio protectorio del consumidor, de raigambre constitucional, y, en consonancia con otros principios rectores del ordenamiento jurídico, se adoptaron decisiones que se encaminaron indudablemente a asegurar la tutela plena e integral de los hipervulnerables en las relaciones de consumo. En consonancia con lo señalado, en una
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Las boletas de apremio personal en materia de alimentos frente a la tutela judicial efectiva

Las boletas de apremio personal en materia de alimentos frente a la tutela judicial efectiva

Es así que por todo lo antes ya señalado, se puede evidenciar que no se cumple tal como se estipula en la norma, y haciendo un análisis un poco más profundo existen normas que se podría considerar que afectan derechos, principios y garantías constitucionales, como se lo estipula en el Artículo 139 número 3 del Código Orgánico General de Procesos dice: Transcurra el término de 30 días desde la fecha en que se emitió la providencia y no se haya hecho efectiva, dejando a salvo que la o el juzgador emita nuevamente la orden. Lo cual se consideraría su afectación a la tutela judicial efectiva, consagrada en la Constitución de la República del Ecuador, Articulo 75.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. La afectación se da directamente, como anteriormente se lo señalaba, que el apremio personal de daba por el no pago de dos o más pensiones alimenticias, de acuerdo al Artículo 137 del Código Orgánico General de Procesos, publicado en el suplemento del Registro Oficial N.° 506 del 22 de mayo de 2015 y que entró en vigencia el 23 de Mayo del 2016, hoy actualmente fue declarado la inconstitucionalidad sustitutiva, por la Sentencia N.° 012-17-SIN-CC, por lo que deberá ser reemplazado íntegramente, por el siguiente texto, hasta que la Asamblea Nacional regule el asunto de manera definitiva, es así que se establece que el apremio personal en materia de alimentos, será de forma parcial que va de la privación de libertad a partir de las 22 horas hasta las 6 horas del siguiente día o el apremio total que es de 30 días y en caso de reincidencia 60 días y hasta un máximo de 180 días, de acuerdo a la o el juzgador crea necesario que deba ordenarse el apremio de la o el obligado principal de la prestación de alimentos si este logra justificar o no el incumplimiento del pago de las pensiones alimenticias, que se determinara en la audiencia solicitada por la parte actora la cual se realizara en el término de diez días.
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JEFATURA DEL ESTADO (BOE n. 10 de 1111991)

JEFATURA DEL ESTADO (BOE n. 10 de 1111991)

esta nueva orientacion de la disciplina trae consigo una apertura de la misma hacia la tutela de intereses que tradicionalmente habian escapado a la atencion del legislador mercantil. la nueva ley, en efecto, se hace portadora no solo de los intereses privados de los empresarios en conflicto, sino tambien de los intereses colectivos del consumo. esta ampliacion y reordenacion de los intereses protegidos esta presente a lo largo de todos los preceptos de la ley. particularmente ilustrativo resulta el articulo 19, que atribuye legitimacion activa para el ejercicio de las acciones derivadas de la competencia desleal a los consumidores (individual y colectivamente considerados).
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39Luiz Guillerme Marioni

39Luiz Guillerme Marioni

y conceptualizadas sin considerar el derecho sustancial, trae como consecuencia, la suposición de que no sería necesario identificar las peculiaridades y los presu- puestos de las diferentes tutelas fundadas en peligro, bastando conceptualizarlas como tutelas “de urgencia”, que, así, dejaría de ser un género que engloba varias realidades, pero sí una realidad homogénea. Sucede que la idea de tutela de urgencia solamente puede explicar algo que es interno al proceso y no como algo preocupado con el derecho material y de los casos concretos. La falta de identificación de las tutelas que dan composición al género “tutela de urgencia” elimina la posibilidad de explicarse la convicción de verosimilitud y la justificación de la decisión antici- patoria, pues esas no son uniformes, contrariamente con el concepto de urgencia. La circunstancia de la tutela anticipatoria, en la perspectiva procesal, de poder ser conceptualizada como urgente, oscurece el hecho de que la tutela urgente pueda ser represiva y preventiva (inhibitoria) y las importantes implicancias que esa cons- tatación tiene para el asunto que aquí interesa. Cfr. MARINONI, Luiz Guilherme. Antecipação da tutela, 12ª ed., Op. cit., pp. 181 y ss.
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El abandono de la demanda que prevé el código orgánico general de procesos y los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y de propiedad

El abandono de la demanda que prevé el código orgánico general de procesos y los derechos constitucionales de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva y de propiedad

al auto interlocutorio de abandono del pleito en caso de justificar otras razones que no sean un error de cómputo en el plazo por parte del juzgador, que pueden dar lugar a ilegalidades y/o arbitrariedades, lo cual vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva; y por ende, el derecho a la defensa; mientras que el Artículo 249 ibídem impide acceder de forma libre y sin restricciones a la justicia, en razón que si se ordena el abandono en primera instancia por primera vez, se restringe el acceso a la justicia al accionante por el plazo de 6 meses, contados a partir del auto interlocutorio emitido, para presentar una nueva demanda sobre la misma causa. Sin embargo, si el accionante reincide en el abandono por segunda ocasión sobre la misma pretensión, se extingue la misma; y, no se podrá interponer una nueva demanda bajo ningún concepto, sin conceder otro remedio procesal, beneficiando al demandado y conculcando los derechos violentados del accionante que intenta le sean reconocidos o reivindicados por autoridad judicial competente.
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Las tutelas curiosas e insólitas reseñadas en El Espectador entre 1992 y 1998

Las tutelas curiosas e insólitas reseñadas en El Espectador entre 1992 y 1998

Sin embargo, aunque la tutela ha traído cambios positivos en la administración de justicia, de la misma manera ha generado una serie de tropiezos debido al mal uso de la acción y a la desinformación de la ciudadanía a la hora de interponer la acción. Esto ha generado que se abuse del procedimiento por parte de la ciudadanía y de los mismos abogados al momento de asesorar a sus clientes hasta el punto de que los despachos judiciales se han visto asfixiados por las demandas impetradas, y ya no dan abasto, generando una gran congestión, lo que va en contra vía a la esencia de la acción.
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Acción de Tutela contra providencias judiciales: elementos, condiciones y crítica

Acción de Tutela contra providencias judiciales: elementos, condiciones y crítica

Algunos ajustes de procedimiento también pueden ser evidenciados en la propuesta de ley estatutaria (Guarnizo, 2006), particularmente que la tutela no puede interrumpir la ejecución de la sentencia por lo que tendrá efecto devolutivo, que estos casos en vista del deber de revisión sobre procesos desarrollados tengan más termino para su estudio y fallo (30 días) y que existan reglas de reparto específicas que garanticen quien debe resolver el caso, las cuales en alguna forma se ve reflejadas en el Decreto 1983 (2017) en los artículos 7 y 8 sobre reglas de reparto entre altas cortes. Finalmente, la propuesta insiste en la obligación de remitir las sentencias de tutela falladas en última instancia a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Sobre esta base, creemos que existen algunas medidas extra que pueden aportar en esta materia, en primer lugar, debe mantenerse el proceso de fortalecimiento en materia de constitucionalización del derecho, en tal sentido la existencia de capacitaciones, manuales y cursos por parte de la Escuela Judicial Lara Bonilla es un aporte útil. Así mismo el deber de una red relatora puede ser de gran provecho en materia de los ingentes esfuerzos que hace la corte constitucional para socializar sus sentencias.
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Perfiles penales de la publicidad engañosa

Perfiles penales de la publicidad engañosa

delictivo examinado (teniéndose en cuenta que se comprenden numerosas figuras delictivas afines a los supuestos objeto de tutela más significativos), sobre todo, respecto a la posible aplicación en la conducta de publicidad falsa o fraudulenta. A ve­ ces, de hecho, la publicidad falsa en sus diversas manifestaciones podría integrar los "medios frau­ dulentos" que el arto 513 CP reclama en el ámbito de los delitos contra la industria o el comercio. De esta manera se explicaría también la perseguibili­ dad de la querella de parte. Todavía en el supues­ to de la publicidad falsa y fraudulenta, el engaño no es tomado en consideración por el legislador en los pensamientos psicológicos desarrollados por la mente del consumidor: la idoneidad de cre­ ar una situación de engaño para el consumidor no está explícitamente tipificada, y a lo sumo se re­ suelve con una regla mediata que no es esencial en la estructura del tipo y que está totalmente basada en la tutela de los empresarios concurrentes y, por lo tanto, suele comprender todas las formas de concurrencia desleal que se realizan mediante vio­ lencia o medios fraudulentos. También el uso de medios fraudulentos de hecho se ha dirigido al impedimento o alteración del ejercicio de una in­ dustria o negocio que en la estructura del tipo in­ dividualiza el aspecto lesivo de la conducta que, por otro lado, es inofensiva. La norma, por lo tan­ to, podría, como mucho, comprender algunas prácticas de difusión de anuncios falsos sobre la calidad de productos introducidos, con la finali­ dad de alterar el comercio de una firma concu­ rrente, o bien aquellos supuestos de concurrencia desleal11.
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Tutela contra providencias judiciales

Tutela contra providencias judiciales

Por todo lo anterior y tal cual lo prevé el artículo 234 de la Carta Política la Corte Suprema de Justicia es el órgano límite de la jurisdicción ordinaria, por lo tanto la posición de esta Alta Corte es que ninguna autoridad tiene la facultad para modificar las decisiones que esta expide las cuales están revestidas de su condición de inmutabilidad, por consiguiente son los principales contradictorios de la procedencia de la tutela contra providencias judiciales aun considerando que pueda existir alguna excepción, esto es un error manifiesto que vulnera de manera flagrante un derecho fundamental. Ahora bien, la sección primera declaro que se ajustaba a la constitución los artículos del Decreto 1382 del 2000 el cual estableció las reglas de reparto de la acción de tutela, empero en Auto (2004) la sección cuarta de la mencionada Corte no ha aceptado posibilidad alguna para que sea procedente la acción constitucional contra providencias judiciales, en razón de que como las normas que permitían la procedencia de dicha acción constitucional contra providencias judiciales son inexequibles, no podría admitirse su procedencia.
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La ejecución provisional de sentencia impugnada en el proceso de amparo previsional, conforme a las reglas de Brasilia

La ejecución provisional de sentencia impugnada en el proceso de amparo previsional, conforme a las reglas de Brasilia

La discusión doctrinaria ha sido aclarada por el Tribunal Constitucional mediante la emisión de la sentencia, con fecha 29 de agosto de 2005, recaída en el expediente Nro. 5994-2005-HC/TC (Caso Centro de Orientación Familiar), sobre proceso constitucional de habeas corpus, interpuesto por el Centro de Orientación Familiar (COFAM) en contra de la Municipalidad Distrital de La Molina. El petitorio se resume en que se ordene el retiro del cerco “ecológico”, que separaba los distritos de Ate Vitarte y La Molina. El juez penal emitió sentencia estimatoria parcial; en segundo grado, se revocó lo decidido y se declaró infundada la demanda. El Tribunal Constitucional manifestó que el juez de primer grado no obró conforme al artículo 22 del Código Procesal Constitucional, es decir, omitió ejecutar provisionalmente la sentencia a pesar de concederse recurso de apelación. Asimismo, determinó que “(…) este colegiado considera necesario enfatizar que a diferencia del modelo procesal de la derogada Ley Nro. 23506, y normas conexas, el Código Procesal Constitucional (…) ha incorporado para los procesos de tutela de derechos el régimen de actuación inmediata de sentencias, conforme al cual el juzgador se encuentra habilitado para ejecutar los mandatos contenidos en su sentencia estimatoria independientemente de la existencia de mecanismos de acceso a la instancia superior.” 107
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